El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó a 11 años de prisión a un vecino de San Vicente que llegó a juicio acusado de violar a su ex pareja y quedó inmediatamente detenido, dado que había llegado a esta instancia en libertad.

El caso que se juzgó ayer comenzó a ser investigado en septiembre de 2021, cuando una joven se presentó ante la Comisaría de la Mujer de San Vicente para denunciar que su ex pareja, de 32 años, la había forzado a tener relaciones sexuales a pesar de su negativa.

En su presentación, la muchacha relató que si bien ya estaba separada del acusado, continuaba teniendo contacto con él y un día le pidió que por favor la llevara a la terminal porque ella debía realizar un viaje.

Fue en esa instancia que, según la denuncia, el hombre le hizo pasar la noche en su casa y en esas circunstancias comenzó a insinuarle para tener relaciones sexuales, a lo que la joven se negó rotundamente, pero el implicado la forzó hasta concretar el acto, ocasionándole lesiones en partes del cuerpo. 

Después de ello, la muchacha acudió a la Policía y radicó la correspondiente denuncia que derivó en la detención del acusado, aunque tiempo después obtuvo la excarcelación.

Fue por ello que el acusado llegó a debate oral en libertad, pero ayer, tras ser condenado a 11 años de prisión por el delito de abuso, quedó detenido y purgará su pena en una cárcel provincial.

En la audiencia de ayer, ante el tribunal declararon los padres de la víctima, como así también los médicos que la atendieron, quienes ratificaron los hechos y certificaron las lesiones denunciadas.

La muchacha, de 25 años, también brindó su testimonio ante los jueces y pidió hacerlo sin la presencia del imputado, medida que fue adoptada por el tribunal.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal Uno de Oberá, integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Julio Dante Carvallo (subrogante).

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Una minuciosa investigación iniciada en junio del año pasado tras la detención en San José de dos pasajeros que viajaban en un colectivo larga distancia con valijas repletas de metanfetamina, permitió desbaratar una compleja red internacional dedicada a la utilización de mulas para el tráfico de cocaína hacia Europa, vía Paraguay o Brasil, con la recepción de drogas sintéticas como contraprestación al servicio brindado por la sofisticada empresa criminal que era liderada por un hombre nacido en Guyana Francesa y que ahora tiene pedido de captura vigente.

La maniobra, la estructura y los integrantes de la organización, entre los que hay al menos una misionera, quedaron al descubierto gracias a escuchas telefónicas, análisis de registros migratorios y tareas de vigilancia, entre otras medidas, diagramadas durante un lapso de 15 meses en una investigación trazada en forma conjunta por los fiscales Silvina Gutiérrez, de Posadas, y Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), dependiente de Nación.

La causa tuvo su génesis el 7 de junio del año pasado, cuando dos jóvenes identificados como Blanca Priscila H. y su pareja Joaquín Alejandro G., fueron atrapados en San José mientras transportaban 23,425 kilogramos de metilendioximetanfetamina (MDMA), usualmente conocido como éxtasis, en un colectivo que venía desde Bernardo de Irigoyen y cuyo destino final era la estación de Retiro, en Buenos Aires.

Con el tiempo, los dos fueron procesados por el delito de “transporte de estupefacientes” y actualmente continúan detenidos y prontos a ser llevados a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero lo más sustancioso provino después, gracias al peritaje de sus teléfonos celulares, aparatos de donde surgieron las pistas iniciales para avanzar contra la estructura criminal que operaba detrás de la maniobra.

Convencidos en dar con algo mayor, los fiscales Gutiérrez y Uriona decidieron iniciar un segundo expediente “en miras de profundizar la información obtenida y lograr ascender en la cadena de eslabones de dicha organización criminal”, según consta en documentos obtenidos por La Voz de Misiones.

Así fue como los investigadores descubrieron que no estaban delante una acción aislada e independiente, sino que revelaron el funcionamiento de una organización transnacional, integrada por múltiples actores con diferentes roles y jerarquías, y un sofisticado esquema de tráfico de estupefacientes, con Misiones y principalmente con la localidad de Bernardo de Irigoyen, como sitio clave.

Una de las valijas con polvo de MDMA incautadas a la pareja detenida el año pasado en San José.

Mulas e itinerario

La pesquisa reconstruyó, entonces, que había una red que se dedicaba a captar mulas, que en su mayoría eran de Misiones o de Chaco, para enviar a cocaína hacia Europa y como contraprestación al servicio obtenían cargas de MDMA para ser comercializadas en diferentes puntos del país.

El itinerario trazado era el siguiente. Una vez captadas, las mulas paseaban por Buenos Aires y luego eran enviadas a Asunción (Paraguay) o a San Pablo (Brasil), donde ingerían las cápsulas de cocaína para luego abordar los vuelos que los llevarían a destino en el viejo continente.

Los recorridos en su mayoría hacían escala en Natal, para luego aterrizar en aeropuertos de España o Portugal, aunque luego las cargas de cocaína eran entregadas en Francia u Holanda.

Concretada la entrega, algunas de las mulas disfrutaban de unas “mini vacaciones” en la caribeña isla Martinica y luego aterrizaban nuevamente en San Pablo, desde donde comenzaba la segunda etapa de la maniobra.

Los viajeros allí se volvían a encontrar con los encargados “logísticos” de la banda, recibían cargas de MDMA e iniciaban viaje hacia la frontera seca con Argentina, donde se encuentra la localidad de Bernardo de Irigoyen, y desde ese punto continuaban camino hacia Buenos Aires.

Se estableció que los pasajeros detenidos en junio del año pasado habían sido parte de esta estructura, pero no eran los únicos y que las maniobras continuaban ejecutándose.

En Irigoyen, por ejemplo, se identificaron a tres jóvenes que también podrían estar involucrados, dado que eran receptores de constantes envíos de dinero a través de billeteras electrónicas, dinero que podía ser parte de los remuneraciones obtenidas. Las transferencias, se detalla en el expediente, no superaban los 30.000 pesos, pero era uno de los actores llegó a recibir 47 envíos similares en cuestión de horas.

La investigación continuó en silencio. Los fiscales siguieron solicitando medidas hasta que descubrieron que a mediados de octubre se iba a llevar adelante otro ardid, para el cual iban a ser utilizadas dos jóvenes chaqueñas, una de las cuales ya tenía experiencia y conocimientos sobre el itinerario a realizar como sobre la ingesta de las cápsulas.

“Conocí Portugal, Natal, Francia, París nomás no pasamos…… pero el mes que viene nos vamos uno directo no más a París”, repasó una de ellas en una conversación mantenida con un NN y en otro tramo le recriminó a una compañera por haber comido un sándwich, dado el riesgo que representa alimentarse portando cápsulas con droga en el organismo: “Yo tranqui nomás le hice a mi estómago, vos tenes que hacerle tranqui porque todavía seguís teniendo eso”.

Las cápsulas incautadas como pruebas en los procedimientos realizados en Paraguay.

Operativos e involucrados

Advertida de esa futura maniobra, a través de la red de cooperación de Fiscales Antidrogas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, los investigadores argentinos alertaron sobre el ardid a sus pares en Paraguay, quienes arbitraron sus propios mecanismos para confirmar la hipótesis.

Y todo se dio tal cual lo previsto. Las dos mulas chaqueñas llegaron al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Asunción el pasado 18 de octubre. Iban a tomar un vuelo hacia Madrid, España, pero fueron detenidas y al ser sometidas a una requisa se confirmó que en su organismo transportaban más de 75 cápsulas cada una.

En territorio paraguayo también se aprehendió a quien actuaba como encargada logística de la banda en ese país y tras estos resultados, en Argentina se activaron 27 allanamientos simultáneos para dar con el resto de los involucrados. Esos procedimientos se concretaron el martes pasado e incluyó la detención de Carla Luján G., una joven de Irigoyen, en cuya casa además se secuestraron dosis de marihuana, cocaína y una balanza de precisión.

En la misma localidad misionera se allanó una vivienda que era utilizada por Jorge Antonio Sandoval, identificado como uno de los principales operadores de la organización, dedicado a la preparación de las mulas, a la entrega de las cargas y a la coordinación de los viajes. 

El inmueble allanado se ubica en el barrio Provincias Unidas y en su interior las fuerzas federales incautaron 310 gramos de MDMA, distribuidos en 388 pastillas con el dibujo de un búho y la inscripción “Panamá 2.0”, entre otros elementos utilizados para la preparación de los envíos, como ser rollos de cinta de empaque, rollos de film, vendas, fajas para la cintura y hasta una máquina termo selladora.

Más éxtasis y una máquina termo selladora secuestrada en el inmueble que uno de los miembros de la banda alquilaba en Irigoyen.

La pesquisa también identificó a Ricardo Francisco Bruno como miembro activo dentro del organigrama delictivo. Se trata de un narcoempresario farmacéutico que ya estuvo preso en causas por tráfico de drogas sintéticas con mulas, una de las cuales, una modelo brasileña, murió en 2017 como consecuencia de la explosión de las cápsulas que llevaba dentro del cuerpo.

Por último, se determinó que el organizador y financista de la organización, era Rayngs Dominique Harry, un hombre oriundo de Guyana Francesa que ya estuvo diez años preso en Argentina por delitos de narcotráfico y que luego se acogió a la figura del extrañamiento, aunque volvió al país de manera ilegal y continuó operando sin una sede fija, sino más bien rotando permanentemente entre Buenos Aires, Misiones, Asunción, Ciudad del Este, Foz de Iguazú, San Pablo.

Harry ahora tiene un pedido de captura internacional vigente, mientras que un total de ocho miembros -sin contar las mujeres aprehendidas en Paraguay- de la banda lograron ser detenidos en los allanamientos simultáneos ordenados la semana pasada. 

Los implicados puestos tras las rejas ya comparecieron en indagatorias por zoom ante los fiscales intervinientes y fueron imputados por “tráfico ilícito de estupefacientes, bajo la modalidad de comercio, agravado por haberse llevado a cabo con la intervención de más de tres personas”.

El viaje de tres misioneros con 8.913 pastillas de éxtasis que terminó en condena

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El Ministerio de Gobierno de la provincia intervino este jueves el Jockey Club Posadas, en virtud de lo solicitado por la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Misiones (DGPJ), donde impugna la asamblea de socios de la entidad hípica del 30 de agosto pasado y corre todo lo actuado a la cartera de Marcelo Pérez.

Hoy, el ministro firmó la resolución que designa interventor al director de Asuntos Municipales de Misiones, Joaquín Cabral, quien llevará adelante el proceso para la realización de una nueva asamblea de elección de autoridades y la normalización institucional de la entidad.

La intervención se dio como consecuencia del pedido de impugnación de la asamblea de agosto, que eligió al empresario Gustavo Mussi como nuevo presidente, que hizo a comienzos de septiembre un grupo de socios, denunciando un sinnúmero de irregularidades.

El 3 de octubre, la directora de Personas Jurídicas, Camila Miralles, firmó la Disposición 219, que repasa lo actuado por los denunciantes y recoge la opinión de la Inspectoría Jurídica de la DGPJ, para, finalmente, pedir al Ministerio de Gobierno que resuelva la intervención del club.

Según ese documento, el área jurídica de la DGPJ, comprobó lo denunciado por los socios y concluyó que “por la gravedad de las irregularidades” de la asamblea del 30 de agosto “corresponde hacer lugar a la denuncia”.

Sin embargo, tal disposición fue anulada, tras el recurso de revocatoria interpuesto por el sector de Mussi, que consideró vulnerado su derecho a la defensa, aunque, finalmente, la DGPJ terminó impugnando la asamblea que lo eligió como presidente del Jockey y pidiendo al Ministerio de Gobierno la intervención del club.

Bandos

La interna societaria del club hípico posadeño quedó expuesta con lo ocurrido en la última edición de la Copa Challenger, donde murió un caballo, un jinete resultó herido y se denunciaron apuestas ilegales y el funcionamiento de un garito clandestino, lo que le valió al club una suspensión del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc) y una multa de $20 millones.

Las sospechas de doping en la muerte súbita de la yegua Argentina Lake, del Stud Doña Juana de Corrientes, que se desplomó en plena carrera, y las imágenes virales del garito y el carnaval de apuestas, disparó el cruce de acusaciones entre los sectores que se disputan la nueva comisión directiva.

En la ocasión, el presidente interino Víctor Martínez, ahora depuesto por la designación del interventor Cabral, cargó contra el sector de socios que impugnó la asamblea que eligió a Mussi y contra la disposición de la DGPJ que hizo lugar al pedido sobre el que se expidió este jueves el ministro Pérez.

“Todo esto tiene su origen en esa asamblea”, disparó Martínez y señaló a La Voz de Misiones: “Es una puja de dos bandos”.

“En esa asamblea no se tuvo en cuenta el principal objetivo que era elegir nuevas autoridades”, argumentó y apuntó contra la disposición de la DGPJ por “dejar sin efecto la convocatoria atendiendo factores menores y cosas que no son ciertas”.

Del otro lado, le contestó Juan Marcelo Benítez Vigo, quien calificó de “verdadera locura” lo ocurrido en el hipódromo posadeño y responsabilizó por todo a Mussi, al que llamó “presidente de facto” del Jockey.

“Tal y como veníamos vaticinando, las nuevas autoridades no tienen idoneidad moral ni de gestión para llevar adelante nada”, disparó Benítez Vigo y remató: “Imagínese algo que claramente se le fue de las manos”.

El intercambio entre ambos bandos se retroalimentó de lo sucedido en la Copa Challenger que, a su vez, desembocó en una denuncia penal del Iplyc contra el club, en la que los socios que impugnaron a Mussi, se incorporaron como querellantes.

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