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Martes, 29 de septiembre de 2026- Posadas, Misiones, AR
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Con la firma del misionero Diego Hartfield, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), consiguieron sacar, este martes en las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, un dictamen de mayoría que niega la emergencia por el sobreendeudamiento familiar en el sistema financiero, que impulsaban los bloques opositores, entre los que figura Argentina Federal, que preside el ex gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.
El tema, que el oficialismo venía cajoneando, terminó de discutirse en virtud del emplazamiento del pleno de la sesión especial de Diputados, del 9 de septiembre pasado, que intimó a las comisiones a reanudar el debate y emitir dictamen.
Entre los invitados por el oficialismo, participaron Alejandro Guillermo Henke, vicepresidente del Banco Nación (BNA) y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias de la entidad, Nicolás Ferro, quienes le bajaron el tono al cuadro de situación descripto por la oposición y ponderaron el “crecimiento del crédito” en el país.
Ley de Transparencia Crediticia, se titula el dictamen de mayoría del oficialismo y sus aliados, que rechaza la intervención del Estado en auxilio de las familias endeudadas y la regulación de las tasas de interés; y se centra en la transparencia de la información financiera, el desarrollo de mayores herramientas para los usuarios y programas estatales de educación financiera para prevenir el sobreendeudamiento.
A lo largo de las más de cuatro horas de debate, los diputados libertarios y del PRO, relativizaron la magnitud del problema y acusaron a sus pares del peronismo y la izquierda, de haber provocado la caída del acceso al crédito en el país, a mínimos históricos.
Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y el FIT, cargaron contra la lectura liberomacrista argumentando que “la gente no come información” y que “la educación financiera es insuficiente frente a familias que se endeudan para cubrir alimentos o servicios básicos cada vez más impagables”.
Entre los defensores del dictamen del oficialismo y sus aliados, intervino el misionero Hartfield, vicepresidente 2º de la Comisión de Finanzas, quien repitió su mantra de que “el problema no es la deuda”, que “es el mercado el que tiene que ir solucionando la situación”, y que, de hecho, eso “ya está sucediendo”.
“No hay que votar leyes de emergencia”, dijo el bróker financiero obereño y comparó los dictámenes opositores con la ley de alquileres, que describió como “el caso más claro de lo que pasa cuando uno intenta regular en beneficio del individuo, del consumidor, y al final lo termina perjudicando”.
“En un momento se intentó regular los alquileres, que actualicen los precios una vez por año, y no es así, hay que mirar del otro lado”, comentó y preguntó: “¿Qué hace el dueño de un departamento frente a esta situación?”.
“El propietario del departamento sube el precio o dice ‘yo no alquilo en estas condiciones’, y entonces, lo que es un beneficio, termina siendo un perjuicio”, explicó.
Hartfield contó que recomendó a su bloque “ser cuidadosos con las palabras”, porque “no se puede hablar de 20 millones de endeudados como si fuera un problema”, cuando “en realidad, la deuda no es el problema”.
“Nos han enseñado durante mucho tiempo que había que vivir con lo nuestro, que el mercado financiero es la timba financiera”, se quejó y afirmó que “la verdad es que nuestro problema para el desarrollo es no tener un mercado financiero sólido”.
“Ahora, con mucho esfuerzo estamos haciendo esta recomposición, el mercado de crédito está creciendo; pasamos de 5% a casi 14% del PBI, cuando en el resto de los países vecinos nuestros andan en torno al 50, 60%; tenemos mucho por crecer todavía”, indicó y reclamó “mucho cuidado” con “el tipo de ley que vamos a sancionar, para que no afecte justamente este crecimiento”.
“He visto por ahí, en los dictámenes de la oposición, declarar de orden público la creación de programas destinados a resolver la situación de sobreendeudameinto, vulnerabilidad financiera, abarcando un montón de gente”, comentó el ex tenista y volvió a comparar la situación con la ley de alquileres.
“Ahí, surge el mismo problema que traigo con la ley de alquileres: el sistema financiero, que presta ese dinero en las condiciones que ya fueron pactadas; si lo modificamos por ley, el que prestó ese dinero deja de confiar en las condiciones y entonces, para un próximo crédito sube la tasa, porque necesita cubrirse”, explicó.
Hartfield alertó, además, por el “riesgo moral” de las propuestas opositoras, porque “dijeron que las situaciones de deuda 4 y 5 se refinancian todas”, lo que “va a hacer es que la gente deje de pagar y que diga ‘me conviene no pagar, me voy a la situación 4 y 5, porque me van a reestructurar la deuda’, y entonces el que prestó sube la tasa”.
Puso como ejemplo el FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad administrado por la ANSES, que el gobierno de Javier Milei autorizó a prestar a los bancos, a tasas bajas, para créditos hipotecarios.
“El 1,5% del FGS se presta a los bancos a un plazo más largo, el año pasado había, pero se dejó por la desconfianza en el sistema financiero; entonces, el FGS se da cuenta de la situación y presta al banco, no a tasas subsidiadas, sino una tasa real del 2,5% y le pone como condición que sea para crédito hipotecario”, explicó.
“Ahora, hay mucha demanda de crédito hipotecario y entonces los bancos bajan la tasa, por una cuestión de competencia, porque se pelean por prestar ese dinero”, agregó y sostuvo: “Eso tenemos que impulsar, no meternos dentro del sistema financiero a regular tasa”.
“La respuesta es dejar de demonizar la deuda y darle más herramientas al sistema financiero”, finalizó.
La reunión de las comisiones arrojó otros dos dictámenes: uno de la mayoría de la oposición, que cosechó 27 firmas; y otro de Argentina Federal, del proyecto de Herrera Ahuad, que recogió el apoyo del misionero y de su par salteño, Bernardo Biella.
El primero de ellos, que obtuvo 27 votos, declara la “emergencia por sobreendeudamiento” por 180 días, y propone “un régimen especial de desendeudamiento, regularización y alivio financiero destinado a personas humanas, con el fin de proteger sus intereses económicos en el acceso y utilización del crédito, garantizar condiciones de financiación razonables, equitativas y transparentes en las operaciones de crédito al consumo, prevenir y atender situaciones de sobreendeudamiento de las familias y promover mecanismos que faciliten la normalización de las obligaciones financieras”.
El programa propuesto alcanza a todo ciudadano residente en el país, que registre “una mora igual o superior a sesenta días en obligaciones derivadas de operaciones de crédito al consumo”, y cuya deuda no supere “el equivalente en pesos a dos Canastas Básicas Totales” del INDEC.
Entre otras facilidades, el proyecto ofrece a los beneficiarios un “plan de cuotas mensuales fijas o variables, con un plazo mínimo de doce meses”, cuyos montos “no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona deudora”.
Además, establece que “la tasa de interés aplicable al saldo regularizado no podrá superar la tasa nominal anual promedio ponderada por monto de los depósitos a plazo fijo mayoristas en pesos, de 30 a 35 días; TAMAR en pesos de bancos privados, correspondiente al promedio del mes calendario anterior, incrementada en 25 puntos porcentuales”.
Asimismo, otorga un período de gracia de 90 días para capital e intereses, y establece que “los intereses que pudieran corresponder durante dicho período no podrán capitalizarse ni generar nuevos intereses”.
Obliga la “gratuidad integral de la refinanciación, que no podrá generar honorarios, comisiones, cargos, gastos administrativos, gastos de gestión o cobranza, ni ningún otro costo adicional a cargo de la persona deudora”.
Entre los diputados opositores que defendieron el auxilio estatal a las familias endeudadas, intervino el misionero de Argentina Federal, Herrera Ahuad, que rechazó los argumentos de sus pares libertarios, macristas y radicales, e incluso se burló del dictamen oficialista sobre la “educación financiera”.
“Nosotros impulsamos este dictamen teniendo en cuenta las realidades de la provincias”, arrancó el ex gobernador y agregó: “La gente se endeudó para comer, para comprar remedios; se endeudó por la panza y, acá, le estamos devolviendo que se formen en finanzas”.
“En Misiones no tenemos la misma realidad de la avenida General Paz para adentro; no tenemos la misma realidad que tienen Mendoza, Córdoba o Santa Fe”, dijo Herrera Ahuad.
Acto seguido, el legislador aportó datos duros y precisó: “En Misiones, somos 1,2 millones de habitantes y tenemos 165.000 deudores morosos”. Herrera Ahuad indicó que en la categoría 5 del proyecto opositor, que habla de aquellos deudores “irrecuperables”, la tierra colorada contabiliza “110.000”; y que en la categoría 4, “de alto riesgo, estamos con 36.400”. Agregó que el 30% de los endeudados registra moras de más de 90 días, y que el 70% de todos, tiene entre 25 y 54 años.
“Acá, nos van a mandar a estudiar y no va a haber solución”, se burló Herrera Ahuad del dictamen firmado por su colega libertario de Oberá. “Los que están endeudados son gente pobre, el 40% es pobre y se ha endeudado para comer”, cargó.
“Yo vengo de las áreas sociales, soy médico, y a las personas hay que mirarlas como seres humanos; no como una moneda”, señaló el misionero y reclamó: “La gente endeudada tiene un dolor que nos debe doler a todos acá, porque están sufriendo y no son pocos”.