Arrúa, de votar la derogación a pedir por el financiamiento universitario
En un giro copernicano de sus votos dispares en el Congreso, el diputado nacional de Argentina Federal, Alberto Arrúa, presentó un proyecto de resolución para que el gobierno de Javier Milei adecúe el Presupuesto 2027 y garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La Ley 27.795, para la que el legislador misionero pide garantizar recursos, es la segunda de las normativas sobre financiamiento universitario, sancionadas por el Congreso y vetadas por la Casa Rosada.
La primera, Nº 27.757, fue aprobada en Diputados en agosto de 2024 con el voto afirmativo de Arrúa, quien -tras ser sancionada en el Senado en septiembre, y vetada por Milei en octubre-, se abstuvo en la votación para rechazar el veto y la cámara no alcanzó los dos tercios para blindar la ley.
La abstención le valió al legislador misionero, que días antes había manifestado públicamente que votaría a favor de la insistencia de la ley, el repudio generalizado dentro y fuera de la provincia, e incluso que la ex presidenta Cristina Fernández (CFK) lo acusara de “transfuguismo político”, en un posteo de aquellos días en su cuenta de X.
La segunda ley, vigente e incumplida por el gobierno pese a las intimaciones judiciales, se aprobó en la Cámara de Diputados, con el voto afirmativo de Arrúa, el 6 de agosto de 2025, y tuvo sanción definitiva en el Senado, el 21 de ese mes.
Como en ocasión de la primera norma, Milei volvió a vetarla; pero, a diferencia de lo ocurrido el año anterior, Arrúa sumó a la mayoría calificada que rechazó el veto en Diputados; y, finalmente, el 2 de octubre, el Senado reunió 58 votos afirmativos frente a 7 negativos, y la ley quedó firme.
Pero, dos meses más tarde, en diciembre, Arrúa volvió a ponerse en el centro de la polémica al votar a favor del Capítulo 11, del Presupuesto 2026 del gobierno libertario, que eliminaba de manera definitiva la normativa de financiamiento universitario.
Sin embargo, pese al voto afirmativo de Arrúa y el resto de los diputados misioneros, la oposición logró rechazar ese capítulo en el recinto, y salvó la ley de la derogación.
Fondos seguros
Ahora, el legislador impulsa el proyecto de resolución que, según el texto, busca “asegurar los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas nacionales, la actualización de sus partidas presupuestarias, la recomposición salarial del personal docente y no docente, el financiamiento de las becas estudiantiles y el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas por la normativa vigente”.