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La Justicia pidió el desafuero del jefe de los fiscales federales de Misiones

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desafuero fiscal

Tras otro faltazo a la audiencia de declaración indagatoria, el Juzgado Federal de Posadas solicitó esta mañana el desafuero del fiscal general federal de la provincia, Rubén González Glaría, quien desde hace tres años es objeto de una extensa investigación por una multiplicidad de delitos.

El expediente contra el jefe de los fiscales federales de Misiones comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

La investigación es impulsada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación, quien después de recolectar una batería de elementos probatorios, desde testimoniales y evidencia documental, comenzó a solicitar mayores medidas contra el fiscal investigado y el Juzgado Federal de Posadas, con el magistrado Casals interviniendo en carácter de subrogante, dio lugar a la sucesión de planteos, incluido los llamados a declaración indagatoria, pero González Glaría esquivó todas, valiéndose de diferentes argumentos y trabando diversas presentaciones.

La principal razón esgrimida por el fiscal investigado estuvo vinculada a cuestiones de salud, ante lo cual la Justicia ordenó que sea evaluado por una junta médica, cuyos profesionales concluyeron que el imputado está apto para afrontar la indagatoria, aunque como condición pidió que la audiencia se realice respectando los cuidados y consideraciones pertinentes a su cuadro.

Aún así, González Glaría, próximo a cumplir 70 años, en uso de licencia hace 4 y quien en diálogo con La Voz de Misiones alegó que la causa en su contra consiste en un plan para que quedarse con su cargo, esquivó la medida que significaría la antesala a su procesamiento por delitos que podrían configurarse como exacciones ilegales, peculado y cohecho, entre otros. 

Último faltazo

La audiencia de declaración indagatoria fue programada en al menos siete oportunidades, aunque todas ellas debieron ser suspendidas. La última se dio el lunes, lo cual derivó en el pedido de desafuero formulado hoy por el juez Casals, lo cual ahora debe ser analizado por la Procuración General de la Nación.

De acuerdo a lo consignado por fuentes de LVM, la audiencia del lunes iba a darse de manera telemática, aunque 10 minutos antes del inicio pautado la defensa de González Glaría presentó un escrito aduciendo que el imputado se encontraba internado a raíz de una descompensación, aunque sin especificar en que centro asistencial se encontraba hospitalizado.

Consecuencia de ello, la Justicia pidió mayores informes sobre la situación e incluso ordenó que una comisión del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) verifique el domicilio del fiscal, donde los agentes fueron informados que el funcionario estaba internado en Córdoba, aunque sin más precisiones.

Recién ayer la defensa presentó otro escrito informando que el fiscal se encuentra hospitalizado desde el domingo en una clínica privada de la provincia, pero esto no conformó al fiscal Turano.

Desafuero y sanciones

El impulsor de la investigación respondió entonces con una presentación elevada al juzgado interviniente, solicitando el inicio de los trámites correspondientes para el desafuero del funcionario imputado, al considerar como “injustificada su ausencia”.

La solicitud se ampara, además, en el artículo 1 de la Ley de Fueros 25.320, el cual prevé que el desafuero puede ser pedido en casos de que el legislador, funcionario o magistrado sujeto a investigación no concurriere a prestar a declaración indagatoria.

La presentación del fiscal Turano fue realizada ante el juez Casals, quien aceptó los fundamentos esgrimidos y firmó la solicitud, documento que será elevado ahora a la Procuración General de la Nación. También se pidieron sanciones contra González Glaría, las cuales podrían ser apercibimientos o multas económicas.

El pedido de desafuero es clave, dado que, en caso de avanzar, el fiscal imputado perdería su inmunidad prevista por ley y, por ende, sería pasible de una detención como cualquier ciudadano común.

Las denuncias

La investigación contra González Glaría, de 69 años y fiscal general federal de la provincia desde 1993, comenzó en abril de 2021, a partir de una denuncia radicada por el secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz, pero desde ese momento el escándalo fue en aumento.

Las fuentes indicaron que, de acuerdo a los elementos recogidos en la instrucción de la causa, existen varios hechos que prácticamente ya se darían por “probados” y otros que aún se encuentran en fase de investigación.

Uno de los hechos por los cuales se lo acusa al fiscal general es solicitar una parte del sueldo a Silvana Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General.

La investigación trazada estima que durante cuatro años -entre 2008 y 2012- la mujer estuvo obligada a darle dos tercios de su salario a González Glaría, como condición para su contratación y que supuestamente el dinero iba a ser destinado a pasantes.

Bogado declaró en la causa y ratificó la denuncia. Además, una compañera suya prestó su testimonio y recordó haberle llevado varios sobres con ese dinero al fiscal apuntado. También hay extractos bancarios que probarían la operación, dado que las fechas y los porcentajes coincidirían con lo requerido en la presunta operación.

Estos hechos quedarían encuadrados como exacciones ilegales, pero las acusaciones no culminan allí.

A González Glaría también lo denunciaron por hacer uso particular de una camioneta Nissan Frontier 2016 en depositario judicial destinada para el uso oficial de la Fiscalía General. En el expediente se recolectaron -indicaron las fuentes- al menos 20 cruces migratorios realizados por el denunciado en la frontera Posadas – Encarnación con el vehículo en mención. Esto se correspondería a peculado de bienes públicos.

El listado de irregularidades presuntamente cometidas por el fiscal también incluye que, aparentemente, se tomaba licencias que después no notificaba y presentaba certificados de días trabajados para recibir la totalidad de su salario. En ese marco, los investigadores habrían comprobado que mientras el acusado decía estar cumpliendo horas de trabajo, se encontraba en el exterior.

En medio del escándalo que sacudió al ámbito de la Justicia Federal, el implicado también habría amenazado a su denunciante y luego habría tomado represalias administrativas en su contra como, por ejemplo, traslados y quita de insumos básicos.

Por último, el funcionario también es investigado por emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

Por ejemplo, en una causa de evasión fiscal que involucraba a su consuegra habría intercedido cuando en realidad debería haberse inhibido. Según explicaron las fuentes, también hay registros migratorios que prueban ese vínculo, dado que figuran cruzando juntos a Paraguay en varias ocasiones.

También aparece involucrado en un expediente por trata laboral contra una empresa de Ramón Puerta, causa en la cual González Glaría está apuntado por “puentear” al fiscal de instrucción e intervenir en el caso con un dictamen desestimatorio que finalmente habría favorecido al ex gobernador de la provincia.

Fiscal investigado se defiende: “Hicieron una película de Netflix”


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Registraron la oficina de Germán Kiczka en la Legislatura

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Efectivos de la Dirección Cibercrimen, junto a agentes de la Secretaria de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) realizaron un registro del despacho que era utilizado por el diputado Germán Kiczka en el edificio anexo de la Legislatura.

La medida se concretó esta tarde, con presencia del magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien tiene imputado tanto a Germán Kiczka como a su hermano Sebastián en una causa por tenencia y distribución de archivos Masi.

El procedimiento fue similar al realizado en la oficina que el mismo legislador utilizaba en una propiedad de la familia Puerto en Apóstoles, dónde la empresa Cigarros Misioneros tiene domicilio fiscal y además funcionan la radio y bar Social Club.

Todo lo hallado, principalmente soportes informáticos, serán anexados a la causa y quedarán a la espera de peritajes.

Comisión investigadora firmó dictamen para expulsar al diputado Germán Kiczka


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Caso Kiczka: la fiscal Dupuy ofreció colaboración en peritaje de archivos Masi

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Daniela Dupuy

La fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de Ciudad de Buenos Aires, donde se inició la investigación que terminó comprometiendo a los hermanos Kiczka en una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), puso a disposición de la Justicia misionera todo su equipamiento de alta tecnología para analizar las imágenes halladas en los aparatos incautados a manos de los imputados a fin de determinar tanto la edad como la identidad de las víctimas, entre otras especificaciones técnicas.

En declaraciones televisivas brindadas recientemente, la funcionaria porteña calificó como “aberrantes” las imágenes detectadas en la primera pericia realizada antes de remitir la causa al Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dirigido por el magistrado Miguel Ángel Faría, y respecto a los archivos revisados detalló que “en este caso estamos hablando de niños y niñas muy pequeños. Bebés siendo abusados, niñas y niños menores de 13 años llevando a cabo actividades sexuales con adultos”.

En ese marco, ahora se supo que Dupuy se comunicó con el juez Faría y se puso a entera disposición para colaborar en todas las labores de investigación, tareas técnicas y peritaje informático que aún se encuentren en proceso.

La ayuda consistiría en el aporte de todas las herramientas y software de alta tecnología con la que Dupuy cuenta para analizar las imágenes de manera tan minuciosa que posibilita determinar la edad de las víctimas, como así también la identidad de los menores filmados, aunque este último punto también depende de muchos otros factores.

Según indicaron fuentes de La Voz de Misiones, desde el juzgado no sólo que agradecieron el gesto, sino que también aceptaron la colaboración y se avanzará ahora en la gestión de los trámites correspondientes para trazar un convenio a través de la Procuración General de la provincia.

Tanto el diputado Germán Kiczka como su hermano Sebastián están desde el domingo presos en la cárcel de Cerro Azul.

En ese marco, las mismas fuentes consignaron que se fijó para el 10 de septiembre la medida de apertura de los sobres con los todos los soportes informáticos incautados durante el allanamiento realizado el lunes a la mañana en una oficina que el aún diputado -este jueves se trata su expulsión de la Legislatura- Germán Kiczka utilizaba en su rol de comisionista en Cigarros Misioneros, empresa son domicilio radicado en una propiedad de la familia Puerta y donde actualmente funcionan un bar y una radio bajo el nombre de Social Club.

A esa oficina hubo que acceder mediante la intervención de un cerrajero y en su interior se hallaron una notebook, un teléfono celular, CD’s y documentos, elementos se sumarán a los otros aparatos que aún se encuentran en etapa de arduo peritaje por parte de agentes tanto de Cibercrimen de la Policía como de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.

Voceros con acceso al expediente añadieron que en el despacho también se halló un dibujo infantil que estaba acompañado con el nombre “Germán”, elemento que levanta suspicacias de todo tipo pero que hasta el momento no configura valor de prueba.

Además, las fuentes hicieron mención a un grupo de Telegram denominado “Los Cigarros” que fue extraído de las pericias a los teléfonos celulares de los imputados y en donde se observan conversaciones sobre intercambio de imágenes Masi, pero todavía quedan análisis por realizar para unir piezas e intentar identificar ramificaciones del delito investigado.

Mientras tanto, los hermanos Germán y Sebastián Kiczka continúan detenidos en celdas de la Unidad Penal VIII, presidio al cual fueron trasladados el domingo a la noche tras permanecer unos días en la comisaría Segunda de Apóstoles, dependencia policial que no estaba preparada para alojar internos de “alto perfil”.

Ambos presentaron un pedido de excarcelación a través de su abogado defensor Gonzalo De Paula, pero el planteo fue rechazado este miércoles por el juez Faría, quien argumentó riesgo de fuga, entre otros factores. 


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Narco piloto boliviano que se fugó de Misiones en 2015 cayó en su país

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narco piloto boliviano cueto lazcano

Quien scrolleaba el Facebook de Cristopher Andrei Cueto Lazcano (30) podía pensar que era un piloto más disfrutando de su trabajo y llevando una vida normal, renovando fotos de perfil, anunciando viajes y compartiendo memes, pero lo cierto es que el boliviano era uno de los tantos narcotraficantes incluidos en la lista de buscados por Interpol y los ocho años que se mantuvo prófugo tras escapar de Misiones se terminaron.

Cueto Lazcano es piloto de profesión, pero se encargaba de dirigir avionetas repletas de estupefacientes y así fue capturado el 19 de agosto de 2014, mientras aterrizaba en una pista clandestina montada en un campo de Toledo, provincia de Córdoba.

El Cessna 337 Skymaster que el boliviano piloteaba junto a un compatriota estaba cargado con 400 kilogramos de marihuana y el procedimiento marcó el fin de los vuelos narcos para una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que era comandada por una pareja de posadeños.

El operativo global culminó con una decena de detenidos, entre ellos “La muñeca del Nea”, como fue bautizada mediáticamente la mujer que fue sindicada como “líder” de la banda junto a su marido. Entre los arrestados también hubo ciudadanos cordobeses y paraguayos.

En primera instancia la causa se tramitó en Córdoba, pero luego la competencia en la causa fue definida al Juzgado Federal de Posadas, cuyas autoridades continuaron con el desarrollo del expediente.

Sin embargo, en el medio sucedió algo: la fuga de Cueto Lazcano.

La avioneta narco y los detenidos tras el operativo en una pista clandestina de Córdoba.

La fuga

Ocurrió que mientras todos los implicados permanecían detenidos en Misiones a la espera del avance de la causa, el piloto boliviano pidió ser beneficiado con la prisión domiciliaria argumentando un problema médico en la piel cuyo cuadro podía agravarse bajo condiciones de encierro.

Al imputado le rechazaron ocho presentaciones similares, hasta que en noviembre de 2015 obtuvo dictamen favorable y para poder cumplir con los requisitos que necesitaba hizo venir a sus padres desde Bolivia, quienes alquilaron le alquilaron la pieza 10 de un inquilinato donde fijó domicilio.

En ese complejo de habitaciones temporales ubicado a media cuadra de la terminal de colectivos de Posadas Cueto Lazcano alcanzó a pernoctar una semana, hasta desapareció sin dejar rastros.

La fuga fue constatada por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) durante una inspección realizada el 17 de noviembre de ese año y días después pidieron su captura internacional.

Desde ese momento la alerta roja del boliviano permaneció activa en la página de Interpol, pero nunca hubo novedades de su paradero. Donde sí hubo novedades fue en su cuenta de Facebook, donde reinició actividades a partir de 2017.

La alerta roja de Interpol que pesaba sobre Cueto Lazcano.

¿Dónde andabas chato?

Empezó compartiendo fotos random de nubes, de cabinas y de aviones, hasta que comenzó a mostrarse nuevamente. “¿Dónde andabas chato?”, le preguntó un amigo al que no se le pasó por alto que Cueto volvió a las redes sociales tras una inactividad de cuatro años. “Pasame tu cel x inbox”, respondió él.

De ahí en más el piloto no paró de exhibir su vida, con fotografías en cabinas de avión, en hangares, en cabañas y en balcones de edificios. Pero todo iba a llegar a su fin en algún momento.

Entre las últimas publicaciones abiertas al público general en su cuenta de Facebook se observan posteos desde la ciudad boliviana de Tarija. “Voy por ti amor de mi vida”, escribió en junio de 2023, fecha cercana al momento de su recaptura.

Es que, de acuerdo a lo que pudo establecer La Voz de Misiones, hace aproximadamente un año el boliviano fue ubicado por Interpol en Santa Cruz de la Sierra, lo que significó el fin de sus días en libertad.

Desde ese momento Cueto Lazcano permaneció detenido en el cárcel de Palmasola a la espera del proceso de extradición, trámite que finalmente se concretó a fines de agosto.

Una de las últimas fotos de Cueto en su Facebook, frente a la estación de buses de Tarija, en junio del año pasado.

Según fuentes de LVM, la extradición se ejecutó a través del aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra y Cueto Lazcano arribó a Misiones el miércoles de la semana pasada, quedando detenido en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA) a la espera de un cupo para ser trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Ahora, ocho años después, el extranjero quedó a disposición de la Justicia Federal de Misiones y tras las rejas aguardará ser llevado a juicio oral y público, proceso al cual fueron sometidos sus consortes de causa. Algunos de ellos ya cumplieron sus penas, mientras que otros tuvieron un final más trágico, como es el caso de Francisco Alejandro Suescun Rivero, el otro piloto boliviano. 

En Misiones Suescun Rivero fue condenado a cinco años de prisión y tiempo después se acogió a la figura del extrañamiento, tras lo cual fue expulsado del país.

Meses después volvió a dar la nota en Paraguay, nuevamente vinculado a avionetas narcos, pero las últimas noticias lo ubican siendo acribillado a balazos en junio del año pasado en Bolivia.

A “El Carachas”, como era conocido en su país, lo presentaban como propietario de hangares y avionetas en Santa Cruz de la Sierra y sostienen que su asesinato fue un ajuste de cuentas.

 


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