La Justicia Federal resolvió el embargo y la inhibición del misionero Adrián Martínez Moreira, acusado de liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de las reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.

La resolución se cumplió luego de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del ex juez Alberto Baños, se involucrara en la causa contra el misionero señalado por fabricar causas de lesa humanidad para el cobro de las indemnizaciones.

La cartera de Baños está bajo la órbita del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, quien en abril pasado, al hablar sobre la lluvia de amparos por reparaciones reclamadas por víctimas de la dictadura, excusó la mora en una supuesta auditoría a una asociación ilícita que se dedicaba a tratar de cobrar dinero del Estado con denuncias fraudulentas.

El ministro se refería a la causa contra Martínez Moreira y la alusión le valió una felicitación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, porque hay que “auditar el curro de los derechos humanos”.

Sin embargo, el intento de estafa del misionero no fue descubierto ni denunciado por La Libertad Avanza (LLA), ya que las primeras denuncias datan de 2014 y fueron presentadas por dirigentes de derechos humanos.

Incluso, el antecesor de Baños en Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, recopiló casos e impulsó la causa como querellante.

Embargo

Según comentó  a La Voz de Misiones el abogado Javier Garín, víctima y uno de los primeros en denunciar a Martínez Moreira, desde el equipo jurídico de la Secretaría de Baños se pidió a la justicia que cumpla con el embargo y la inhibición de los acusados.

“El juzgado ordenó un embargo y no lo cumplió, nos enteramos ahora”, afirmó Garín a LVM y agregó: “Ahora, lo tuvo que hacer”.

El misionero Martínez Moreira está procesado junto un abogado identificado como Omar García, y dos mujeres identificadas como Leticia G. y Nicole Carolina G.

La causa, está a cargo de la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, quien investiga a Moreira como líder de una organización criminal que, según la investigación, comenzó a operar en 2013 a través de una organización llamada “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, con la que contactaba con víctimas y familiares del terrorismo de Estado y ofrecía representarlos en gestiones y demandas por sus indemnizaciones.

Martínez Moreira, se presentaba como hijo de detenidos desaparecidos, y decía, además, ser abogado y sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Nada de esto era cierto.

El fabulador

Valiéndose de las redes sociales, Martínez Moreira se construyó un relato a la medida de los planes y actividades del grupo ahora procesado por la justicia federal.

Decía ser hijo del paraguayo Adrián Martín Martínez, militante comunista desde su juventud, y la misionera María Santa Moreira, secuestrados el 8 de noviembre de 1988, en la casa del barrio Herrera, de Asunción, donde vivían.

Martínez Moreira afirmaba que en la capital paraguaya, con dos años de edad, fue entregado a un militar argentino que lo anotó como Matías Ezequiel López.

En su relato, el misionero aseguraba que sus padres desaparecidos habían sido miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Enrique Gorriarán Merlo, y que inclusive habían participado del atentado contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción, en 1980.

En su historia, Martínez Moreira cita nombres de supuestos tíos y primos desaparecidos en Paraguay, y cuenta que, a los siete años, en 1993, fue localizado por su abuela materna, Leontina Delart de Moreira.

Habla de un exilio de sus padres en Brasil, de un divorcio en 1984; de una relación de su madre con un militante del MIR chileno, con quien tuvo una niña que bautizaron María Luz; del reencuentro de la pareja en Jardín América, donde su madre lo da a luz en 1986; y describe espeluznantes pesadillas infantiles, en que vuelve una y otra vez a un mismo basural.

Garín denunció a Martínez Moreira por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en el patrocinio de causas de víctimas de lesa humanidad que desconocía.

Garín radicó una denuncia ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba. El abogado identificó unas 50 causas iniciadas con su número de CUIT ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La justicia ordenó el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires, donde encontró toda la evidencia que sirvió a la jueza Capuchetti para ordenar el procesamiento de Martínez Moreira y sus cómplices.

La justicia constató también denuncias falsas de Martínez Moreira contra periodistas, magistrados, funcionarios de la secretaría de derechos humanos,  sobrevivientes del terrorismo de estado, organismos, familiares, hijos de desaparecidos que habían descubierto el funcionamiento de la banda y habían alertado a las autoridades o la justicia.

La historia que Martínez Moreira relataba con verdaderos dotes actorales, estremeció. Diarios y canales de televisión le dedicaron sendos reportajes y entrevistas. Página/12 llegó a dedicarle la tapa del suplemento Soy, que aborda la temática LGTBQ+, por el relato de abusos con que el misionero engordó su personaje de hijo de la “generación diezmada”.

Nombre real

El misionero fue investigado por la Procuración General de la Nación (PGN), que determinó que no es hijo de desaparecidos y que toda su historia es falsa.

Según la PGN, su nombre real es Ovidio Martínez, nacido el 30 de abril de 1993 en el hospital de Jardín América, hijo de Santa Moreira y Emilio Martínez, domiciliados en Puerto Leoni, quienes lo entregaron con fines adoptivos en la Defensoría Oficial de Puerto Rico.

Su nueva familia lo inscribió en el Renaper como Matías Ezequiel López, a partir de una sentencia judicial de adopción plena.

En 2013, con documentación apócrifa, pruebas falsas de ADN, y una retórica estremecedora, Matías Ezequiel López, de 20 años, consiguió que la justicia le reconociera su nueva identidad.

Así nació el personaje de Adrián Martínez Moreira. Más tarde agregaría “de Zanotti” a su apellido, en referencia a Pablo Zanotti, una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, en febrero de 2012, con quien el misionero aseguraba estar casado legalmente, lo que fue siempre desmentido por la familia del hombre.

Martínez Moreira visitó la tierra colorada en varias ocasiones. La primera vez fue el 16 de septiembre de 2013, en un taller debate que se realizó en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la Unam, sobre la calle San Lorenzo, en Posadas.

En 2014, en otro viaje a Misiones, el falso hijo de desparecidos retiró de la oficina del Renaper de Posadas, la nueva partida de nacimiento ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones, con la que finalmente consiguió su primer ejemplar de DNI como Adrián Martínez Moreira, el 5 de noviembre de ese año.

Desde entonces, según la base de datos del organismo estatal, renovó su DNI cinco veces, y ahora va por el ejemplar F, con fecha de emisión el 20 de abril de 2022.

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Tras permanecer más de un año prófugo, esta tarde fue detenido Roberto Ariel González (43), acusado de violar de una niña de 12 años que residía al lado de su casa en la chacra 192 de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la detención del implicado se concretó en la salida del centro de migraciones del puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

La captura se dio cerca de las 15, una vez que el prófugo cruzó el portón del centro de frontera que cuenta con custodia de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

En esas circunstancias González fue abordado y reducido por una comisión perteneciente a la División Delitos Sexuales de la Dirección Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones, quienes de esta manera pusieron fin a los días en clandestinidad del implicado.

Sobre el sospechoso pesaba una orden de captura emitida el año pasado por el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, quien quedó a cargo de la investigación de una denuncia por abuso sexual perpetrado en perjuicio de una niña de 12 años.

Frente a la casa del sospechoso el año pasado hubo protestas, corte de calle y pintadas.

El caso

Según pudo reconstruir LVM en aquél entonces, todo comenzó el 31 de mayo del año pasado, cuando en horas de la tarde vecinos de la chacra 192 alertaron a una joven de 18 años que su hermana de 12 había sido levantada de la calle por González.

De inmediato, la muchacha habló con su hermana y la niña contó lo sucedido. “Ese día ella llegó un poco más tarde la escuela y se acostó a dormir. Yo la vi y tuve un mal presentimiento, estaba rara. Recién a la noche nos enteramos de la situación”, narró la denunciante en diálogo con este medio.

Y continuó: “Varios vecinos de acá vieron cuando él le bajaba de la moto e intentó darle un beso a la nena. Eran las 22 y ella seguía durmiendo, entonces fui a hablar con ella y me empezó a hablar de lo que pasó. Ella confirmó todo lo que vieron los vecinos”.

Esa misma noche se radicó la correspondiente denuncia y los informes médico-forenses practicados posteriormente confirmaron lesiones y signos compatibles con un abuso sexual en la niña.

Recibido estos resultados, el juzgado interviniente ordenó la captura del sospechoso, aunque para ese entonces González ya se había esfumado. Luego pidió una eximición de prisión, pero el beneficio fue rechazado y desde momento permaneció en la clandestinidad.

Consecuencia del hecho, vecinos del barrio realizaron varias protestas, con corte de calle y pintadas en la casa del sospechoso, situación que además fue aprovechada por manifestantes que saquearon la vivienda.

Abuso, protesta y robo en Posadas: lo buscan por violación de niña de 12 años

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Casi doce meses después de la noche que marcó el fin de sus días en libertad, el rosarino que en julio de 2023 cayó con un automóvil envainado con arsenal de pistolas y fusiles de diferentes calibres en una dársena del puente internacional San Roque González de Santa Cruz fue condenado a 6 años de prisión.

El implicado se trata de Mauricio Alberto Pérez Borzollino (54), quien recientemente firmó un acuerdo de juicio abreviado en el cual aceptó ser condenado a la pena de 6 años de prisión como autor del delito de “contrabando de armas en grado de tentativa”, acta que esta semana fue transformada en sentencia por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.

De esta manera, el rosarino deberá continuar purgando su pena en una celda de la Prisión Regional del Norte -Unidad 7-, recinto ubicado en la localidad chaqueña de Resistencia y dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El hecho que derivó en esta sentencia se registró en la noche del 29 de julio del año pasado, cuando un Ford Ka llegó al puesto de migraciones en la cabecera argentina del puente que une Posadas con Encarnación.

En esa instancia, Borzolino se sometió al control documentológico pero cuando un agente de Afip-Aduana alumbró en un orificio cercano a la salida del cinturón de seguridad advirtió que en su interior había un paquete.

Ante la sospecha de una maniobra delictiva, los funcionarios trasladaron el vehículo hacia el escáner del organismo y así detectaron que el rodado estaba repleto de objetos ocultos en doble fondos especialmente preparados.

El procedimiento en el puente se registró en julio del año pasado.

El siguiente paso fue abrir esos compartimientos y en esa instancia se toparon con un arsenal. Según las especificaciones plasmadas en la sentencia, lo incautado consistió en cuatro pistolas semiautomáticas marca Canik modelo TP 9 con accesorios; siete fusiles/escopetas semiatuomáticas marca Deyra modelo DR90 con accesorios; y un fusil/escopeta semiautomático marca BCM, modelo XM 15-20 con accesorios, este último calificada como arma de guerra y de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.

Todas las armas fueron sometidas a pericias balísticas y todas se encontraban aptas para disparar.

“El imputado nombrado, no solo intentó eludir y engañar al servicio aduanero, al ocultar de manera muy suspicaz los armamentos y municiones en el interior del rodado para que estos no fueran vistos a simple vista por los agentes aduaneros, sino también se vio en riesgo la seguridad común, dada la naturaleza de los elementos (armas de guerra y municiones), y la cantidad que fueron secuestradas”, consigna el fallo dictado por el TOF posadeño.

Ante esto, el rosarino Borzollino fue condenado a la pena de 6 años de prisión, en tanto que la Justicia dispuso que el arsenal incautado sea puesto a disposición de Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

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