Amarilla denunció que no lo dejaron ingresar a la cárcel de Loreto para un acto
Amarilla grabó un video en el playón de acceso a la Unidad Penal I, que subió a sus redes sociales, donde afirma que al intentar ingresar al establecimiento carcelario le comunicaron que tenía “la entrada prohibida por orden de la directora general del Servicio Penitenciario Provincial, alcaide Valeria Mereles, y por orden del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez”.
El ex policía, que integra el bloque "Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores" junto al legislador ex PRO Miguel Núñez, muestra en el video las notas que envió a Mereles, Pérez, y al alcaide Arturo Sebastián Stij, director de la Unidad Penal de Loreto.
“Hasta el momento no me han dado los fundamentos”, se queja Amarilla. En las notas, el ex policía detalla que la agenda no solamente incluye al penal de Loreto, donde no pudo ingresar; sino también a las cárceles de Miguel Lanús, Oberá y Cerro Azul, donde él estuvo detenido hasta que fue electo diputado, el año pasado.
“Esta es la provincia de Misiones, así nos tratan; y si tratan así a un diputado provincial, imagínense cómo le van a tratar al ciudadano común, al trabajador”, lanza Amarilla en el video.
En el final del spot, el ex policía cambia a tono de arenga y lanza: “Creo que esto es suficiente ejemplo para que sepamos qué hacer en el 2027, que sepamos elegir las autoridades para que podamos vivir, verdaderamente, en democracia, y que podamos vivir en la libertad que nos da la democracia; que nos respeten nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos humanos”.
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Sin competencia
Si bien, desde el Ministerio de Gobierno no hubo comentario oficial respecto de la situación denunciada por Amarilla, La Voz de Misiones pudo saber que este mediodía el ministro Pérez preparaba una nota de respuesta para el diputado provincial.
En el escrito, al que tuvo acceso LVM, Pérez deslinda responsabilidades y le informa al legislador que, si bien el Servicio Penitenciario está bajo la órbita de su cartera, la organización, administración, dirección y funcionamiento de las unidades penales son atribución exclusiva de este, por lo que su Ministerio “no posee competencia para autorizar o denegar ingresos” a los establecimientos penales de la provincia.
“El principio de legalidad que rige la actuación de la Administración Pública impone a cada funcionario ejercer únicamente las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere. Por ello, emitir una autorización sobre una materia ajena a mi competencia implicaría exceder las facultades legalmente asignadas al cargo que desempeño”, explica el ministro.
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