El juicio contra el narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (48) no solo decretó un futuro de encierro para él, sino que también marcó el fin de los días en libertad para su primo Eduardo Javier Martínez (40), antiguo hombre de confianza en sus maniobras de narcotráfico y a quien en pleno debate oral acusó de “traidor”.

“Él tiene que ser hombrecito y presentarse, hacerse cargo de los hechos, como estoy yo acá. Él señor Martínez no está acá porque es un colaborador también de la Prefectura. Él me trajo a mí hasta acá, entregándome, igual que Negrito Gómez”, lanzó Rojas, entre otras tantas revelaciones explosivas y muchas de ellas carentes de sustento, el pasado 2 de septiembre al momento de declarar por tercera vez ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.

No era la primera vez que la figura de Martínez tomaba un rol casi protagónico en el debate, dado que su nombre también fue mencionado en varias oportunidades durante la audiencia del 1 de agosto, cuando se reprodujo una de las escuchas telefónicas más esclarecedoras del expediente que investigaba a Rojas por el asesinato de su antiguo colaborador Aldo Andrés “Polaco” Canteros (33), perpetrado el 5 de agosto de 2018 en Gobernador Roca.

“El Polaco de la chacra … Te cuento, nos jugó sucio sucio… nos apretaron hoy entre 4 tipo ahí me mataron.… ¿entendé? Le di a él, le di al compinche, a otro, no sé a los que estaban ahí no sé, me cayeron corté gorra viste, ¿entendé?… le volé la cabeza….”, es parte de la transcripción de aquella llamada que Rojas hizo el 5 de agosto de 2018, a las 23.07, es decir, apenas unas horas después del crimen.

Quien esa noche estaba del otro lado del teléfono era, justamente, Martínez, su primo y mano derecha por aquel entonces en las operaciones de tráfico de estupefacientes que Rojas orquestaba desde la clandestinidad, ya que sobre sus espaldas pesaba un pedido de captura internacional, aunque la Prefectura ya lo tenía localizado, pero esperaba para agarrarlo in fraganti.

La que brindó más detalles de esa conversación clave fue una ex pareja de Martínez, quien estaba junto a él al momento de la llamada y al declarar como testigo ante el TOF también ahondó en la relación de extrema confianza que mantenían los primos.

El Negro Rojas -a la derecha, arriba- está preso en Marcos Paz y fue condenado a perpetua el viernes.

“Ellos se tenían mucha confianza, era amigos, se decían primos. Siempre que hablaban él se apartaba de mí porque Rojas no es una persona que confíe mucho en las personas”, describió la mujer, que en la continuidad de su relato brindado en esa misma audiencia del 1 de agosto también recordó haber participado de algunas maniobras de transporte de estupefacientes.

Por aquel entonces, Martínez también estaba marcado. Y bien marcado. Los investigadores no solo que tenían identificada su línea telefónica, sino que además conocían su rostro, dado que lo captaron junto a Rojas durante una de las tareas de vigilancia encubierta, pero el crimen de Canteros movió tanto el avispero que varios de los involucrados se dispersaron aprovechando que el sindicado narco-sicario se transformó en el objetivo más inmediato.

Fue así que Martínez logró mantenerse alejado de todo el escándalo que rodeó a Rojas, que a medida que pasaban los meses sumaba más y más fojas a su extenso prontuario, concitando además la atención de los medios porteños por su perfil de “capo narco” capaz de mandar a matar a jueces con mano de obra criminal brasileña.

Nombrado, buscado y detenido

Su primo, todo lo contrario. Procuró no llamar la atención y continuar como si nada hubiera ocurrido. Y así fue hasta ahora, que su nombre volvió a tomar protagonismo y nada pasó desapercibido para la fiscalía federal que encabeza Vivian Barbosa, que en medio del debate oral requirió una serie de medidas para conocer el estado de situación del implicado.

La investigación preliminar estableció, entonces, que Martínez residía en Puerto Iguazú, que trabajaba en un taller mecánico y que incluso registraba reiterados cruces migratorios, principalmente a la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, lo cual terminó siendo clave para que el TOF posadeño ejecute una orden de detención que estaba vigente en su contra, según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante altas fuentes consultadas.

Fue así que el martes pasado -tres días antes de la condena a perpetua dictada contra Rojas- una comisión de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) golpeó la puerta de su casa y lo detuvo sin más. Martínez no se la esperaba y tampoco podía hacer mucho: desde febrero se encuentra en silla ruedas como consecuencia de un accidente de tránsito protagonizado mientras circulaba en moto por las calles de Foz de Iguazú.

Ahora, Martínez se encuentra alojado en una celda del Escuadrón 13 de GNA, a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, y será investigado por su presunta participación en actividades narco junto a Rojas, quien lo delató y lo acusó de “traidor” en pleno juicio.

Martínez, ubicado en Puerto Iguazú y detenido el martes pasado.

Rojas acusó de traición a su primo: “Debería ser hombrecito y presentarse”

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La titular de la Fiscalía de Instrucción Siete de Posadas, Patricia Inés Clereci, solicitó la elevación a juicio de la causa contra Estanilao Salvador Barreiro (65), el automovilista que atropelló y mató a Dana Anabel Sánchez (24), al considerar que la etapa procesal se encuentra agotada y dictaminó que el imputado debe responder ante la Justicia como autor del delito de “homicidio culposo y lesiones graves culposas”.

Dana perdió la vida en el hospital Madariaga en la mañana del 12 de enero, horas después de ser atropellada por un auto que iba al mando de Barreiro mientras ella caminaba por el cordón cuneta de la vereda de la avenida Leandro N. Alem de la capital misionera.

Por el siniestro, también resultó con heridas de gravedad Rosalina Olivera, quien esa noche caminaba unos metros delante de la víctima fatal, aunque en sentido contrario, al tiempo que otros dos transeúntes resultaron ilesos “de milagro”, según se desprende del documento al que tuvo acceso La Voz de Misiones.

La investigación trazada por la fiscalía en el requerimiento recientemente formulado pudo establecer que Barreiro conducía su automóvil marca Mazda 626 sobre la arteria Alem, en dirección este-oeste, a unos 80 kilómetros por hora, hasta que a unos metros de llegar a la avenida Las Heras cruzó un badén sin disminuir la velocidad, perdiendo el control del auto sobre el carril opuesto y impactando desde atrás a Dana Sánchez y de frente a Rosalía Oliveira.

“Como consecuencia de los impactos consecutivos, Dana Anabel Sánchez falleció en las primeras horas de la mañana siguiente, 12 de enero de 2024, y Rosalina Olivera sufrió lesiones graves consistentes en fractura de radio distal derecho de rama ilio e izquiopubiana bilateral fractura bilateral de sacro y trauma cerrado de abdomen que demandarían un tiempo de curación de 90 días y 120 de incapacidad laboral”, detalló en su resolución la fiscal Clerici respecto a las lesiones diagnosticadas en las víctimas del hecho.

Entre los elementos probatorios tenidos en cuenta, la funcionaria judicial citó la declaración indagatoria al imputado, instancia en la cual Barreiro asumió la responsabilidad del hecho, argumentando que circulaba a 50 o 60 kilómetros por hora y que desconocía el badén que traspasó sin disminuir la velocidad que le costó la vida a Dana.

La fiscal, además, contrapuso esa declaración con la inspección ocular del lugar del siniestro, pericia que concluyó en que Barreiro circulaba a una velocidad mayor a la permitida en las avenidas de zonas urbanas.

Además, el expediente cuenta con declaraciones de los testigos presenciales del hecho, así como también la de Rosalía Oliveira, los informes periciales en el lugar del hecho y las grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

El requerimiento ahora debe ser analizado por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, quien de no encontrar irregularidades y de considerar correspondiente, deberá estampar la firma para la elevación a juicio del expediente.

El automóvil marca Mazda 626 que conducía el imputado la noche que atropelló y mató a Dana Sánchez.

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Doce trabajadores, en su mayoría sindicalizados, de la sanidad pública están formalmente acusados de tomar el Ministerio de Salud y obstruir el tránsito en las calles aledañas al edificio durante las protestas multisectoriales por salarios que movilizaron a la provincia en mayo y algunos de ellos ya comparecieron en audiencias de declaración indagatoria ordenadas por el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del magistrado Ricardo Balor.

Juan “Chito” Pasaman, secretario de organización de la CTA y uno de los trabajadores acusados, compareció ayer en el juzgado donde le comunicaron los hechos que le endilgan a él y a otros once compañeros de salud.

Sobre las acusaciones, el referente sindical dijo a La Voz de Misiones: “Estábamos ahí producto de decisiones colectivas, en vigilia, esperando la respuesta del ministro (Héctor González)”.

Chito negó que el ministerio estuviera tomado durante los días de acampe que mantuvieron para reclamar un aumento al salario del 100%, por la perdida del poder adquisitivo de los trabajadores ante los altos índices de inflación que se registraron principalmente en diciembre (25,5%), enero (20,6%) y febrero (13,2%).

“Todos los trabajadores entraron y salieron cuando tenían que entrar y salir. Esto está armado para asustar a alguien que todavía tiene dudas si tiene que defender sus derechos, el derecho a protestar, un derecho constitucional”, afirmó el referente sindical sobre la judicialización de la protesta.

En esa línea, Pasaman enfatizó: “La inflación había superado el 100% de octubre para mayo, mientras que el aumento del sueldo era 22%, los trabajadores de salud estábamos hambreados y endeudados, por eso estamos ahí peleando por salarios dignos”.

Respuesta sistemática

El secretario de organización de la CTA comentó que, en sus más de 30 años de militancia y movilización en Misiones, es la primera vez que tiene una causa judicial en su contra por luchar por los derechos de los trabajadores de la sanidad.

“La forma en que la democracia ha tomado para resolver los problemas de los trabajadores de salud nos preocupa a nosotros, porque estamos judicializados nosotros, pero también los docentes y otros trabajadores. Es decir, no es una respuesta aislada del gobierno, es una respuesta sistemática“, cuestionó Pasaman en entrevista con LVM.

En ese contexto, expuso que el sector de salud pública de la provincia viene “reclamando salarios hace muchos años” y que ante los reclamos siempre fueron convocados por el gobierno en los ministerios de Salud, Trabajo o Hacienda, por lo cual: “Es llamativo que ahora sea la Justicia Penal la que nos convoque”.

Por último, Pasaman sostuvo que continuarán reclamando por salarios dignos: “Hoy todos ganamos menos que en octubre pasado. Necesitamos un 30% para recuperar el poder adquisitivo”.

En la jornada de hoy, comparecieron ante la Justicia tres trabajadores que prestan servicio en los hospitales Baliña, Favaloro y de Puerto Esperanza. Todos se abstuvieron de declarar por recomendación de su abogado, mientras se espera que se realicen más indagatorias a otros involucrados.

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