El próximo 12 de junio se realizará en Oberá el juicio oral contra Alan Calixto Closs (32), único acusado por el femicidio de Daniela Carmen Radke (23), la joven que en mayo de 2023 fue estrangulada y luego descartada en un descampado del barrio Unido de San Vicente.

Será una única audiencia y comparecerán como testigos un total de ocho personas. El debate será presidido por el magistrado Francisco Aguirre, acompañado por sus pares Horacio Paniagua y Erasmo Villalba (subrogante) como vocales.

En representación de la fiscalía estará David Ezequiel Augusto Milicich, mientras que el imputado será defendido por los letrados particulares Cristian Baran y Humberto Gales.

Calixto Closs está detenido en la Unidad Penal VII de Puerto Rico y llega a instancia de juicio bajo una imputación por femicidio, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua.

Daniela Carmen Radke tenía 23 años. Fue estrangulada y descartada en un descampado.

El caso

El hecho que se ventilará en debate oral se registró entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de mayo del 2023 en San Vicente.

La cronología del caso indica que ese jueves 4 de mayo, a las 17.30, Daniela Radke fue captada por cámaras de seguridad ingresando a la casa de Alan Calixtro, a quien aparentemente conoció en clases de boxeo y a quien consideraba un “amigo”.

Ese mismo día, cerca de las 21, la joven le llamó a su madre para decirle que se encontraba bien y que cenaría con su amigo antes de volver a casa, lo cual finalmente nunca sucedió.

Es que, diez horas después, su cadáver apareció a un costado de la calle Miranda, en el barrio Unido, a unos 800 metros de la ruta provincial 13.

La autopsia posterior dictaminó que la joven había sido sufrido una muerte violenta, una asfixia por estrangulamiento. Es decir, un femicidio.

Con el correr de la pesquisa, llevada adelante por la Dirección Homicidios y efectivos de la Unidad Regional VIII, apareció un testigo reservado que apuntó al sospechoso y una serie de imágenes de cámaras de seguridad recolectadas hicieron el resto.

Según pudo averiguar LVM, las mismas cámaras de vigilancia que a las 17.30 del jueves captaron el ingreso de la víctima a la casa del sospechoso, también plasmaron el momento en el que mismo implicado salía del lugar con el cuerpo de Daniela cargado sobre el tanque de combustible de su motocicleta.

Eso ocurrió a las 2.30 del viernes 5 de mayo y el ahora detenido regresó a casa apenas 8 minutos después.

En la casa del implicado los investigadores secuestraron muestras de cabello, prendas de vestir, cables, teléfonos celulares, chips, tarjetas de memoria y una motocicleta. También se le extrajo al sospechoso material genético para futuros cotejos.

Otro testigo llamó a las autoridades luego para denunciar que ese mismo viernes el detenido llevó a su taller un bolso. Los investigadores establecieron que se trataba de la mochila de Daniela, dentro de la cual estaba su celular y otras pertenencias.

Días antes de la firma de la prisión preventiva en su contra, Closs compareció ante el juez Gerardo Casco para realizar una ampliación de declaración indagatoria, instancia en la que habló por primera vez y desarrolló su versión del hecho.

Sin entrar en detalles, el imputado afirmó que al encontrarse con Radke consumieron bebidas alcohólicas, mantuvieron relaciones sexuales “extremas” que derivaron en la muerte de la joven. Negó haber tenido intenciones de asesinar a la muchacha.

Harán una marcha por el femicidio de Radke: “Que el detenido no salga más”

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Previo a la exposición del fiscal Pablo Di Loreto, quien solicitó penas de 8 y 6 años de prisión para los dos gendarmes enjuiciados por integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de granos en Misiones, las abogadas querellantes en representación de Arca (ex Afip), Rossana Sienra y Yamila Amado, brindaron detalles del perjuicio económico sufrido por el Estado y estimaron que la organización alcanzó a exportar 9o.000 toneladas sin efectuar ningún tributo, lo que se traduce en una pérdida estimada de 36 millones de dólares para las arcas del país.

Las letradas se explayaron durante una hora ante el Tribunal Oral Federal  de Posadas (TOF) presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira, instancia en la hicieron un repaso global de la causa, desde la denuncia que dio inicio al expediente, hasta las medidas investigativas efectuadas y el rol atribuido a cada uno de los integrantes de la organización, entre los cuales ubicaron los gendarmes imputados Marco Antonio Duette (50) y Ricardo Fabián Gómez (53), pero también pusieron cifras al daño económico producido con las maniobras de evasión.

“Si algo le sobra a esta causa es carga probatoria. Tal es así que 9 de los 11 imputados aceptaron un juicio abreviado”, plantó bandera Sienra, dando cuenta que, a excepción de Duette y Gómez, la totalidad de la banda admitió su responsabilidad en el caso, entre ellos el empresario Santiago Marino, una de las figuras más importantes de la trama. 

Para Sienra y Amado, mediante lo recolectado durante el debate oral quedó completamente acreditado que ambos uniformados formaban parte activa de la organización, dedicándose a la liberación de las rutas 14 y 2 para asegurar el paso de los camiones que transportaban los granos hacia puertos clandestinos ubicados a la vera del río Uruguay, a la altura de localidades como Colonia Aurora, Colonia Alicia y El Soberbio, por donde eran cruzados hacia Brasil.

Las letradas explicaron que en base a los 193 CD de escuchas telefónicas efectuadas se desprende que la tonelada de soja en Brasil valía 400 dólares, lo que significaba una ganancia mucho de lo que se podría obtener en el mercado legal argentino producto de la política cambiaria y las retenciones que imperaban durante 2020 y 2021. El negocio era tal que en una de las escuchas uno de los imputados en la maniobra afirmó que “eso de la soja deja más plata que la falopa”.

Para graficar aún más la magnitud del esquema evasor orquestado por la banda y “el daño inmenso efectuado al Estado en general y al Arca”, las querellantes tradujeron todo en cifras.

Al igual que la Fiscalía, la querella solicitó 8 y 6 años de prisión para los imputados Duette y Gómez.

Dólares frescos

En primer lugar, describieron que al momento de los hechos Misiones tenía una producción anual de 10 toneladas de soja y requería otras 10 toneladas provenientes de otras provincias para cubrir lo requerido por las dos únicas industrias y los pequeños consumidores que hacían uso este cultivo.

Sin embargo, solo entre enero y octubre de 2021 a la tierra colorada ingresaron 100 toneladas de soja, de las cuales 90 fueron a parar a Brasil, sin tributar absolutamente nada. 

“Si cada tonelada de soja en Brasil se pagaba 400 dólares. Las 90 toneladas perdidas hablan de una operatoria de aproximadamente 36 millones de dólares”, calculó Sienra y acotó: “Acá todos se enriquecieron a partir del Estado nacional”.

Tal es así que la letrada describió que con las ganancias obtenidas ilegalmente Santiago Marino no solo construyó en San Javier el complejo turístico Palmar del Río, sino que también adquirió otras 103 hectáreas de tierra en la provincia.

Por todo lo expuesto, las letradas no solo efectuaron el mismo pedido de prisión planteado por el fiscal Di Loreto, sino que también solicitaron que a la hora de dictar sentencia el tribunal ordene el decomiso de todos los bienes que fueron fruto de estas maniobras: vehículos, propiedades, remanentes de soja, dinero en efectivo ya incautado y hasta el dinero puesto en plazos fijos.

“Necesitamos que todo esto sea reparado”, culminaron las abogadas de Arca.

El debate oral continuará el próximo 9 de junio, instancia a la que será el turno de alegar para los abogados defensores Carlos Larraburu y Augusto Leguiza.

El fiscal Pablo Di Loreto y la abogada Rossana Sienra, protagonistas del día en el juicio contra los gendarmes.

FOTO PRINCIPAL: gauchazh.clicrbs.com.br

Piden 8 y 6 años de cárcel para gendarmes por facilitar contrabando de soja

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El fiscal Pablo Di Loreto solicitó esta mañana penas de 8 y 6 años de prisión para los gendarmes Marco Antonio Duette (50) y Ricardo Fabián Gómez (53), acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de granos en Misiones, valiéndose de sus funciones para liberar rutas y cobrar coimas a cambio de facilitar el éxito de las operaciones.

La solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal se realizó esta mañana, en el marco del inicio de la ronda de alegatos en el juicio oral y público que se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira e integrado por sus pares Juan Manuel Iglesias y Víctor Alonso, ambos en carácter de subrogantes.

En su exposición, Di Loreto dio por acreditada cada una de las acusaciones formuladas contra los imputados, quienes al momento del hecho prestaban servicios en el Escuadrón 9 Oberá de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), siendo el comandante principal Duette el jefe de dicha unidad y Gómez un sargento primero subalterno que se desempañaba como conductor en la sección motorizada.

Para el fiscal, ambos fueron miembros de una asociación ilícita conformada por un total de once personas, la cual se dedicaba al contrabando de granos que venían desde diferentes puntos del país hacia Misiones, para luego ser cruzados ilegalmente a Brasil por puertos clandestinos ubicados a la vera del río Uruguay, a la altura de localidades como Colonia Aurora, Colonia Alicia y El Soberbio.

“Duette y Gómez utilizaron su condición de funcionarios para facilitar el transporte de las cargas y/o solucionar las cosas cuando habían problemas”, aseveró Di Loreto al exponer ante las partes.

Para sostener su acusación, se apoyó en las múltiples escuchas telefónicas que vinculan a ambos imputados con el empresario Santiago Marino, identificado como el responsables de las cargas de soja y el artífice de las Cartas de Porte con que las simulaban la legalidad de la maniobra. 

Duette era jefe del Escuadrón 9 Oberá al momento del hecho y quedó detenido varios meses. Ahora está con prisión domiciliaria.

Di Loreto repasó que la relación entre Duette y Marino comenzó el 21 de mayo de 2020, cuando intercambiaron los primeros mensajes. De allí en adelante se sucedieron múltiples diálogos que dejaron en evidencia el ardid que llevaban adelante, dejando rastros de las coimas solicitadas, entregadas y prometidas.

De esas conversaciones, el fiscal resaltó una donde Marino le pidió a Duette que deje a un gendarme en San Vicente porque había “entendido bien la consigna” y el jefe del Escuadrón 9 acató la solicitud.

También hizo referencia a otro diálogo donde Marino cuenta había estado realizando “buenos negocios” en la zona de Aurora y Duette celebró noticia, agregando: “Próximo inversor voy a yo y a fin de año París”.

El fiscal además dio cuenta de otra secuencia, donde Marino requiere la ayuda de Duette para recuperar tres tractores de contrabando que habían sido interceptados en un control de GNA y le pedía que intervenga ante un secretario del Juzgado Federal de Oberá para recuperar las máquinas.

“Duette condicionaba su accionar y la aplicación de las leyes acorde a si eran camiones amigos o no. Además hacía de mensajero o intermediario en otros intentos de cohecho”, incriminó Di Loreto.

Incluso, agregó que el ex jefe de Escuadrón también registra comunicaciones con el ex policía Francisco Eladio Morel, que actuaba como el cambista o financista de la organización.

Según Di Loreto, ante Morel Duette intervino en una ocasión para “salvar” a un hombre que había caído en un control de GNA con 40.000 dólares sin declarar. Por esa “gestión”, se presume que el gendarme cobró 300.000 pesos.

Respecto a Gómez, el fiscal apuntó que “era chofer, guardaespaldas y hombre de confianza” de Marino. También lo ubicó como “puntero” del camión que transportaba los tractores de contrabando y en base al aporte de testigos sostuvo que habría hecho al menos 74 viajes junto al empresario en el lapso de un año. 

“Vinos, lechones, asados y regalos recibían como dádivas, pero eso son solo nimiedades. También habían cubiertas de por medio, piletas de natación de lona que acá no habían, aires acondicionados y hasta estaba hecha la promesa de una casa junto al río para Duette”, enumeró.

Pablo Di Loreto representa al Ministerio Público Fiscal.

De esta manera, tras una hora y media de alocución, el fiscal pidió penas de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para Duette por ser considerado miembro de asociación ilícita, partícipe necesario de contrabando de importación agravado por la intervención de tres o más personas y por participar un agente de seguridad y autor de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes como funcionario público.

Contra Gómez formuló la misma acusación, aunque solicitó 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación.

Tanto Duette como Gómez ya estuvieron un tiempo tras las rejas durante la etapa de instrucción. Actualmente están con prisión domiciliaria y en situación de disponibilidad ante la fuerza federal.

La exposición de Di Loreto se dio después del alegato efectuado por las letradas Rossana Sienra y Yamila Amado como querellantes particulares en representación de Arca, ex Afip, quienes solicitaron el mismo monto de pena para ambos acusados y pidieron recuperar todos los bienes que fueron obtenidos con el dinero ilícito. 

La próxima audiencia será el 9 de junio, donde los abogados defensores Carlos Larraburu y Augusto Leguiza tendrán la oportunidad de exponer sus conclusiones finales ante el tribunal.

Duette, apuntado por los primeros testigos del juicio por contrabando de soja

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