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La Cámara de Diputados de la Nación trata este miércoles el proyecto de Ley de Soberanía Nacional, también conocido como Ley Malvinas, que endurece las sanciones por la explotación ilegal de recursos en las islas y reorganiza el sistema de defensa, seguridad e inteligencia del país.
El oficialismo logró el dictamen de mayoría en octubre, en las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, con la firma de 44 diputados, entre ellos los misioneros de Argentina Federal, el presidente del bloque Oscar Herrera Ahuad, y Alberto Arrúa, quienes acompañaron en disidencia.
Al dictamen mayoritario del oficialismo, se agregaron cuatro dictámenes en minoría, del bloque de Unión por la Patria (UxP), que agrupa a sectores del peronismo y el kirchnerismo; de Provincias Unidas, la bancada de Esteban Paulón; de la ex libertaria Lourdes Arrieta; y de la izquierda, firmado por Myriam Bregman.
Aparentemente, el oficialismo conseguiría aprobar en general el proyecto, pero la atención está puesta en el tratamiento en particular, ya que el capítulo 7, titulado "Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales", necesita una mayoría especial de 129 votos, porque introduce reformas en los códigos Penal y Electoral de la Nación.
Según señaló el misionero Herrera Ahuad a La Voz de Misiones, los señalamientos este capítulo fueron atendidos por La Libertad Avanza (LLA) y la votación de mañana estaría garantizada.
“Según la última información que tenemos, modificaron el capítulo 7 y de esta manera se podría aprobar”, dijo el presidente de Argentina Federal.
La disidencia planteada por los misioneros, se enfocó en delimitar el alcance de los nuevos delitos penales, establecidos en este capítulo, para impedir la intromisión nacional en las jurisdicciones locales; la protección de la prensa y la libertad de opinión; y la preservación de la cooperación fronteriza.
La sesión, prevista para el mediodía, también incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual; el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercado Común del Sur –MERCOSUR–, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.