El diputado provincial de Activar, Pedro Puerta, notificó que declarará por escrito en el juicio contra su ex compañero de banca Germán Kiczka, proceso al cual fue convocado en calidad de testigo por la fiscalía.

El empresario yerbatero hará usos de sus facultades como legislador y declarará por escrito, evitando así comparecer en forma presencial al debate oral que desde el lunes se lleva adelante contra su ex socio político y su hermano Sebastián Kiczka (47).

La decisión fue notificada hoy, a través de un escrito dirigido a los integrantes del Tribunal Penal Uno de Posadas, conformado por los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya.

De esta manera, ahora las partes deberán confeccionar un documento con las preguntas que consideren pertinentes al caso y ese cuestionario llegará a manos de Puerta para que responda.

En declaraciones a la prensa, los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka indicaron que la citación del hijo del ex gobernador Ramón Puerta como testigo se sostenía en “una serie de mensajes con algunos de los imputados”.

Fiscales del caso Kiczka: “Demostraremos que hay una conducta criminal grave”

Tal como lo dispuso el Tribunal Penal Uno de Posadas, ayer a la tarde se difundió la grabación de los testimonios brindados ayer por los hermanos Germán (44) y Sebastián Kiczka (47), quienes enfrentan juicio oral desde por delitos de tenencia, facilitación y distribución de archivos Masi.

El material fue publicado en la misma cuenta de Youtube a través de la cual se transmitió en vivo el inicio del juicio, aunque la audiencia del martes, en la que ambos imputados declararon, se realizó a puertas cerradas, modalidad aplicada en juicios sobre casos que traten delitos contra la integridad sexual.

Si bien ya se conocía que Sebastián admitió su responsabilidad en los hechos e incluso se disculpó con su hermano y que Germán se declaró inocente, con la grabación hecha pública se pueden extraer sus declaraciones textuales.

El primero en pasar ante el estrado de los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya, fue el mayor de los hermanos, quien formalmente se abstuvo de prestar declaración indagatoria y solo se limitó a hacer a una “aclaración” en la cual admitió su responsabilidad en la causa.

“Quiero aclarar que yo presenté una carta en diciembre donde explica que la computadora Acer que estaba en mi casa era yo quien la utilizada”, fueron sus primeras palabras, para luego dirigir la mirada hacia su hermano y lanzar: “Quiero aprovechar, por enésima vez, para pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”.

“Germán, disculpá loco”, le expresó con voz temblorosa.

Y antes de volver a su asiento, reiteró: “Yo soy responsable de la Acer, solo yo usaba”.

La Acer a la que Sebastián hizo referencia es la notebook incautada en la casa del barrio Illía que compartía con su padre y en la cual se hallaron más de 600 archivos con contenido Masi.

Para la fiscal Silvia Barronis, que investigó el caso y solicitó la elevación a juicio del expediente, esa Acer era propiedad del hasta ese entonces diputado provincial Germán Kiczka dado que no solo que tenía cargado sus datos de usuario, sino que también registraba movimientos recientes como, por ejemplo, el pago de boletas de servicios, entre otras evidencias.

“Sigo siendo diputado”

Germán, por su parte, se desliga de ella y así lo reiteró ayer, cuando fue su turno de pasar a declarar ante los jueces del TP Uno.

“Voy a ver ser muy breve”, avisó el imputado al sentarse frente a ellos. “Me declaro total y absolutamente inocente de todos los cargos. Acá, bajo juramento, declaro que jamás en mi vida busque, investigué, descargué, me interesó y mucho menos compartí material de pornografía infantil”, añadió.

Y afirmó: “En todos los dispositivos electrónicos utilizados por mí no hay nada y mire que me allanaron señor juez. En mi casa, en mi oficina en la cigarrerra, en mi oficina en la Legislatura, en la casa de mis suegros”.

A partir de ahí, volvió a considerarse víctima de una persecución política: “Quiero declarar que esto sí es una persecución política, lo fue siempre y desde un principio. El gobierno sabe que destruyéndome a mí, destruye a mi partido y destruye a la única fuerza opositora real de la provincia”.

“Fui el único diputado de 40 que, en repetidas veces, me opuse a leyes nefastas que el gobierno provincial quería implementar en detrimento de la provincia”, aseveró y casi a modo de respuesta a lo expuesto por el fiscal Vladimir Glinka en su alegato de apertura sostuvo: “Si uno analiza las leyes a las que hago referencia se va a dar cuenta que no es necesario ser Mandela para ser un perseguido político”.

También se despachó contra los integrantes de la Legislatura provincial, a quienes acusó de haberlo expulsado “inconstitucionalmente”.
“La Cámara se apresuró en expulsarme a pesar de que yo ya había renunciado a mis fueros, mostrando mi colaboración, mi apertura con la Justicia”, consideró.

Y culminó: “Me expulsaron de manera inconstitucional y sin siquiera darme la posibilidad de defensa. Por eso yo aún me siento y aún soy diputado de la provincia de Misiones”.

Siguen las testimoniales

El juicio oral continuó hoy con la declaración de dos testigos, entre ellos los policías que intervinieron en las detenciones de los hermanos, y la incorporación por lectura de otras seis testimoniales.

En el debate participan los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka, mientras que los imputados son defendidos por Gonzalo De Paula, por Germán Kiczka, y Eduardo Paredes, por Sebastián.

FOTO: Marcos Otaño.

Autorizaron difundir la grabación del testimonio de los hermanos Kiczka

El próximo viernes, madres, hijos, amigos y vecinos de los ex policías acusados por “intento de sedición y conspiración”, se concentrarán a partir de las 8 frente al Juzgado de Instrucción Tres de Posadas a la espera de respuestas por parte del juez Fernando Verón, ante una detención que lleva seis meses y califican como “arbitraria”.

Tras la protesta policial de mayo, en octubre pasado, la Policía de Misiones junto a Cibercrimen habían descubierto un plan que se orquestaba a través de un grupo de Whastapp con el objetivo de “desestabilizar a la cúpula de la institución”.

Por ese motivo fueron detenidos y luego destituidos de la fuerza Diego Hernán Correa, Horacio Ezequiel Coutto, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Ramón Canteros, Joaquín Alejandro Orrego, Adolfo Basilio Guirula y Ramón Oscar Amarilla.

“Cuando nos atendió el juez Verón nos dijo que él tenía intenciones de resolver el tema de los muchachos, que consideraba que las medidas que había implementado ya se veían debilitadas, como el entorpecimiento de la investigación, porque ya no son policías… Y bueno, el peligro de fuga él lo puede controlar con medidas de prohibición de salida del país, de la provincia, o que se presenten cada 15 días ante el juzgado”, relató un familiar de Orrego en diálogo con La Voz de Misiones, ante la posibilidad de obtener prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.

Luego, profundizó: “Después nos dijo que él necesitaba el expediente, por lo que las familias que vivían en Posadas estuvieron yendo a averiguar en Cámara de Casación y les prometieron que esta semana iba a estar en el despacho del juez, por eso el viernes queremos movilizarnos para ver si efectivamente se está moviendo eso o fue pura zaraza para que nosotros nos quedemos más tranquilos y poder prolongar más todo esto”.

A poco más de seis meses de aquella detención, las esposas e hijos de los ex policías detenidos continúan a la espera de respuestas, ya que la causa se encuentra “congelada”, sin llamado a declaratoria ni sentencia.

Desde las primeras semanas, los familiares ocuparon espacios públicos como plazas, calles y toda manifestación existente para asistir con carteles y hacer visible su reclamo: “Liberen a los policías detenidos”, reclamo que el próximo viernes se trasladará al juzgado ubicado en calle Santa Fe entre Buenos Aires y Rivadavia.

“La idea es ver si el juez tiene respuesta de esto y después de última movilizarnos a la Cámara de Apelaciones, que es donde también tienen que dar respuesta porque están demorando el trámite”, concluyó Orrego.

Ante la ausencia de avances en la causa, la semana pasada cuatro detenidos iniciaron una huelga de hambre en el penal de Loreto y una de las madres denunció que dos de sus hijos “contrajeron enfermedades como consecuencia del mal estado” en el que se encontraba una de las celdas conocida internamente como “La Pelada”.

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