Judiciales
Contrabando de soja: la palabra de los gendarmes y las relaciones con Marino
El debate oral contra los ex gendarmes Marco Antonio Duette (53), ex jefe del Escuadrón 9 de Oberá, y su subalterno Ricardo Fabián Gómez (50), acusados de integrar una organización dedicada al contrabando de granos, se reanudó hoy con la palabra de los inculpados, quienes se desvincularon de los hechos y fueron intensamente interrogados por sus vínculos con Santiago Marino, empresario sindicado como “el rey de la soja” en Misiones e imputado en el mismo expediente, aunque ya condenado tras firmar un acuerdo de juicio abreviado.
Previo a su declaración, Duette escuchó atentamente el requerimiento de elevación a juicio de la causa, donde se lo acusa de integrar una asociación ilícita encargada de exportar granos hacia Brasil evadiendo controles tributarios, esquema en el cual él se valía de su cargo como jefe del Escuadrón 9 Oberá de GNA para “liberar rutas” a los camiones que provenía con las oleaginosas desde de Santiago del Estero, Córdoba y Chaco, entre otros puntos del país.
Según la acusación, esa organización estaba conformada por otros once imputados -nueve de los cuales ya se acogieron a juicios abreviados- y su desmantelamiento se concretó en noviembre de 2021, tras una larga investigación que se inició un año antes gracias a una denuncia anónima realizada ante la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Los instructores de la causa establecieron que para ejecutar la maniobra la banda utilizaba Cartas de Porte de Afip (ahora Arca) y formularios CTG (Código de Trazabilidad de Granos) emitidas por personas insolventes para tal fin o con direcciones de destino falsas para simular un marco de legalidad al transporte de las cargas, pero una vez ingresados a la provincia los documentos eran anulados.
“Nunca participé en ninguna organización, ni en nada de lo que se me acusa”, arrancó Duette ante el Tribunal Oral Federal de (TOF) de Posadas, presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira e integrado por sus pares Juan Manuel Iglesias (Chaco) y Víctor Antonio Alonso (Corrientes), estos dos últimos como subrogantes y conectados de manera telemática desde sus jurisdicciones.
El imputado afirmó que durante su gestión como jefe del Escuadrón 9 (2020-2021) labró varias actas de infracción contra camiones con documentaciones de carga irregulares, pero alegó que no secuestró ninguno porque así lo había establecido la Justicia Federal Oberá como una especie de “norma” de proceder para casos que hayan tributado ante ATM.
“Algunos camiones no tenían carga de porte, pero habían pagado ATM. Se los infraccionaba, pero yo no tenía recursos para secuestrarlos porque para el juzgado y para la fiscalía eso no era delito. Ellos alegaban el contrabando se daba en la costa”, justificó.
Y continuó: “Si ellos anulaban la carga de porte después yo no podía saberlo y tampoco tenía motivos legales para tenerlos retenido 24/48 horas hasta comprobarlo”.
Duette y Gómez estuvieron detenidos durante la instrucción en una delegación de PSA en Rosario.
“Marino se daba de informante”
En el resto de su indagatoria Duette hizo un repaso de su trayectoria como gendarme y de sus lineamientos de trabajo trazados en el Escuadrón 9, aunque tanto la fiscalía, encabezada por Pablo Di Loreto, como las abogadas querellantes de Afip, Rossana Sienra y Yamila Soledad Amado, hicieron especial hincapié en su relación con Marino, uno de los líderes de la organización, con quien además constan escuchas telefónicas consideradas comprometedoras para la causa.
“Conocí a Marino a fines de mayo de 2020. Era una relación protocolar, él se presentaba como un comerciante y empresario que iba a inaugurar un complejo turístico en la zona”, respondió ante la primera consulta, aunque en el desarrollo de la indagatoria admitió que su hijo trabajó para él, que intercambiaba mensajes de Whatsapp y que también mantuvo encuentros con él.
“Él me invitó a la inauguración de su complejo y tuve que ir porque estaban todas las autoridades. Hasta el vicegobernador dio un discurso ese día”, apuntó, pero también recordó algunas conversaciones que llamaron la atención de la fiscalía.
“El señor Marino se daba de informante de la Gendarmería. Era raro”, describió y ante otra consulta respondió que “unas cuatro o cinco veces recibí información de él. Una vez fue por el tema de (las patentes de) los camiones, después sobre cómo se maneja la costa, donde la gente habla en portuñol, porque la mayoría tiene parientes del otro lado”.
“No por mí, pero por mi cargo, siempre se me acercaba la gente para ver si podían sacar algún beneficio”, aclaró después, cuando ya el interrogatorio pasó a manos de su abogado patrocinante Carlos Larraburu.
Pablo Di Loreto -al medio- representa al Ministerio Público Fiscal.
Casi en misma sintonía se desarrolló la indagatoria de su consorte de causa Ricardo Fabián Gómez, que además cuenta con el mismo defensor particular.
Gómez también es un gendarme con varios años de servicio y su última labor la cumplió como conductor en la sección motorizada del Escuadrón que gestionaba Duette.
Ante las partes, el imputado negó los cargos, cuestionó a la Justicia y enalteció su función como uniformado. “No tengo la capacidad de formar parte de una organización tal como lo mencionan acá. Estoy tranquilo, sé que no hice nada. No me puedo avergonzar de nada”, se plantó.
El hombre aclaró que por su función nunca fue parte de ningún procedimiento, sino que más bien se dedicaba al traslado de detenidos a hospitales, a juzgados o al envío de víveres a otras delegaciones.
Fue en uno de esos viajes, puntualmente a Panambí, que conoció a Marino, según contó. “Yo lo conocí en 2020, en la ruta. Cuando paramos en la sección estábamos con otros gendarmes y ahí se presentó él, que era una persona, un empresario conocido en la zona”, dijo.
Las partes insistieron en ese vínculo y en la continuidad de su testimonio Gómez admitió que después de ese encuentro fortuito visitó en al menos dos oportunidades el complejo turístico de Marino, en ambas ocasiones para disfrutar de sus atractivos junto a su familia.
También contó sobre un viaje que hizo con Marino hasta Posadas. “Me dijo que tenía que hacer un service al auto en Posadas y como yo estaba solo en mi casa y hace mucho no iba a Posadas, acepté. Después en la concesionaria nos dijeron que el service iba a tardar mucho y en ese rato cruzamos a Paraguay”, se adelantó antes de la casi segura pregunta sobre cruce migratorio que comparte con el empresario.
Por último, afirmó que los viajes con Marino se dieron “dos o tres veces. Eran siempre de día y en días de descanso”.
Las partes también estaban interesadas en esclarecer los vínculos de ambos imputados con el ex policía Francisco Eladio Morel, otro de los integrantes de la organización.
Tanto Duette como Gómez respondieron que conocieron a Morel en encuentros que se dieron casualmente en el complejo turístico de Marino y contaron que las conversaciones solamente giraban en torno a “temas de la fuerza”.
El juicio continuará el 5 de mayo, a partir de las 8, con la toma de testimoniales. El listado de testigos se redujo a trece, dado que otros diez fueron desistidos por las partes al firmarse acuerdos de juicio abreviado con el cooperativista Juan Carlos Skavinsky y el empresario automotor Marcelo Da Silva, quienes debían estar en el banquillo junto a los ex gendarmes.
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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró inválida la sentencia a 10 años de prisión emitida en 2023 contra un docente acusado de abusos perpetrados en perjuicio de una hijastra menor de edad en Jardín América y ordenó que el Tribunal Penal Uno de Posadas dicte un nuevo fallo atendiendo a las observaciones efectuadas por los camaristas del máximo órgano judicial de la provincia.
En su resolución, firmada el 17 de marzo pasado, el STJ repasa los argumentos esgrimidos por la defensa del acusado en un recurso de casación presentado días después de la sentencia emitida el 23 de octubre de 2023 y entre los considerandos finales resuelve hacer lugar parcialmente al planteo.
En consecuencia, decide devolver todas las actuaciones del juicio llevado adelante al tribunal de origen para que se subsanen las observaciones que tornaron inválida a la sentencia y que conforme a ello se dicte un nuevo veredicto.
El primer voto de la resolución correspondió a la camarista María Laura Niveyro y tuvo el acompañamiento pleno de otros siete jueces.
En el dictamen, Niveyro repasa que la defensa del imputado, identificado como Ángel Norberto Velázquez, cuestiona la sentencia por cinco agravios puntuales, entre los cuales apunta “indeterminación e impresición del hecho” endilgado y califica el fallo como “arbitrario” al considerar que el tribunal no mencionó ni analizó la declaración indagatoria vertida por el imputado durante el proceso oral.
Al revisar y analizar las actuaciones del juicio, la camarista consideró válido el reclamo y entendió que ello se sostiene en la “no valoración de la indagatoria” por parte del tribunal presidido por el juez Gustavo Bernie, que además redactó los fundamentos del fallo atacado.
Grave y arbitrario
“Entiendo que la circunstancia de haber afirmado que el imputado no declaró, cuando en realidad sí lo hizo, justifica descalificar la pieza sentencial como un acto jurisdiccional válido, por ser grave y arbitrario y atentar contra las garantías del debido proceso”, esgrimió al respecto Niveyro.
Y desarrolló: “La declaración indagatoria es para el magistrado un medio de conocimiento y para el acusado es el medio de defensa material por excelencia garantizado constitucionalmente tanto por presunción de inocencia, por el derecho de defensa, por el derecho al debido proceso y por el derecho a la tutela judicial efectiva con que cuentan los sometidos a procesos penales”.
En consecuencia, la magistrada consideró que la cuestión “merece y debe ser subsanado por esta instancia de control, más allá de la naturaleza, carácter, utilidad, relevancia y/o pertinencia que en si le dé el tribunal a la declaración o a los términos de la confesión del imputado”.
De esta manera, resolvió hacer lugar parcialmente al recurso defensivo y devolver el expediente a origen para que el mismo tribunal vuelva a dictaminar un nuevo fallo enmendando el equívoco plasmado en la sentencia.
Mientras tanto, el imputado continúa detenido en la Unidad Penal VII de Puerto Rico, con prisión preventiva hace más de cinco años, lo cual también es motivo de reclamo tanto por su defensa como por su familia.
Denuncia, juicio y defensa
La causa en cuestión se originó tras una denuncia radicada por la hijastra de Velázquez en 2018, cuando afirmó que el hombre abusó de ella en reiteradas oportunidades ocurridas entre 2008 y 2011, cuando ella tenía entre 7 y 11 años de edad.
El docente, que además tiene un hermano acusado por el mismo delito, quedó detenido en 2020 y desde ese momento enfrenta a la Justicia, aunque él se declara inocente.
Así lo hizo también el juicio desarrollado en 2023, instancia en la que negó los cargos y consideró que la causa se trata de una falsa denuncia influenciada por su ex pareja y madre de la denunciante.
En la sentencia dictada ese año, el TP Uno de Posadas declaró a Velázquez penalmente responsable por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la convivencia preexistencia con la misma, bajo la modalidad de delito continuado” y lo condenó a una pena de 10 años de prisión.
La familia de Velázquez también sostiene su inocencia y arremete: “Las falsas denuncias provocan daño, dolor e impotencia. Atraviesan transversalmente no solo al denunciado, sino a toda su familia, amigos y entorno”.
“Pedimos justicia y libertad para Ángel. Van a ser cinco años que le robaron la vida”, expresó Marisa, familiar directo del acusado, quien en las próximas horas incluso participará en Buenos Aires de un encuentro con autoridades del gobierno nacional para trabajar en proyectos que penen las falsas denuncias.
La Justicia misionera fijó para el próximo 15 de octubre el comienzo del juicio oral contra los docentes gremialistas Mónica Gurina y Leandro Sánchez, imputados por “desobediencia judicial” y “obstrucción de libre tránsito” tras el acampe sobre la avenida Uruguay en mayo del 2024.
El debate oral se dará inicio a las 8 y estará a cargo del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, con la fiscal María Laura Álvarez como acusadora pública y Eduardo Paredes como abogado defensor de la secretaria General de la CTA A Misiones y el secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM).
En la resolución con fecha del 15 de abril, la Justicia admitió las pruebas presentadas por la fiscalía el pasado 27 de noviembre y parcialmente las pruebas ofrecidas por la defensa de los imputados el 28 del mismo mes.
Para el juicio contra los educadores nucleados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) serán citados trece testigos, entre ellos, Estela Genesini, secretaria General de Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones (UDNAM) y el diputado provincial por el Partido Agrario y Social (Pays) y también docente, Cristian Castro.
Tras conocerse la fecha del juicio, el FTEL apuntó en sus redes sociales: “Avanza el proceso contra Leandro Sánchez y Mónica Gurina… Esto no es joda, repetimos NO ES JODA. Véase que hay animosidad en cuanto a las pruebas presentadas por la defensa, ya que han sido admitidas parcialmente”.
En esa línea, el frente enfatizó que el paro docente de este miércoles 23 de abril para exigir aumento salarial, con una asamblea provincial en la plaza San Martín de Posadas, desde las 9, “también tiene que hacerse sentir por esta razón: basta de criminalizar a los que luchan“.
La acusación contra los referentes de la educación se originó a raíz del acampe por mejoras salariales, que tuvo lugar sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, durante más de 10 días en mayo del 2024.
El FTEL vuelve al paro tras envío a juicio de docentes por el acampe de mayo
El contrabandista de cigarrillos que el año pasado chocó y mató a un gendarme al intentar evadir un control de tránsito sobre la ruta nacional 12 en San Ana, continuará detenido tras una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
El implicado se trata de Rodrigo Dias Da Silva, de 26 años, quien se encuentra imputado y procesado con prisión preventiva por los delitos de “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”, acusación que ya fue ratificada anteriormente.
Recientemente su defensa solicitó su excarcelación, pero el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, rechazó el pedido, ante lo cual se articuló una apelación contra esa medida, aunque el planteo no tuvo éxito, dado que los camaristas ratificaron la resolución.
De esta manera, Dias Da Silva continuará detenido y aguardará tras las rejas el avance del expediente hasta su elevación a juicio.
Crimen en la ruta
El hecho que se encuentra en investigación se registró el 14 de septiembre del año pasado, cuando una Volkswagen Amarok cargada con 20 millones de cigarrillo de contrabando evadió un control sobre la ruta nacional 12, a la altura de Santa Ana, pero en plena maniobra su conductor embistió a uno de los gendarmes apostados sobre la arteria.
El uniformado atropellado fue Robert David “Chato” Barreto (31), un centinela con más de doce años en la institución y padre de dos hijos, quien terminó falleciendo dos horas después del siniestro.
Tras el impacto, la camioneta Amarok continuó su marcha sin control hasta volcar en una banquina de la ruta y en esas circunstancias fue detenido Da Silva.
Robert Barreto llevaba 12 años en la GNA y era padre de dos niños.
El caso Zorrilla
Un caso similar se registró el 11 de abril de 2013, cuando un contrabandista en fuga atropelló y mató al gendarme José Riquelme De la Cruz (52), durante un control que se efectuaba sobre la ruta provincial 4, entre Itacaruaré y San Javier.
El autor del hecho iba al mando de un Renault Megane y resultó ser el policía Carlos Daniel Zorrilla, que trabajaba en la comisaría de Caa Yarí, aunque ese día estaba de franco.
El uniformado quedó detenido y en 2015 fue llevado a juicio, donde el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas lo condenó a 18 años de prisión por “homicidio simple”, a pesar de que tanto la fiscalía como la querella habían solicitado prisión perpetua.
El fallo fue ratificado años después por la Sala I de la Cámara de Casación Federal y en 2023 el condenado accedió a su primera salida transitoria.
Carlos Zorrilla era policía y recibió 18 años de prisión por chocar y matar a un gendarme en 2013.
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