Política
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Miércoles, 30 de septiembre de 2026- Posadas, Misiones, AR
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En un giro copernicano de sus votos dispares en el Congreso, el diputado nacional de Argentina Federal, Alberto Arrúa, presentó un proyecto de resolución para que el gobierno de Javier Milei adecúe el Presupuesto 2027 y garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La Ley 27.795, para la que el legislador misionero pide garantizar recursos, es la segunda de las normativas sobre financiamiento universitario, sancionadas por el Congreso y vetadas por la Casa Rosada.
La primera, Nº 27.757, fue aprobada en Diputados en agosto de 2024 con el voto afirmativo de Arrúa, quien -tras ser sancionada en el Senado en septiembre, y vetada por Milei en octubre-, se abstuvo en la votación para rechazar el veto y la cámara no alcanzó los dos tercios para blindar la ley.
La abstención le valió al legislador misionero, que días antes había manifestado públicamente que votaría a favor de la insistencia de la ley, el repudio generalizado dentro y fuera de la provincia, e incluso que la ex presidenta Cristina Fernández (CFK) lo acusara de “transfuguismo político”, en un posteo de aquellos días en su cuenta de X.
La segunda ley, vigente e incumplida por el gobierno pese a las intimaciones judiciales, se aprobó en la Cámara de Diputados, con el voto afirmativo de Arrúa, el 6 de agosto de 2025, y tuvo sanción definitiva en el Senado, el 21 de ese mes.
Como en ocasión de la primera norma, Milei volvió a vetarla; pero, a diferencia de lo ocurrido el año anterior, Arrúa sumó a la mayoría calificada que rechazó el veto en Diputados; y, finalmente, el 2 de octubre, el Senado reunió 58 votos afirmativos frente a 7 negativos, y la ley quedó firme.
Pero, dos meses más tarde, en diciembre, Arrúa volvió a ponerse en el centro de la polémica al votar a favor del Capítulo 11, del Presupuesto 2026 del gobierno libertario, que eliminaba de manera definitiva la normativa de financiamiento universitario.
Sin embargo, pese al voto afirmativo de Arrúa y el resto de los diputados misioneros, la oposición logró rechazar ese capítulo en el recinto, y salvó la ley de la derogación.
Ahora, el legislador impulsa el proyecto de resolución que, según el texto, busca “asegurar los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas nacionales, la actualización de sus partidas presupuestarias, la recomposición salarial del personal docente y no docente, el financiamiento de las becas estudiantiles y el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas por la normativa vigente”.
“El financiamiento de nuestras universidades públicas debe ser una prioridad en la planificación presupuestaria del Estado nacional”, afirmó Arrúa y señaló que “no alcanza con reconocer la importancia de la educación superior”, sino que “es indispensable garantizar los recursos que permitan sostener su funcionamiento, acompañar a sus trabajadores y asegurar el acceso de nuestros jóvenes a la educación universitaria”.
Arrúa remarcó que la discusión del Presupuesto del gobierno para el año próximo, representa una “instancia fundamental” para traducir en partidas concretas las obligaciones previstas por la ley, y destacó el “papel estratégico” de las universidades públicas, particularmente “en regiones como Misiones, donde la educación superior constituye una herramienta central para ampliar oportunidades y fortalecer el desarrollo federal”.
“Defender la universidad pública también significa defender el federalismo, la igualdad de oportunidades y el futuro de nuestros jóvenes”, arengó y resaltó: “El presupuesto debe contemplar las necesidades reales del sistema universitario y garantizar condiciones adecuadas para que pueda cumplir su función educativa y social en todo el país”.
En un giro copernicano de sus votos dispares en el Congreso, el diputado nacional de Argentina Federal, Alberto Arrúa, presentó un proyecto de resolución para que el gobierno de Javier Milei adecúe el Presupuesto 2027 y garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La Ley 27.795, para la que el legislador misionero pide garantizar recursos, es la segunda de las normativas sobre financiamiento universitario, sancionadas por el Congreso y vetadas por la Casa Rosada.
La primera, Nº 27.757, fue aprobada en Diputados en agosto de 2024 con el voto afirmativo de Arrúa, quien -tras ser sancionada en el Senado en septiembre, y vetada por Milei en octubre-, se abstuvo en la votación para rechazar el veto y la cámara no alcanzó los dos tercios para blindar la ley.
La abstención le valió al legislador misionero, que días antes había manifestado públicamente que votaría a favor de la insistencia de la ley, el repudio generalizado dentro y fuera de la provincia, e incluso que la ex presidenta Cristina Fernández (CFK) lo acusara de “transfuguismo político”, en un posteo de aquellos días en su cuenta de X.
La segunda ley, vigente e incumplida por el gobierno pese a las intimaciones judiciales, se aprobó en la Cámara de Diputados, con el voto afirmativo de Arrúa, el 6 de agosto de 2025, y tuvo sanción definitiva en el Senado, el 21 de ese mes.
Como en ocasión de la primera norma, Milei volvió a vetarla; pero, a diferencia de lo ocurrido el año anterior, Arrúa sumó a la mayoría calificada que rechazó el veto en Diputados; y, finalmente, el 2 de octubre, el Senado reunió 58 votos afirmativos frente a 7 negativos, y la ley quedó firme.
Pero, dos meses más tarde, en diciembre, Arrúa volvió a ponerse en el centro de la polémica al votar a favor del Capítulo 11, del Presupuesto 2026 del gobierno libertario, que eliminaba de manera definitiva la normativa de financiamiento universitario.
Sin embargo, pese al voto afirmativo de Arrúa y el resto de los diputados misioneros, la oposición logró rechazar ese capítulo en el recinto, y salvó la ley de la derogación.
Ahora, el legislador impulsa el proyecto de resolución que, según el texto, busca “asegurar los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas nacionales, la actualización de sus partidas presupuestarias, la recomposición salarial del personal docente y no docente, el financiamiento de las becas estudiantiles y el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas por la normativa vigente”.
“El financiamiento de nuestras universidades públicas debe ser una prioridad en la planificación presupuestaria del Estado nacional”, afirmó Arrúa y señaló que “no alcanza con reconocer la importancia de la educación superior”, sino que “es indispensable garantizar los recursos que permitan sostener su funcionamiento, acompañar a sus trabajadores y asegurar el acceso de nuestros jóvenes a la educación universitaria”.
Arrúa remarcó que la discusión del Presupuesto del gobierno para el año próximo, representa una “instancia fundamental” para traducir en partidas concretas las obligaciones previstas por la ley, y destacó el “papel estratégico” de las universidades públicas, particularmente “en regiones como Misiones, donde la educación superior constituye una herramienta central para ampliar oportunidades y fortalecer el desarrollo federal”.
“Defender la universidad pública también significa defender el federalismo, la igualdad de oportunidades y el futuro de nuestros jóvenes”, arengó y resaltó: “El presupuesto debe contemplar las necesidades reales del sistema universitario y garantizar condiciones adecuadas para que pueda cumplir su función educativa y social en todo el país”.