En el PJ Misiones continúa la guerra de comunicados y declaraciones de la conducción provincial, encarnada por el diputado nacional Alberto Arrúa y la dirigente Myriam Comparín, y los interventores designados por el Consejo Nacional del partido, que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), sin que hasta ahora pueda visualizarse una resolución de la situación partidaria.

Este martes, los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, hicieron público el tercer comunicado desde que fueron puestos a cargo del partido en la provincia, donde desautorizan a Arrúa, Comparín, y al abogado Martín Kornuta, a actuar y hablar en representación del PJ Misiones, y los acusan de permitir a una familia de indigentes alojarse en la sede partidaria, como una manera de impedir el cumplimiento de la orden judicial que los obliga a entregar el edificio de la avenida López y Planes libre de ocupantes.

Esta tarde, La Voz de Misiones constató que la sede partidaria permanece cerrada al público, aunque observó movimientos en su interior y la existencia de ropa colgada en el balcón del primer piso.

Libertarios

En primer término, el comunicado reafirma que “el PJ de Misiones se encuentra intervenido por decisión del Consejo Nacional del Partido, con el aval de la Justicia Electoral a partir de diversas denuncias realizadas por grupos de afiliadas y afiliados”.

En el segundo párrafo, los interventores apuntan al abogado Kornuta, quien, en declaraciones periodísticas, la semana pasada, había asegurado que el partido participará de las elecciones del 8 de junio en las listas del oficialismo provincial.

“El mandato del ex apoderado Martín Kornuta cesó con la intervención, por lo que sus declaraciones carecen de cualquier legitimidad de origen y validez institucional”, señalan. “Hace tiempo, además, que Kornuta hace y dice lo que le mandan, por lo que carece también de legitimidad en ejercicio”, sostienen.

“Desconocemos también las manifestaciones de Myriam Comparín y Alberto Arrúa, ex autoridades partidarias devenidos en voceros del espacio político conducido por los hermanos Javier y Karina Milei”, continúa el comunicado y agrega: “Por otro lado, han sido denunciados ante la Justicia por apropiación indebida y entorpecimiento de la tarea normalizadora”.

“Su pertenencia y sumisión a los intereses de LLA (La Libertad Avanza) -totalmente probada por los inexplicables votos de Arrúa en la Cámara de Diputados- hace que se les desconozca toda autoridad partidaria”, afirma el documento.

“Cualquier afirmación sobre posicionamientos políticos que incluyen la integración de supuestas alianzas electorales por parte de afiliados o dirigentes responde a conjeturas o intereses individuales y no representa al Partido Justicialista de Misiones, que en tiempo y forma resolverá su participación en las elecciones, preservando sus postulados doctrinarios de acompañar a los y las trabajadores y trabajadoras, la industria nacional, las economías regionales, a nuestros jubilados y jubiladas, a la salud pública, al federalismo y al desarrollo de nuestras comunidades”, indica.

Ocupas

“Denunciamos el acto inhumano de quienes fueron responsables de propiciar el ingreso a la sede del PJ de una familia en situación de calle, con el único fin de impedir el cumplimiento del mandato judicial de hacer entrega del inmueble libre de ocupantes”, acusan los interventores.

Según sostienen, permitir la ocupación del edificio fue “una muestra de autoritarismo, necedad y egoísmo que merece el repudio de la sociedad y el mayor castigo de la Justicia”.

En tal sentido, Arrieta y Rodríguez, informan que están “trabajando con el objetivo de encarrilar y normalizar la vida institucional del PJ misionero, su recuperación por parte de los afiliados y afiliadas, y garantizar la participación en las próximas elecciones”.

Por último, responsabilizan a Arrúa y Comparín de “hechos y circunstancias reñidos con la legalidad y la representación”, y aseguran que, “en los próximos días”, darán a conocer “el cronograma de actividades para la normalización partidaria y avanzar como fuerza política en la construcción de una nueva centralidad que le devuelva al Partido Justicialista el protagonismo que nunca debió perder”.

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El ex policía Ramón Amarilla, detenido y acusado por “intento de sedición y conspiración”, será candidato a diputado provincial en las elecciones que se realizarán el domingo 8 de junio en Misiones.

Con un video repasando el rol de Amarilla como principal vocero de la protesta y acampe policial durante el mes de mayo de 2024, el diputado Miguel Núñez (PRO) anunció que el ex suboficial mayor tomó “la decisión de dar pelea desde otro lugar” y competirá en las legislativas desde Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

En diálogo con La Voz de Misiones, Núñez confirmó la candidatura del referente de la fuerza provincial, aunque no brindó más detalles, ya que “se está definiendo cómo será el lanzamiento de él”, y aseguró que “nada le impide ser candidato“.

Todo indica que Ramón Amarilla integrará la lista de candidatos a diputados por el Frente Unidos por el Futuro, conformado por el PRO Misiones, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y sectores independientes.

 

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Amarilla fue detenido en septiembre y cuenta con prisión preventiva dictada por el juez Fernando Verón, a cargo del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas. Es uno de los ocho agentes destituidos de la fuerza provincial tras ser acusados por delitos de “sedición” y “conspiración”, luego de que se conociera una serie de chats que daban cuenta de un supuesto plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta.

La legislación argentina no impide que una persona detenida pueda postularse como candidato para ocupar cargos públicos, mientras no exista una condena firme que incluya la inhabilitación.

Por lo cual, no habría impedimento para que Amarilla integre una lista de candidatos para las elecciones provinciales debido a que judicialmente está procesado, pero aún no cuenta con una condena sobre los hechos que se le imputan.

Ramón Amarilla apeló su prisión preventiva y acusó “mensaje ejemplificador”

Se trata de la posadeña Nabila Michitte, quien secundará al candidato Ramiro Marra, expulsado de La Libertad Avanza por Karina Milei y que el próximo 18 de mayo buscará renovar su mandato en la Legislatura porteña bajo el paraguas de la Unión del Centro Democrático (Ucede).

La joven misionera es egresada del Colegio Santa María de Posadas, y licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrano.

En su actividad política, Michitte intervino, en septiembre de 2023, en el Debate Joven organizado por la Defensoría del Pueblo de la Capital Federal, donde, entre otras posturas, marcó su oposición a la ley de alquileres y a favor de la desregulación del mercado inmobiliario.

Asimismo, publicó artículos en el Instituto Ideas ligados a la gestión medioambiental y se desempeñó en los últimos años como asesora en la Legislatura porteña de Marra, a quien siguió tras su exilio forzado de La Libertad Avanza.

En el Instituto Ideas, de cuyo dominio de internet fue titular, al menos, hasta 2024 -de acuerdo al Boletín Oficial de la República Argentina-, Nabila compartió espacio con peronistas de la talla de José Ignacio Vasco de Mendiguren y Alejandro Topo Rodríguez.

Para conformar su lista, denominada En Libertad y Orden, Marra aseguró que “se tomaron exámenes de ética, de moral y de cultura general”, pero también de “ideología”, con el fin de “no caer en trampas”.

“No hay nadie con antecedentes penales, pero tampoco con antecedentes partidarios no dignos”, aseguró.

Cuna peronista

Si bien, la posadeña es una de las caras nuevas del “refresh” libertario, su apellido no es desconocido en la política misionera. Su abuelo fue el recordado ministro de Economía y presidente del extinto Banco de la Provincia de Misiones (BPM), Salomón Michitte.

El abuelo de Nabila fue congresal del Partido Justicialista y, en 1973, asumió al frente del BPM, privatizado en 1993. Formó parte del gabinete misionero, primero, en 1974, durante el gobierno de Luis Ángel Ripoll, quien completó el mandato del fallecido Juan Manuel Irrazabal.

Más tarde, se hizo cargo de la cartera de Hacienda, entre 1987 y 1991, durante la gestión de Julio César Humada, y entre 1991 y 1995 ejerció como diputado nacional del bloque justicialista, donde apoyó la privatización de YPF.