La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución de prisión preventiva dictada contra Jonatan Jordan Campedo Páez (34), único imputado por el femicidio de su pareja Ramona Isabel Morínigo (39) y, de esta manera, continuará privado de su libertad hasta el juicio oral donde se determinará su responsabilidad en el hecho.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución fue firmada en las últimas horas por los magistrados Alberto José López y María Ruth Dilaccio, integrantes de la Sala II del tribunal de alzada.

Con esta medida, los camaristas rechazaron los planteos esgrimidos por la defensa del imputado y ratificaron todo lo actuado por el magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, quien dirige el expediente que tiene a Campedo Páez procesado por “homicidio calificado por la relación de pareja”, es decir, femicidio, delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Isa Morínigo tenía 39 años y era madre de tres chicos menores de edad.

Femicidio

El hecho que aún se encuentra en etapa investigativa y en el cual Campedo Páez aparece como único sospechoso, se registró en la noche del 17 de febrero pasado, aunque la víctima falleció tras seis días de agonía en el hospital Madariaga.

Los elementos recolectados permiten reconstruir que esa noche Ramona Isabel Morínigo, más conocida como Isa, se encontraba junto al sospechoso en su casa en el barrio San Onofre, hasta que se produjo una discusión que terminó de la peor manera.

Los investigadores sostienen que, en medio de la discusión, la mujer fue rociada con alcohol y prendida fuego, agresión que le provocó quemaduras graves en el 50% del cuerpo, heridas que principalmente se localizaron en cabeza, rostro, cuello y miembros superiores.

Después de ello, la mujer fue trasladada por su propia familia al hospital Madariaga, donde pasó seis días internada en grave estado de salud,

El sospechoso, por su parte, escapó del lugar y fue detenido minutos después en cercanías a la terminal de colectivos.

Campedo Páez permanece privado de su libertad de ese día y al momento de prestar declaración indagatoria se desligó del hecho, asegurando que la víctima se auto infringió las lesiones con intenciones suicidas.

“El hecho ocurrió a la noche, casi llegando a la medianoche. La familia de ella alcanzó a ver una llamarada por la ventana y luego ella salió corriendo. Su hijo adolescente llegó a ver lo que ocurrió y ella alcanzó a decirle a su familia que su pareja la había atacado”, contó en su momento Nancy Jara, una letrada posadeña cercana a la familia de la víctima.

Ramona era madre de tres hijos, todos en edad de adolescencia y pre-adolescencia. Había retomado su relación con Campedo Páez tan solo 15 días antes del hecho.

Prisión preventiva para acusado de prender fuego a su pareja en San Onofre

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Santiago Negrete (23), el joven que en 2021 intentó a asesinar a su amigo Manuel Sánchez en el barrio Villa Urquiza de Posadas, firmó esta mañana un acuerdo de juicio abreviado por 7 años de prisión y de esta forma evitó comparecer en el debate oral que estaba programado para la semana próxima.

La rúbrica del acuerdo alcanzado entre el acusado, su defensa, la querella y el fiscal Vladimir Glinka se concretó este martes y el documento ahora debe ser elevado para su análisis por parte de los magistrados del Tribunal Penal Dos de Posadas, quienes serán los encargados de transformar el acta en sentencia o, en su defecto, rechazar lo firmado.

En el acta todas las partes acordaron que Negrete sea condenado a 7 años de prisión como autor del delito de “homicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso civil, en concurso real”, misma calificación determinada en la elevación a juicio del expediente decretada por el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

Negrete, de 23 años e hijo de un reconocido comerciante y empresario de la noche posadeña, se encuentra procesado con prisión preventiva, medida que la cumple bajo la modalidad de arresto domiciliario, con medidas de vigilancia y restricciones a respetar como condición para mantener el beneficio.

El auto que conducía Sánchez y en cuyo interior se produjo el primer ataque.

El ataque

El hecho por el cual Santiago Negrete es pasible de condena se registró el 13 de abril del año 2021, en el barrio Villa Urquiza. La víctima fue su amigo Manuel Sánchez, de 19 años en aquel entonces y alumno del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen. 

La investigación trazada reconstruyó que esa madrugada Sánchez circulaba por la avenida Maipú a bordo de un Volkswagen Voyage, hasta que Negrete le pidió que pare y que lo lleve hasta su casa.

Sin embargo, durante el recorrido se desató el ataque. Dentro del vehículo hubo dos detonaciones de un revólver calibre 22 y uno de los balazos impactó en el rostro de la víctima, quedando alojado en la zona de la mandíbula.

Allí, la víctima perdió el control y el rodado acabó impactando contra un poste de luz, tras lo cual escapó a las corridas, pero Negrete lo persiguió y continuó atacándolo, esta vez con puñaladas, golpes y patadas.

Sánchez quedó malherid0 en la esquina de las calles Perito Moreno y Chubut, donde fue auxiliado por una enfermera que vive en la zona. Negrete, en tanto, fue apresado por un patrullero que recorría el barrio.

Durante la instrucción de la causa, Negrete estuvo detenido en la comisaría Tercera, aunque luego fue beneficiado con el arresto domiciliario tras un diagnóstico psiquiátrico. 

Sin embargo, el propio imputado luego redactó una carta solicitando regresar a la comisaría y el juez dio marcha atrás con la medida, pero poco después Negrete volvió a tener una morigeración en sus condiciones de detención, beneficio que continúa vigente hasta la actualidad.

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La muerte del soldado chaqueño Mauro Ramírez (21), ocurrida dentro del Regimiento de Monte 30 de Apóstoles, sigue bajo un manto de oscuras incógnitas que aún 21 años después pretenden ser develadas para llegar a la ansiada verdad de los hechos y para ello la querella insiste en la citación a indagatoria de dos militares que pudieron haber tenido injerencia en lo sucedido, aunque recientemente se toparon con dos fallos desfavorables de parte de la Justicia.

La causa por la muerte de Ramírez es compleja, extensa y con numerosos vaivenes, a tal punto que fue archivaba como suicidio, aunque en 2016 fue reabierta a partir de la postura asumida por la parte querellante y de un dictamen emitido por Procuraduría General de la Nación, al advertir que el caso podría tratarse de un hecho de violencia institucional, tal como plantea la familia.

Quien continúa luchando por llegar a la verdad, aún más de dos décadas después, es su madre, Susana Pintos, que además forma parte del expediente como querellante particular bajo la representación del defensor oficial de Bahía Blanca Gabriel Jarque.

Desde la reapertura de la causa, la investigación avanzó, aunque de manera lenta y con contratiempos en el medio como, por ejemplo, cambio de fiscales y una pandemia que obligó a frenar actividades.

De igual manera, en todo este lapso se tomaron más de 20 testimoniales y se incorporaron nuevos elementos de prueba que para la querella fundamentan el pedido de indagatoria de dos militares que podrían haber tenido responsabilidad en el hecho.

Esas dos personas bajo la lupa son Eduardo Jeremías Brevel y Ovidio Francisco Almeida, quienes compartieron el cambio de guardia con Ramírez aquel 26 de junio de 2003 a la mañana.

“Tenemos un cuadro de situación que muestra que Ramírez no se suicidó y que estas dos personas estuvieron con él en el cambio de guardia, que inmediatamente después se produjo el disparo y ese disparo fue el que acabó con la vida del soldado. Entonces ellos tienen que dar explicaciones de lo que pasó en ese momento y, eventualmente, cómo pasó”, explicó Jarque, en diálogo con La Voz de Misiones.

Sin embargo, el pedido de llamado a indagatoria formulado por la querella contra ambos soldados fue rechazado por el juez federal Miguel Ángel Guerrero, actualmente a cargo del expediente tras una inhibición de la magistrada Verónica Skanata.

Pintos, junto a legisladores chaqueños, referentes de Derechos Humanos y acompañantes, reclamando justicia frente al Juzgado Federal en junio.

“Hasta las últimas instancias”

Ese fue el primer escollo con el que se enfrentó la querella, pero apelaron la resolución. Y a comienzos de noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas se expidió rechazando el recurso, por entender que la decisión de llamar a prestar indagatoria es potestad exclusiva del juez, aunque el tribunal no resolvió la cuestión de fondo.

Ante ello, la querella se prepara entonces para presentar un recurso de casación y continuar insistiendo en el llamado a indagatoria para Brevel y Almeida.

“Hay antecedentes y fundamentos como para convocar a los nombrados a prestar declaración indagatoria. Por ese motivo nosotros vamos a recurrir esa resolución de la cámara presentando un recurso de casación”, adelantó Jarque.

Y sobre el procedimiento judicial, el letrado precisó que “la indagatoria es en realidad un acto esencialmente de defensa, no es un acto de imputación. Se trata de la oportunidad en la que se explica a los convocados a declarar todos los elementos de convicción que obran en el expediente y que permiten sospechar que ellos tuvieron injerencia en el hecho que se investiga y explicarles que tienen la posibilidad de dar su versión y los argumentos que quieran aportar, pero para eso el sistema de justicia tiene que convocarlos, no puede permanecer indiferente”.

Jarque, además, ahondó en que “estas personas ya declararon como testigos y tuvieron contradicciones. Esas contradicciones también alimentan o fundan las sospechas que nosotros tenemos respecto de que algo tienen para ocultar; si no fuera así, no habrían incurrido en esas inconsistencias de la manera que lo hicieron. Ese es un elemento adicional que, desde nuestro punto de vista, debería llevar que se citen a estas personas a indagatoria”.

A 20 años de la muerte del soldado Ramírez: “Hay testigos que saben lo que pasó”

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