Los ex gendarmes Marco Antonio Duette (53) y Ricardo Fabián Gómez (50) se sentaron hoy en el banquillo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas como acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de granos en la provincia, aunque el juicio oral en sus contra comenzará formalmente el próximo 23 de abril.

La postergación del arranque previsto para hoy obedeció a que los otros dos imputados que debían estar a su lado, el cooperativista Juan Carlos Skavinsky y el empresario automotor Marcelo Da Silva, se encuentran en tratativas de juicio abreviado.

Dicha vía fue adoptada por otros ochos imputados en el mismo expediente, entre ellos el empresario Santiago Marino, uno de los sindicados “popes” de la organización desmantelada en 2021 y quien incluso en 2023 se presentó como candidato a intendente para la localidad de Mojón Grande.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en un acuerdo alcanzado con la fiscalía Marino admitió su responsabilidad en el caso y aceptó ser condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de “contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y por la participación de un agente de las fuerzas de seguridad, en concurso real con partícipe de asociación ilícita y autor de cohecho activo”.

De esta manera, quienes restan responder ante la Justicia por los mismos delitos son Duette, que al momento del hecho era jefe del Escuadrón 9 Oberá de Gendarmería y Gómez, que cumplía servicios en esa misma dependencia. La calificación contra ambos además suma una acusación por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los ex centinelas de la patria hoy estuvieron presentes en la sala de debates del tribunal posadeño, se mostraron reacios al trabajo de los reporteros gráficos presentes y se retiraron del recinto esposados y escoltados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El inicio del debate quedó trunco hoy se pasó entonces para el próximo 23 de abril, instancia en la cual se procederá a la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, entre otros documentos, y se le dará a los imputados la oportunidad de declarar ante el tribunal presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira e integrado por sus pares Víctor Alonso (Corrientes) y Juan Manuel Iglesias (Chaco), como subrograntes y conectados de manera remota desde sus respectivos despachos.

La fiscalía está representada por Pablo Di Loreto y Gabriela Acususo, en tanto que como querellantes intervienen las letradas Rossana Sienra y Yamila Soledad Amado en representación de Arca (ex Afip).

Los ex gendarmes, por su parte, son defendidos por el abogado particular Carlos Larraburu. En la breve audiencia de hoy, el letrado solicitó que sus defendidos puedan seguir el debate en forma virtual, pedido que fue desestimado por el tribunal, cuyos magistrados notificaron de una resolución de misma índole emitida días atrás.

Los acusados se retiraron esposados y bajo custodia de la PSA.

Mega operativo

La causa que se ventilará en debate oral data del 5 de noviembre de 2021, cuando el Juzgado Federal de Oberá, a cargo de Alejandro Gallandat Luzuriaga, consideró que luego de diez meses de investigación era el momento oportuno para actuar contra una compleja organización dedicada al contrabando de granos, pesquisa que incluyó seguimientos encubiertos y escuchas telefónicas.

La maniobra consistía en trasladar granos (soja y maíz) desde provincias como Santiago del Estero, Chaco y Córdoba, entre otras, hacia Misiones para exportarlas hacia Brasil por pasos no habilitados en localidades como El Soberbio, Colonia Alicia o Colonia Aurora, evadiendo los correspondientes controles aduaneros y tributarios.

Los procedimientos de aquel entonces se ejecutaron con la intervención de los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y con colaboración de la Dirección General de Aduanas.

Los operativos se realizaron en Oberá, El Soberbio, Panambí, Apóstoles, San Javier, Colonia Aurora, Mojón Grande y Florentino Ameghino, y culminaron con un importante saldo: 298 toneladas de soja secuestradas, 17 toneladas de maíz, 32 vehículos, 7 armas de fuego, 7 millones de pesos y 50.000 dólares, además de celulares, computadoras y una máquina de contar billetes.

Al margen de esos decomisos, la trascendencia del golpe también estuvo marcada por el número de detenidos: siete en ese momento, aunque el número ascendió con el avance del expediente.

Entre esos primeros siete apresados estaban Marino y Duette, dos de los implicados con mayor preponderancia en la estructura.

Conforme al avance de la causa, todos fueron procesados con prisión preventiva e incluso algunos, entre ellos Duette, llegó a ser alojado en una dependencia de la PSA en Rosario.

El empresario estuvo preso hasta octubre de 2022, cuando fue beneficiado con una excarcelación bajo caución de 20 millones de pesos que cubrió con una propiedad, mientras que el ex jefe de GNA accedió a una prisión domiciliaria a comienzos de 2023.

Pablo Di Loreto es el fiscal del caso y como querellantes hacia representantes legales de Arca (ex Afip).

Conexión

Según se desprende de la pesquisa, a Duette se lo acusa, principalmente, de liberar rutas para que los camiones cargados con granos de contrabando pudieran circular sin inconvenientes hasta las costas del río Uruguay, para luego ser cruzadas ilegalmente a Brasil.

Todas esas cargas, estima la investigación, eran propiedad de Marino, de quien se registran escuchas telefónicas con Duette.

En uno de los fallos de la Cámara de Apelaciones, dictado en diciembre de 2022 para confirmar una prórroga de prisión preventiva del ex uniformado, los magistrados intervinientes expusieron como prueba una serie de transcripciones telefónicas.

Según aseguran, en las escuchas se evidencia la complicidad de Duette con Marino para despejar el camino para el contrabando de soja o tomar represalias con subalternos que complicaban la operación con procedimientos.

En una de esas conversaciones, surge que Duette tenía dos camiones retenidos y, antes de avanzar, consultó con Marino si eran suyos o no.

El empresario respondió que no y le envió a su contacto en la fuerza federal los datos de los camiones que sí correspondían a su flota, para que pudieran pasar controles sin ser demorados.

“Ya te paso la info Afip, así tenés los datos correctos, los míos van a Colonia Aurora, nunca a El Soberbio la carta, mi planta está en ruta 221 y ruta costera 2, Alicia Alta, y yo tengo los míos, pero no son esas patentes”, envió el ex candidato a intendente y Duette respondió: “Excelente, me quedo tranquilo entonces”, según consta en el documento.

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La Municipalidad de Oberá comunicó esta mañana la desvinculación como empleado del abogado Luis Altamirano (32), detenido el viernes en el marco de una causa que investiga a una red de trata y pedofilia que se encargaba de captar menores en Misiones para luego trasladarlos a Buenos Aires, donde eran explotados sexualmente.

“Se procedió a la rescisión del contrato transitorio y a la inmediata desvinculación de un agente municipal, contratado el 1 de junio de 2021”, consignó la comuna a través de una publicación realizada hoy en sus redes sociales.

Según argumentaron en la misma misiva, “esta decisión fue tomada rápidamente tras conocerse los detalles del allanamiento y posterior detención del empleado en su domicilio particular”.

Asimismo, agregaron que “desde el Gobierno Municipal de Oberá expresamos nuestro repudio a los hechos investigados” e indicaron que “nuestro rol como institución es defender y proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

En el último párrafo expresaron que su “compromiso con la transparencia, la legalidad y la Justicia. La institución se encuentra a entera disposición para colaborar en todas las instancias que se requieran”.

Luiyi en la Muni

Luiyi, como tiene en sus redes sociales, no ejercía la abogacía de manera particular, sino que trabajaba para la municipalidad de Oberá e incluso al momento de su detención vestía una chomba institucional.

El año pasado, por ejemplo, subió varias publicaciones relacionadas a su trabajo para el municipio. Una de ellas fue el 31 de julio, cuando en un posteo en Facebook contó sobre una actividad realizada en el barrio Villa Svea para el departamento de Comisiones Vecinales: “Hoy salimos de una de las tantas asambleas informativas, y seguirán más, y salimos de ella pensando como seguir mejorando nuestra Oberá de todos”.

También en 2024 participó como moderador de un conversatorio organizado por el departamento de la Mujer, Género y Diversidad de la municipalidad, en el marco del Mes del Orgullo.

El evento se realizó el 26 de junio de ese año en la Facultad de Ingeniería y la iniciativa formaba parte “de una serie de capacitaciones que el departamento” realizaba en busca de “sensibilizar y promover los derechos de las personas LGTBIQ+”.

 

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Detenido

Altamirano, que se presenta como escribano, abogado y militando LGTBIQ+, fue detenido el viernes en su departamento ubicado sobre calle Neuquén al 300 de Oberá, tras una orden emitida por el juez federal porteño Ariel Lijo en el marco del expediente por trata y corrupción de menores que se le sigue al cocinero misionero Rolando Angelotti Notarbartolo y al ex Gran Hermano Marcelo Corazza, entre otros imputados.

La causa comenzó a ser investigada a fines de 2021 y para marzo se dispararon los procedimientos que derivaron en el desmantelamiento de la causa. En primera instancia hubo cuatro detenidos, entre ellos Angelotti y Corazza, en tanto que con el correr de los meses también cayó otro misionero identificado como Leandro Aguiar.

El abogado recientemente detenido es el sexto detenido que tiene el expediente. La banda está acusada de captar menores y jóvenes vulnerables en la tierra colorada, para luego trasladarlos a Buenos Aires, donde eran abusados y explotados sexualmente.

De acuerdo a los datos recolectados, se estima que la organización operó desde mediados de los 90 hasta su desbaratamiento en 2022.

Abogado detenido por red de trata y pedofilia trabajó para la Muni de Oberá

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En la noche de ayer, un hombre fue atropellado cuando intentaba cruzar la avenida frente al supermercado Maxiconsumo de Posadas, cuando un Chevrolet Celta lo embistió provocando su muerte en el lugar. 

El hecho ocurrió alrededor de las 20 en la intersección de avenida Quaranta y calle Aguado y si bien el personal presente no logró identificar su identidad al momento, constataron que había sufrido graves heridas que provocaron el rápido deceso. 

Finalmente, en las últimas horas se supo que se trató de Carlos Acosta de 69 años. En tanto, el conductor del automóvil es un hombre de 70. 

Minutos después del impacto se apersonó en el lugar personal policial, la ambulancia e incluso el médico y presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. 

Lamentablemente, debido a la intensidad del impacto y la gravedad de las lesiones, Acosta no logró responder a ningún tipo de asistencia. 

La Policía de Misiones continúa investigando los motivos que condujeron al fatal desenlace.

Herrera Ahuad en el accidente registrado el domingo por la noche sobre Quaranta y Aguado

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