Alberto Germán Rosas (64), el ex agente aduanero acusado de asesinar a puñaladas a su cuñado Roberto Andrés Ríos (58) durante una discusión mantenida en plena vía pública del microcentro posadeño, firmó un acuerdo de juicio abreviado por casi el mínimo de la pena contemplada bajo la imputación de “homicidio simple” que tenía en su contra.

La causa tuvo fecha de debate oral fijado a mediados de 2023, pero se postergó y fue reprogramado para este año. Sin embargo, en las últimas horas las partes arribaron a un acuerdo para resolver la cuestión mediante la vía de un juicio abreviado, instancia en la cual el imputado debió reconocer su responsabilidad penal en el hecho. 

Según indicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el acta establece un acuerdo de pena por 8 años y 6 meses de prisión, aunque el documento ahora debe analizado y homologado por los magistrados del Tribunal Penal Dos de Posadas.

Discusión y crimen

El crimen de Ríos, conocido ingeniero y ambientalista, se registró durante la madrugada del 19 de septiembre de 2019, frente a su casa sobre calle Sarmiento, casi Jujuy, donde mantuvo una discusión con su cuñado Rosas, con quien había compartido la noche anterior para las viejas diferencias familiares volvieron a salir a luz de manera violenta. 

Y la discusión terminó de la peor manera. Ríos sufrió varias heridas de arma blanca y acabó muerto en la vereda de su casa, ante la vista de un vecino que alcanzó a oír sus gritos de auxilio. 

Rosas, por su parte, huyó de la escena a bordo de una camioneta Renault Duster Oroch que fue interceptada minutos después en la intersección de las calles Entre Ríos y San Luis. En su carrocería todavía quedaban grandes manchas de sangre fresca.

El ex agente aduanero quedó detenido varios meses, hasta que tiempo después obtuvo la prisión domiciliaria alegando cuestiones de salud. 

FOTO: Archivo El Territorio.

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El abogado Alejandro Jabornicky, titular del estudio jurídico que representa al Instituto Cristiano República Argentina (Icra) en la causa judicial por la muerte de la adolescente Juanita Sirimarco, disparó contra el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), y tachó a su presidente Antonio López Forastier de “montonero” y “ñoqui” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

En un escrito de varias páginas, Jabornicky se despachó contra el Cademis, al que calificó como “engendro de antigua data” y una “institución burócrata arcaica”, que “benefició, particularmente, a los últimos cuatro presidentes y a su reducida, alcohólica y adicta comitiva”, disparó.

Inoperantes

De estos “últimos cuatro presidentes” del Cademis, el representante jurídico del Icra apuntó al actual Forastier, y al hoy abogado de la operadora turística del viaje de la adolescente fallecida a Córdoba, Martín Ayala, que fuera titular del Cademis entre 2012 y 2016.

“Forma parte de una familia socialista y montonera que ha generado un profundo sentir de rechazo por pertenecer a lo que llamamos la vieja política”, dijo Jabornicky sobre Forastier y graficó: “Sólo ha sido un ñoqui más de la Empresa Binacional Yacyretá” (Sic).

“Destaco que entre ellos está Ayala Martín, abogado de la empresa de turismo Viaturex, que es el único responsable del viaje de Juanita”, escribió Jabornicky y acusó a su colega de ser “uno de los impulsores de la Caja y Obra Social de los abogados, particularmente una estafa a sus miembros”.

En otro tramo de su escrito, el abogado del Icra acusó a Ayala de operar en el Jockey Club Posadas con la Asociación Civil Interprofesionales Amateur de Deportes (Aciadep) para “apropiarse de sectores y terrenos que no les corresponden, bajo la noble idea de la práctica del fútbol”.

“De la Jugada Radical de la que formas parte con la LLA (La Libertad Avanza) te la reservo para la próxima”, amenazó.

“Esta dirigencia que se pasa de mano a mano y solo entre ellos, podemos decir que ‘solo son ellos’ los que han crecido a la luz de referencias en cargos públicos, siendo profundamente inoperantes en la actividad privada”, opinó Jabornicky y prometió: “Me reservo para la próxima detalles de los otros dos presidentes del gremio”.

Mala intención

El jefe del bufete que asesora al Icra, descalificó el comunicado de este miércoles donde el Cademis informa que Jabornicky tiene la matrícula cancelada desde 2017 y no puede ejercer en la tierra colorada.

“El comunicado está mal redactado y denota mala intención”, aseguró el letrado posadeño y explicó: “La respuesta es muy sencilla, Jabornicky se encuentra habilitado para el ejercicio profesional en el territorio provincial y Nación Argentina ante el servicio de Justicia Federal y sus competencias”.

Jabornicky opinó, asimismo, que este dato es “algo que, maliciosamente o por estupidez, obviaron mencionar los dirigentes de este gremio mal llamado Colegio”.

“Además, la sanción de la matricula profesional por parte un gremio provincial, implica violar, flagrantemente, un derecho constitucional y convencional de trabajar en la profesión elegida”, argumentó y aseguró que la sanción de 2017, cuando el Cademis le retiró la matrícula, es “inconstitucional” y “no importa la ratificación por parte del Superior Tribunal de Justicia”.

“La raíz del problema radica en que el reglamento por el cual me juzgaron no detenta el carácter de ley, y, por lo tanto, lo resuelto por ese engendro de antigua data es groseramente inconstitucional”, sintetizó.

Asimismo, Jabornicky recordó al Cademis que la resolución de 2021 del STJ que menciona en su comunicado “se encuentra con Recurso Extraordinario Federal”, interpuesto ante la Corte Suprema Justicia de la Nación, y que “no está firme ni consentida”.

El letrado rechazó también las advertencias del Cademis a los periodistas sobre las “consecuencias legales” de presentarlo como “abogado”, cuando no tiene la matrícula del Colegio profesional local.

“En ningún caso puede este gremio advertirles a los medios de comunicación pública cómo manejarse, porque ante todos soy y seré un profesional del Derecho (Abogado)”, afirmó Jabornicky, graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe.

También, cuestionó la legitimidad de la comisión directiva del Cademis y apuntó: “Aproximadamente, se encuentran obligados a pagar un canon al gremio alrededor de cinco mil abogados, pero los que asisten y votan en las asambleas que renuevan sus presidencias son no más de 100 abogados”.

“Les molesta la gente que trabaja. Son un grupo de burócratas obsecuentes y ridículos”, lanzó.

Jabornicky cerró su descargo con un mensaje a sus “actuales 3.773 clientes”, los “13 abogados y dos procuradores” de su estudio jurídico, donde volvió a arremeter contra sus colegas del Cademis.

“Les transmito que todo lo expresado por este gremio no me llega a conmover”, afirmó y aseguró: “Siempre los combatí y lo seguiremos haciendo por una sociedad mejor más libre, más justa y más verdadera”.

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El caso de la adolescente Juanita Sirimarco, fallecida el sábado en el Hospital de Pediatría, después de llegar en delicado estado de salud del viaje de egresados que hizo a Córdoba junto a sus compañeros del Instituto Cristiano República Argentina (Icra), desembocó en una controversia entre el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) y el estudio jurídico posadeño que representa a la escuela cristiana en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas.

Este miércoles, el colegio profesional que preside el letrado Antonio López Forastier sorprendió con un comunicado oficial en sus redes sociales, informando que el abogado Alejandro Jabornicky, cuyo bufete representa al Icra, “carece de matrícula profesional habilitante para ejercer la abogacía” en la provincia.

El comunicado, recuerda, asimismo, que el Cademis le canceló la matrícula profesional a Jabornicky el 8 de marzo de 2017, y que la resolución fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, cuatro años después, el 8 de abril de 2021, efectivizada por la Resolución 1421 del 27 de julio de 2023 y publicada en el Boletín Oficial el 14 de agosto siguiente.

En otro tramo del texto, el Cademis alude al tratamiento que la prensa le dispensa a Jabornicky, presentándolo con su título profesional de grado, y adelanta que el gremio profesional se encuentra analizando las “consecuencias legales” de estas menciones periodísticas.

“Asimismo, se informa que en razón de las notas periodísticas publicadas recientemente en las que los medios le asistirían el carácter de abogado representante, este colegio se encuentra abocado al análisis del caso para determinar las consecuencias legales derivadas de dichos actos ante la existencia de una posible transgresión al Código Penal”, observa el Cademis.

En el párrafo siguiente, el colegio profesional exhorta “a los medios de comunicación evitar la mención del ejercicio profesional de abogado en relación al citado ciudadano, ya que no se encuentra habilitado para ejercer la abogacía ni la procuración en todo el territorio provincial y por lo tanto no corresponde asignarle tal carácter profesional” y advierte que “ello podría derivar en serias consecuencias jurídicas” para la prensa.

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