Tras el allanamiento realizado el fin de semana en la vivienda de la tiktoker posadeña Florencia Belén Aguirre (28), investigada en una causa por calumnias, injurias y amenazas, el arco político opositor misionero emitió un comunicado de prensa en el cual manifestó una “profunda preocupación” por la detención de ciudadanos “críticos” a la gestión de la Renovación e instaron al gobierno provincial a “ajustarse al Estado de derecho”.

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante las recientes detenciones de los ciudadanos críticos al gobierno provincial del Frente Renovador de la Concordia”, comienza el documento que incluye el nombre de 53 concejales de distintas localidades y dirigentes sociales opositores.

La misiva también lleva la firma de los diputados nacionales Martín Arjol, Florencia Klipauka, Alfredo Schiavoni (mandato cumplido), y de los legisladores provinciales Horacio Loreiro, Miguel Núñez, Rosy Kurtz, Mikaelia González Coria y Analia Labandoczka.

Derecho a la protesta

En el documento, la oposición calificó como acciones judiciales que lesionan la “libertad de expresión” en la tierra colorada los arrestos usuarios de redes dedicados a realizar publicaciones contra políticos del oficialismo. En ese listado incluyeron al tiktoker libertario de Eldorado Ramiro Eduardo Barrionuevo (32), al dirigente barrial y militante de LLA en Posadas Cristian Cabral y, por último, el caso Aguirre.

Todos ellos fueron denunciados por delitos configurados como “intimidación pública”, “amenazas” o “calumnias e injurias”, ante lo cual objeto de investigaciones, procedimientos judiciales y, en al menos dos de los casos, detenciones.

Contrario a esto, para los firmantes del documento contra el oficialismo, los acusados utilizaban las redes sociales, principalmente TikTok, para “expresar su descontento” con las políticas públicas del gobierno provincial y también aprovecharon para exponer “la iniciación de causas penales, en algunos casos con detenciones arbitrarias, a trabajadores y referentes de la administración pública por haber ejercido su derecho a la protesta”, refiriéndose a los policías que permanecen detenidos acusados de “intento de sedición” y a la investigación judicial contra al menos doce docentes que participaron de las protestas multisectoriales en el mes de mayo.

Con los argumentos esgrimidos, expusieron que “en nuestro país la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza a todos los ciudadanos la posibilidad de expresar sus ideas sin censura previa. Además, el artículo 19 del pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional ratificado por Argentina, protege el derecho a la libertad de expresión sin restricciones indebidas”.

Seguidamente, sostienen que en Misiones los derechos mencionados están “protegidos” por el artículo 12 de la Constitución provincial, y acusaron al gobierno renovador de “vulnerar” la garantía constitucional “al perseguir y detener a quienes disienten públicamente”.

“Retroceso”

En otro apartado del comunicado de prensa, los funcionarios opositores aseguraron que la recientemente creada Fiscalía Especializada en Ciberdelitos “no deja de generar estupor” y “atenta contra el debido proceso, fomenta la censura previa y abre la puerta al espionaje”.

Los firmantes del documento manifestaron que las acusaciones expuestas “representan un claro retroceso para nuestras libertades y para el respeto de los derechos fundamentales en Misiones” e instaron al gobierno a cesar “la persecución a opositores y a ajustar sus acciones al Estado de derecho y a los principios republicanos que rigen nuestra democracia”.

Y por último, enfatizaron: “La libertad de expresión no debe ser restringida y el debate de ideas debe ser promovido sin temor a represalias judiciales impulsadas por intereses del poder político de turno, que no acepta voces disidentes”.

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Una delegación de misioneros, entre quienes figuran los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, los diputados nacionales Yamila Ruiz y Daniel Colo Vancsik, todos del Frente Renovador de la Concordia; el ministro de Gobierno de Misiones Marcelo Pérez, y los legislador provinciales Pedro Puerta, de Activar, y la renovadora Karen Fiege, se encuentran en Estados Unidos como observadores internacionales de las elecciones presidenciales que están celebrándose este martes y que tienen como protagonistas al republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris.

Los misioneros integran la comitiva de más de 200 funcionarios y políticos argentinos, libertarios y opositores, en la que, según publicó el diario porteño Clarín, viajaron también Jerónimo Moyano, secretario de Formación Político Sindical de Camioneros e hijo del sindicalista Pablo Moyano; y Blas Osuna, referente de la juventud del gremio.

El viaje de la comitiva nacional en la que viajaron los misioneros estuvo organizado por la fundación Diálogo Argentino Americano, encabezada por Luis Ruvira; la Fundación Universitaria del Río de la Plata (Furp), que maneja Francisco Quintana; y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), que tiene como cabeza visible a Alejandro Díaz.

Las dos primeras organizaciones tienen una larga trayectoria en el fomento del networking político, con programas que facilitan el intercambio de ideas y contactos entre líderes argentinos y norteamericanos.

Arce, Decut, Pérez, Puerta y Fiege, viajaron invitados por la fundación de Ruvira. El yerbatero de apóstoles y su colega de Jardín América aparecen en una foto de parte de la comitiva argentina que circula en grupos de Whatsapp, donde no faltaron las alusiones al romance entre ambos y las versiones de una inminente boda.

Pedro Puerta y Karen Fiege, en el centro de la imagen, debajo del logo.

Entre los parlamentarios nacionales, figuran los radicales Martín Lousteau, Rodrigo de Loredo y Carla Carrizo; los macristas Cristian Ritondo, Luciano Laspina y Rita Sallaberry, además de los libertarios José Rolandi y Fabián Bastía.

Desde el sector empresarial, viajaron Daniel Morelli, de Biopharma, y Manuel Aguirre, director de Relaciones Institucionales de Vista Energy, junto a representantes de Consulting Group Argentina y Pan American Energy, entre otros.

Cada uno de estos grupos maneja una agenda propia de actividades y fueron repartidos en varios de los distritos electorales estadounidenses.

Esta mañana circuló en los medios nacionales una imagen del grupo de parlamentarios destinado a Washington DC, entre los que se ve a la misionera Rojas Decut, posando para la foto en lo que parece ser la terraza de un edificio y con el Obelisco ubicado en el Memorial que homenajea al primer presidente estadounidense, coronando el fondo del cuadro.

También, una fotografía del ministro Pérez frente al edificio del Buró Federal de Investigación, el famoso FBI.

El paquete

Si bien, al parecer, el periplo de la comitiva se manejó con discreción y, de hecho, ninguno de los viajeros compartió nada en sus redes sociales, La Voz de Misiones pudo acceder a la invitación que la fundación Diálogo Argentino hizo llegar a cada uno y donde se ofrecen detalles de la gira.

La propuesta ofrece a los congresistas argentinos un paquete que incluye “habitación base doble con desayuno incluido y wi-fi, armado y coordinación de la agenda de reuniones, traductores y equipamiento para traducción simultánea, traslados in-out aeropuerto Washington DC, tour por la ciudad con guía en español, cena de camaradería de bienvenida y almuerzo al regreso del programa para entrega de certificado final”; todo a un “costo de USD3.000 por persona”.

El ministro Marcelo Pérez posa frente al edificio del FBI.

Asimismo, detalla la forma de pago del paquete y aclara: “Habiendo un cupo limitado de participantes, para asegurarle un lugar se solicita una seña no reembolsable de 500 dólares antes del 4 de octubre”, con la advertencia final de que “se debe tener pago el 100% del paquete antes del 18 de octubre”.

El paquete de los observadores destinados a la capital estadounidense ofrece alojamiento en el Hotel Melrose, ubicado sobre la avenida Pensilvania que conecta la Casa Blanca con el Capitolio, en el corazón de Washington DC.

Los organizadores canalizaron el viaje a través de Cardiff Viajes y Turismo, y el paquete no incluyó los pasajes aéreos.

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Tras el allanamiento realizado por la Policía en la casa de la enfermera y tiktoker posadeña Florencia Belén Aguirre (28), que hoy debe declarar ante la Justicia, el funcionario provincial Roque Gervasoni se refirió al caso en su Facebook y admitió que fue el autor de la denuncia que disparó la investigación: “Pueden decir de mí lo que se les ocurra, pero me asiste el derecho a defender mi buen nombre y honor”.

El actual titular del Instituto de Macroeconomía Circular (Imac), ex Ifai, eligió -una vez más- su cuenta de Facebook para referirse al caso Aguirre, joven influencer que había había apuntado en su contra en varios videos publicados en TikTok, acusándolo de corrupción y vinculando a “escándalos” que salpicarían a otros políticos del oficialismo provincial. 

Gervasoni decidió comenzar su “descargo” refiriéndose a un primer intercambio de mensajes mantenido con la propia Aguirre a través de chats. “Respondiendo a la pregunta que me hiciera en privado la tiktoker que comenzó a escribir en contra de todos, insultar y agraviar, le respondí lo que está en el recuadro rojo”, introdujo el funcionario, adjuntando una captura del registro al que hace mención.

En ese chat, el titular del Imac le dijo: “Largá la hierba, dejá de fantasear, si tenés pruebas aportá y sino buscate un buen abogado, tu cercanía a ese ministro no te va a salvar, no se puede difamar tan alegremente”.

Y Gervasoni continuó con su versión de los hechos: “A partir de ahí soporté hasta el día de ayer, inclusive, menciones en cuanto TikTok subía. Lo del apodo no me molesta. Soy gordito y muy feliz. Pero lo demás en contra mía, en contra de todos los jueces de la provincia, autoridades policiales, funcionarios en todos los niveles, hablando de corrupción, adicciones, vida privada, sin ninguna prueba, sin documentación, sin un solo documento que avale”.

Para el funcionario, el accionar de Aguirre solo apunta a “embarrar, desprestigiar, denostar, difamar y calumniar” al gobierno provincial y ante ello decidió presentar “denuncia penal, civil y en ciberdelito”.

“Solo pedí que se abstenga de seguir con las agresiones”, añadió.

Pero el descargo no terminó ahí. Gervasoni también planteó que la tiktoker participó como “instigadora” en las revueltas policiales, siendo parte, incluso, “de un expediente” y blanco de “varias denuncias”. “Por lo incautado no se trata de cualquiera persona”, remató, haciendo referencia a la escopeta y al frasco con cogollos de marihuana incautados en la casa de la influencer.

“Pueden decir de mí lo que se les ocurra, pero me asiste el derecho a defender mi buen nombre y honor, y de los compañeros y funcionarios del Frente Renovador, de nuestro conductor. Cuando se trata de gente que tras la máscara inocente una usuario/a de redes sociales pretenda solo embarra, desprestigiar, denostar, difamar, calumniar, siendo funcionales a algún interés en particular”, culminó su posteo.

La denuncia de Gervasoni activó una investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte. 

En el marco de las medidas ejecutadas, el fin de semana se allanó la vivienda de la posadeña, instancia en la que se incautaron además de los aparatos informáticos presuntamente utilizados para sus publicaciones, una escopeta y un frasco con marihuana, cuyas procedencias serán objeto de una nueva investigación.

La joven, de 28 años, de profesión enfermera y madre de dos hijos, está libre y fue citada a prestar declaración indagatoria este martes a la mañana.

Tiktoker de Posadas fue citada a declarar este martes ante la Justicia

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