Judiciales
Reprogramaron el inicio del juicio por el crimen de un prestamista colombiano
Tras una prórroga de último momento, el Tribunal Penal Uno de Posadas dispuso que se reprograme para el miércoles 14 el inicio del juicio oral por el crimen del prestamista colombiano Gustavo Gallego Rojas (32), ultimado a puñaladas en su departamento del barrio Yacyretá en 2021, hecho por cual hay dos imputados pasibles de ser condenados a prisión perpetua.
El debate tenía previsto comenzar mañana y extenderse durante un total de seis jornadas, pero en virtud de la imposibilidad de ubicar a cinco de los 37 testigos citados inicialmente, se resolvió conceder a una prórroga solicitada por la querella, encabezada por el letrado Ignacio Peña, y reprogramar el inicio de las audiencias para el miércoles de la semana próxima.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Viviana Cukla, Gustavo Bernie y Fernando Verón (subrogante), mientras que en representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá Martín Rau y como querellante particular actuará el mencionado Ignacio Peña.
El banquillo de los acusados estará ocupado por dos personas. Una de ellas es Brayan Daimán Casso Acosta (28), quien será defendido por la letrada particular Lilia Vargas, mientras que su consorte de causa es Juan Ramón Ramírez (29), que será representado por el defensor oficial Mario Ramírez.
Casso Acosta aguardaba el inicio del debate en prisión domiciliaria con tobillera electrónica, beneficio que le fue otorgado en junio luego de un planteo presentado por su abogada defensora al vencerse los plazos de preventiva.
Ahora, ante la inminencia del inicio de las audiencias, el extranjero fue detenido y deberá aguardar en esa condición hasta la próxima semana, aunque su defensa presentará un pronto despacho para resolver la cuestión.
Sobre Casso Acosta la expectativa es mayor dado que, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, se espera que en la primera audiencia de juicio brinde su versión de los hechos y declare por primera vez.
Ambos están imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por criminis causa y robo en concurso real”, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarados responsables del hecho.
Dicha calificación fue determinada por Patricia Clérici, titular de la Fiscalía de Instrucción Siete, en base a los diversos elementos de prueba recolectados a lo largo de la pesquisa.
Según pudo saber LVM, la teoría del hecho plasmada en el requerimiento de elevación a juicio de la causa indica que ambos acusados asesinaron a Gallego Rojas para robarle 70.000 pesos y una motocicleta, y que para cumplir con dicho ardid vinieron exclusivamente desde Corrientes.
Gallego Rojas fue asesinado en su departamento del barrio Yacyretá en 2021.
El crimen
El crimen del extranjero, de 32 años, fue reportado el 28 de febrero de 2021, poco después de la medianoche, cuando sus vecinos del barrio Yacryterá (chacra 103) llamaron a la Policía para alertar que oyeron pedidos sus gritos de auxilio.
Cuando los efectivos acudieron a la vivienda, se toparon con el colombiano sin vida en la zona del lavadero de su departamento. Su cuerpo presentaba 15 heridas cortantes en distintas partes, aunque la lesión mortal estaba localizada en el tórax, según confirmó luego el examen de autopsia.
En el caso trabajó el personal de la Dirección Homicidios, que al recabar información supo que minutos antes del hecho dos hombres fueron vistos salir de la casa de Gallego Rojas a bordo de la moto de la víctima y llevándose consigo una caja fuerte portátil con 70.000 metros dentro.
El ADN de uno de los imputados fue hallado en la escena del crimen.
Los sospechosos y las pruebas
Familiares de la víctima apuntaron sus sospechas hacia un sujeto con el cual aparentemente Gallego Rojas había tenido un conflicto laboral relacionado a la venta de inmuebles que derivó en una enemistad.
Así apareció sobre la mesa el primer nombre, el de Brayan Damián Casso Acosta -compatriota de la víctima-, y el devenir de la investigación lo terminó acorralando.
Es que más testimoniales lo ubicaron morando una vivienda a 200 metros de la casa de Gallego Rojas apenas unos días antes del hecho y otros testigos mencionaron haberlo visto llegar a ese mismo lugar con la Honda Titán de la víctima en un horario posterior al crimen.
Con todos los datos recolectados, la Policía lo ubicó y detuvo el 1° de marzo de ese mismo año. El joven sindicado como su acompañante, en tanto, fue capturado tres días más tarde en Corrientes y en un principio su grado de participación parecía menor, pero en la elevación a juicio se determinó que ambos deben responder como coautores del crimen.
De igual manera, al margen de las testimoniales, en el expediente obran otras pruebas que complican a los detenidos, principalmente a Casso Acosta.
Se tratan de pericias de ADN que ubican al sospechoso en la escena del crimen y cotejos científicos que determinaron que la sangre hallada en prendas de vestir incautadas en su poder correspondía a la víctima.
El magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dictaminó este mediodía el dictado de prisión preventiva contra el ex diputado provincial Germán Kiczka (44), quien de esta manera deberá continuar encarcelado en el marco de una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi).
La máxima medida cautelar previo a la realización de un juicio oral se da 24 horas después de la ampliación de declaración indagatoria solicitada por el propio acusado, quien ante el mismo juez ayer se declaró inocente, admitiendo consumir pornografía, pero negando observar imágenes con menores involucrados.
La misma resolución alcanzaría en las próximas a su hermano Sebastián (47), cuya situación incluso podría ser agravada conforme los elementos de prueba que los peritos informáticos vienen acumulando desde el inicio de la compleja pesquisa 100% digital.
De esta manera, los hermanos continuarán alojados en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, presidio al cual fueron trasladados el 31 de agosto tras permanecer unas horas detenidos en diferentes celdas de la comisaría Segunda de Apóstoles.
El ahora ex legislador fue detenido el 28 de agosto, cuando sobre su espalda ya pesaba un pedido de captura internacional a Interpol. El implicado fue ubicado en un camping de la localidad correntina de Loreto, aunque al momento declarar negó haberse profugado, sino que se excusó su ausencia de la provincia por “un retiro espiritual”.
Su hermano, en tanto, cayó al día siguiente, en un paraje rural de Concepción de la Sierra. Estaba sucio, desorientado, deshidratado y sin un peso encima. “Era un linyera”, describieron quienes los capturaron.
Ambos están imputados en una causa que se disparó a fines de febrero, tras el hallazgo de 603 archivos Masi en una notebook que era propiedad de Germán Kiczka, pero que se encontraba en la casa de su padre, donde también residía su hermano Sebastián.
Tras el avance de la investigación, se hallaron más pruebas y la acusación que se le imputa al ex diputado en el dictado de su prisión preventiva es el hecho de “haber facilitado a personas no individualizadas alrededor de novecientos trece (913) archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil”.
Todo esto se encuadra como “tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, calificado por tratarse de víctimas presuntamente menores de 13 años”, figura contemplada por el artículo 128, primer y quinto párrafo del Código Penal de la Nación, el cual prevé hasta ocho años de cárcel.
El ex diputado provincial declaró ayer por primera vez. FOTO: Canal 12 – Marcos Otaño.
Su defensa vs las pruebas
Tras dos semanas preso, Germán Kiczka esta semana pidió declarar por primera vez y la indagatoria se llevó adelante el jueves a la mañana. Según indicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia duró tres horas, aunque el imputado prácticamente se abstuvo a la mayoría de las preguntas formuladas por las autoridades judiciales.
En la ocasión, Kiczka admitió consumir pornografía y reconoció utilizar el programa E-Mule, pero rechazó que su búsqueda de material se concentre en menores de edad y también negó haber distribuido archivos de manera intencional.
Como explicación respecto a los archivos Masi hallados en sus aparatos informáticos el ex diputado argumentó que “las descargas se dan a ciegas. Uno no sabe lo que es hasta que descarga”.
Para la Justicia, nada de esto alcanza para rebatir las sospechas que recaen en su contra. Más aún teniendo en cuenta los elementos probatorios recolectados mediante peritajes informáticos, los cuales marcaron el hallazgo de un total de 913 archivos Masi y la presencia del programa E-Mule en las dos computadoras relacionadas al diputado, la Acer incautada el 28 de febrero en la casa de su padre y la Lenovo secuestrada el 6 de agosto en el allanamiento a su casa.
Además, los peritos detectaron conversaciones relacionadas al intercambio de material Masi en Telegram y envíos de archivos por Whatsapp.
Pero no es todo. También constataron que el 28 de febrero al mediodía, mientras la Policía Federal Argentina (PFA) allanaba la casa de su padre en el barrio Illía de Apóstoles, Kiczka se encontraba en Brasil y desde allí cambió el nombre de la carpeta Incoming, que se crea de forma automática al momento de la instalación del programa E-Mule para el almacenamiento de las descargas. Los detectives creen que esto fue una maniobra deliberada con la intención de no dejar rastros de su actividad.
En su declaración, el dirigente expulsado del partido Activar también intentó desligarse de la notebook Acer secuestrada en la casa de su padre y hermano, argumentando que la dejó de usar en 2019 y que solo utilizaba de manera esporádica cuando visitaba la vivienda familiar.
Sin embargo, esto también se contradice con la prueba. El aparato no solo que tenía registrado tanto su nombre de su usuario, como su email y un backup de archivos y facturas a su nombre, sino que en el análisis de todos los dispositivos incautados también se hallaron dos fotografías de 2023 que lo muestran a él junto a las dos notebooks secuestradas dentro de la oficina que el ex legislador ocupaba como comisionista de Cigarros Misioneros, empresa propiedad de la familia Puerta.
En base a todos estos elementos, es que el juez Faría decidió dictaminar la prisión preventiva contra el imputado, quien de esta manera continuará quemando sus días y noches en una celda de la UP VIII. Mismo futuro le depara a su hermano.
*FOTO PRINCIPAL: Canal 12 – Marcos Otaño.
La audiencia de declaración indagatoria solicitada esta mañana por el ahora ex diputado Germán Kiczka (44) se extendió durante tres horas, instancia en la que se desligó de la notebook donde se detectaron más de 600 archivos con material de abuso sexual infantil (Masi) y atribuyó su viaje a Loreto (Corrientes) a un “retiro espiritual”, aunque no respondió ninguna de las preguntas formuladas por las autoridades judiciales que investigan el caso.
La comparecencia del ex legislador ante el juez Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, se desarrolló desde las 10 hasta las 13 de hoy, lapso en el cual el imputado ensayó una estrategia defensiva que consistió en desligarse de la notebook Acer que contiene gran parte del material probatorio que hoy lo mantiene preso y acusado por el delito de tenencia y distribución de archivos Masi, figura encuadrada bajo el artículo 128 del Código Penal de la Nación.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, al momento de declarar el apostoleño admitió el consumo de pornografía, aunque negó observar imágenes de pedofilia y tampoco se hizo cargo de la computadora portátil que fue incautada en la casa de su padre durante el allanamiento que disparó la causa a fines de febrero.
Kiczka afirmó que en 2019 dejó esa computadora en la casa de su padre -donde también reside su hermano Sebastián (47)- y que desde ese momento nunca más la manipuló, versión que se contradice con las pruebas que la Justicia considera tener para sostener la acusación en su contra.
“La notebook tenía su foto, su cuenta de usuario, su email. Incluso se halló una foto en la que él aparece en la oficina de la cigarrera utilizando esa misma notebook incautada”, graficó un vocero con acceso al expediente.
En otro tramo de la declaración el ex diputado de Activar, partido creado por Pedro Puerta, negó haberse fugado y argumentó que su presencia en el camping de Loreto (Corrientes) obedecía a “un retiro espiritual” para sobrellevar una discusión que había mantenido con su pareja y evadir el “asedio” de los medios de comunicación.
Al término de la audiencia, Kiczka volvió a ser trasladado a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde permanece privado de su libertad desde el 31 de agosto, días después de ser capturado gracias a una vecina que lo reconoció en el camping donde se ocultaba desde antes de su desafuero.
En la misma cárcel, aunque en diferente pabellón, se encuentra su hermano Sebastián (47), imputado en el mismo expediente, aunque con pruebas que podrían agravar su acusación.
FOTO: Canal 12 – Marcos Otaño.
El -hasta hoy- diputado provincial Germán Kiczka pidió declarar ante la Justicia este jueves, trámite que se da horas antes de la sesión donde se tratará su expulsión de la Legislatura.
Según consignaron fuentes consultadas, a través de su abogado defensor, el apostoleño pidió declarar y la Justicia programó la audiencia para hoy a la mañana.
El detenido llegó al juzgado cerca de las 10, en medio de un amplio operativo de seguridad, tal y como sucedió en cada traslado.
De esta manera, Kiczka brindará su primera declaración judicial en el marco de la causa que lo tiene imputado por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi).
La audiencia será ante el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien lleva adelante la causa que también compromete a Sebastián Kiczka, hermano del diputado, también preso en la cárcel de Cerro Azul.
En paralelo a la causa judicial, en la Legislatura hoy se tratará pedido de expulsión de Germán Kiczka luego del dictamen firmado por la comisión investigadora que se formó para analizar el caso.
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