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El capo narco misionero Pity Arrúa recibió una pena única de 22 años de cárcel

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, impuso una pena de única de 22 años de prisión para el misionero Pedro Amadeo “Pity” Arrúa (61), uno de los mayores “capo narco” de los últimos años en la zona del Litoral, en el marco de cuatro causas que derivaron en condenas previas por hechos de narcotráfico cometidos en Misiones, Entre Ríos y Córdoba.

Entre sus antecedentes Arrúa registra un total de seis condenas, de las cuales cuatro fueron contempladas para el cálculo final de la aplicación de una pena única, castigo que para la fiscal general subrogante de Concepción del Uruguay, Gabriela Agustina Velázquez, debía ser de 30 años de prisión.

En la fundamentación de su pedido, la fiscal interviniente expuso como agraventes la gravedad de los hechos cometidos, que consistió en la organización de maniobras de narcotráfico, algunas de ellas realizadas mientras gozaba de libertad condicional e incluso mientras ya se encontraba preso, como así también que la inclusión de sus familiares directos a la estructura delictiva y la diversidad de territorios abarcados para llevar adelante su plan criminal.

En el análisis de la cuestión, finalmente los magistrados Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Noemí Marta Berros, decidieron aplicar una pena única de 22 años de prisión, considerando además el estado de salud de Arrúa, quien presenta un diagnóstico oncológico avanzado que le valió el otorgamiento de la prisión domiciliaria a mediados de este año, medida que en primera instancia había sido rechazada. 

La resolución fue firmada ayer y publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ).

En 2009 Pity Arrúa fue vinculado a la “ruta de la efedrina” y lo atraparon escondido en el ropero de su casa en el barrio Alta Gracia de Posadas.

Pity Arrúa y su carrera delictiva

La vinculación del sindicado capo narco con el delito no es para nada nueva y en Misiones tiene un gran historial.

El hombre nacido en Dos de Mayo apareció por primera vez en las crónicas policiales a mediados de los 90 por una acusación de fraude.

También lo relacionaron con un homicidio, aunque fue sobreseído, y en 2009 fue mencionado en el expediente que investigaba la ruta de la efedrina, lo cual incluso le valió un procedimiento en su chalet del barrio Alta Gracia de Posadas, donde lo hallaron escondido en un ropero y le incautaron un Mini Cooper.

De ahí en más Pity Arrúa comenzó a aparecer en causas de narcotráfico. En 2012 fue condenado por primera vez en Córdoba. Allí recibió 7 años y 6 meses de prisión, pero se la unificaron a 9 teniendo en cuenta que en 2014 recibió otra condena en Posadas por tenencia de arma de guerra.

En 2019 recibió otro fallo en contra. Fue de 8 años de prisión, siendo declarado reincidente por segunda vez y sumado a la causa de Córdoba tuvo una pena única que ascendió a 13 años de cárcel.

Pero la faena narco tampoco se detuvo después de todo ello. Allí empezaron sus causas en Entre Ríos, donde en total recibió tres sentencias por causas que datan desde 2017 a 2021.

Todos los casos juzgados en la provincia entrerriana se produjeron mientras Arrúa gozaba de libertad condicional por la condena impuesta en Córdoba y luego mientras se encontraba alojado en distintas cárceles, desde donde continuaba orquestando maniobras de narcotráfico que luego eran ejecutadas por sus cómplices extramuros, entre ellos familiares directos como alguno de sus hijos.

En uno de los últimos fallos se dispuso el decomiso de la vieja casona del barrio Alta Gracia. FOTOS: El Territorio.

Las investigaciones trazadas permitieron reconstruir que desde la cárcel, primero desde la Unidad Penal II de Gualeguaychú y luego desde la Unidad Penal IV de Concepción del Uruguay, Arrúa dirigía y coordinaba la compra y el traslado de cocaína desde Misiones hasta Corrientes y Entre Ríos, donde las dosis eran distribuidas a vendedores locales. También las comercializaba dentro de las penitenciarias.

El nivel de atención que el misionero, a quien en las escuchas lo mencionaban como “el jefe” o “el viejo”, mantenía de las actividades era tal que él mismo se encargaba de llamar a las empresas de colectivos para conocer los horarios de salida y llegada de los micros para poder coordinar el viaje de las “mulas” que utilizaba para transportar la droga, como así se comunicaba con las casas de cambio para saber las cotizaciones vigentes.

Por esas tres causas el misionero recibió una pena única de 13 años de prisión e incluso en uno de esos fallos la Justicia Federal de Entre Ríos dispuso el decomiso de la vieja casona que Arrúa tenía en el barrio Alta Gracia de Posadas, que en cada uno de los operativos fue objeto de allanamientos. Se decidió, además, su traslado al penal de Marcos Paz. 

Ahora, en la sumatoria de todos los expedientes, la Justicia resolvió aplicar una condena única de 22 años de cárcel, ante lo cual se deberá realizar un nuevo cálculo de pena para determinar en qué año Arrúa podría volver a ser declarado hombre libre.


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Prisión perpetua para acusado de degollar a su padre en Oberá

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El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó esta mañana a prisión perpetua a Julio Alberto de Jesús Chemes (34), acusado de degollar a su padre Juan Ángel Chemes (74), en un hecho perpetrado el 18 de marzo de 2022 en el barrio Londín de la Capital del Monte.

La sentencia del tribunal integrado por los magistrados Horacio Paniagua, Francisco Aguirre y Jorge Villalba se dictó hoy, luego de la ronda de alegatos y un día después de la toma de declaraciones a los más de quince testigos que habían sido citados a comparecer.

De esta manera, Chemes hijo fue hallado penalmente responsable del delito de “homicidio agravado” y recibió la máxima pena prevista en el Código Penal de la Nación, ante lo cual deberá cumplir al menos 35 años de prisión efectiva en un complejo penitenciario de la provincia.

“De lo que se me acusa es todo mentira, yo no maté a mi papá”, se defendió el acusado en la primera jornada de juicio, aunque los testigos, incluido algunos familiares directos no solo apuntaron contra él, sino también con su pareja.

“No es solo mi hermano el culpable. Él se hace cargo de todo para salvar a su ex mujer, al cuñado y a mi hermana Milagros, todos ellos tenían que estar acá y ser condenados por el crimen”, acusó Ángela Chemes, hermana del imputado e hija de la víctima, frente al tribunal, según publicó el diario El Territorio, presente durante el debate oral.

Chemes padre era empleado municipal y trabajaba en el Jardín de los Pájaros, lugar al cual se dirigía en la madrugada del 18 de marzo cuando fue interceptado y degollado desde atrás. Su cuerpo luego fue arrastrado unos 50 metros hacia una zona de malezas, donde finalmente fue descartado.

FOTO: El Territorio.


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Mató a su cuñado en pleno microcentro y firmó un abreviado por 8 años y 6 meses

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Alberto Germán Rosas (64), el ex agente aduanero acusado de asesinar a puñaladas a su cuñado Roberto Andrés Ríos (58) durante una discusión mantenida en plena vía pública del microcentro posadeño, firmó un acuerdo de juicio abreviado por casi el mínimo de la pena contemplada bajo la imputación de “homicidio simple” que tenía en su contra.

La causa tuvo fecha de debate oral fijado a mediados de 2023, pero se postergó y fue reprogramado para este año. Sin embargo, en las últimas horas las partes arribaron a un acuerdo para resolver la cuestión mediante la vía de un juicio abreviado, instancia en la cual el imputado debió reconocer su responsabilidad penal en el hecho. 

Según indicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el acta establece un acuerdo de pena por 8 años y 6 meses de prisión, aunque el documento ahora debe analizado y homologado por los magistrados del Tribunal Penal Dos de Posadas.

Discusión y crimen

El crimen de Ríos, conocido ingeniero y ambientalista, se registró durante la madrugada del 19 de septiembre de 2019, frente a su casa sobre calle Sarmiento, casi Jujuy, donde mantuvo una discusión con su cuñado Rosas, con quien había compartido la noche anterior para las viejas diferencias familiares volvieron a salir a luz de manera violenta. 

Y la discusión terminó de la peor manera. Ríos sufrió varias heridas de arma blanca y acabó muerto en la vereda de su casa, ante la vista de un vecino que alcanzó a oír sus gritos de auxilio. 

Rosas, por su parte, huyó de la escena a bordo de una camioneta Renault Duster Oroch que fue interceptada minutos después en la intersección de las calles Entre Ríos y San Luis. En su carrocería todavía quedaban grandes manchas de sangre fresca.

El ex agente aduanero quedó detenido varios meses, hasta que tiempo después obtuvo la prisión domiciliaria alegando cuestiones de salud. 

FOTO: Archivo El Territorio.


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Jabornicky tildó de “montonero” y “ñoqui” a presidente de Colegio de Abogados

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El abogado Alejandro Jabornicky, titular del estudio jurídico que representa al Instituto Cristiano República Argentina (Icra) en la causa judicial por la muerte de la adolescente Juanita Sirimarco, disparó contra el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), y tachó a su presidente Antonio López Forastier de “montonero” y “ñoqui” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

En un escrito de varias páginas, Jabornicky se despachó contra el Cademis, al que calificó como “engendro de antigua data” y una “institución burócrata arcaica”, que “benefició, particularmente, a los últimos cuatro presidentes y a su reducida, alcohólica y adicta comitiva”, disparó.

Inoperantes

De estos “últimos cuatro presidentes” del Cademis, el representante jurídico del Icra apuntó al actual Forastier, y al hoy abogado de la operadora turística del viaje de la adolescente fallecida a Córdoba, Martín Ayala, que fuera titular del Cademis entre 2012 y 2016.

Forma parte de una familia socialista y montonera que ha generado un profundo sentir de rechazo por pertenecer a lo que llamamos la vieja política”, dijo Jabornicky sobre Forastier y graficó: “Sólo ha sido un ñoqui más de la Empresa Binacional Yacyretá” (Sic).

“Destaco que entre ellos está Ayala Martín, abogado de la empresa de turismo Viaturex, que es el único responsable del viaje de Juanita”, escribió Jabornicky y acusó a su colega de ser “uno de los impulsores de la Caja y Obra Social de los abogados, particularmente una estafa a sus miembros”.

En otro tramo de su escrito, el abogado del Icra acusó a Ayala de operar en el Jockey Club Posadas con la Asociación Civil Interprofesionales Amateur de Deportes (Aciadep) para “apropiarse de sectores y terrenos que no les corresponden, bajo la noble idea de la práctica del fútbol”.

De la Jugada Radical de la que formas parte con la LLA (La Libertad Avanza) te la reservo para la próxima”, amenazó.

“Esta dirigencia que se pasa de mano a mano y solo entre ellos, podemos decir que ‘solo son ellos’ los que han crecido a la luz de referencias en cargos públicos, siendo profundamente inoperantes en la actividad privada”, opinó Jabornicky y prometió: “Me reservo para la próxima detalles de los otros dos presidentes del gremio”.

Mala intención

El jefe del bufete que asesora al Icra, descalificó el comunicado de este miércoles donde el Cademis informa que Jabornicky tiene la matrícula cancelada desde 2017 y no puede ejercer en la tierra colorada.

El comunicado está mal redactado y denota mala intención”, aseguró el letrado posadeño y explicó: “La respuesta es muy sencilla, Jabornicky se encuentra habilitado para el ejercicio profesional en el territorio provincial y Nación Argentina ante el servicio de Justicia Federal y sus competencias”.

Jabornicky opinó, asimismo, que este dato es “algo que, maliciosamente o por estupidez, obviaron mencionar los dirigentes de este gremio mal llamado Colegio”.

“Además, la sanción de la matricula profesional por parte un gremio provincial, implica violar, flagrantemente, un derecho constitucional y convencional de trabajar en la profesión elegida”, argumentó y aseguró que la sanción de 2017, cuando el Cademis le retiró la matrícula, es “inconstitucional” y “no importa la ratificación por parte del Superior Tribunal de Justicia”.

“La raíz del problema radica en que el reglamento por el cual me juzgaron no detenta el carácter de ley, y, por lo tanto, lo resuelto por ese engendro de antigua data es groseramente inconstitucional”, sintetizó.

Asimismo, Jabornicky recordó al Cademis que la resolución de 2021 del STJ que menciona en su comunicado “se encuentra con Recurso Extraordinario Federal”, interpuesto ante la Corte Suprema Justicia de la Nación, y que “no está firme ni consentida”.

El letrado rechazó también las advertencias del Cademis a los periodistas sobre las “consecuencias legales” de presentarlo como “abogado”, cuando no tiene la matrícula del Colegio profesional local.

En ningún caso puede este gremio advertirles a los medios de comunicación pública cómo manejarse, porque ante todos soy y seré un profesional del Derecho (Abogado)”, afirmó Jabornicky, graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe.

También, cuestionó la legitimidad de la comisión directiva del Cademis y apuntó: “Aproximadamente, se encuentran obligados a pagar un canon al gremio alrededor de cinco mil abogados, pero los que asisten y votan en las asambleas que renuevan sus presidencias son no más de 100 abogados”.

Les molesta la gente que trabaja. Son un grupo de burócratas obsecuentes y ridículos”, lanzó.

Jabornicky cerró su descargo con un mensaje a sus “actuales 3.773 clientes”, los “13 abogados y dos procuradores” de su estudio jurídico, donde volvió a arremeter contra sus colegas del Cademis.

“Les transmito que todo lo expresado por este gremio no me llega a conmover”, afirmó y aseguró: “Siempre los combatí y lo seguiremos haciendo por una sociedad mejor más libre, más justa y más verdadera”.

Contestacion_de_Jabornicky_al_Comunicado_del_Gremio_de_Abogados_de_la_Pcia_de_Misiones_de_Fecha_del_16_de_Octubre_del_2024-1

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