El Tribunal Penal Uno de Posadas se apresta este lunes a oír el alegato de las partes y posteriormente dictar sentencia en el juicio contra los dos imputados por el asesinato a puñaladas del prestamista colombiano Gustavo Gallego Rojas (32), perpetrado en febrero de 2021 en Posadas.

El primer en exponer será el fiscal Martín Alejandro Rau, mientras que en segundo turno lo hará el letrado querellante particular Ignacio Peña, para que luego hagan lo propio los respectivos abogados defensores.

Los acusados son el también colombiano Brayan Damián Casso Acosta (29), quien cuenta con defensa particular encabezada por la letrada Lilia Vargas, y el posadeño José Ramón Benítez (30), asistido por el defensor oficial Mario Ramírez. Los están imputados por el delio de “homicidio agravado por criminis causa y robo en concurso real”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

El tribunal que lleva adelante el juicio y que luego de la exposición de las partes deberá dictar sentencia es presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y Fernando Verón (subrogante). El inicio de la audiencia está fijado para las 8. 

El juicio para esclarecer el homicidio de Gallego Rojas comenzó el lunes de la semana pasada y se extendió hasta el viernes con la toma de declaración a diferentes testigos, entre allegados a la víctima, investigadores y peritos.

El posadeño José Ramón Ramírez (29) es el otro imputado.

Crimen y juicio

El crimen del prestamista colombiano se registró durante la noche del 27 de febrero de 2021, cuando los ahora imputados lo visitaron en su departamento ubicado en la chacra 103 del barrio Yacyretá de Posadas.

La hipótesis acusatoria trazada por la fiscal de instrucción Patricia Clerici sostiene que Casso Acosta torturó a puñaladas a la víctima, asestándole una estocada final que le perforó el corazón, mientras que Ramírez colaboró con la sujeción del prestamista atacado.

Tras el crimen, ambos imputados huyeron con una caja fuerte que contenía $70.000 y en una motocicleta que Gallego Rojas utilizaba de prestado. Son varios los testigos que declararon haber visto a los dos acusados llegar e irse del departamento de la víctima durante aquella noche de sangre.

No es lo único que los compromete. Una perito que declaró como testigo confirmó que tres huellas de ADN compatibles con Casso Acosta fueron recogidas de la escena del crimen. Una fue hallada en la parte interior de un barbijo, otra en un picaporte y una tercera muestra fue levantada de una perilla del lavadero.

En el inicio del debate Casso Acosta declaró y negó haber querido robar a Gallego Rojas, para quien había trabajado en la entrega y el cobro de préstamos bajo la modalidad gota a gota.

El imputado afirmó que estaba “amenazado” por la víctima y que Gallego Rojas le debía dinero, aunque otros testigos narraron una situación diametralmente opuesta.

“Como yo estaba con Ramírez fui con él. Me voy a lo de Gustavo. Él abre la puerta, se ríe y me hace pasar. Yo pasé al baño y escuché un ruido. Cuando salgo él estaba peleando con Ramírez, entonces yo me meto y él se cae sobre una ventana”, contó Casso Acosta sobre el inicio de aquella noche.

Y continuó: “Había un cuchillo y él me ataca primero. Yo le agarro la mano y ahí fue que yo me corto. Yo no quería lastimarlo, quería que se quede quieto. Me acuerdo que tiré dos puntazos hacia adelante. Prácticamente no me acuerdo nada, fue muy rápido todo. Yo me desconozco”.

Perito detalló que prestamista asesinado tenía 25 cortes en el cuerpo

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Tras doce jornadas de debate y una última audiencia que se extendió a lo largo de ocho horas, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas condenó esta tarde a la pena de prisión perpetua al misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (48), al hallarlo culpable del asesinato a balazos de su antigua mano derecha y de montar el Primer Comando de Frontera (PCF), empresa narco con la que pretendía emular a grandes organizaciones del crimen organizado brasileño.

El confeso narcotraficante nacido el 6 de agosto de 1976 en Puerto Iguazú y actualmente preso bajo protocolos de estricta vigilancia en el penal de Marcos Paz fue declarado penalmente responsable por los delitos de “homicidio agravado para procurar su impunidad”, en concurso real con acciones perpetradas como “organizador y financista de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y almacenamiento, agravado por el uso de violencia y la participación de tres o más personas”.

La sentencia a prisión perpetua, que equivale a 35 años de prisión efectiva, fue dictada minutos después de las 16.30, tras casi dos horas de deliberación por parte de los magistrados Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco), quienes durante las diez primeras audiencias dirigieron el proceso de forma telemática pero ayer y hoy estuvieron presentes en el recinto de debates del TOF posadeño.

La resolución además incluyó la imposición de 8 años de prisión para el bonaerense Pablo Antonio Campos Retamar (53), quien fue declarado coautor de delitos de narcotráfico que también imputaron a Rojas en el marco del expediente iniciado por el PCF.

Las condenas para ambos implicados llegaron hoy tras dos días de alegatos. La primera en exponer sus conclusiones finales fue la fiscal federal Vivian Barbosa, quien el jueves se explayó sobre las circunstancias del asesinato de Aldo Andrés Canteros (33) y sobre las pruebas que ubicaban a Rojas como autor de aquel crimen cometido con tintes mafiosos.

El tribunal estuvo presidido por el magistrado Víctor Alonso, de Corrientes.

La ejecución de Canteros

Según la reconstrucción trazada, Canteros era un asiduo colaborador de Rojas en sus maniobras de narcotráfico, pero todo terminó de la peor manera cuando el 5 de agosto de 2018 el ahora condenado a perpetua decidió ejecutar a su aliado al sentirse traicionado. “Nos jugó sucio… le volé la cabeza”, admitió el Negro a su primo en una conversación telefónica que quedó grabada ya que el misionero tenía su línea intervenida desde hace varios meses antes por una investigación que se tramitaba ante el Juzgado Federal de Eldorado.

La víctima recibió cuatro disparos, localizados en la pierna, en el abdomen, en la boca y en la cabeza. El arma homicida fue una pistola Bersa calibre 9 milímetros que posteriormente fue hallada en el gallinero de la casa de un hijo de Rojas en la localidad de Eldorado.

El homicida de Canteros, que días antes del crimen había sido captado por cámaras de seguridad comprando carne para un asado junto a la víctima, terminó siendo capturado ocho días después en el complejo de cabañas La Aventura de Posadas, cuando estaba a punto de concretar la venta de un lote de cocaína a un grupo de entrerrianos.

Desde ese día Rojas permanece privado de su libertad. Primero estuvo en la UP VI de Posadas y luego fue llevado a la UP II de Oberá, aunque su permanencia en la provincia era considerado una “bomba de tiempo” ante un latente peligro de fuga, por lo cual finalmente se decidió su trasladado a la cárcel federal de Ezeiza, en Buenos Aires.

Sin embargo, nada frenó su accionar delictivo y desde su calabozo y a través de teléfonos celulares, continuó orquestando operaciones de narcotráfico, tanto de marihuana como de cocaína, enviando cargamentos tanto a Buenos Aires como a Brasil, cuyos destinatarios eran miembros de facciones criminales tales como Bala Na Cara.

Estas maniobras le valieron a Rojas el inicio de una nueva investigación, el cual fue anexado a la causa por el homicidio de Canteros y el imputado fue juzgado por ambos hechos en un solo juicio.

La fiscal Vivian Barbosa -a la derecha- se encargó de alegar sobre el homicidio de Canteros.

El PCF

Fue el fiscal Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), quien esta mañana desarrolló su alegato respecto a la causa que investiga la creación, alcance y poderío del PCF.

“Mientras Rojas estuvo preso en la cárcel de Oberá conoció a los hermanos Vando y Rudinei Lopes, que eran de Bala Na Cara. Ese contacto inicial fue el germen para que Rojas creara el PCF. Su marcan eran las siglas con un dragón comiéndose la cola e incluso crearon un himno en el que decían que el PCF llegó para el mundo entero, llegó para destruir la frontera”, mencionó el fiscal.

Uriona ubicó a Rojas como el organizador y financista de la banda, la cual tenía un importante número de integrantes, además de ramificaciones tanto en Paraguay como Brasil.

El organigrama trazado por Uriona posicionó a Rojas como el máximo líder, mientras que debajo suyo estaba su ex pareja Tamara Maciel, en tanto mencionó “estamentos” integrados por misioneros y bonaerenses, además de contar con “miembros” paraguayos y “nexos” brasileños. En total. En total identificó a 19 personas dentro de ese aceitado esquema criminal.

El nivel de mando que Rojas tenía sobre el grupo era tal que Uriona expuso que “desde su producción misma los panes ya salían con el etiquetado del PCF. Es decir, no es que Rojas tenía nexos con otra banda, sino que él también manejaba esa banda en Paraguay y esa etapa de la operación”.

El organigrama del PCF, según la reconstrucción trazada por el fiscal Martín Uriona.

El fiscal también hizo especial mención a la violencia que Rojas imprimió como sello a su organización, reproduciendo las diversas escuchas donde el capo narco amenazaba o mandaba a matar, tanto a aliados como a agentes de fuerzas federales, uno de ellos que inclusive continúa con medidas de seguridad. “Fue sorprendente ver tantos intentos de sicariato en tan poco tiempo”, admitió.

Uriona enumeró las cargas incautadas y que fueron atribuidas a Rojas, las cuales llegaron a 11 toneladas de marihuana y 32 de cocaína, hechos que se produjeron entre el 29 de septiembre y el 4 de noviembre de 2020, mientras él ya estaba detenido en la cárcel federal de Ezeiza.

Todo eso sin contar una carga de 10 toneladas que fue secuestrada por la Senad para paraguaya en Encarnación antes de ser cruzada por el Paraná, para lo cual la banda ya había conseguido un depósito para su almacenamiento en Garupá.

“Rojas fue muy creativo en su declaración, hasta llegó a decir que las escuchas fueron generadas con Inteligencia Artificial, pero todo ha quedado debidamente acreditado y acá no hay ningún móvil espurio ni una persecución en su contra. La verdad está saliendo a la luz acá”, lanzó el funcionario de Procunar.

“De peligrosidad son los de Prefectura”

La defensa de Rojas fue encabezada por el defensor oficial Marco Aurelio Racagni, en cuya exposición cuestionó la validez de las escuchas telefónicas incorporadas como prueba al considerar que los audios no fueron sometidos a ninguna pericia de voz que acreditara compatibilidad con la voz del imputado.

Racagni puso sobre el tapete la existencia de un “protocolo para las pericias forenses de voz en el ámbito judicial” creado por el Conicet, pero criticó que no fue utilizado, lo que “vulnera el legítimo derecho de defensa”.

El letrado además se dirigió en duros términos a los investigadores de Prefectura Naval Argentina (PNA) que estaban detrás de los pasos de Rojas desde antes del crimen de Canteros.

Rojas está detenido en el penal de Marcos Paz, bajo medidas de extrema seguridad.

“Rojas estaba considerado un prófugo de la Justicia desde noviembre de 2014 y en diciembre de 2015 fue vinculado a un doble crimen. Aún así se manejaba libremente sin que nadie lo detenga. Resulta que la PNA lo ve, lo sigue y lo ubica con cargamentos en la casa de Canteros pero nunca lo detuvo. Esto fue una investigación manipulada por la Prefectura”, lanzó.

Racagni también apuntó contra la PNA por “armar” el perfil de peligrosidad de Rojas, lo cual derivó en su alojamiento en una cárcel de máxima seguridad e impidió su comparecencia presencial al debate.

“Se montó una trama de peligrosidad que dejó a Rojas como un demonio y el demonio no tiene defensa, tiene que ir al infierno. La peligrosidad en realidad está en el personal de la fuerza que no actúa o no puede actuar. Es una cuestión de gravedad institucional y me da vergüenza porque hay un 52,9% de pobreza en el país que aún así paga impuestos para que nosotros los funcionarios públicos cobremos un sueldo por nuestro trabajo”, arremetió.

El pedido del defensor oficial fue reeditar el juicio de manera tal que Rojas pueda tener garantizado su derecho de defensa o de manera subsidiaria la absolución de su defendido, planteos que no fueron tenidos en cuenta por el tribunal que dictaminó la prisión perpetua y estableció para el 28 de octubre la lectura de los fundamentos del fallo.

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Los peritos no detectaron archivos sensibles en los últimos aparatos tecnológicos incautados en la casa de suegros del exdiputado provincial Germán Kiczka (44), imputado con prisión preventiva en el marco de una causa por consumo, tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (Masi).

Este viernes, los agentes de Cibercrimen de la Policía de Misiones culminaron las pericias sobre cuatro celulares, dos netbooks del plan Conectar Igualdad, una CPU y un disco rígido que fueron secuestrados la semana pasada en la vivienda de los padres de Alejandra Fassa, pareja del ex legislador, en busca de nuevo material probatorio para incorporar al expediente que se tramita en el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faría.

El operativo en la vivienda de los padres de Fassa se disparó a raíz de evidencias que se desprenden del informe pericial al celular del dirigente del partido Activar, en el cual hallaron mensajes donde la mujer hablaba con su pareja sobre “deshacerse”, “romper” o “llevar” una computadora a otro lado a fin de borrar pistas.

Finalmente, los investigadores terminaron hoy las pericias a los aparatos sin detectar archivos Masi que se puedan sumar como material probatorio contra Kiczka, según fuentes consultadas por La Voz de Misiones.

Incautaron dos netbooks ocultas en la casa de los suegros de Germán Kiczka

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