La Justicia bonaerense acaba de anular la identidad del misionero que se presentaba como Adrián Martínez Moreira, el supuesto hijo de desaparecidos acusado de liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.

El misionero afirmaba ser abogado y sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y haber cursado el secundario en el Colegio Nacional porteño, uno de los establecimientos educativos con un haber importante de docentes y estudiantes desaparecidos por el terrorismo de Estado.

Nada de esto era cierto. Tampoco su nombre. De hecho, Adrián Martínez Moreira tuvo otros dos nombres anteriores a éste que acaba de invalidar una resolución del Juzgado Civil 85, de la localidad bonaerense de Morón, donde el misionero había iniciado el trámite de la partida de nacimiento con la que coronó la fábula que se había inventado, de ser hijo de padres argentinos desaparecidos en el Paraguay de Stroessner.

El escrito del juez

La resolución del juez de Morón, Javier Alberto Occhiuzzi, a la que tuvo acceso La Voz de Misiones, reconstruye el itinerario del falso Martínez Moreira para conseguir que la Justicia legitime su historia y le expida el primer ejemplar de DNI, que él mismo retiró de la oficina del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Posadas, el 5 de noviembre de 2014.

Asimismo, el escrito reconoce que ese mismo juzgado de Morón fue el que “resolvió ordenar la inscripción de nacimiento” del falso Martínez Moreira el 9 de junio de ese año, como nacido el 15 de diciembre de 1986, en la ciudad de Jardín América, hijo del matrimonio conformado por Adrián Martín Martínez Enriquez y María Santa Moreira Delard.

El juez Occhiuzzi destaca, asimismo, la existencia, por entonces, de un dictamen de la Fiscalía 3 que recomienda que la inscripción del falso hijo de desaparecidos se consigne como “sin filiación acreditada”, por la imposibilidad de certificar la existencia de quienes el misionero señalaba como sus padres, víctimas del general paraguayo que gobernó el vecino país con mano de hierro durante 35 años, cuyo régimen de terror lo entregó a la aceitada maquinaria de apropiación de niños que funcionó en todo el continente durante lo que se dio en llamar el “Operativo Cóndor”.

En el párrafo siguiente, el escrito revela la verdadera historia de Martínez Moreira, cuya trama empezó a derrumbarse casi a la par de haber conseguido el primer DNI, a partir de una investigación de la Procuración General de la Nación (PGN), que determinó que no era hijo de desaparecidos y que todo su relato era falso.

Ahora, el juez de Morón, valida en su resolución este dictamen y concluye que el misionero “tiene otra identidad distinta”: “Matías Ezequiel López, nacido el 30 de abril de 1993, en el Hospital de Jardín América, provincia de Misiones, hijo biológico de Santa Moreira y Emilio Martínez, y registrado como Ovidio Martínez”, precisa el juez.

“El menor en aquel entonces fue entregado a la Defensoría Oficial de la Ciudad de Puerto Rico con fines adoptivos, dejándose constancia de la renuncia de sus padres al ejercicio de la patria potestad”, reseña el escrito judicial.

Pronto, el niño rechazado por sus padres consiguió una nueva familia y un nuevo nombre: Matías Ezequiel López, quien, cuando todavía no terminaba la adolescencia y valiéndose de las redes sociales, se construyó un relato a la medida de los planes y actividades del grupo con el que está procesado por la justicia federal.

El abusador

Las primeras denuncias contra el misionero y su banda comenzaron en 2016, cuando el abogado porteño Javier Garín lo acusó judicialmente por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en el patrocinio de causas de víctimas de lesa humanidad, cuya existencia desconocía.

Garín radicó una denuncia ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba, e identificó unas 50 causas iniciadas con su número de Cuit ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La justicia ordenó el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires, donde encontró toda la evidencia que sirvió a la jueza María Eugenia Capuchetti para disponer el procesamiento del falso Martínez Moreira y sus cómplices.

La justicia constató también denuncias falsas del grupo contra periodistas, magistrados, funcionarios de la secretaría de derechos humanos, sobrevivientes del terrorismo de estado, organismos, familiares, hijos de desaparecidos, que habían descubierto el funcionamiento de la banda y habían alertado a las autoridades o la justicia.

“Se trata de una gigantesca maniobra defraudatoria. Este sujeto, además, estaría prometiendo indemnizaciones y pidiendo dinero a damnificados, según me refirió una de las actoras en uno de esos juicios falsificados”, afirmó en la ocasión, Garín, a Infobae.

A la denuncia del abogado porteño, se sumó en marzo de 2021 la acción promovida por Laura Cravello, verdadera hija de desaparecidos y residente en Barcelona, que se había topado con el misionero y su banda en Facebook, en 2020, y se dispuso a aprovechar el confinamiento por el Covid investigándolos.

Cravello, hija de Ricardo Alfredo Cravello y María Cristina Lonardi, secuestrados el 8 de diciembre de 1975, vistos por última vez en el CCD “Puente 12” y desaparecidos desde entonces, contó hace un año a LVM algunos pormenores de la investigación previa a la formalización de la denuncia en la justicia federal porteña.

El 28 de junio de 2023, Capuchetti, procesó al falso Martínez Moreira y sus cómplices: el abogado porteño Omar Ramón Enrique García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.

En julio de este año, la jueza federal resolvió el embargo y la inhibición del misionero, luego de que el actual secretario de Derechos Humanos, el ex juez Alberto Baños, resolviera mantener la cartera como querellante en la causa, en línea con lo actuado por quien lo antecedió en el cargo, Horacio Pietragalla.

En agosto pasado, el falso Martínez Moreira, sumó otro delito a su historial: “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido con armas, lesiones leves, privación ilegal de la libertad calificada por amenazas, y amenazas coactivas”.

Fue detenido y desde entonces está preso.

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Hoy jueves, alrededor de las 16, la Comisaría Primera de Jardín América tomó conocimiento del siniestro vial protagonizado por un auto Fiat Mobi conducido por Ángel Britos de 74 años de edad, quien falleció en el acto al despistar el rodado, mientras que su acompañante debió ser trasladado al hospital local con lesiones.

El hecho ocurrió en horas de la siesta sobre ruta provincial 7, a la altura de la zona conocida como Tayar, cuando el automovilista, domiciliado en barrio Kolping, perdió el control del vehículo mientras circulaba por la mencionada arteria vial en sentido Jardín América- Aristóbulo del Valle.

Las causas que provocaron la pérdida de control del rodado son materia de investigación, en tanto, la maniobra provocó el abrupto deslizamiento hacia la banquina, causando la muerte inmediata del conductor como resultado del impacto. El parte médico, constató “paro cardiorrespiratorio traumático”. 

El acompañante, fue identificado como Jorge Meira, de 34 años, quien fue trasladado al Hospital Área Local por personal de Bomberos Voluntarios. 

Trabajó en el lugar la Policía Científica y miembros de la Unidad Regional IX de Jardín América. 

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Finalmente, Sebastián Kiczka (47) volvió a guardar silencio este mediodía ante la Justicia al abstenerse de declarar debido a la ausencia de su abogado defensor, Gonzalo De Paula, que a último momento pidió suspender la audiencia.

Según consignaron fuentes consultadas, al momento de comparecer ante el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, se negó a declarar al advertir que su abogado no iba a estar presente durante la audiencia de esta mañana.

Las fuentes indicaron que poco antes del horario pautado para el inicio de la indagatoria el letrado De Paula pidió suspender el trámite, aunque su planteo tuvo respuesta negativa en virtud de que la medida ya había sido debidamente notificada.

En consecuencia, la indagatoria se desarrolló normalmente, aunque el imputado decidió abstenerse, tal como había sucedido la primera vez.

Culminado el trámite, Sebastián Kiczka volvió a ser trasladado al penal de Cerro Azul, donde se encuentra detenido desde comienzos de septiembre en el marco de la causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), expediente que también compromete a su hermano, el ex diputado provincial Germán Kiczka.

De Paula, abogado de los hermanos Kiczka, que desde el inicio del escándalo esquivó todas las consultas periodísticas, tomó transcendencia más allá de su rol en las últimas horas, tras conocerse una pericia que ubica a su esposa María Carla Dalmaroni mantuvo un contacto telefónico de 633 segundos con el ex diputado provincial durante sus días en clandestinidad.

Dalmaroni, además de abogada, también es empleada judicial, ya que se desempeña en el Juzgado de Paz de Apóstoles y su accionar podría ser analizado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Incautaron dos netbooks ocultas en la casa de los suegros de Germán Kiczka

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