El contrabandista de cigarrillos que el año pasado chocó y mató a un gendarme al intentar evadir un control de tránsito sobre la ruta nacional 12 en San Ana, continuará detenido tras una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.

El implicado se trata de Rodrigo Dias Da Silva, de 26 años, quien se encuentra imputado y procesado con prisión preventiva por los delitos de “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”, acusación que ya fue ratificada anteriormente.

Recientemente su defensa solicitó su excarcelación, pero el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, rechazó el pedido, ante lo cual se articuló una apelación contra esa medida, aunque el planteo no tuvo éxito, dado que los camaristas ratificaron la resolución.

De esta manera, Dias Da Silva continuará detenido y aguardará tras las rejas el avance del expediente hasta su elevación a juicio.

Crimen en la ruta

El hecho que se encuentra en investigación se registró el 14 de septiembre del año pasado, cuando una Volkswagen Amarok cargada con 20 millones de cigarrillo de contrabando evadió un control sobre la ruta nacional 12, a la altura de Santa Ana, pero en plena maniobra su conductor embistió a uno de los gendarmes apostados sobre la arteria.

El uniformado atropellado fue Robert David “Chato” Barreto (31), un centinela con más de doce años en la institución y padre de dos hijos, quien terminó falleciendo dos horas después del siniestro.

Tras el impacto, la camioneta Amarok continuó su marcha sin control hasta volcar en una banquina de la ruta y en esas circunstancias fue detenido Da Silva.

Robert Barreto llevaba 12 años en la GNA y era padre de dos niños.

El caso Zorrilla

Un caso similar se registró el 11 de abril de 2013, cuando un contrabandista en fuga atropelló y mató al gendarme José Riquelme De la Cruz (52), durante un control que se efectuaba sobre la ruta provincial 4, entre Itacaruaré y San Javier.

El autor del hecho iba al mando de un Renault Megane y resultó ser el policía Carlos Daniel Zorrilla, que trabajaba en la comisaría de Caa Yarí, aunque ese día estaba de franco.

El uniformado quedó detenido y en 2015 fue llevado a juicio, donde el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas lo condenó a 18 años de prisión por “homicidio simple”, a pesar de que tanto la fiscalía como la querella habían solicitado prisión perpetua.

El fallo fue ratificado años después por la Sala I de la Cámara de Casación Federal y en 2023 el condenado accedió a su primera salida transitoria.

Carlos Zorrilla era policía y recibió 18 años de prisión por chocar y matar a un gendarme en 2013.

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Los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka lograron desentrañar el esquema de archivos Masi que articulaban los hermanos Kiczka y con esa base pudieron distribuir las acusaciones, establecer las escalas penales y argumentar los duros pedidos de prisión que formularon para cada uno de ellos.

“Vamos a mostrar cómo fue el camino hacia los imputados”, adelantó Rau durante el alegato que compartió con su colega y que, tanto por el volumen de la evidencia analizada como por las múltiples aristas periciales, técnicas y jurídicas abordadas, se extendió durante más de cuatro horas.

Para su exposición, los fiscales se apoyaron en un mapa conceptual en el cual volcaron todo el plexo probatorio, identificando todos los dispositivos informáticos incautados, repasando la evidencia recolectada en cada uno de ellos y delimitando a quién correspondía cada aparato.

El esquema de archivos Masi de los Kiczka desentrañado por los fiscales Rau y Glinka.

Rau y Glinka iniciaron entonces el recorrido de la causa. Recordaron que todo comenzó el 16 de enero de 2024, mediante un alerta proveniente desde Estados Unidos que se centralizó en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) de Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Daniela Dupuy, que ayer presenció el debate como invitada estelar.

Con la información recibida y mediante direcciones de IP, se establecieron “120 objetivos” distribuidos en todo Latinoamérica, uno de los cuales apuntaba a un domicilio del barrio Illía de Apóstoles, que luego se determinó que pertenecía a Leonardo Kiczka, lugar donde también vivía su hijo Sebastián, hermano Germán, que por aquel entonces todavía revestía la figura de legislador provincial.

La fiscal Dupuy ordenó entonces una serie de operativos simultáneos que se ejecutaron en ocho ciudades del país. El día elegido fue el 28 de febrero de 2024 y ese día los investigadores irrumpieron en la casa familiar de los Kiczka, incautando varios dispositivos electrónicos, entre ellos una notebook Acer V3-771-6614, que resultó ser “la llave del caso”, como valoró el propio fiscal Rau ante el tribunal.

La Acer

No es para menos. Esa computadora no solo destapó el horror, sino que también sumió a Misiones en un escándalo político y social que concitó la atención de todo el país durante varios meses.

La autopsia digital sobre ese aparato arrojó conclusiones determinantes, marcó el camino para el devenir de la investigación y selló el futuro de los hermanos. 

En primer lugar, detallaron los fiscales, en esa Acer se encontraron dos archivos que eran coincidentes con los dos archivos delimitados en la denuncia que disparó el operativo y que eran especialmente buscados para confirmar la pista proveniente de Estados Unidos. 

Los hermanos Kiczka al momento del dictado de la sentencia condenatoria para ambos.

Pero esos dos “match”, como se denomina en la jerga digital, no fueron las únicas evidencias halladas. Los peritos también dieron con el programa E-Mule, que estaba instalado desde el 18 de enero de 2022, y entre carpetas y subcarpetas descubrieron 603 archivos con material de abuso sexual infantil (Masi).

El siguiente paso fue vincular esa notebook a personas físicas y para los fiscales quedó más que claro que su dueño era Germán Kiczka, dado que el aparato no solo que tenía sus datos de usuario, sino que también registraba actividades recientes vinculadas a sus correos electrónicos y contenía archivos personales como documentos de la Legislatura, facturas de monotributo y fotografías, etc. 

“La computadora era de Germán, pero la usaban los dos (por Sebastián). Era la computadora sucia y para cuando uno no tenía la PC, tenían un pen drive o un CD”, acusó Glinka.

Durante todo el proceso Germán intentó desligarse de esa computadora, aunque sin éxito. En una indagatoria realizada aún en la etapa de instrucción manifestó que el día del allanamiento en casa de su padre él estaba en Brasil, lo cual es verdad, pero con el correr de la investigación se detectó que ese mismo día recibió un llamado a las 12:54 y eliminó el programa E-Mule que tenía en otra computadora.

La Lenovo

Esa otra computadora resultó ser una Lenovo DESKTOP-GCIRTJ8 que fue secuestrada meses después, el 6 de agosto de 2024, durante un allanamiento efectuado en su casa sobre calle Alem de Apóstoles en virtud del avance de la investigación que para ese entonces ya estaba en manos del juez Miguel Ángel Faría, que trabajó con los agentes de Cibercrimen y de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) como auxiliares de justicia.

En esa Lenovo se detectó otro “match” con la denuncia proveniente de UFEDyCI, como así también más y más archivos Masi, con adolescentes, niños, niñas y hasta bebés siendo víctimas de abuso sexual e incluso expuestas a prácticas zoofílicas.

También se encontraron las “huellas digitales” que dejó la utilización del E-Mule cuya fecha de instalación databa el 6 de junio de 2023 e historiales de búsqueda con sugestivos patrones tales como “incest sister” e “full family incest”.

“Hay videos que me arruinaron la vida y yo les voy a arruinar a ustedes también”, advirtió con crudeza el fiscal Glinka mientras exhibía algunos de los videos encontrados ante el tribunal, cuyos integrantes no pudieron disimular gestos de repulsión, en particular César Yaya, que por momentos prefirió desviar la mirada.

“Son actos de bestialismo”, calificó Rau, sin más reparos.

El juez Yaya sensibilizado por los archivos Masi exhibidos por la fiscalía.

Pero tampoco es todo. En poder del ex diputado incautaron un pen drive Fiat con más archivos Masi y hasta en su celular Samsung S22 encontraron elementos comprometedores. 

Los fiscales repasaron que en ese celular recuperaron chats del 9 de abril de 2024, donde su esposa le pedía eliminar evidencias y él respondía ufanándose de su investidura como legislador al mencionar que por sus fueros era casi intocable.

También revelaron grupos de Telegram y otras conversaciones donde Germán envió al menos dos archivos Masi, lo cual fue fundamento suficiente para que le atribuyeran, además de tenencia y facilitación, la figura de distribución, lo que complicó aún más su situación y explica el por qué de un mayor pedido de condena en su contra en comparación a Sebastián.

Concurso real

En diálogo con la prensa, el tándem fiscal explicó que los hechos configurados como tenencia, facilitación y distribución fueron analizados individualmente y sobre esa base aplicaron la situación jurídica del concurso real, lo que les permitió construir una nueva escala penal ante la sumatoria y reiterancia de los delitos. 

De esta manera, en el caso de Germán, por ejemplo, al dar por acreditado las tres acciones enmarcadas en el artículo 128 del Código Penal, establecieron una nueva escala penal que iba de los 4 años de prisión como pena mínima hasta los 21 años y 4 meses como pena máxima.

Los fiscales Glinka y Rau durante la última audiencia de debate, que comenzó a las 9.30 y culminó poco antes de las 22.

En consecuencia, se manejaron dentro de esos límites y consideraron que lo oportuno era condenar al ex diputado a 15 años de prisión, planteo que se acercó bastante a los 14 años de cárcel que finalmente dictaminó el tribunal. 

Durante el alegato, los fiscales argumentaron que el monto solicitado se ajustaba a “a la cantidad”, al “volumen” y lo “ofensivo” de los archivos Masi encontrados, lo cuales llegaron a 913 en total para el caso de Germán. Y otro dato que grafica la magnitud de lo analizado: la evidencia digital incautada supera los 100 gb.

Sebastián: “Degenerado y abusador”

Sobre Sebastián hicieron el mismo análisis, desagregando todos los elementos encontrados en su contra. Como para los fiscales quedó probado que tanto él como Germán utilizaban la notebook Acer, fue considerado coautor de la tenencia y facilitación de los archivos Masi que allí estaban almacenados.

Por separado le atribuyeron los contenidos encontrados en un pen drive Scandisk y en un CD donde además la pericia marcó otro match con la denuncia inicial de la causa, aunque no alcanzaron a comprobar que haya incurrido en la distribución de alguno de esos archivos.

Sebastián se adjudicó todos las acusaciones del caso. Para la fiscalía solo fue una estrategia defensiva para favorecer a Germán.

En contrapartida sí encontraron evidencias que sirvieron para certificar la acusación por abuso sexual simple contra una adolescente que tenía 15 años al momento del hecho.

El fiscal Glinka repasó los chats de Sebastián con la adolescente para demostrar su culpabilidad. “El abuso no es solo ir a tocarle, sino todo el resto. Él venía hablando con ella, con una menor, durante dos años. La venía preparando. Si no fuera por esta causa esto hubiera terminado en una corrupción de menores”, apuntó al momento de alegar.

“Acá no estamos solo ante un degenerado, sino también frente a un abusador sexual”, disparó después Glinka, quien junto a Rau también dedicaron varios minutos de exposición para fundamentar que el mayor de los Kiczka era perfectamente imputable y consciente de las acciones delictivas que cometía.

“De los excesos (alcohol y drogas) habla con culpa, pero de los menores habla con placer”, arremetieron.

Con esa base, pidieron 12 años de prisión en su contra, lo cual coincidió con lo impuesto por el tribunal conformado por los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya, quienes en un plazo de 10 días hábiles deberán comunicar los fundamentos de la sentencia.

LAS CONDENAS

Germán Kiczka: CATORCE (14) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO, más accesorias legales y con costas, por ser encontrado autor penalmente responsable del delito de TENENCIA, FACILITACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL AGRAVADO POR SER LAS VÍCTIMAS MENORES DE 13 AÑOS DE EDAD EN CONCURSO REAL, según los Arts. 128 1º, 2º y 5º en función del art. 55 del CPA.

* Con la disidencia de la Dra. Cukla que voto por condenar a la pena ocho (8) años de prisión de cumplimiento efectivo, por el delito de tenencia y facilitación de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad en concurso ideal y el delito de distribución del mismo material, en concurso real.

Sebastián Kiczka: DOCE (12) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO, mas accesorias legales y con costas, por ser encontrado autor penalmente responsable del delito de TENENCIA Y FACILITACIÓN DE MATERIAL DE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL AGRAVADO POR SER LAS VÍCTIMAS MENORES DE 13 AÑOS DE EDAD Y ABUSO SEXUAL SIN ACCESO CARNAL, TODO ELLO EN CONCURSO REAL, que se encuentran subsumidos en el Art. 128 1º, 2º y 5°, 119 1º párrafo en función del Art. 55 del C.P.A.

*Con la disidencia de la Dra. Viviana G. Cukla que votó por condenar a la pena de seis (6) años de prisión, por el delito de TENENCIA Y FACILITACIÓN DE MATERIAL DE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL AGRAVADO POR SER LAS VÍCTIMAS MENORES DE 13 AÑOS DE EDAD, EN CONCURSO IDEAL, subsumidos en el Art. 128 1º, 2º del CP.

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Tras nueve horas de debate y otras tres de cuarto intermedio para la deliberación de los jueces, finalmente el Tribunal Penal Uno de Posadas dictó sentencia este miércoles por la noche y condenó a los hermanos Germán (44) y Sebastián Kiczka (47) a penas de 14 y 12 años de prisión.

El veredicto de los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante) se emitió pasada las 21.30 de hoy, exactamente doce horas después del inicio de la audiencia en la cual también se desarrollaron los alegatos de las partes, instancia en la cual la fiscalía había solicitado 15 y 12 de prisión para los hermanos imputados.

En detalle, el ex diputado provincial Germán Kiczka fue declarado autor de los delitos de “tenencia, facilitación y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años en concurso real”.

Su hermano mayor, en tanto, fue declarado culpable de “tenencia y facilitación de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años, con abuso sexual simple sin acceso carnal, todo ello en concurso real”. 

Sebastián Kiczka fue condenado a 12 años de prisión, por archivos Masi

Ambas condenas fueron alcanzadas por mayoría, con los votos de Bernie y Yaya, mientras que Cukla planteó disidencia en ambos casos, ya que para Germán consideró que la pena apropiada era de 8 años de prisión y que para Sebastián correspondían 6 años.

El fallo además dispuso que ambos condenados purguen sus penas en la Unidad Penal I de Loreto, donde serán alojados inmediatamente tras pasar más de 200 días detenidos en la UP VIII de Cerro Azul. Los fundamentos de la decisión tomada por los magistrados serán comunicados en un plazo previsto dentro de los próximos diez días hábiles.

Entre sus puntos, el tribunal también decidió hacer lugar al planteo efectuado por los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka respecto a extraer copias de las declaraciones de Leonardo Kiczka y del diputado de Activar Pedro Puerta para remitirlas a la fiscalía de instrucción para que sea analice la posibilidad de abrir una investigación para determinar si incurrieron en algún delito de acción pública.

El pedido fue formulado por el fiscal Glinka apenas comenzó la ronda de alegatos y allí argumento que la solicitud se debe a inconsistencias y faltas a la verdad detectadas en las declaraciones efectuadas por ambas personas al momento de comparecer en carácter de testigos de la causa.

Los fiscales Vladimir Glinka y Martín Rau solicitaron penas de 15 y 12 años de prisión.

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