Judiciales

La Justicia actuó de oficio y mandó a resguardar la historia clínica de Juanita

Publicado

hace 14 horas

15/10/2024

Por

Jorge Posdeley

La Justicia misionera inició una investigación de oficio para determinar si hubo responsabilidad penal en el fallecimiento de Juanita Sirimarco (13) y, como primera medida, mandó a resguardar la histórica clínica de la niña, además de solicitar otros informes y documentos vinculados al hechos.

Fuentes consultadas por La Voz de Misiones indicaron que hasta el momento la familia no radicó ninguna denuncia formal pero, a requerimiento del fiscal René Casals, la Justicia activó desde el lunes una investigación de oficio a fin de determinar si hubo responsabilidad penal en el hecho y preservar todos los elementos probatorios que podrían ser de interés para la pesquisa.

Fue el juez Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, quien dio lugar a las medidas solicitadas y una de ellas consistió en resguardar la historia clínica de Juanita, para luego analizarla con el resto de los informes médico-forenses ya elaborados y con los que restan culminar.

En ese marco, detallaron las fuentes, la Justicia también solicitó copias del contrato de transporte y cualquier otra documentación relacionada al viaje de egresados como para tenerlos a disposición en caso de que haya que analizar los alcances y la posible responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Final trágico

La muerte de Juana Milagros Sirimarco Díaz se produjo el sábado en el hospital de Pediatría, días después de llegar en severo estado de salud del viaje de egresados que había realizado a Carlos Paz (Córdoba) con sus compañeros del Instituto Cristiano República Argentina (Icra), en un servicio contratado con la empresa de turismo Viaturex.

Según relató Claudia Díaz, su madre, en medio de las actividades realizadas en Córdoba, la niña sufrió una lesión en la rodilla que mereció atención médica y en paralelo comenzó a experimentar dolores de garganta, pero el doctor le comentó que los analgésicos recetados para la lesión de rodilla también harían efecto sobre esa dolencia.

Fue el pasado lunes a la noche que el contingente emprendió el regreso a casa y durante el trayecto la niña empeoró su estado. Desde Posadas, su madre hacía el seguimiento de su estado de salud a través de una maestra que viajó como acompañante.

Claudia añadió que ese martes a la madrugada Juanita vomitó y tuvo diarrea, amaneciendo muy descompuesta. También subió de temperatura y el médico del seguro del viaje recomendó la aplicación de dipirona.

“De casualidad, en el otro colectivo viajaba una mamá que es enfermera y ella tenía una ampolla de dipirona y se la aplicó. Después de eso, según los mensajes de la maestra, le bajó la temperatura, pero seguía vomitando y con diarrea”, contó la mujer en diálogo con diversos medios de comunicación, tanto de Misiones como de Buenos Aires, ya que la noticia tomó repercusión nacional.

Díaz narró que en varias oportunidades pidió que su hija sea atendida por un profesional y que fuese llevada a un hospital, pero los reclamos fueron desoídos. La última vez que solicitó esto fue cuando el colectivo estaba en Virasoro, Corrientes, pero los responsables del viaje decidieron continuar camino hacia Posadas.

El último pedido fue que se gestionara con el seguro para que la niña bajase en Garupá, donde se quedaban otros compañeros que formaban parte del contingente, para que desde allí sea trasladada en ambulancia a Posadas.

Cuando Juanita ingresó al hospital Pediatría su estado ya era grave. “Tenía la boca negra y los ojos rojos, estaba en shock. La llevaron a emergencia y le pusieron un montón de líquidos en vena, estaba totalmente deshidratada, su corazoncito estaba latiendo mal y su presión estaba bajísima, con apenas 8/2. Como no lograron levantarle la presión arterial la llevaron directamente a terapia intensiva”, relató Claudia en un testimonio repleto de desazón y lágrimas.

La mujer agregó que los médicos confirmaron que la niña tenía Influeza B, aunque consideraron que ese virus no pudo causar la muerte de la adolescente, lo cual se terminó dando el sábado. Todo será materia de investigación.

“Lo que creo que en realidad pasó es que llegó tan deshidratada que no pudo levantar su presión pese a todo lo que le pusieron, creo que eso fue lo que mató a mi hija porque su sangre no circulaba, no llegaba a sus miembros y apenas daba para los órganos más importantes”, consideró Díaz, que el domingo encabezó un acto en La Cascada de Posadas para pedir justicia por el hecho.

Juanita tenía 13 años recién cumplidos. Falleció el sábado.

La “alta sospecha” de una infección bacteriana

Esta mañana, el infectólogo Oscar Herminio López, uno de los médicos que atendió a la niña en el hospital de Pediatría de Posadas, dialogó con el El Doce Tv de Córdoba y reveló que Juana ingresó directamente a terapia intensiva en un “estado crítico” y en “shock séptico”, tras lo cual recibió las medidas terapéuticas correspondientes.

El profesional indicó que la Influenza B “excepcionalmente puede producir un cuadro de tanta gravedad” y que “casi nunca podría llevar a la muerte”, pero “deja un terreno predispuesto para que se aloje en ese organismo las bacterias que son las que producen el cuadro más grave, el cuadro de shock séptico, que es un proceso infeccioso generalizado y en empiezan a fallar el corazón, las venas y arterias”.

López consideró que es “alta” la sospecha de que la muerte se produjo por una “infección bacteriana”, aunque para confirmarlo es necesario “el rescate de germen”, lo cual todavía no se produjo porque los procesos de laboratorio de bacterología suelen llevar un largo tiempo.

También aclaró que en muchos casos hay que personas que fallecen como consecuencia de una infección bacteriana, pero no siempre se logra rescatar el germen que lo produjo.

Comunicados

Esta mañana, el Icra emitió un comunicado en el que se desvinculó de cualquier tipo de responsabilidad en el viaje de egresados.

“El viaje recreativo a Villa Carlos Paz, en el que participó Juanita, no fue organizado, avalado ni autorizado por nuestra institución. Dicho viaje fue una iniciativa exclusiva de un grupo de padres, quienes contrataron a la empresa Viaturex para su organización, sin la intervención ni el consentimiento del ICRA”, señaló el establecimiento educativo al cual asistía Juanita, que además era abanderada.

La empresa Viaturex también brindó su versión de los hechos en las últimas horas, afirmando que el servicio contaba con “cobertura médica las 24 horas” y repasó de qué manera se fue agravando el estado de Juanita.

Explicaron que la niña comenzó con fiebre y vómitos el martes 8 a las 3 de la madrugada, en pleno viaje de regreso. “Se le toma la temperatura que tenía 38, 9 grados de fiebre razón por la cual se le coloca paños frío y se le comunica al médico Oscar Funes que les había atendido a todo el contingente en Villa Carlos Paz y se procede a suministrar la medicación (dipirona) previo control de la ficha médica por precaución de posible alergia, previo aviso a los padres”, alegaron.

Luego, sostuvieron que “no se paró a un centro asistencial debido a la mejoría de la niña ya que no presentaba fiebre y considerando conveniente llegar lo antes posible para su mejor atención en Posadas donde se procede a trasladarla al hospital Pediátrico a su arribo a las 11 h aproximadamente, cabe destacar que en todo momento la niña estuvo consciente y se movilizó por sus propios medios hasta su ingreso al nosocomio”

Mariano Soczyuk, propietario de la firma de viajes, a su vez, dialogó con Misiones Online y allí expresó que “sentimos que no hicimos nada mal”.

“El cuadro comenzó a evidenciarse cuando estaban en la zona de San Jaime de la Frontera, en Entre Ríos. La medicación hizo efecto, bajó la fiebre y la nena durmió hasta casi llegar a Virasoro, en Corrientes. Ahí vuelve a vomitar sólo agua y el padre nos vino a ver. Le dije que podía hacer que el colectivo fuera directamente al hospital con todos los chicos, pero finalmente se decidió que parara en Fátima, donde debían bajar algunos chicos. Nosotros enviamos un auto de la empresa para trasladarla, pero la familia ya había pedido una ambulancia”, relató.

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Ramón Amarilla apeló su prisión preventiva y acusó “mensaje ejemplificador”

Judiciales

Ramón Amarilla apeló su prisión preventiva y acusó “mensaje ejemplificador”

Publicado

hace 22 horas

15/10/2024

Por

Jorge Posdeley

Ramón Amarilla y Diego Correa, dos de los ocho agentes policiales detenidos y destituidos tras ser acusados por delitos de “sedición” y “conspiración”, apelaron la prisión preventiva dictada por el juez Fernando Verón, cuestionando la medida como “infundada”, “arbitraria” y sin “fundamento probatorio”, además de calificarla como “un uso desproporcionado de la justicia” con fines de “persecución”.

El recurso de apelación fue presentado en las últimas horas por el letrado particular y ex juez penal Ramón Moisés Grinhauz, quien interviene como abogado defensor de los agentes Amarilla y Correa.

En la resolución, Grinhauz apunta que la prisión preventiva dictada contra sus pupilos judiciales resulta “infundada y arbitraria”, dado que la decisión carece de “fundamento probatorio sólido que justifique tal medida extrema”, al tiempo que considera que se realizó “una valoración subjetiva de los riesgos procesales”.

Siete de los ocho involucrados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un supuesto plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta realizada en mayo.

La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.

Los ocho policías están detenidos y procesados con prisión preventiva.

“Expresiones de malestar”

En el escrito de apelación, la defensa de los implicados Correa y Amarilla contestan a todas estas cuestiones utilizadas como fundamento para el dictado de la prisión preventiva y atacan la medida.

“Las capturas de pantalla presentadas como evidencia incluyen intercambios que, a primera vista, pueden parecer comprometedores, pero una revisión más detallada revela que carecen de claridad y contexto”, arguye la defensa y sostiene: “Los mensajes reflejan expresiones generales de malestar sobre las condiciones laborales y comentarios dispersos que, aunque pueden ser interpretados como un deseo de ‘movida’, no constituyen un plan concreto o articulado que evidencie la intención de llevar a cabo actos de sedición o violencia”.

En ese marco, argumentan que “la jurisprudencia ha establecido que las conversaciones que se mantienen en entornos privados deben ser interpretadas con el debido respeto a la intención y al contexto en el que se producen”.

En otro tramo de la presentación, Grinhauz cuestiona que no existe evidencia para considerar que la liberación de sus defendidos represente riesgo procesal alguno, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación, ante lo cual plantea como alternativa la imposición de medidas menos severas para que sus defendidos se ajusten a derecho, tal como lo hicieron en el marco del otro expediente que se instruye ante el Juzgado de Instrucción Seis, donde respondieron ante cada citación.

“Mensaje ejemplificador”

La apelación también contiene un “análisis político” de la causa, donde la defensa de los imputados apunta que la situación “trasciende la mera interpretación legal y se inscribe en un contexto político y social más amplio”, donde Correa y Amarilla fueron ubicados como “fusibles de una disputa salarial que ha despertado tensiones significativas entre el gobierno provincial y los cuerpos de seguridad”.

Y ataca: “La decisión de imponer una prisión preventiva parece estar más relacionada con la intención de enviar un mensaje ejemplificador al cuerpo policial que con la existencia de pruebas contundentes que sustenten la acusación”.

En base a todos estos considerados, el letrado particular solicita que se revoque la prisión preventiva contra sus defendidos y que ambos continúen el proceso judicial en libertad.

El documento ahora deber ser remitido a la Cámara de Apelaciones, junto a todo el expediente, para que sus magistrados analicen la presentación y luego resuelvan si ratifican todo lo actuado por el juez Verón o dan lugar a la apelación defensiva, lo cual favorecería a los implicados.

Este recurso de apelación se da horas después de una acción de amparo que los ochos uniformados implicados presentaron de manera conjunta en contra del gobierno provincial por el decreto que dispuso la destitución de todos ellos.

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Judiciales

Día de pericia psicológica para Germán Kiczka en la sede de Saic en Posadas

Publicado

hace 24 horas

15/10/2024

Por

Jorge Posdeley

El ex diputado provincial, desaforado y detenido con prisión preventiva en el marco de una causa por distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), Germán Kiczka, fue trasladado esta mañana hacia la oficina de Saic en Posadas para ser objeto de una pericia psicológica.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el apostoleño llegó esta mañana en un móvil del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) e ingresó a la oficina de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), ubicada al lado del Juzgado de Instrucción Siete, sobre calle Pedro Méndez, casi avenida Uruguay.

Las fuentes indicaron que la audiencia corresponde a la realización de una pericia psicológica solicitada en el marco de la causa judicial que se tramita ante el juez Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles.

Hoy fue el turno de Germán, que mañana debe volver a ser trasladado a la misma oficina, mientras que el jueves hará lo propio su hermano Sebastián, también detenido y procesado en el mismo expediente.

Prisión preventiva para Germán Kiczka: su defensa y las pruebas en contra

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Judiciales

Policías destituidos por “sedición” presentaron un amparo contra el gobierno

Publicado

hace 2 días

14/10/2024

Por

Jorge Posdeley

Los ocho policías detenidos y destituidos por el gobierno tras el inicio de una causa que los investiga por presuntos delitos de “sedición” y “conspiración” trabaron este lunes una acción de amparo en el que le solicitan a la Justicia la nulidad del decreto 2084/24 que dispuso la cesantía de todos ellos en la fuerza provincial.

El recurso fue presentado ante el Juzgado Laboral Dos de Posadas y lleva las firmas de los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas, quienes actúan en representación de los ocho uniformados actualmente detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul: Ramón Oscar Amarilla, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Canteros, Diego Correa, Horacio Elias Couto, Adolfo Guirula y Joaquín Orrego.

En el documento, los letrados acusan que la medida del Ejecutivo es inconstitucional y que viola tanto el debido proceso, como el derecho a defensa y la garantía constitucional de estabilidad de empleo público.

Además, hacen hincapié en las consecuencias que esta decisión gubernamental acarrea en las familias de los agentes involucrados, quienes ahora quedaron en contextos de vulnerabilidad e indigencia.

Ramón Amarilla fue detenido el 19 de septiembre y trasladado a la UP VIII de Cerro Azul.

“De delegados a sediciosos”

“Estas sanciones disciplinarias y penales se dan en el marco de los reclamos y acciones vinculadas a la representación que ejercimos por le colectivos de los trabajadores policiales, demandando condiciones salariales y de trabajo, actividad que se ejerce sin ninguna de las protecciones o tutelas que cualquier otro delegado y o representantes gremial o sindical cuentan actualmente”, se lee en el documento de 31 páginas al cual La Voz de Misiones tuvo acceso.

Y añade: “Se nos ha reconocido en tanto hemos formado parte de las mesas paritarias durante los últimos años tal calidad homologándose nuestros acuerdos por el organismo de aplicación de las leyes laborales con anuencia del Ministerio de Gobierno, hasta que sin ningún tipo de motivación objetiva se nos desvirtuara el rol pasando de ser delgados a sediciosos, a los que además se nos priva de los mas elementales derechos como al debido proceso tanto administrativos como judiciales. Hasta los genocidas han gozado plenamente de estas garantías tanto en las instancias administrativas como penales”.

Finalmente, los recurrentes solicitan que el juzgado ordene una medida cautelar innovativa y retrotraiga la situación de revista de los funcionarios policiales involucrados a la fecha previa del decreto firmado el 24 de septiembre pasado por el gobernador Hugo Passalacqua. También solicitan que, en consecuencia, se liquiden los haberes correspondientes a los meses transcurridos, como así también la reinstauración de las prestaciones personales y familiares que corresponden.

“Solo Cola”

Los acusados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta realizada en mayo.

La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.

En esas conversaciones, los involucrados presuntamente planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.

En esta ocasión, los agentes bajo sospecha hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.

“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.

Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron ese 19 de septiembre. Menos de un mes, el mismo juez resolvió la prisión preventiva de los ocho detenidos por “sedición” y “conspiración”.