El juicio contra el narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (48) no solo decretó un futuro de encierro para él, sino que también marcó el fin de los días en libertad para su primo Eduardo Javier Martínez (40), antiguo hombre de confianza en sus maniobras de narcotráfico y a quien en pleno debate oral acusó de “traidor”.

“Él tiene que ser hombrecito y presentarse, hacerse cargo de los hechos, como estoy yo acá. Él señor Martínez no está acá porque es un colaborador también de la Prefectura. Él me trajo a mí hasta acá, entregándome, igual que Negrito Gómez”, lanzó Rojas, entre otras tantas revelaciones explosivas y muchas de ellas carentes de sustento, el pasado 2 de septiembre al momento de declarar por tercera vez ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.

No era la primera vez que la figura de Martínez tomaba un rol casi protagónico en el debate, dado que su nombre también fue mencionado en varias oportunidades durante la audiencia del 1 de agosto, cuando se reprodujo una de las escuchas telefónicas más esclarecedoras del expediente que investigaba a Rojas por el asesinato de su antiguo colaborador Aldo Andrés “Polaco” Canteros (33), perpetrado el 5 de agosto de 2018 en Gobernador Roca.

“El Polaco de la chacra … Te cuento, nos jugó sucio sucio… nos apretaron hoy entre 4 tipo ahí me mataron.… ¿entendé? Le di a él, le di al compinche, a otro, no sé a los que estaban ahí no sé, me cayeron corté gorra viste, ¿entendé?… le volé la cabeza….”, es parte de la transcripción de aquella llamada que Rojas hizo el 5 de agosto de 2018, a las 23.07, es decir, apenas unas horas después del crimen.

Quien esa noche estaba del otro lado del teléfono era, justamente, Martínez, su primo y mano derecha por aquel entonces en las operaciones de tráfico de estupefacientes que Rojas orquestaba desde la clandestinidad, ya que sobre sus espaldas pesaba un pedido de captura internacional, aunque la Prefectura ya lo tenía localizado, pero esperaba para agarrarlo in fraganti.

La que brindó más detalles de esa conversación clave fue una ex pareja de Martínez, quien estaba junto a él al momento de la llamada y al declarar como testigo ante el TOF también ahondó en la relación de extrema confianza que mantenían los primos.

El Negro Rojas -a la derecha, arriba- está preso en Marcos Paz y fue condenado a perpetua el viernes.

“Ellos se tenían mucha confianza, era amigos, se decían primos. Siempre que hablaban él se apartaba de mí porque Rojas no es una persona que confíe mucho en las personas”, describió la mujer, que en la continuidad de su relato brindado en esa misma audiencia del 1 de agosto también recordó haber participado de algunas maniobras de transporte de estupefacientes.

Por aquel entonces, Martínez también estaba marcado. Y bien marcado. Los investigadores no solo que tenían identificada su línea telefónica, sino que además conocían su rostro, dado que lo captaron junto a Rojas durante una de las tareas de vigilancia encubierta, pero el crimen de Canteros movió tanto el avispero que varios de los involucrados se dispersaron aprovechando que el sindicado narco-sicario se transformó en el objetivo más inmediato.

Fue así que Martínez logró mantenerse alejado de todo el escándalo que rodeó a Rojas, que a medida que pasaban los meses sumaba más y más fojas a su extenso prontuario, concitando además la atención de los medios porteños por su perfil de “capo narco” capaz de mandar a matar a jueces con mano de obra criminal brasileña.

Nombrado, buscado y detenido

Su primo, todo lo contrario. Procuró no llamar la atención y continuar como si nada hubiera ocurrido. Y así fue hasta ahora, que su nombre volvió a tomar protagonismo y nada pasó desapercibido para la fiscalía federal que encabeza Vivian Barbosa, que en medio del debate oral requirió una serie de medidas para conocer el estado de situación del implicado.

La investigación preliminar estableció, entonces, que Martínez residía en Puerto Iguazú, que trabajaba en un taller mecánico y que incluso registraba reiterados cruces migratorios, principalmente a la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, lo cual terminó siendo clave para que el TOF posadeño ejecute una orden de detención que estaba vigente en su contra, según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante altas fuentes consultadas.

Fue así que el martes pasado -tres días antes de la condena a perpetua dictada contra Rojas- una comisión de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) golpeó la puerta de su casa y lo detuvo sin más. Martínez no se la esperaba y tampoco podía hacer mucho: desde febrero se encuentra en silla ruedas como consecuencia de un accidente de tránsito protagonizado mientras circulaba en moto por las calles de Foz de Iguazú.

Ahora, Martínez se encuentra alojado en una celda del Escuadrón 13 de GNA, a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, y será investigado por su presunta participación en actividades narco junto a Rojas, quien lo delató y lo acusó de “traidor” en pleno juicio.

Martínez, ubicado en Puerto Iguazú y detenido el martes pasado.

Rojas acusó de traición a su primo: “Debería ser hombrecito y presentarse”

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Doce trabajadores, en su mayoría sindicalizados, de la sanidad pública están formalmente acusados de tomar el Ministerio de Salud y obstruir el tránsito en las calles aledañas al edificio durante las protestas multisectoriales por salarios que movilizaron a la provincia en mayo y algunos de ellos ya comparecieron en audiencias de declaración indagatoria ordenadas por el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del magistrado Ricardo Balor.

Juan “Chito” Pasaman, secretario de organización de la CTA y uno de los trabajadores acusados, compareció ayer en el juzgado donde le comunicaron los hechos que le endilgan a él y a otros once compañeros de salud.

Sobre las acusaciones, el referente sindical dijo a La Voz de Misiones: “Estábamos ahí producto de decisiones colectivas, en vigilia, esperando la respuesta del ministro (Héctor González)”.

Chito negó que el ministerio estuviera tomado durante los días de acampe que mantuvieron para reclamar un aumento al salario del 100%, por la perdida del poder adquisitivo de los trabajadores ante los altos índices de inflación que se registraron principalmente en diciembre (25,5%), enero (20,6%) y febrero (13,2%).

“Todos los trabajadores entraron y salieron cuando tenían que entrar y salir. Esto está armado para asustar a alguien que todavía tiene dudas si tiene que defender sus derechos, el derecho a protestar, un derecho constitucional”, afirmó el referente sindical sobre la judicialización de la protesta.

En esa línea, Pasaman enfatizó: “La inflación había superado el 100% de octubre para mayo, mientras que el aumento del sueldo era 22%, los trabajadores de salud estábamos hambreados y endeudados, por eso estamos ahí peleando por salarios dignos”.

Respuesta sistemática

El secretario de organización de la CTA comentó que, en sus más de 30 años de militancia y movilización en Misiones, es la primera vez que tiene una causa judicial en su contra por luchar por los derechos de los trabajadores de la sanidad.

“La forma en que la democracia ha tomado para resolver los problemas de los trabajadores de salud nos preocupa a nosotros, porque estamos judicializados nosotros, pero también los docentes y otros trabajadores. Es decir, no es una respuesta aislada del gobierno, es una respuesta sistemática“, cuestionó Pasaman en entrevista con LVM.

En ese contexto, expuso que el sector de salud pública de la provincia viene “reclamando salarios hace muchos años” y que ante los reclamos siempre fueron convocados por el gobierno en los ministerios de Salud, Trabajo o Hacienda, por lo cual: “Es llamativo que ahora sea la Justicia Penal la que nos convoque”.

Por último, Pasaman sostuvo que continuarán reclamando por salarios dignos: “Hoy todos ganamos menos que en octubre pasado. Necesitamos un 30% para recuperar el poder adquisitivo”.

En la jornada de hoy, comparecieron ante la Justicia tres trabajadores que prestan servicio en los hospitales Baliña, Favaloro y de Puerto Esperanza. Todos se abstuvieron de declarar por recomendación de su abogado, mientras se espera que se realicen más indagatorias a otros involucrados.

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El pedido de prisión perpetua efectuado por el fiscal Martín Alejandro Rau contra uno de los imputados por el asesinato a puñaladas del prestamista colombiano Gustavo Gallego Rojas (32) no prosperó y el acusado finalmente fue condenado por un delito menos gravoso, recibiendo prácticamente la mitad de la pena que la fiscalía consideraba pertinente.

Brayan Damián Casso Acosta (29) llegó a instancia de juicio imputado por el delito de “homicidio agravado por criminis causa en concurso real con robo”, calificación que el fiscal Rau mantuvo a la hora de exponer su acusación final hoy a la mañana, aunque el Tribunal Penal Uno de Posadas eliminó el agravante y falló en línea a un homicidio simple, que en lugar de perpetua preveía un máximo de hasta 25 años de prisión.

El fallo de los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y Fernando Verón (subrogante) fue alcanzado por unanimidad y estableció una pena de 16 años de prisión para Casso Acosta como autor penalmente responsable de los delitos de “homicidio simple en concurso real con hurto”.

El segundo imputado en la causa, en tanto, José Ramón Ramírez (32), que llegó a juicio bajo la misma acusación que Casso Acosta, fue condenado a 8 años de prisión como partícipe secundario de “homicidio simple” y coautor de “hurto”.

La sentencia 36/2024 del tribunal posadeño fue leído esta tarde, minutos después de las 14, lo que marcó el cierre de una larga audiencia de debate que comenzó a las 8.30 con el alegato de las partes. La lectura de los fundamentos del veredicto fue fijada para el próximo 15 de octubre. 

Casso Acosta, junto a su abogada Lilia Vargas, instantes antes de ser retirado del tribunal esposado y en un móvil del SPP.

Pedidos de perpetua

La jornada fue larga. Arrancó con una breve exposición final planteada por el abogado querellante particular Raúl Ignacio Peña, quien consideró a los imputados como coautores de homicidio agravado y pidió la prisión perpetua para ambos.

“Fue una empresa criminal porque ambos tuvieron participación activa en el resultado. Gustavo era un hombre fuerte y está en la naturaleza humana luchar por la vida. Jamás se hubiese permitido entregarse a una muerte segura sin luchar. No hubiera sido posible el resultado muerte sin la participación activa de ambos imputados. Cada uno cumplió un rol”, postuló.

“Los detalles del caso los dejaré en manos de la fiscalía, que hará una exposición magistral al respecto”, agregó y así fue porque, inmediatamente después, el fiscal Rau inició un alegato que se extendió durante casi dos horas, acompañando su presentación con diapositivas proyectadas en la sala y repasando cada uno de los testimonios recolectados durante el proceso, tanto de los testigos como de los propios imputados.

Rau reconstruyó que el crimen de Gallego Rojas fue perpetrado el 27 de febrero de 2021, entre las 22.30 y las 23, cuando ambos imputados llegaron de sorpresa a su departamento ubicado sobre la calle Divino Verbo, en la chacra 103 del barrio Yacyretá de Posadas, donde fue asesinado a puñaladas.

El fiscal sostuvo que ambos imputados vinieron exclusivamente desde Corrientes a cobrar un dinero que le reclamaban a Gallego Rojas, además de una moto que la víctima utilizaba de prestado, aunque apuntó un grado de mayor responsabilidad contra Casso Acosta.

“Yo creo acreditado que ambos vinieron a cobrar esa plata y que Brayan Casso llevó a cabo este hecho tomando esa caja fuerte y esa moto. La prioridad de Brayan era hacerse de las cosas a como dé lugar. Ha matado para robar la moto y el dinero. Habrá recibido oposición y le metió 20 puñaladas”, graficó Rau sobre su teoría del caso.

El fiscal Martín Rau pidió prisión perpetua para Casso Acosta en su alegato.

En su alegato, el fiscal hice mención a gran parte de la declaración vertida por Casso Acosta en el inicio del juicio, instancia donde el imputado aseguró que él estaba amenazado por la víctima y que esa noche en realidad se defendió de un primer ataque efectuado por Gallego Rojas.

Para Rau nada de ello fue creíble, dado que “su relato de los hechos no encuentra coincidencia con la prueba” y fustigó que “él siempre tiene contradicciones con lo que la prueba dice. No se acuerda de los hechos que lo incriminan, pero de los otros sí. Es raro”.

El fiscal también ponderó aquellos testimonios que daban cuenta de que Casso Acosta era el que le debía dinero a Gallego Rojas y no al revés como planteó el acusado, al tiempo que resaltó las tres huellas genéticas que ubicaron al imputado en la escena del crimen.

En base a lo expuesto, solicitó la pena de prisión perpetua para Casso Acosta como autor de “homicidio agravado criminis causa en concurso real con robo”, mientras que para Ramírez pidió 15 años de cárcel como “partícipe secundario”.

“No puedo acreditar que en el dolo de Ramírez haya tenido la misma intensidad que se le puede adjudicar a Casso”, fue su conclusión.

“Película” y “emoción violenta”

Mario Ramírez, defensor oficial del imputado de apellido homónimo, al momento de alegar difirió de las conclusiones vertidas por la querella y coincidió en parte con la tesis planteada por la fiscalía al considerarlo “partícipe secundario” y no “coautor”, como estaba inicialmente calificada su acusación.

“El hecho no fue consumado por él. En la gresca que terminó con la muerte Ramírez tiene, por supuesto, un rol mucho menor. Hay todo un contexto que le es totalmente extraña al señor Ramírez. Su aparición en este escenario es totalmente circunstancial”, sostuvo el defensor oficial.

Para Ramírez, el agravante de “criminis causa”, que significa cometer un delito para ocultar otro, no quedó probado y, por ende, solicitó que su defendido sea condenado como “partícipe secundario” de homicidio simple y que reciba el mínimo de la pena prevista bajo esa calificación (8 años).

La mayor respuesta al alegato acusatorio provino de parte de la letrada Lilia Vargas, abogada particular del también colombiano Casso Acosta, sobre quien recaía el mayor monto de pena requerido.

El defensor oficial Mario Ramírez junto al otro imputado, el posadeño José Ramón Ramírez.

“Una hermosa creación cinematográfica. Han creado eso”, arrancó Vargas y arremetió contra el experimentado fiscal Rau: “El fiscal no está obligado a acusar. Está incumpliendo, creando una historia inexistente o suponiendo. Acá no hay que venir buscando un desafío o un crecimiento personal”.

La letrada ajustó su exposición al relato brindado por su defendido. Vargas admitió que entre Gallego Rojas y Casso Acosta hubo “un problema de negocios”, pero afirmó que el amenazado era su cliente, quien como consecuencia de ello decidió irse un tiempo a Corrientes porque “temía por su integridad física”.

“Él dijo que no sabía de dónde saco coraje para volver. Dijo que Gustavo le pidió que vuelva y Brayan volvió para aclarar la situación, porque no se puede vivir con miedo. Si Brayan no respondía a su invitación, qué garantías tenía de que no lo hubiera ido a buscar si él sabía dónde él vivía. ¿Estamos pidiendo que se deje matar para tranquilidad de la película?”, retrucó.

Vargas mantuvo la teoría dada por su pupilo, la cual sostenía que dentro del departamento de Gallego Rojas se inició una gresca en la que Casso Acosta intentó calmar a su atacante pero la “vehemencia y reiterancia” de las agresiones produjo “un estallido emocional” en el imputado.

“El criminis causa es un absurdo. Mi defendido nunca tuvo la intención de preparar ni consumar otro delito. Las lesiones son producto de una pelea. Brayan tuvo un arrebato emocional que aminoró su capacidad de reacción”, se explayó.

En consecuencia, Vargas, que también acusó “discriminación” contra su defendido, solicitó que el caso sea considerado como un homicidio perpetrado bajo los atenuantes establecidos por la “emoción violenta”, figura prevista en el artículo 81, inciso a, del Código Penal, el cual prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión.

Los jueces Verón, Bernie y Cukla, en plena deliberación antes de la sentencia.

Culminada la etapa de alegatos, el tribunal dispuso un cuarto intermedio para deliberar y pasada las 16 regresó al recinto de debates con la sentencia firmada.

Tanto Casso Acosta como Ramírez se retiraron del edificio tribunalicio esposados y en un móvil de un Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que los iba a conducir a sus respectivos recintos carcelarios de alojamiento para que purguen las penas impuestas.

El mayor beneficiado con el fallo dictado hoy fue Ramírez, quien por la pena recibida y por el tiempo que ya lleva detenido desde 2021, estaría muy pronto a acceder a determinados beneficios previstos por ley en el tratamiento penitenciario, como ser, en principio, las salidas transitorias.

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