Martín Anselmo Cabañas y Joaquín Alejandro Dorrego, los dos primeros policías citados a declarar ante la Justicia en el marco de las acciones realizadas durante la protesta salarial realizada entre el 17 y el 29 de mayo en Posadas, se abstuvieron de declarar hoy y la comparecencia de uniformados continuará hasta el 8 de julio ya que en total son 17 los implicados identificados.

Cabañas presta servicios en la comisaría Segunda de San Vicente, mientras que Dorrego integra la División Investigaciones de la Unidad Regional IX de Jardín América. Ambos designaron al ex juez penal Ramón Grinhauz como abogado defensor y muy posiblemente el mismo letrado represente a la totalidad de los involucrados.

En la audiencia de hoy, los dos agentes se abstuvieron de declarar y fueron notificados de los hechos que se investigan en su contra. En resumen, están acusados de formar parte de un conjunto de agentes, tanto policiales como penitenciarios, activos y retirados, que mediante el uso de medidas de fuerzas que tienen prohibidas por el propio reglamente disciplinario policial ejercieron acciones coercitivas para exigir mejoras salariales al gobierno provincial.

Desde el punto de vista judicial, estos hechos podrían traducirse en imputaciones por delitos que van desde sedición, que prevé penas de hasta seis años de prisión, hasta hurto, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y coacción agravada.

Según la acusación, durante la protesta los uniformados no prestaron servicios de manera adecuada, usurparon oficinas públicas, sustrajeron y utilizaron móviles para uso particular, como así también otras herramientas de trabajo como armas de fuego, chalecos antibalas, escudos, etcétera.

La indagatoria de hoy fue realizada ante el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, y el fiscal René Casals, de la Fiscalía de Instrucción Seis, este último quien impulsa las acciones judiciales.

Para el próximo martes, en tanto, están citados los denominados referentes o voceros de los uniformados durante la protesta, los policías retirados Ramón Amarilla y Germán Palavaccino.

Las indagatorias continuarán hasta el 8 de julio. Se harán dos por día, hasta completar el listado de 17 imputados, aunque el número de involucrados podría aumentar conforme avance el expediente.

La protesta se realizó desde el 17 hasta el 29 de mayo frente al Comando Radioeléctrico.

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El juicio por el crimen del preventista cárnico Nicolás D’Amico (35), asesinado a fierrazos y luego incinerado dentro de su auto en 2015, se reanudará el lunes 1 julio en el Tribunal Penal Uno de Oberá.

El caso tiene un total de siete imputados con diferentes grados de acusación. Los principales implicados son Diego Ramón Benegas (40), dueño del abasto donde se perpetró el hecho, y Jonathan Emanuel Gutiérrez (31), uno de sus empleados, quienes enfrentan cargos por “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, figura ante la cual son pasibles de recibir una pena de prisión perpetua.

Por su parte, Gustavo Germán Benegas (36), Gustavo Ramón García (32) y Diego Orlando Gutiérrez (33) están acusados de “encubrimiento agravado”, mientras que Guillermo Andrés Burkiewicz (35) y Guillermo Sebastián Rockenbach (35) están acusados de “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y entrega de arma de fuego a quien no acredita la condición de legítimo usuario”.

La pesquisa trazada, con intervención determinante del personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), estableció que el 21 de octubre de 2015 D’Amico fue ultimado a fierrazos dentro del abasto La Rueda de Oberá y posteriormente su cuerpo fue trasladado en su Volkswagen Bora hasta El Chatón, donde fue rociado con combustible e incinerado.

La principal sospecha es que Diego Benegas y Jonathan Gutiérrez fueron quienes propinaron la golpiza mortal, con el objetivo de evadir una deuda de 350.000 pesos que la víctima pretendía cobrar como empleado de un frigorífico bonaerense.

El resto de los implicados aparecen bajo la lupa por colaborar tanto en el traslado del cadáver como en limpiar el escenario del crimen, aunque las pericias de la Saic de igual manera permitieron reconstruir lo sucedido.

Las pericias de la Saic dentro del abasto permitieron reconstruir lo sucedido.

El debate oral donde se intentará esclarecer lo sucedido tuvo una primera audiencia el 14 de mayo, aunque solamente duró unos pocos minutos en virtud de un planteo de intereses contrapuestos entre los principales acusados.

Fue Matías Olivera, defensor oficial de cuatro imputados, quien pidió la palabra y advirtió que entre los implicados que asesoraba había intereses contrapuestos que podían generar inconvenientes al devenir del proceso e incluso derivar en una nulidad del juicio.

El defensor hizo alusión a los imputados Diego Ramón Benegas, Jonathan Emanuel Gutiérrez, Gustavo Germán Benegas y Diego Orlando Gutiérrez.

“En el requerimiento de elevación a juicio leído en esta sala está expuesto que los hermanos Benegas y Gutiérrez se acusan entre sí (dos están imputados como autores materiales del crimen y dos por encubrimiento) y la defensa de todos es la misma, siendo eso incoherente. Si continuamos hasta podría incurrir en un delito“, sostuvo Olivera, en aquel entonces, lo que motivó a que el tribunal integrado Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba decidieran un cuarto intermedio hasta este 1 de julio, tiempo necesario como para que los imputados redefinan abogados defensores.

FOTO PRINCIPAL: EL TERRITORIO.

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Nacieron en diferentes puntos de Misiones pero se unieron para “trabajar” juntos en una empresa criminal que intentó mover once toneladas de marihuana desde un campo de Ituzaingó, pero los planes fallaron. Cayeron detenidos en 2021 y ahora fueron condenados a penas de entre seis y cuatro años de prisión.

La banda original estaba conformada por al menos nueve personas. La pesquisa contra ellos comenzó a fines de enero de 2021, cuando investigadores de la Prefectura Naval Argentina (PNA) supieron que en Corrientes, más precisamente en Ituzaingó, operaba una organización dedicada a recibir cargamentos de marihuana desde Paraguay para luego enviarlas a otros puntos del país.

Los datos apuntaban a un supuesto líder identificado como Juan Ramón Toledo, quien actuaba en complicidad de familiares y amigos oriundos de Misiones. La información recolectaba también estableció que el grupo poseía lotes ubicados en Santa Tecla y Nemesio Parma, terrenos que eran utilizados para la descarga de los estupefacientes provenientes de Paraguay.

Los investigadores estiraron del hilo y cuando consideraron que las pistas recolectadas eran suficientes decidieron actuar. Eso ocurrió el 27 de mayo de 2021, cuando supieron que la banda estaba a punto de recibir una nueva carga de droga.

Así fue que montaron labores de vigilancia hasta que advirtieron la llegada de botes en medio de la madrugada y cuando avanzaron por el terreno ubicado en cercanías al lago Yacyretá encontraron un camión Volvo con seis toneladas de marihuana camufladas bajo una carga de pinos.

En ese operativo cayó el camionero, identificado como Denis Joaquín Galván (35), oriundo de Córdoba, aunque la PNA ya tenía a todos los miembros de la banda bajo la lupa.

Solo era cuestión de tiempo para dar con los demás involucrados, quienes aparentemente nunca sospecharon que estaban siendo investigados porque volvieron a programar no una, sino dos operaciones más, las cuales fueron interrumpidas por los mismos agentes de PNA.

El segundo procedimiento se dio el 30 de junio de 2021. Allí se incautó una Toyota Hilux con 700 kilogramos de marihuana y apenas cuatro días después se secuestró un camión Ford con 5.330 kilogramos de la misma sustancia.

El Ford 4.000 con cinco toneladas de marihuana fue interceptado el 4 de julio de 2021.

Las detenciones, en tanto, se concretaron el 10 de septiembre, mediante múltiples allanamientos efectuados. Los capturados fueron Juan Ramón Toledo; Leonardo Toledo (de Posadas, 25 años); Alfredo Fortes (de Candelaria, 64 años); Jorge Ariel Roznizci (de Alem, 37 años); Francisco Javier Vera (de Cerro Azul, 38 años); Héctor Apolonio Toledo (de Posadas, 38 años); Darío Antonio Villalba (de Posadas, 40 años); y Flamino Rubén Bareyro (de Jardín América, 47 años).

Todos enfrentaron una causa que se instruyó el Juzgado Federal Dos de Corrientes y este año la mayoría de ellos involucrados firmaron respectivos acuerdos de juicio abreviado.

Los primeros en ser condenados fueron Galván, Bareyro y Villalba, quienes el 22 de abril recibieron penas de 6, 4 y 2 años de prisión, respectivamente.

Ahora, la novedad es que un segundo grupo de implicados en el mismo expediente tomó el mismo camino. Es decir, reconocieron su culpabilidad en el hecho investigado y alcanzaron un acuerdo con la fiscalía interviniente.

De esta manera, este lunes fueron condenados Leonardo Toledo, Vera y Fortes, quienes recibieron seis años de prisión como coautores del delito de “transporte y comercio de estupefacientes agravado por el número de personas”.

Apolonio Toledo y Roznizci, en tanto, fueron declarados partícipes secundarios del mismo delito y fueron condenados a 4 años de prisión.

Las sentencias fueron impartidas por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes y recientemente publicadas en el Centro de Información Judicial (CIJ).

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