Hoy jueves a las 4 de madrugada, agentes del Comando Radioeléctrico hallaron a un hombre sin signos vitales, tendido en una calle terrada del barrio San Miguel de la localidad de San Pedro.

El sujeto en cuestión fue identificado como Javier Gómez, de 33 años de edad y tras el examen médico de rigor, se constató que presentaba un “orificio en la zona de la mandíbula izquierda”.

Del operativo también participó la Policía Científica, junto a otros agentes, mientras que el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro dispuso que el cuerpo sea trasladado a la Morgue Judicial de Posadas para realizar la correspondiente autopsia médico-legal.

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Un vecino de Aristóbulo del Valle fue condenado hoy a la pena de 14 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrino de 6 años, a quien tenía a su cargo y debía proteger.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la sentencia fue emitida este mediodía, tras un juicio realizado ante el Tribunal Penal Uno de Oberá, integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba (subrogante).

El condenado se trata de E. F. C. -sus datos completos se preservan para no identificar a la víctima-, quien fue declarado autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda”. El fiscal Elías Bys había pedido 17 años de prisión como castigo, aunque el tribunal se inclinó por 14.

El implicado se encuentra alojado en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, presidio donde continuará un largo tiempo más purgando la pena emitida en su contra.

El hecho que lo llevó a prisión se registró el 6 de enero del año pasado, mientras se encontraba en la casa de su hermana en el barrio Municipal de Aristóbulo del Valle y se aprovechó de su calidad de guardador de su sobrino de 6 años, a quien finalmente abusó sexualmente.

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La causa contra los hermanos Germán (43) y Sebastián Kiczka (47) volvió a tener novedades. Una de ellas es que la Cámara de Apelaciones confirmó las prisiones preventivas dictadas en su contra, mientras que la otra es que al mayor de los involucrados ahora también le adjudican un hecho de abuso sexual, lo cual agrava su situación procesal.

La resolución de Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia se firmó esta mañana, con el voto primario del magistrado José Alberto López y la adhesión de su par María Ruth Dilaccio.

El tribunal de alzada debió intervenir en el expediente luego de un recurso de apelación presentado por Gonzalo De Paula, abogado defensor de los hermanos Kiczka, quien en su presentación cuestionó la medida dictaminada por el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles y quien dirige la investigación contra los apostoleños imputados por la tenencia y distribución de al menos 913 archivos Masi (material de abuso sexual infantil).

En su planteo, De Paula solicitó la nulidad de la medida y la revocación de la prisión preventiva al esgrimir incumplimiento de garantías procesales y carencia de fundamentación legal en las imputaciones.

El recurso fue analizado entonces por los miembros de la cámara, quienes finalmente hoy decidieron rechazar al planteo, dejando firmas las prisiones preventivas dictadas contra los hermanos actualmente detenidos en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

A la hora de responder al planteo, los camaristas volvieron a repasar la gravedad de los hechos investigados y también consideraron que la libertad de los implicados podría representar un riesgo de fuga, más aún tendiendo en cuenta ambos implicados realizaron acciones tendientes a esquivar el accionar de la Justicia cuando se libraron sus pedidos de captura.

Fuentes consultadas por La Voz de Misiones consignaron que, en paralelo a esta resolución, el mismo órgano judicial rechazó un pedido de recusación formulado contra el juez Faría, por lo cual el expediente continuará en manos del magistrado de origen.

La última novedad es que, mientras la causa era analizada por la cámara, en el juzgado apostoleño continuaron con la pesquisa y en ese marco lograron ubicar a una adolescente de 16 años que afirmó haber sido víctima de un hecho de abuso sexual perpetrado años atrás por Sebastián Kiczka.

Con la declaración de la víctima, sumado a los chats que fueron recuperados de los aparatos telefónicos incautados al implicado, la fiscal Silvia Barronis solicitó una ampliación del requerimiento inicial de la causa, añadiendo también los delitos de “abuso sexual simple y corrupción de menores”.

Ahora, tras las resoluciones de la cámara, el expediente regresará al juzgado que dirige el magistrado Faría, quien podrá continuar con las medidas que quedan pendientes hasta avanzar con la correspondiente elevación a juicio de la causa.

En el dictado de la prisión preventiva los Kiczka fueron acusados de “haber facilitado a personas no individualizadas alrededor de novecientos trece (913) archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil”.

Todo esto se encuadra como “tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, calificado por tratarse de víctimas presuntamente menores de 13 años”, figura contemplada por el artículo 128, primer y quinto párrafo del Código Penal de la Nación, el cual prevé hasta ocho años de cárcel, aunque la situación de Sebastián se agravaría con nuevas imputaciones.

Prisión preventiva para Germán Kiczka: su defensa y las pruebas en contra

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