La Justicia Federal resolvió el embargo y la inhibición del misionero Adrián Martínez Moreira, acusado de liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de las reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.

La resolución se cumplió luego de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del ex juez Alberto Baños, se involucrara en la causa contra el misionero señalado por fabricar causas de lesa humanidad para el cobro de las indemnizaciones.

La cartera de Baños está bajo la órbita del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, quien en abril pasado, al hablar sobre la lluvia de amparos por reparaciones reclamadas por víctimas de la dictadura, excusó la mora en una supuesta auditoría a una asociación ilícita que se dedicaba a tratar de cobrar dinero del Estado con denuncias fraudulentas.

El ministro se refería a la causa contra Martínez Moreira y la alusión le valió una felicitación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, porque hay que “auditar el curro de los derechos humanos”.

Sin embargo, el intento de estafa del misionero no fue descubierto ni denunciado por La Libertad Avanza (LLA), ya que las primeras denuncias datan de 2014 y fueron presentadas por dirigentes de derechos humanos.

Incluso, el antecesor de Baños en Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, recopiló casos e impulsó la causa como querellante.

Embargo

Según comentó  a La Voz de Misiones el abogado Javier Garín, víctima y uno de los primeros en denunciar a Martínez Moreira, desde el equipo jurídico de la Secretaría de Baños se pidió a la justicia que cumpla con el embargo y la inhibición de los acusados.

“El juzgado ordenó un embargo y no lo cumplió, nos enteramos ahora”, afirmó Garín a LVM y agregó: “Ahora, lo tuvo que hacer”.

El misionero Martínez Moreira está procesado junto un abogado identificado como Omar García, y dos mujeres identificadas como Leticia G. y Nicole Carolina G.

La causa, está a cargo de la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, quien investiga a Moreira como líder de una organización criminal que, según la investigación, comenzó a operar en 2013 a través de una organización llamada “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, con la que contactaba con víctimas y familiares del terrorismo de Estado y ofrecía representarlos en gestiones y demandas por sus indemnizaciones.

Martínez Moreira, se presentaba como hijo de detenidos desaparecidos, y decía, además, ser abogado y sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Nada de esto era cierto.

El fabulador

Valiéndose de las redes sociales, Martínez Moreira se construyó un relato a la medida de los planes y actividades del grupo ahora procesado por la justicia federal.

Decía ser hijo del paraguayo Adrián Martín Martínez, militante comunista desde su juventud, y la misionera María Santa Moreira, secuestrados el 8 de noviembre de 1988, en la casa del barrio Herrera, de Asunción, donde vivían.

Martínez Moreira afirmaba que en la capital paraguaya, con dos años de edad, fue entregado a un militar argentino que lo anotó como Matías Ezequiel López.

En su relato, el misionero aseguraba que sus padres desaparecidos habían sido miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Enrique Gorriarán Merlo, y que inclusive habían participado del atentado contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción, en 1980.

En su historia, Martínez Moreira cita nombres de supuestos tíos y primos desaparecidos en Paraguay, y cuenta que, a los siete años, en 1993, fue localizado por su abuela materna, Leontina Delart de Moreira.

Habla de un exilio de sus padres en Brasil, de un divorcio en 1984; de una relación de su madre con un militante del MIR chileno, con quien tuvo una niña que bautizaron María Luz; del reencuentro de la pareja en Jardín América, donde su madre lo da a luz en 1986; y describe espeluznantes pesadillas infantiles, en que vuelve una y otra vez a un mismo basural.

Garín denunció a Martínez Moreira por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en el patrocinio de causas de víctimas de lesa humanidad que desconocía.

Garín radicó una denuncia ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba. El abogado identificó unas 50 causas iniciadas con su número de CUIT ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La justicia ordenó el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires, donde encontró toda la evidencia que sirvió a la jueza Capuchetti para ordenar el procesamiento de Martínez Moreira y sus cómplices.

La justicia constató también denuncias falsas de Martínez Moreira contra periodistas, magistrados, funcionarios de la secretaría de derechos humanos,  sobrevivientes del terrorismo de estado, organismos, familiares, hijos de desaparecidos que habían descubierto el funcionamiento de la banda y habían alertado a las autoridades o la justicia.

La historia que Martínez Moreira relataba con verdaderos dotes actorales, estremeció. Diarios y canales de televisión le dedicaron sendos reportajes y entrevistas. Página/12 llegó a dedicarle la tapa del suplemento Soy, que aborda la temática LGTBQ+, por el relato de abusos con que el misionero engordó su personaje de hijo de la “generación diezmada”.

Nombre real

El misionero fue investigado por la Procuración General de la Nación (PGN), que determinó que no es hijo de desaparecidos y que toda su historia es falsa.

Según la PGN, su nombre real es Ovidio Martínez, nacido el 30 de abril de 1993 en el hospital de Jardín América, hijo de Santa Moreira y Emilio Martínez, domiciliados en Puerto Leoni, quienes lo entregaron con fines adoptivos en la Defensoría Oficial de Puerto Rico.

Su nueva familia lo inscribió en el Renaper como Matías Ezequiel López, a partir de una sentencia judicial de adopción plena.

En 2013, con documentación apócrifa, pruebas falsas de ADN, y una retórica estremecedora, Matías Ezequiel López, de 20 años, consiguió que la justicia le reconociera su nueva identidad.

Así nació el personaje de Adrián Martínez Moreira. Más tarde agregaría “de Zanotti” a su apellido, en referencia a Pablo Zanotti, una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, en febrero de 2012, con quien el misionero aseguraba estar casado legalmente, lo que fue siempre desmentido por la familia del hombre.

Martínez Moreira visitó la tierra colorada en varias ocasiones. La primera vez fue el 16 de septiembre de 2013, en un taller debate que se realizó en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la Unam, sobre la calle San Lorenzo, en Posadas.

En 2014, en otro viaje a Misiones, el falso hijo de desparecidos retiró de la oficina del Renaper de Posadas, la nueva partida de nacimiento ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones, con la que finalmente consiguió su primer ejemplar de DNI como Adrián Martínez Moreira, el 5 de noviembre de ese año.

Desde entonces, según la base de datos del organismo estatal, renovó su DNI cinco veces, y ahora va por el ejemplar F, con fecha de emisión el 20 de abril de 2022.

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Casi doce meses después de la noche que marcó el fin de sus días en libertad, el rosarino que en julio de 2023 cayó con un automóvil envainado con arsenal de pistolas y fusiles de diferentes calibres en una dársena del puente internacional San Roque González de Santa Cruz fue condenado a 6 años de prisión.

El implicado se trata de Mauricio Alberto Pérez Borzollino (54), quien recientemente firmó un acuerdo de juicio abreviado en el cual aceptó ser condenado a la pena de 6 años de prisión como autor del delito de “contrabando de armas en grado de tentativa”, acta que esta semana fue transformada en sentencia por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.

De esta manera, el rosarino deberá continuar purgando su pena en una celda de la Prisión Regional del Norte -Unidad 7-, recinto ubicado en la localidad chaqueña de Resistencia y dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El hecho que derivó en esta sentencia se registró en la noche del 29 de julio del año pasado, cuando un Ford Ka llegó al puesto de migraciones en la cabecera argentina del puente que une Posadas con Encarnación.

En esa instancia, Borzolino se sometió al control documentológico pero cuando un agente de Afip-Aduana alumbró en un orificio cercano a la salida del cinturón de seguridad advirtió que en su interior había un paquete.

Ante la sospecha de una maniobra delictiva, los funcionarios trasladaron el vehículo hacia el escáner del organismo y así detectaron que el rodado estaba repleto de objetos ocultos en doble fondos especialmente preparados.

El procedimiento en el puente se registró en julio del año pasado.

El siguiente paso fue abrir esos compartimientos y en esa instancia se toparon con un arsenal. Según las especificaciones plasmadas en la sentencia, lo incautado consistió en cuatro pistolas semiautomáticas marca Canik modelo TP 9 con accesorios; siete fusiles/escopetas semiatuomáticas marca Deyra modelo DR90 con accesorios; y un fusil/escopeta semiautomático marca BCM, modelo XM 15-20 con accesorios, este último calificada como arma de guerra y de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.

Todas las armas fueron sometidas a pericias balísticas y todas se encontraban aptas para disparar.

“El imputado nombrado, no solo intentó eludir y engañar al servicio aduanero, al ocultar de manera muy suspicaz los armamentos y municiones en el interior del rodado para que estos no fueran vistos a simple vista por los agentes aduaneros, sino también se vio en riesgo la seguridad común, dada la naturaleza de los elementos (armas de guerra y municiones), y la cantidad que fueron secuestradas”, consigna el fallo dictado por el TOF posadeño.

Ante esto, el rosarino Borzollino fue condenado a la pena de 6 años de prisión, en tanto que la Justicia dispuso que el arsenal incautado sea puesto a disposición de Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

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Los principales acusados por el homicidio del preventista cárnico Nicolás Junior D’Amico (35), ultimado a fierrazos en un abasto de Oberá y luego incinerado dentro de su auto en cercanías a Leandro N. Alem, fueron condenados a 24 y 20 años prisión, mientras que los restantes mientras que otros cuatro imputados recibieron penas de entre 4 y 1 años de cárcel.

La sentencia fue dictada esta tarde por el Tribunal Penal Uno de Oberá y las mayores penas alcanzan a Diego Ramón Benegas (40) y Jonathan Emanuel “Yoni” Gutiérrez (31), quienes recibieron 24 y 20 años de prisión, respectivamente, tras ser declarados autores del delito de homicidio simple. Habían llegado a debate acusados de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, que contemplaba prisión perpetua. 

Por su parte, Gustavo Germán Benegas (36) y Diego Orlando Gutiérrez (33) -hermanos de los primeros- recibieron penas de 5 años de cárcel y a Gustavo Ramón García (33) se le impuso una condena de 4 años de prisión. Todos fueron considerados partícipes secundarios del mismo delito.

Contra estos cinco imputados el tribunal dispuso la revocación del beneficio de excarcelación que gozaban y fueron detenidos dentro dentro del recinto judicial para luego ser trasladados a la Unidad Penal II de Oberá, donde deberán purgar las penas establecidas.

Sobre los restantes dos acusados que llegaron a juicio, Guillermo Andrés Burkiewicz recibió 1 años de prisión en suspenso por haber entregado un arma de fuego a Benegas, considerado “ilegítimo usuario” por no tener permiso de portación, en tanto que el ex policía Sebastián Rockenbach fue absuelto por el beneficio de la duda, según consignó El Territorio.

El fallo, dictado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba, no se ajustó a lo solicitado por el fiscal Elías Bys y por la querella encabezada por el letrado Claudio Katiz, quienes habían pedido penas de prisión perpetua.

La pesquisa trazada, con intervención determinante del personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), estableció que el 21 de octubre de 2015 D’Amico fue ultimado a fierrazos dentro del abasto La Rueda de Oberá y posteriormente su cuerpo fue trasladado en su Volkswagen Bora hasta El Chatón, donde fue rociado con combustible e incinerado.

La principal sospecha es que Diego Benegas y Jonathan Gutiérrez fueron quienes propinaron la golpiza mortal, con el objetivo de evadir una deuda de 350.000 pesos que la víctima pretendía cobrar como empleado de un frigorífico bonaerense.

El resto de los implicados quedaron bajo la lupa por colaborar tanto en el traslado del cadáver como en limpiar el escenario del crimen, aunque las pericias de la Saic de igual manera permitieron reconstruir lo sucedido.

FOTO: El Territorio

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