Un vecino de Aristóbulo del Valle fue condenado hoy a la pena de 14 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrino de 6 años, a quien tenía a su cargo y debía proteger.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la sentencia fue emitida este mediodía, tras un juicio realizado ante el Tribunal Penal Uno de Oberá, integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba (subrogante).

El condenado se trata de E. F. C. -sus datos completos se preservan para no identificar a la víctima-, quien fue declarado autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda”. El fiscal Elías Bys había pedido 17 años de prisión como castigo, aunque el tribunal se inclinó por 14.

El implicado se encuentra alojado en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, presidio donde continuará un largo tiempo más purgando la pena emitida en su contra.

El hecho que lo llevó a prisión se registró el 6 de enero del año pasado, mientras se encontraba en la casa de su hermana en el barrio Municipal de Aristóbulo del Valle y se aprovechó de su calidad de guardador de su sobrino de 6 años, a quien finalmente abusó sexualmente.

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La causa contra los hermanos Germán (43) y Sebastián Kiczka (47) volvió a tener novedades. Una de ellas es que la Cámara de Apelaciones confirmó las prisiones preventivas dictadas en su contra, mientras que la otra es que al mayor de los involucrados ahora también le adjudican un hecho de abuso sexual, lo cual agrava su situación procesal.

La resolución de Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia se firmó esta mañana, con el voto primario del magistrado José Alberto López y la adhesión de su par María Ruth Dilaccio.

El tribunal de alzada debió intervenir en el expediente luego de un recurso de apelación presentado por Gonzalo De Paula, abogado defensor de los hermanos Kiczka, quien en su presentación cuestionó la medida dictaminada por el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles y quien dirige la investigación contra los apostoleños imputados por la tenencia y distribución de al menos 913 archivos Masi (material de abuso sexual infantil).

En su planteo, De Paula solicitó la nulidad de la medida y la revocación de la prisión preventiva al esgrimir incumplimiento de garantías procesales y carencia de fundamentación legal en las imputaciones.

El recurso fue analizado entonces por los miembros de la cámara, quienes finalmente hoy decidieron rechazar al planteo, dejando firmas las prisiones preventivas dictadas contra los hermanos actualmente detenidos en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

A la hora de responder al planteo, los camaristas volvieron a repasar la gravedad de los hechos investigados y también consideraron que la libertad de los implicados podría representar un riesgo de fuga, más aún tendiendo en cuenta ambos implicados realizaron acciones tendientes a esquivar el accionar de la Justicia cuando se libraron sus pedidos de captura.

Fuentes consultadas por La Voz de Misiones consignaron que, en paralelo a esta resolución, el mismo órgano judicial rechazó un pedido de recusación formulado contra el juez Faría, por lo cual el expediente continuará en manos del magistrado de origen.

La última novedad es que, mientras la causa era analizada por la cámara, en el juzgado apostoleño continuaron con la pesquisa y en ese marco lograron ubicar a una adolescente de 16 años que afirmó haber sido víctima de un hecho de abuso sexual perpetrado años atrás por Sebastián Kiczka.

Con la declaración de la víctima, sumado a los chats que fueron recuperados de los aparatos telefónicos incautados al implicado, la fiscal Silvia Barronis solicitó una ampliación del requerimiento inicial de la causa, añadiendo también los delitos de “abuso sexual simple y corrupción de menores”.

Ahora, tras las resoluciones de la cámara, el expediente regresará al juzgado que dirige el magistrado Faría, quien podrá continuar con las medidas que quedan pendientes hasta avanzar con la correspondiente elevación a juicio de la causa.

En el dictado de la prisión preventiva los Kiczka fueron acusados de “haber facilitado a personas no individualizadas alrededor de novecientos trece (913) archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil”.

Todo esto se encuadra como “tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, calificado por tratarse de víctimas presuntamente menores de 13 años”, figura contemplada por el artículo 128, primer y quinto párrafo del Código Penal de la Nación, el cual prevé hasta ocho años de cárcel, aunque la situación de Sebastián se agravaría con nuevas imputaciones.

Prisión preventiva para Germán Kiczka: su defensa y las pruebas en contra

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Florencia Belén Aguirre (28), la enfermera y tiktoker posadeña denunciada por el funcionario provincial Roque Gervasoni, no se presentó a declarar ante la Justicia y la audiencia será reprogramada, según confirmaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.

La joven estaba citada a comparecer ayer a la mañana ante el magistrado Juan Manuel Monte, pero no se presentó y hasta el momento tampoco designó abogado/a defensor/a para que la represente.

Las fuentes agregaron que el sumario con las actuaciones policiales del caso llegaron ayer al juzgado interviniente, cuyas autoridades aguardaban a la mujer para completar la indagatoria, instancia donde la joven iba a ser notificada de la investigación en su contra, de las pruebas recabadas e iba a tener la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse, sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad alguna.

Según precisaron, Aguirre había sido notificada de la su citación ante la Justicia por vía policial, por lo que ahora se cursará una nueva notificación, esta vez de carácter judicial, y la audiencia se reprogramada para los próximos días.

La tiktoker es investigada por los delitos de calumnias, injurias y amenazas, tras una denuncia radicada por el dirigente renovador Roque Gervasoni, titular del Instituto de Macroeconomía Circular (Imac), quien en su propio Facebook admitió el inicio de la acción penal contra Aguirre.

“Pueden decir de mí lo que se les ocurra, pero me asiste el derecho a defender mi buen nombre y honor”, planteó Gervasoni, quien además cuestionó que las publicaciones realizadas por Aguirre en su cuenta de Tiktok no tienen sustento y solo buscan “embarrar”, “denostar”, “desprestigiar” y “difamar”.

La joven, además, cuenta con una segunda denuncia presentada por una persona de identidad reservada, quien “se sintió amenazada por el tenor de las publicaciones o la información privada difundida”, consignaron voceros de la causa.

Las denuncias fueron radicadas el mes pasado, pero las publicaciones cuestionadas se habrían realizado en agosto y por esa razón intervino el Juzgado de Instrucción Dos, que estaba en turno en ese momento.

Tras analizar las presentaciones, finalmente el fin de semana se libró una orden de allanamiento contra Aguirre, cuya vivienda fue irrumpida por agentes policiales que incautaron nueve celulares que serán objeto de pericias, además de una escopeta y un frasco con cogollos de marihuana cuya procedencia son materia de investigación.

Culminado el procedimiento, la tiktoker fue trasladada a sede policial para la certificación de sus datos personales y continuó en libertad. 

Gervasoni y la denuncia a la tiktoker: “Me asiste el derecho a defenderme”

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