En la previa al inicio de la última audiencia del juicio contra los hermanos Kiczka, Leonardo Kiczka, el padre de ambos imputados habló con la prensa e insistió en una persecución política contra Germán por su carácter de político opositor.

“Esto es una persecución porque no quieren que haya oposición. El único que no aceptó nada fue Germán”, lanzó.

Ante la prensa, Leonardo Kiczka admitió que Sebastián “evidentemente tiene un problema, yo no lo niego”, pero sobre Germán opinó que “es absolutamente inocente. En su contra no encontraron nada”.

El inicio de la audiencia de hoy, prevista para el desarrollo de los alegatos, se demoró por problemas técnicos y se espera que arranque después de las 9.

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Este miércoles, a partir de las 8.30, se comenzará a definir el futuro de los hermanos Germán (47) y Sebastián Kiczka (49), imputados en una causa por “tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad, varios hechos” y juzgados desde el 31 de marzo en un debate oral que acapara la atención del país.

Después de once audiencias y la declaración de 53 testigos, entre policías, peritos informáticos, psicólogos, consultores técnicos, familiares directos y hasta políticos como Pedro Puerta, quienes en su mayoría ratificaron todo el contenido del expediente, hoy será el turno de la ronda de alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones finales para que luego el tribunal dicte su veredicto.

Se prevé que los primeros en exponer sean los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka, quienes ya adelantaron que durante el proceso lograron acreditar su “teoría del caso”, ante lo cual se decanta que solicitarán una sentencia condenatoria contra ambos imputados.

“Llegó el momento de la verdad, tenemos una gran cantidad de pruebas perfectamente auditables para que vean que fue un proceso transparente y cristalino”, había adelantado Rau en su alegato de apertura y en esa misma ocasión sentenció: “Les vamos a demostrar que esto no es una causa política, sino que hay una conducta criminal grave”.

Los fiscales Martín Rau -a la derecha- y Vladimir Glinka expondrán en primer turno.

En segundo término alegarán las defensas. Gonzalo De Paula actúa como abogado del ex diputado Germán Kiczka, mientras que el equipo integrado por los letrados Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga representan los intereses de Sebastián Kiczka.

En sus alegatos iniciales, De Paula insistió en la inocencia del ex legislador que fue desaforado como consecuencia de esta investigación, en tanto que la defensa de Sebastián buscará demostrar que el imputado sufre un trastorno de salud mental que requiere una medida de seguridad como una internación y no una pena de prisión.

Después de ello, habrá un tiempo destinado para la etapa de réplicas y dúplicas, para que recién allí el tribunal disponga un cuarto intermedio hasta regresar al reciento de debate con el veredicto alcanzado.

El juicio se realiza en el SUM del Palacio de Justicia y el proceso está a cargo del Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por los magistrados Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y César Yaya (subrogante).

La audiencia será la segunda en realizarse de manera pública, dado que las jornadas destinadas a la recepción de testimoniales se efectuaron a puertas cerradas por tratarse de una causa que trata delitos contra la integridad sexual.

Los jueces Gustavo Bernie -al centro-, Viviana Cukla y César Yaya deberán emitir su veredicto tras los alegatos.

La palabra de los hermanos

Durante el transcurso de las audiencias ambos imputados hicieron uso de la palabra. Germán Kiczka solicitó declarar en dos oportunidades, aunque en ninguna aceptó contestar preguntas.

Ante el tribunal el ex diputado se declaró inocente y atribuyó todas las responsabilidades del caso a su hermano Sebastián, quien en concordancia a lo que parece ser la estrategia defensiva de ambos admitió las acusaciones que pesan en su contra, aunque alegó desconocer que el consumo de archivos Masi constituían un delito.

A los hermanos se los acusa de poseer, facilitar y distribuir 913 archivos con contenido de abuso sexual infantil y zoofilia. En su defensa, Germán afirmó que los aparatos informáticos incautados con archivos Masi eran utilizados por su hermano, por ende, se declaró inocente e insistió en una “persecución política” en su contra.

 

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Sebastián fue más conciso. Ya en su primera declaración se hizo cargo de todo e incluso le pidió perdón a su hermano. Cuando volvió a pedir la palabra el último lunes agregó que no sabía que era ilegal ver contenidos de este tipo, aunque en pocos segundos se contradijo, ya que después señaló que al usar la computadora de su hermano intentó “borrar” los archivos para “no dejar pistas”.

Los dos se encuentran detenidos desde hace más de 200 días en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul. Allí fueron alojados tras sus respectivas detenciones. Germán fue atrapado en un camping de la localidad correntina de Loreto, mientras que Sebastián fue interceptado casi como un linyera en Concepción de la Sierra.

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Fiscales del caso Kiczka: “Demostraremos que hay una conducta criminal grave”

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En las primeras horas de la jornada de hoy se registraron dos siniestros viales que se cobraron la vida de un automovilista y un motociclista en diferentes puntos de la Capital provincial. 

El primer caso fue minutos antes de la medianoche en la avenida Francisco de Haro, casi en la intersección con la avenida Maipú, donde un vehículo Volkswagen Taos, color gris, colisionó contra un poste de luz tras perder el control.

Al llegar al lugar personal policial y médico constató que el conductor, identificado como Francisco Javier Hammerle de 78 años, no presentaba signos vitales.

El segundo accidente ocurrió alrededor de las 5:30, en la avenida Costanera Acceso Sur, entre Monteagudo y Maipú. En este caso, un motociclista perdió la vida tras despistarse, aparentemente después de haber atropellado a un perro.

En el lugar se encontró una Rouser de 200cc, color negra, y el cuerpo sin vida del conductor, Juan Carlos Stic de 52 años, domiciliado en Santa Ana.

En ambos casos trabajaron las comisarías jurisdiccionales y el gabinete de la Policía Científica con el médico y bioquímico de turno.

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