Una anciana de 76 años denunció que el martes al mediodía fue interceptada por dos jóvenes a la salida del banco Macro, en pleno microcentro de Posadas, y le robaron un bolso con más de 2,5 millones de pesos.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, la damnificada radicó la denuncia este mediodía ante la comisaría Primera, pero el hecho ocurrió el último martes, momentos después de salir del banco.

En su presentación, la mujer relató que había estado en la sucursal del banco Macro ubicada sobre la calle Buenos Aires, entre Belgrano y Alvear, donde gestionó un préstamo y salió de allí con un total de 2.600.000 millones de pesos en un bolso.

De allí, caminó por calle Buenos Aires hasta que al llegar a su intersección Santa Fe fue abordada por dos delincuentes que la intimidaron con un arma blanca y la despojaron del bolso con el dinero recientemente retirado.

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El Ministerio de Gobierno de la provincia intervino este jueves el Jockey Club Posadas, en virtud de lo solicitado por la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Misiones (DGPJ), donde impugna la asamblea de socios de la entidad hípica del 30 de agosto pasado y corre todo lo actuado a la cartera de Marcelo Pérez.

Hoy, el ministro firmó la resolución que designa interventor al director de Asuntos Municipales de Misiones, Joaquín Cabral, quien llevará adelante el proceso para la realización de una nueva asamblea de elección de autoridades y la normalización institucional de la entidad.

La intervención se dio como consecuencia del pedido de impugnación de la asamblea de agosto, que eligió al empresario Gustavo Mussi como nuevo presidente, que hizo a comienzos de septiembre un grupo de socios, denunciando un sinnúmero de irregularidades.

El 3 de octubre, la directora de Personas Jurídicas, Camila Miralles, firmó la Disposición 219, que repasa lo actuado por los denunciantes y recoge la opinión de la Inspectoría Jurídica de la DGPJ, para, finalmente, pedir al Ministerio de Gobierno que resuelva la intervención del club.

Según ese documento, el área jurídica de la DGPJ, comprobó lo denunciado por los socios y concluyó que “por la gravedad de las irregularidades” de la asamblea del 30 de agosto “corresponde hacer lugar a la denuncia”.

Sin embargo, tal disposición fue anulada, tras el recurso de revocatoria interpuesto por el sector de Mussi, que consideró vulnerado su derecho a la defensa, aunque, finalmente, la DGPJ terminó impugnando la asamblea que lo eligió como presidente del Jockey y pidiendo al Ministerio de Gobierno la intervención del club.

Bandos

La interna societaria del club hípico posadeño quedó expuesta con lo ocurrido en la última edición de la Copa Challenger, donde murió un caballo, un jinete resultó herido y se denunciaron apuestas ilegales y el funcionamiento de un garito clandestino, lo que le valió al club una suspensión del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc) y una multa de $20 millones.

Las sospechas de doping en la muerte súbita de la yegua Argentina Lake, del Stud Doña Juana de Corrientes, que se desplomó en plena carrera, y las imágenes virales del garito y el carnaval de apuestas, disparó el cruce de acusaciones entre los sectores que se disputan la nueva comisión directiva.

En la ocasión, el presidente interino Víctor Martínez, ahora depuesto por la designación del interventor Cabral, cargó contra el sector de socios que impugnó la asamblea que eligió a Mussi y contra la disposición de la DGPJ que hizo lugar al pedido sobre el que se expidió este jueves el ministro Pérez.

“Todo esto tiene su origen en esa asamblea”, disparó Martínez y señaló a La Voz de Misiones: “Es una puja de dos bandos”.

“En esa asamblea no se tuvo en cuenta el principal objetivo que era elegir nuevas autoridades”, argumentó y apuntó contra la disposición de la DGPJ por “dejar sin efecto la convocatoria atendiendo factores menores y cosas que no son ciertas”.

Del otro lado, le contestó Juan Marcelo Benítez Vigo, quien calificó de “verdadera locura” lo ocurrido en el hipódromo posadeño y responsabilizó por todo a Mussi, al que llamó “presidente de facto” del Jockey.

“Tal y como veníamos vaticinando, las nuevas autoridades no tienen idoneidad moral ni de gestión para llevar adelante nada”, disparó Benítez Vigo y remató: “Imagínese algo que claramente se le fue de las manos”.

El intercambio entre ambos bandos se retroalimentó de lo sucedido en la Copa Challenger que, a su vez, desembocó en una denuncia penal del Iplyc contra el club, en la que los socios que impugnaron a Mussi, se incorporaron como querellantes.

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Raúl Roberto Leites, el taxi boy misionero que en 2009 fue condenado por el asesinato de un médico en Buenos Aires y que luego se mantuvo cinco años prófugo al no regresar de una salida transitoria, volvió a escuchar las esposas cerrarse sobre sus muñecas hoy, esta vez acusado por abusar de una sobrina en la localidad de Apóstoles.

Leites tiene 44 años, pero hace 20 que su nombre ya sale en las crónicas policiales. Todo empezó el 18 de agosto de 2004, cuando lo detuvieron por el crimen de Simón Russek (60), un médico que un mes antes fue asfixiado dentro de su departamento en el barrio porteño de Almagro.

Los investigadores establecieron que las últimas personas que estuvieron con Russek fueron tres trabajadores sexuales, más conocidos como “taxi boys”, quienes asiduamente visitaban al médico y entre ellos estaba Leites, al que ubicaron como el joven que mayor relación tenía de la víctima.

El crimen fue descubierto el 9 de julio, cuando la madre de Russek fue a visitarlo porque hacía días que no tenía novedades de él y al entrar al departamento lo encontró tendido sobre su cama. El médico estaba maniatado de pies y manos y en su cabeza aún tenía una funda de almohada. 

La hipótesis principal fue que el médico fue asaltado por los trabajadores sexuales, que tras el crimen robaron una importante suma de dinero en dólares y con los datos recabados los policías salieron en sus búsquedas, aunque para ese entonces ya ninguno estaba en Capital Federal.

Fue así que a mediados de agosto Leites fue capturado en Apóstoles y en la casa donde lo detuvieron encontraron un recibo de una sucursal bancaria donde el día anterior cambió 100 dólares.

La recaptura de Leites en 2016 fue incluida en el informe de Cufre.

Más tarde, finalmente, el misionero fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión como autor del delito de “homicidio ocasión de robo”, pena que purgó en el penal de Ezeiza, pero en 2011 salió de transitoria, nunca volvió y pasó a la clandestinidad.

Durante varios años fue considerado uno de los prófugos más buscados de Argentina y su recaptura se dio recién en agosto de 2016, cuando agentes de inteligencia criminal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) lograron ubicarlo.

Leites nuevamente estaba en Apóstoles. Había logrado pasar desapercibido trabajando en un complejo yerbatero, pero sus días en libertad había llegado a su fin nuevamente y desde allí fue llevado a la cárcel de Marcos Paz, donde terminó de cumplir su condena.

Su recaptura en 2016 fue incluida ese año en el informe del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos, dependiente del ministerio de Seguridad de la Nación.

Ahora, su nombre vuelve a aparecer en las noticias policiales. Según pudo averiguar La Voz de Misiones, Leites ayer fue denunciado por un hecho de abuso sexual cometido en perjuicio de una sobrina de 16 años y esta mañana la Policía irrumpió en la casa donde residía en Apóstoles.

El procedimiento se concretó a las 8.15 de hoy y Leites se resistió, alegando que estaba armado, aunque no logró evitar su aprehensión. El implicado ahora está a disposición del Juzgado de Instrucción Cuatro, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faría, quien llevará adelante las actuaciones de la incipiente causa.

Fuentes policiales agregaron que Leites además tiene una causa federal por falsificación de moneda extranjera y otra por amenazas, al tiempo que había sido declarado en “rebeldía”.

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