Judiciales
Ni con Patricia Méndez, ni con su abuela: beba fue entregada a familia adoptiva
Finalmente, y a pesar de la aparición de la abuela biológica de la niña, la Justicia avanzó con el proceso de adopción y esta mañana le quitó la guarda de la beba a Patricia Méndez, la posadeña que la semana pasada hizo público el caso que comenzó en enero, cuando acogió a una recién nacida en condiciones de vulnerabilidad y luego denunció las irregularidades del proceso. A partir de hoy, la pequeña estará a cargo de una familia adoptante.
El caso se hizo visible la semana pasada, pero en realidad comenzó a fines del año pasado, cuando a Méndez le propusieron hacerse cargo de manera provisoria de una bebé recién nacida cuya madre se encontraba en un contexto de extrema vulnerabilidad.
La posadeña, que es madre de otros tres hijos, contó que aceptó el ofrecimiento con la intención de ayudar y a sabiendas de que no se encontraba inscripta en ningún programa de acogimiento, ni de familia sustituta. La mujer denunció esa como la primera de otras de tantas irregularidades que advirtió en el proceso, que se extendió durante once meses, llegando ahora a una situación límite.
Méndez sostuvo que en todo ese tiempo ningún organismo atendió las necesidades de la niña ni tampoco realizó algún tipo de seguimiento, hasta que a partir de sus propios reclamos se reactivó el proceso de adopción, aunque para ese entonces la mujer ya había decidido en solicitar la guarda definitiva de la niña, lo que la Justicia desestimó.
Tras hacer pública la historia, el caso tuvo un contundente giro el fin de semana, cuando la abuela materna de la beba apareció reclamando la tenencia que, por derecho, le correspondía.
Según Méndez, la abuela biológica de la niña se enteró por los medios que tenía una nieta y de inmediato se puso en contacto con ella.
Allí la mujer le manifestó que no sabía que su hija había tenido una bebé y sostuvo que la Justicia misionera nunca la buscó para constatar si estaba en condiciones de hacerse cargo del cuidado o si bien debían iniciar un proceso de adopción para encontrarle un hogar a la menor que cuya guarda estaba en manos de Méndez.
“La aparición de la abuela biológica cambió absolutamente todo, porque nosotros estábamos pidiendo una guarda considerando el estado de la salud de la menor, que se nos otorgue una guarda y la posibilidad de competir como adoptantes, teniendo en cuenta un montón de cosas que le presentamos al juez”, expresó Méndez a La Voz de Misiones, durante una transmisión en vivo realizada hoy en las escalinatas del Palacio de Justicia, donde se concretó la última audiencia y tuvo que entregar a la bebé que cuidó desde enero.
La posadeña también explicó que Blanca, abuela biológica, por medio de su abogada Valeria Perego, solicitó acceso al expediente que se tramita en el Juzgado de Familia Dos de Posadas, a cargo del magistrado Roberto Andersson Frank, para interiorizarse en el caso y hacerse cargo de la niña, pero no obtuvieron respuestas.
“Ella nunca fue contactada, es una persona que vive en Santa Inés (Garupá). Ante eso, se puso en contacto con una abogada y el lunes presentó un escrito donde pidió la nulidad del estado de adoptabilidad, la guarda, porque es su abuela y está en condiciones de cuidarla, y que además que se investigue el posible delito de sustracción de menores”, precisó Patricia.
Y, en esa línea, apuntó: “A partir de que ella hace la denuncia, esta gente que trabaja acá adentro -por el Palacio de Justicia- empezó a apresurar todos los instrumentos legales posibles para arrebatarnos a la menor, cosa que finalmente hicieron hoy, supuestamente en la tercera entrevista de vinculación”.
Blanquear el proceso
Visiblemente conmocionada por la situación, la mujer volvió a remarcar las irregularidades de los organismos del Estado que durante un año -asegura- no realizaron un seguimiento del caso e “hicieron abandono” de la menor.
Esta mañana, tanto Méndez como Blanca se presentaron en las oficias del juzgado interviniente y se despidieron de la niña. “Hoy se presentó la abuela con su abogada y no solo que no le dieron acceso al expediente original, sino que además le inventaron una causa nueva, para no vincularla al expediente. Estamos convencidos de que está lleno de irregularidades administrativas, informes que se inventaron y que por eso no lo quieren mostrar”, denunció la mujer.
Sobre la situación de la madre biológica de la beba, Méndez señaló que “jamás buscaron a su familia. Ella tiene siete hermanos y ninguno sabía que tenían una sobrina que acaba de ser entregada en adopción”.
Y lanzó: “Yo digo están entregando menores aparentemente de manera legal, donde los papeles dice que hizo todo legal, pero cuando vos mirás el procedimiento está todo inventado y para eso tenés que tener demasiada gente laburando con vos. Entonces estamos hablando de una red de tráfico de menores, donde acorralan a los pobres que no tienen recursos, traen los bebés, hacen los papeles y se los llevan al interior, porque está criatura se fue al interior”.
Aún conmocionada, Méndez recordó cómo fue el encuentro con la abuela de la niña, con quien comparten el deseo de su cuidado. “Nos reunimos y era un solo llanto. A mí me angustió mucho darme por enterada en ese momento que de verdad están cometiendo un delito y cuando ella me dice que está en condiciones y quiere a su nieta, yo en ningún momento me opuse. Al contrario, me puse a disposición de ella y de lo que la familia necesite para poder pelear por sus derechos, más que nada para blanquear el proceso, porque si la nena va a ir en adopción que estén los papeles legales”.
La abuela buscará recuperar a la niña
Por su parte, la abogada de la abuela, Valeria Perego, sostuvo: “Cuando ella se enteró por los medios que existía esta niña quería poder tener la guarda y cuidarla. Nosotros hicimos la presentación el lunes y hasta el día de hoy no tuvimos respuestas, en ese ínterin el juez decide darla en adopción”.
En ese punto, la letrada expuso: “Al juez le dijimos ‘usted no pudo frenar el procedimiento ante un hecho nuevo de suma gravedad para decir espero y veo qué resuelvo’. Lamentablemente él siguió el procedimiento como si nada, jamás se contactó a la familia de origen, es realmente grave lo que pasó”.
La abogada Perego confirmó a LVM que continuarán trabajando con la familia biológica de la niña para recuperar su guarda: “Yo todavía no estoy vinculada al expediente, el juez me dijo que algo va a salir el viernes, no sé qué es, y depende de eso, vamos a seguir hasta el final”.
Pese a los últimos acontecimientos que tuvo el caso, el proceso judicial de adopción avanzó este miércoles y la pequeña de un año fue entregada a una familia de Puerto Rico por orden del magistrado Andersson Frank.
“Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, así tengamos que llegar a los tribunales de la Nación, porque esto hay que denunciar, yo no puedo ser cómplice, vamos a agotar todas las instancias judiciales”, cerró Patricia Méndez en entrevista con LVM.
Posadeña pide la guarda definitiva de una beba que acogió en enero
Judiciales
Mieres se declaró culpable y firmó un abreviado por la tragedia en la Costanera
Ocho meses después del trágico accidente vial que le costó la vida a dos estudiantes secundarios posadeños, el joven que iba al volante del vehículo siniestrado firmó un acuerdo de juicio abreviado por 3 años de prisión de suspenso, 10 de inhabilitación para conducir y tareas comunitarias, sentencia que -de confirmarse- especialistas en derecho consideran como ejemplar, dado que el imputado se trata de un menor de edad.
El acuerdo propuesto por la fiscal María Laura Álvarez se rubricó este mediodía, con el visto bueno del propio imputado, Tomás Mieres (17), de su abogado y el de los padres de los fallecidos Juan Cruz Martínez y Luca Ceballos. Todos ellos concurrieron hoy a la Fiscalía Correccional y de Menores para firmar el acta y lo hicieron en forma separada para no cruzarse, según indicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
De esta manera, Mieres se reconoció culpable del delito de “doble homicidio culposo y lesiones graves (dos hechos) en accidente de tránsito, todo en concurso real”, y aceptó ser condenado a 3 años de prisión en suspenso, 10 de inhabilitación y al cumplimiento de tareas comunitarias una vez que alcance la mayoría de edad en marzo de 2025.
Será ahora la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, la encargada de analizar el documento firmado y homologarlo, lo que implica transformar el acuerdo en sentencia firme.
“Ejemplar” y “ajustado a escala”
Bajo estas condiciones, Mieres no irá a la cárcel, pero fuentes tribunalicias y especialistas en derecho de igual manera calificaron lo firmado como un “fallo ejemplar” y “ajustado a escala”.
“Es una condena ejemplar porque está conforme a la escala de la tentativa. Hay que tener en cuenta que el imputado era menor de edad al momento del hecho, entonces se aplica una pena conforme a la escala de la tentativa. Más que eso no iba a tener y mucho menos iba a tener pena de prisión efectiva al ser menor”, explicaron las voces consultadas por este medio.
Para ahondar más en la cuestión, compararon el acuerdo con lo recientemente dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el caso Matías Zielinski (24), que en juicio fue condenado a 4 años de cárcel efectiva, pero tras una revisión la pena se le redujo a 3 en suspenso.
“A Zielinski, que era mayor de edad y que venía zigzagueando por la Quaranta, alcoholizado y que provocó dos muertes, el STJ le bajó la pena a 3 en suspenso y así recuperó la libertad. Por eso este fallo sería ejemplar y debería servir como mensaje para la juventud, como para que esto no se vuelva a repetir”, agregaron.
Velocidad e imprudencia
El accidente que enlutó a la comunidad posadeña se registró el 11 de abril de este año, en una rotonda entre las avenidas Costanera y Comodoro Rivadavia, en inmediaciones a la playa de El Brete.
El hecho ocurrió a las 13.55, mientras Mieres conducía un Peugeot 207 y se dirigía al colegio Santa María junto a cuatro compañeros, dos de los cuales, Juan Cruz Martínez y Luca Ceballos, fallecieron tras una agonía de seis días en el hospital Madariaga.
En el requerimiento de elevación a juicio del expediente, formulado en julio, la fiscal Álvarez hizo especial hincapié en las pericias accidentológicas, las cuales concluyeron que al momento del siniestro el Peugeot 207 conducido por el adolescente circulaba a unos 100 kilómetros por hora, siendo que el máximo de velocidad establecido para esa zona es de 20 km/h.
Las mismas labores periciales reconstruyeron que, como consecuencia del exceso de velocidad y de una maniobra imprudente, el rodado derrapó y tanto las ruedas delanteras como traseras entraron en contacto con el cordón cuneta, lo que provocó que instantes después impactara contra la parte trasera de una camioneta estacionada y finalmente volcara en dirección hacia la vereda del carril contrario.
Tras el impacto, todos los adolescentes resultaron gravemente heridos, siendo el conductor y otro adolescente hospitalizados de manera particular por el dueño del Peugeot, mientras que los restantes quedaron a la espera de una ambulancia y dos de ellos perdieron la vida días después.
Judiciales
Recibió 13 años de prisión por asesinar de una puñalada a su vecino en Oberá
El Tribunal Penal Uno de Eldorado condenó este martes a la pena de 13 años de prisión a David Mechkalo, más conocido como Gordo, por el homicidio de su vecino Paulo Rodríguez (29), cometido en Oberá el 9 de diciembre de 2022, luego de los festejos por el pasaje de Argentina a las semifinales del mundial de Qatar.
Mechkalo fue declarado penalmente responsable del delito de “homicidio simple” y recibió un castigo de 13 años de prisión, dos menos del monto de pena que previamente había solicitado el fiscal David Milicih durante la ronda de alegatos desarrollada hoy mismo, luego de la indagatoria al acusado y a la recepción de varias testimoniales.
Ante el tribunal integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Julio Carvallo (subrogante), Mechkalo hoy se desligó del crimen. Durante su indagatoria afirmó que no conocía a Rodríguez, alegó que fue la víctima quien lo increpó y negó la tenencia de un arma blanca.
“Yo no tenía ningún arma ese día. En el forcejeo yo vi que él sacó algo de la cintura y se ve que en el forcejeo él se habrá hincado, porque yo no tenía nada”, narró el acusado, que llegó a esta instancia detenido y así continuará durante varios años más.
En los alegatos, el fiscal Milicich consideró acreditado el hecho y la autoría por parte de Michkalo. En base a la declaración brindada por los testigos, el funcionario argumentó que el crimen estuvo motivado por un conflicto de vieja data que el acusado mantenía con la víctima.
Narró que durante toda la tarde de aquel 9 de diciembre, mientras Argentina disputaba su encuentro contra Holanda, Michkalo amenazó a Rodríguez, prometiéndole la muerte de manera insistente y ante la vista de varios vecinos del barrio Villa Gunther.
“Es decir. Horas antes de que lo apuñale, Michkalo había dicho que lo iba a matar. Y otra cosa importante a mencionar es que la víctima ese no tenía remera, tenía un short solamente. No hay un solo testigo que diga que era Rodríguez el que tenía un cuchillo. El testigo ve a Michkalo con el cuchillo, ve que lo apuñala y dice que cuando el imputado salió corriendo iba gritando ‘lo hinqué, lo hinqué’”, desarolló el fiscal antes de pedir 15 de prisión para el implicado.
Tras el fiscal, alegó el defensor Matías Olivera, quien solicitó la absolución de Michkalo, aunque el tribunal se inclinó por la condena.
Juzgan al acusado por el homicidio de Paulo Rodríguez en Oberá
Judiciales
La fiscalía solicitó elevar a juicio la causa contra los hermanos Kiczka
La fiscal Silvia Barronis firmó ayer el requerimiento de elevación a juicio del expediente que investiga a los hermanos Germán (44) y Sebastián Kiczka (47), acusados por tenencia de archivos Masi, aunque al mayor de ellos también se le imputa un hecho de abuso sexual sin acceso carnal.
La resolución fue elevada ayer al juez Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, que ahora tendrá que correr vista de la presentación a la defensa de los imputados y luego de ello dictaminar la elevación a juicio de la causa que sacudió a la provincia.
Según averiguó La Voz de Misiones, en su presentación la fiscal Barronis solicitó que el ex diputado Germán Kiczka responda en juicio oral imputado por el delito de “tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad, varios hechos, en concurso real”, que prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión.
A su hermano Sebastián Kiczka le imputó por el mismo delito, sumado a un hecho de “abuso sexual sin acceso carnal”, lo que agrava su situación procesal. Ambos implicados están presos en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul desde comienzos de septiembre.
Se estima que, una vez concretado la elevación a juicio, el expediente sea remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades deberán programar el inicio de las audiencias teniendo en cuenta la agenda de debates ya organizada para 2025.
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