Judiciales
Justicia embarga a misionero que fabricaba causas de lesa humanidad

La Justicia Federal resolvió el embargo y la inhibición del misionero Adrián Martínez Moreira, acusado de liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de las reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.
La resolución se cumplió luego de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del ex juez Alberto Baños, se involucrara en la causa contra el misionero señalado por fabricar causas de lesa humanidad para el cobro de las indemnizaciones.
La cartera de Baños está bajo la órbita del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, quien en abril pasado, al hablar sobre la lluvia de amparos por reparaciones reclamadas por víctimas de la dictadura, excusó la mora en una supuesta auditoría a una asociación ilícita que se dedicaba a tratar de cobrar dinero del Estado con denuncias fraudulentas.
El ministro se refería a la causa contra Martínez Moreira y la alusión le valió una felicitación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, porque hay que “auditar el curro de los derechos humanos”.
Sin embargo, el intento de estafa del misionero no fue descubierto ni denunciado por La Libertad Avanza (LLA), ya que las primeras denuncias datan de 2014 y fueron presentadas por dirigentes de derechos humanos.
Incluso, el antecesor de Baños en Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, recopiló casos e impulsó la causa como querellante.
Embargo
Según comentó a La Voz de Misiones el abogado Javier Garín, víctima y uno de los primeros en denunciar a Martínez Moreira, desde el equipo jurídico de la Secretaría de Baños se pidió a la justicia que cumpla con el embargo y la inhibición de los acusados.
“El juzgado ordenó un embargo y no lo cumplió, nos enteramos ahora”, afirmó Garín a LVM y agregó: “Ahora, lo tuvo que hacer”.
El misionero Martínez Moreira está procesado junto un abogado identificado como Omar García, y dos mujeres identificadas como Leticia G. y Nicole Carolina G.
La causa, está a cargo de la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, quien investiga a Moreira como líder de una organización criminal que, según la investigación, comenzó a operar en 2013 a través de una organización llamada “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, con la que contactaba con víctimas y familiares del terrorismo de Estado y ofrecía representarlos en gestiones y demandas por sus indemnizaciones.
Martínez Moreira, se presentaba como hijo de detenidos desaparecidos, y decía, además, ser abogado y sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Nada de esto era cierto.
El fabulador
Valiéndose de las redes sociales, Martínez Moreira se construyó un relato a la medida de los planes y actividades del grupo ahora procesado por la justicia federal.
Decía ser hijo del paraguayo Adrián Martín Martínez, militante comunista desde su juventud, y la misionera María Santa Moreira, secuestrados el 8 de noviembre de 1988, en la casa del barrio Herrera, de Asunción, donde vivían.
Martínez Moreira afirmaba que en la capital paraguaya, con dos años de edad, fue entregado a un militar argentino que lo anotó como Matías Ezequiel López.
En su relato, el misionero aseguraba que sus padres desaparecidos habían sido miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Enrique Gorriarán Merlo, y que inclusive habían participado del atentado contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción, en 1980.
En su historia, Martínez Moreira cita nombres de supuestos tíos y primos desaparecidos en Paraguay, y cuenta que, a los siete años, en 1993, fue localizado por su abuela materna, Leontina Delart de Moreira.
Habla de un exilio de sus padres en Brasil, de un divorcio en 1984; de una relación de su madre con un militante del MIR chileno, con quien tuvo una niña que bautizaron María Luz; del reencuentro de la pareja en Jardín América, donde su madre lo da a luz en 1986; y describe espeluznantes pesadillas infantiles, en que vuelve una y otra vez a un mismo basural.
Garín denunció a Martínez Moreira por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en el patrocinio de causas de víctimas de lesa humanidad que desconocía.
Garín radicó una denuncia ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba. El abogado identificó unas 50 causas iniciadas con su número de CUIT ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La justicia ordenó el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires, donde encontró toda la evidencia que sirvió a la jueza Capuchetti para ordenar el procesamiento de Martínez Moreira y sus cómplices.
La justicia constató también denuncias falsas de Martínez Moreira contra periodistas, magistrados, funcionarios de la secretaría de derechos humanos, sobrevivientes del terrorismo de estado, organismos, familiares, hijos de desaparecidos que habían descubierto el funcionamiento de la banda y habían alertado a las autoridades o la justicia.
La historia que Martínez Moreira relataba con verdaderos dotes actorales, estremeció. Diarios y canales de televisión le dedicaron sendos reportajes y entrevistas. Página/12 llegó a dedicarle la tapa del suplemento Soy, que aborda la temática LGTBQ+, por el relato de abusos con que el misionero engordó su personaje de hijo de la “generación diezmada”.
Nombre real
El misionero fue investigado por la Procuración General de la Nación (PGN), que determinó que no es hijo de desaparecidos y que toda su historia es falsa.
Según la PGN, su nombre real es Ovidio Martínez, nacido el 30 de abril de 1993 en el hospital de Jardín América, hijo de Santa Moreira y Emilio Martínez, domiciliados en Puerto Leoni, quienes lo entregaron con fines adoptivos en la Defensoría Oficial de Puerto Rico.
Su nueva familia lo inscribió en el Renaper como Matías Ezequiel López, a partir de una sentencia judicial de adopción plena.
En 2013, con documentación apócrifa, pruebas falsas de ADN, y una retórica estremecedora, Matías Ezequiel López, de 20 años, consiguió que la justicia le reconociera su nueva identidad.
Así nació el personaje de Adrián Martínez Moreira. Más tarde agregaría “de Zanotti” a su apellido, en referencia a Pablo Zanotti, una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, en febrero de 2012, con quien el misionero aseguraba estar casado legalmente, lo que fue siempre desmentido por la familia del hombre.
Martínez Moreira visitó la tierra colorada en varias ocasiones. La primera vez fue el 16 de septiembre de 2013, en un taller debate que se realizó en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la Unam, sobre la calle San Lorenzo, en Posadas.
En 2014, en otro viaje a Misiones, el falso hijo de desparecidos retiró de la oficina del Renaper de Posadas, la nueva partida de nacimiento ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones, con la que finalmente consiguió su primer ejemplar de DNI como Adrián Martínez Moreira, el 5 de noviembre de ese año.
Desde entonces, según la base de datos del organismo estatal, renovó su DNI cinco veces, y ahora va por el ejemplar F, con fecha de emisión el 20 de abril de 2022.
Judiciales
Germán Kiczka se declaró inocente y su hermano Sebastián le pidió “perdón”

El ex diputado provincial Germán Kiczka (44) se consideró inocente e insistió en la teoría de una persecución política en su contra al momento de declarar esta mañana ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, que lo juzga desde ayer por delitos de tenencia, facilitación y distribución de archivos Masi, mientras que Sebastián (47) solo tomó la palabra para pedirle perdón su hermano.
La segunda audiencia del debate oral contra ambos imputados se desarrolló esta mañana a puertas cerradas, tal como lo estableció el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al tratarse de una causa que investiga delitos contra la integridad sexual de menores de edad.
La jornada comenzó con la resolución de planteos preliminares que habían quedado pendiente tras la exposición de las partes ayer y que consistió en aceptar la citación del legislador Pedro Puerta como testigo e incorporar por lectura el testimonio de la joven que denunció por abuso a Sebastián Kiczka, evitando que vuelva a ser sometida a una Cámara Gesell.
Sus palabras
Este martes, además, los imputados tuvieron la posibilidad de brindar declaración indagatoria. Según confiaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Germán Kiczka aceptó pasar al frente del tribunal y aunque no respondió preguntas, se declaró inocente, se desligó de los archivos Masi e insistió en ser blanco de una persecución diagramada para perjudicarlo como figura política.
Sebastián, por su parte, no declaró, pero aprovechó la oportunidad para tomar la palabra, admitir su responsabilidad y pedirle perdón a su hermano. Las fuentes de este medio indicaron que el imputado se disculpó con Germán “por haberlo comprometido” en esta causa.

La defensa busca declarar inimputable a Sebastián Kiczka.
Continúa el jueves
El debate continuará el jueves, también a puertas cerradas, con la declaración de unos nueve testigos. Hoy comparecieron ante el tribunal el padre de ambos imputados y estaba previsto la incorporación por lectura de otros dos testimonios que habían sido acordado por las partes en la jornada de ayer.
El juicio se desarrolla en el SUM del Palacio de Justicia ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante).
En la fiscalía interviene Martín Rau, junto a Vladimir Glinka como fiscal adjunto. Como abogados defensores participan Gonzalo De Paula (por Germán) y Eduardo Paredes (por Sebastián).
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Judiciales
Aceptan la citación de Pedro Puerta como testigo en el juicio del caso Kiczka

El Tribunal Penal Uno de Posadas dio lugar a la requisitoria formulada por la fiscalía y avaló la citación del diputado Pedro Puerta como testigo en el juicio oral que se lleva adelante desde ayer contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, imputados por delitos de tenencia, falicitación y distribución de archivos Masi.
El legislador de Activar y ex socio político de Germán Kiczka era uno de los 67 testigos admitidos previamente, pero a pocos días de comenzar el debate oral las defensas de los imputados se opusieron a la inclusión de Puerta y de otras dos personas ofrecidas como testigos por la fiscalía.
La misma controversia se expuso en la jornada de ayer al momento del planteo de cuestiones preliminares. Desde la fiscalía, representada por Martín Rau y Vladimir Glinka, reiteraron el pedido de que Pedro Puerta sea testigo en el debate oral, mientras que los defensores Gonzalo De Paula (por Germán) y Eduardo Paredes (por Sebastián) insistieron en oponerse.

La resolución fue tomada hoy por el tribunal integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya.
De tal forma, la decisión final quedó en manos del tribunal presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y César Yaya (subrogante), quienes difirieron la resolución del tema para esta mañana, en el inicio de la segunda audiencia, que a partir de ahora se desarrolla a puertas cerradas por tratarse de una causa que afecta la integridad sexual de las víctimas.
Según pudo saber La Voz de Misiones, al inicio de esta jornada los magistrados comunicaron su resolución ante las partes y dieron lugar a la inclusión de Pedro Puerta como testigo en la causa.
De esta manera, el diputado e hijo del ex gobernador Ramón Puerta será notificado de su citación como testigo en las próximas horas y en fecha de definir tendrá que declarar en la causa que investiga a su ex compañero de bancada.
En este punto, vale aclarar que, por su carácter de legislador provincial, Puerta tiene la potestad de declarar por escrito. Para ello, las partes deberán enviarle un formulario con las preguntas que consideren oportunas.
“Tenemos alguna serie de mensajes intercambiados con algunos de los imputados y queremos que nos explique sobre eso. Él está como testigo”, adelantó el fiscal Rau en un diálogo mantenido con la prensa ayer al mediodía, una vez culminada la primera jornada.

Sebastián Kiczka y en la otra punta su hermano Germán, en el inicio del juicio ayer.
Leonardo Kiczka, el primer testigo
La audiencia de hoy, en tanto, marcará el inicio de la etapa de incorporación de pruebas. Las testimoniales de dos testigos citados previamente serán incorporadas por lectura tras un acuerdo alcanzado ayer por las partes, mientras que se aguarda la declaración presencial de al menos dos personas hoy.
Entre ellos se destaca la presencia de Leonardo Kiczka, padre de ambos imputados y dueño de la vivienda donde se realizó el primer allanamiento de la causa.
En esa vivienda del barrio Illía se incautaron los soportes informáticos que confirmaron la presencia de archivos Masi, corroborando así la alerta que llegó desde Estados Unidos a una fiscalía especializada en ciberdelitos de Caba y que disparó la operación global Guardines Digitales de la Niñez.
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Judiciales
La denuncia de abuso contra Sebastián Kiczka, chats e informe psicológico

Entre todo el caudal probatorio revelado hoy durante la extensa lectura del requerimiento de elevación de juicio de la causa que se sigue contra Germán (44) y Sebastián Kiczka (47), se expusieron detalles hasta ahora desconocidos sobre la denuncia por abuso que también afronta el mayor de los hermanos. Además, se ventilaron chats comprometedores e informes psicológicos.
Sebastián llegó a juicio imputado por tenencia y distribución de archivos Masi, pero a diferencia de su hermano también acumula una acusación por “abuso sexual simple”, hecho denunciado una vez que se desató el escándalo que ubicó a Apóstoles bajo la lupa de todo el país.
Según se desprende de la resolución de la fiscal de instrucción Silvia Barronis reproducida esta mañana en la primera audiencia de debate oral, la denuncia por abuso fue radicada por una joven que al momento del hecho aseguró haber tenido entre 14 y 15 años.
En su exposición, la denunciante narró que conoce a Sebastián Kiczka desde los 13 años, cuando coincidieron en un gimnasio de Apóstoles y donde entablaron una cierta relación de amistad.
“Él primero me pasaba la rutina del gimnasio por Whatsapp pero después se empezó a sobrepasar. Él era raro y era frecuente que hable con menores. Cuando me ayudaba a hacer sentadillas me tocaba las piernas”, repasó la joven cuya identidad se preserva para proteger su integridad y evitar su revictimización.
En el avance de su testimonio, la denunciante llegó a narrar el día del abuso que hoy se le imputa al acusado: “Un día, yo tenía 15 por ahí, me empujó hacia la bacha del baño, me besó y me tocó el glúteo”.
La muchacha también indicó que mantenía conversaciones íntimas con el acusado, quien le pedía fotos con “contenido sexual” y afirmó que en al menos una oportunidad Sebastián le envío una imagen de sus genitales.

El fiscal Glinka -a la izquierda- pidió al tribunal que no se deje “engañar” por las defensas.
Fue en una de esas charlas que el hermano mayor del ex diputado provincial le mostró la foto de una niña. “Me mandó una foto de su vecinita y me dijo lo linda que era y que le iba a esperar cinco años más”, relató la denunciante según consta en el documento leído esta mañana.
De esos chats surge otro mensaje que compromete a Sebastián Kiczka y que es utilizado por la fiscalía para sostener el acusado es imputable y que comprende la criminalidad de sus actos: “No sé como siempre zafo y mira que me cogí menores”.
“Sabe que son menores y sabe que es delito. Sabe que la Justicia lo reprime”, insistió el fiscal Vladimir Glinka en su alegato al pedir a los jueces del tribunal que no se dejen “engañar” por las defensas.
Es que, justamente, de esa misma conversación emerge otra expresión que, en contrapartida, es utilizada por la defensa para alegar una posible patología de salud mental que requiera de tratamiento.
Ello se sostiene en un mensaje de texto donde Sebastián admite “hay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores… pero es que me gustan”.
Trastornos y comprensión
En la lectura de hoy, también se repasaron las pericias psicológicas efectuadas sobre ambos imputados y el informe de Sebastián indica la presencia de “elementos compatibles con una personalidad neurótica, con rasgos depresivos, paranoides y esquizotípicos”.
Y ahonda: “El evaluado presenta indicadores compatibles con trastornos de la preferencia sexuales de tipo no exclusivos. Es decir, sus preferencias sexuales incluyen tanto niños, como adultos, que si bien explica su actuar como expresión de su placer sexual, es un sujeto con perfecta comprensión de su actuar ilícito, por lo que sus facultades de juicio y voluntad no están afectadas para el delito que se le imputa”.
En el mismo informe, los peritos que analizaron a Sebastián concluyeron además, que todo lo mencionado “genera un malestar significativo en la vida del sujeto y que para la recuperación de los patrones conductuales es necesario que reciba atención por parte de profesionales de la salud mental y que este sea de forma interdisciplinaria”.

Los hermanos Kiczka, atentos al desarrollo de la primera audiencia. FOTO: Marcos Otaño.
Sobre ese punto avanzará su defensa y así lo anticipó el abogado Eduardo Paredes en su alegato de apertura.
“Lo de Sebastián no es un problema de prueba, es un problema de culpabilidad. Sería un error aplicar una pena y no una medida de seguridad”, expresó el letrado, considerando como alternativa la aplicación de una “internación obligatoria para tratamiento de salud mental con control del Estado”.
Y al terminar la audiencia lo reafirmó ante la prensa: “Él es autor de lo que se le imputa, el tema es si es imputable o no. Sebastián está confeso, escribió una carta, se hizo cargo, pero no lo hacen difusión. Sebastián bajaba material de internet, es eso. Es una tragedia que sean niños, no sabemos de dónde, ni de cuándo son los videos, están en internet”.
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