Un vecino de Aristóbulo del Valle fue condenado hoy a la pena de 14 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrino de 6 años, a quien tenía a su cargo y debía proteger.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la sentencia fue emitida este mediodía, tras un juicio realizado ante el Tribunal Penal Uno de Oberá, integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba (subrogante).

El condenado se trata de E. F. C. -sus datos completos se preservan para no identificar a la víctima-, quien fue declarado autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda”. El fiscal Elías Bys había pedido 17 años de prisión como castigo, aunque el tribunal se inclinó por 14.

El implicado se encuentra alojado en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, presidio donde continuará un largo tiempo más purgando la pena emitida en su contra.

El hecho que lo llevó a prisión se registró el 6 de enero del año pasado, mientras se encontraba en la casa de su hermana en el barrio Municipal de Aristóbulo del Valle y se aprovechó de su calidad de guardador de su sobrino de 6 años, a quien finalmente abusó sexualmente.

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La causa contra los hermanos Germán (43) y Sebastián Kiczka (47) volvió a tener novedades. Una de ellas es que la Cámara de Apelaciones confirmó las prisiones preventivas dictadas en su contra, mientras que la otra es que al mayor de los involucrados ahora también le adjudican un hecho de abuso sexual, lo cual agrava su situación procesal.

La resolución de Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia se firmó esta mañana, con el voto primario del magistrado José Alberto López y la adhesión de su par María Ruth Dilaccio.

El tribunal de alzada debió intervenir en el expediente luego de un recurso de apelación presentado por Gonzalo De Paula, abogado defensor de los hermanos Kiczka, quien en su presentación cuestionó la medida dictaminada por el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles y quien dirige la investigación contra los apostoleños imputados por la tenencia y distribución de al menos 913 archivos Masi (material de abuso sexual infantil).

En su planteo, De Paula solicitó la nulidad de la medida y la revocación de la prisión preventiva al esgrimir incumplimiento de garantías procesales y carencia de fundamentación legal en las imputaciones.

El recurso fue analizado entonces por los miembros de la cámara, quienes finalmente hoy decidieron rechazar al planteo, dejando firmas las prisiones preventivas dictadas contra los hermanos actualmente detenidos en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

A la hora de responder al planteo, los camaristas volvieron a repasar la gravedad de los hechos investigados y también consideraron que la libertad de los implicados podría representar un riesgo de fuga, más aún tendiendo en cuenta ambos implicados realizaron acciones tendientes a esquivar el accionar de la Justicia cuando se libraron sus pedidos de captura.

Fuentes consultadas por La Voz de Misiones consignaron que, en paralelo a esta resolución, el mismo órgano judicial rechazó un pedido de recusación formulado contra el juez Faría, por lo cual el expediente continuará en manos del magistrado de origen.

La última novedad es que, mientras la causa era analizada por la cámara, en el juzgado apostoleño continuaron con la pesquisa y en ese marco lograron ubicar a una adolescente de 16 años que afirmó haber sido víctima de un hecho de abuso sexual perpetrado años atrás por Sebastián Kiczka.

Con la declaración de la víctima, sumado a los chats que fueron recuperados de los aparatos telefónicos incautados al implicado, la fiscal Silvia Barronis solicitó una ampliación del requerimiento inicial de la causa, añadiendo también los delitos de “abuso sexual simple y corrupción de menores”.

Ahora, tras las resoluciones de la cámara, el expediente regresará al juzgado que dirige el magistrado Faría, quien podrá continuar con las medidas que quedan pendientes hasta avanzar con la correspondiente elevación a juicio de la causa.

En el dictado de la prisión preventiva los Kiczka fueron acusados de “haber facilitado a personas no individualizadas alrededor de novecientos trece (913) archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil”.

Todo esto se encuadra como “tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, calificado por tratarse de víctimas presuntamente menores de 13 años”, figura contemplada por el artículo 128, primer y quinto párrafo del Código Penal de la Nación, el cual prevé hasta ocho años de cárcel, aunque la situación de Sebastián se agravaría con nuevas imputaciones.

Prisión preventiva para Germán Kiczka: su defensa y las pruebas en contra

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Los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez irán a juicio por los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra en concurso ideal”, registrados en mayo pasado, tras un dictamen firmado por el juez Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas. 

Ambos docentes son reconocidos como referentes de las protestas que se llevaron a lo largo de este año y, en particular, por el corte con acampe realizado sobre la avenida Uruguay de Posadas entre los meses de mayo y junio en el marco de reclamos por mejoras salariales. 

Las medidas fueron parte de un largo plan de lucha multisectoral que se extendieron desde principio de año hasta la resolución del conflicto a comienzos de junio, lo que se dio en paralelo a la protesta policial.

El acampe fue levantado el 4 de junio tras dos intimaciones de desalojo por parte del poder judicial y el llamado a declaración indagatoria para Sánchez y Gurina por “desobediencia judicial” ante el mismo juzgado a cargo de Mattos.

Desde entonces, tanto Gurina, docente y secretaria General de la CTA A Misiones, como Sánchez, secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM) y Secretario Adjunto de la misma central, enfrentan una causa judicial que ahora fue elevada a juicio. 

Leandro Sánchez (tercer lugar). Mónica Gurina (última).

La resolución

El requerimiento de elevación a juicio del expediente iniciado contra los dos gremialistas fue solicitado por la fiscal Patricia Clerici, al considerar que la etapa de instrucción estaba clausurada.

El pedido, entonces, fue analizado por el juez Mattos, quien el 9 de octubre decidió hacer lugar al planteo y decretó la elevación a juicio oral de la causa, desestimando así los pedidos de defensivos que solicitan el sobreseimiento de los imputados.

Ahora, todas las actuaciones será remitidas al Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, cuyas autoridades deberán programar fecha para la realización del debate.

Docentes levantaron acampe sobre avenida Uruguay y analizan nuevas medidas

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