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El decretazo de Milei reabrió la grieta del mate

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El decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei le quitó la facultad de fijar precios al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y metió al oro verde de Misiones y Corrientes en la discusión por el modelo económico que imperará en la Argentina los próximos cuatro años.

Mientras del otro lado del arroyo Chimiray, el gobernador Gustavo Valdés mantiene el silencio ante la decisión, Hugo Mario Passalacqua anunció que prepara una medida cautelar para combatir la liberalización del mercado en la Justicia Federal.

Es que los cambios en el articulado de la Ley 25.564 significan un giro de 180 grados en los objetivos de la entidad, que antes apuntaba a “procurar la sustentabilidad de los distintos sectores” y ahora buscará “proteger el carácter competitivo de la industria”, tal como señala el nuevo texto de la normativa.

Milei, que arrasó electoralmente en las zonas rurales de Misiones, derogó además los incisos que estipulan la creación de registros para la identificación de la producción, así como la obligación de inscribirse en ellos para todos los participantes de la cadena de negocios.

La Casa Rosada también decidió que, a partir de ahora, el Inym ya no promoverá el asociativismo entre productores primarios y cooperativas y, además, eliminó la exclusividad de los fondos del instituto, que hasta el momento no podían ser apropiados por el Tesoro Nacional, de lo cual se desprende que el Poder Ejecutivo tomará el control de la caja.

Del Inym al Imym

Tras conocerse la noticia, la reacción del oficialismo misionerista fue casi inmediata y se abroqueló en defensa de la institución surgida hace dos décadas a raíz del histórico “tractorazo” con el que los productores rurales del interior hicieron escuchar sus reclamos a todo el país.

“El decreto incluye prácticamente la extinción del Inym, le quitaron la fijación de precios, el cupo de plantado, el estampillado no sabemos quién lo va a manejar, y queremos que lo maneje la familia yerbatera y no alguien de Buenos Aires”, reclamó el gobernador Passalacqua en una reunión con colonos de Santa Rita.

De esa manera, el mandatario se alineó con lo propuesto horas antes por el diputado provincial Carlos Eduardo Rovira, quien anunció que, de avanzar la aplicación del decreto, impulsará la creación por ley del Instituto Misionero de la Yerba Mate (Imym), “para defender la economía y la rentabilidad de nuestros pequeños y medianos productores yerbateros, de nuestras cooperativas y de nuestros secaderos”.

Al decir que “el producto madre de la tierra colorada no está en discusión y los misioneros somos soberanos para cuidarlo”, el conductor político del Frente Renovador se puso en pie de guerra luego del gesto de gobernabilidad otorgado por los diputados y senadores de Misiones, que votaron a favor de las autoridades del Congreso Nacional propuestas por La Libertad Avanza, y abrió un interrogante respecto de la actitud que tomará el bloque de Innovación Federal ante la llegada de la discusión por el DNU a ambas cámaras.

Al mismo tiempo, la noticia de los cambios también hizo ruido en el seno del sector productivo misionero, que en su mayoría optó electoralmente por las ideas de la libertad: “Hay voces encontradas; hay quienes festejan y otros que lo ven con preocupación”, analizó el dirigente agrario Cristian Klingbeil, al responder la consulta de La Voz de Misiones.

En paralelo a la propuesta de Rovira, apoyada públicamente por dirigentes del Inym, un grupo de yerbateros impulsa la creación de una comisión provincial que imite la modalidad de la Coproté, debido a que, entre otras ventajas, su composición no implica el financiamiento de una estructura.

Otro de los reparos a la conformación de la nueva entidad se fundamenta en la necesidad de no replicar las recientes disputas internas desatadas en el directorio del Inym, ahora encabezado por Jonás Peterson, a quien el presidente de la Nación deberá reemplazar antes del 13 de enero.

Libertad de cebar

Del otro lado de la grieta, la oposición misionera continúa compartiendo el termo, pero al parecer, cada dirigente toma el mate con su propia bombilla. A la “emoción” manifestada por el legislador provincial y empresario yerbatero, Pedro Puerta, se le opusieron las advertencias del diputado nacional del radicalismo Martín Arjol y del senador del PRO Martín Goerling.

“Vamos a ser más competitivos y el productor va a ganar más”, se esperanzó Puerta, cuya familia es dueña de Yerbatera Misiones SRL, una de las más grandes del mercado.

“En los últimos años, la política le tendió una trampa a la familia yerbatera”, lanzó el líder de Activar y explicó: “Fijó un precio muy por debajo de la inflación y la realidad de mercado, lo que los obligó a producir y vender con márgenes mucho menores”.

El hijo de Ramón, el ex gobernador de Misiones, le pidió además al presidente quitar los impuestos que pesan sobre el cultivo, “así baja el precio en la góndola”, debido a que, según aseguró, “hoy en día el 40% del precio del paquete de yerba es impuestos. De cada 10 mates que te tomás, 4 se los cebás al Estado”.

Los tuits de Puerta fueron refrendados, a su vez, por la diputada nacional Florencia Klipauka, quien, luego de afirmar que “no apoyamos una desregulación del sector yerbatero”, se alineó con su jefe político y adelantó hacia dónde orientaría su voto en este tema dentro del bloque de Juntos por el Cambio en la cámara baja.

“La industria festeja”, sentenció el productor Klingbeil, al hacerse eco de las declaraciones del diputado yerbatero, y añadió: “Pedro Puerta es un caradura; habla en nombre de toda la actividad yerbatera y debería hacerlo en nombre de la molinería”.

“Durante años se instaló que el Inym no servía, no podía fijar precios; eso fue un trabajo de desprestigio que hizo un sector de la cadena productiva y de la política”, opinó el referente agrario.


Por otra parte, los dirigentes opositores que sí salieron a desmarcarse de la agenda de Milei fueron el diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Arjol, y el senador del PRO, Martín Goerling, quienes cuestionaron la eliminación de facultades del Inym y le pidieron al presidente que revea la medida.

La libertad absoluta del mercado lleva a lugares que después solo se vuelve con Estado, sobran ejemplos en el mundo”, opinó Arjol en Twitter, antes de advertir a LVM que el DNU “debería pasar por el Congreso para evitar planteos de inconstitucionalidad”.

“Lo ideal hubiera sido mejorar la ley del Inym y no despojarlo de su potestad para fijar el precio de la yerba”, coincidió el senador Goerling, también en diálogo con este medio, y al igual que su colega de la cámara baja, señaló que “hay que ver si este DNU pasa la comisión bicameral del Congreso y, de ser así, se desregulará el mercado y ya no habrá marcha atrás”.

“Entiendo que no es lo que querían los productores, pero en toda la campaña me pasé diciéndole a los yerbateros que votaban a Milei que esto iba a pasar y aun así lo votaron”, recordó el legislador, que alcanzó su banca acompañando a Patricia Bullrich, ahora ministra de Seguridad del gobierno libertario.

La grieta del Chimiray

El cambio en la normativa del Inym se da en medio de duras disputas políticas y judiciales entre Misiones y Corrientes, las únicas provincias yerbateras del país y que representan dos modelos de mercado distintos.

El gobierno de Oscar Herrera Ahuad se anotó importantes triunfos en los últimos laudos, que fijaron precios según lo solicitado por el sector primario, en tanto que, en la otra orilla del arroyo Chimiray, que divide a ambas provincias, Gustavo Valdés criticó la regulación de la actividad.

Es que, en su territorio, se asientan las dos principales empresas de la Argentina, que poseen la mayor parte de la producción existente en Corrientes. No obstante, debido a que el nivel de cosecha no puede cubrir la demanda, se ven obligadas a comprar hoja verde en Misiones, por lo cual intentan siempre empujar los precios hacia abajo y, para ello, encuentran en el gobierno de Valdés un vocero para sus intereses.

“No podrían hacerse acuerdos con alguien que entiende que los recursos para los pequeños productores es un gasto. Para nosotros y el gobierno nacional es una fenomenal inversión”, había dicho Herrera Ahuad durante la campaña, en la que la Renovación se unió al frente electoral de Sergio Massa.

También antes de las Paso, Valdés lo contradijo diciendo que “somos los primeros comercializadores de yerba mate, pero tenemos un gran potencial para seguir plantando”.

“La Argentina importa un 10 o 15 por ciento de lo que consume y este año por la seca volvimos a importar”, dijo el gobernador radical en aquel entonces, y se posicionó: “No tenemos que tener regulación, sino libertad de mercado”.

Los dichos del mandatario vecino apuntaban también a la resolución 170/21 del Inym, que limitó a cinco hectáreas las nuevas plantaciones del Ilex paraguariensis, medida que es apoyada por el sector productivo y Misiones, pero rechazada por la industria y por Corrientes.

En las últimas semanas, la Justicia le dio un revés, al dejar sin efecto una medida cautelar que había conseguido el establecimiento La Cachuera, dueña de la marca Amanda. En una segunda resolución, se dejó sin efecto el recurso de amparo presentado por la misma firma para que fuera la Justicia Federal de Corrientes la que resolviera la cuestión de fondo.

En ambos casos, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dictó sentencias que hicieron lugar a los planteos del Inym y, de esa manera, sentó jurisprudencia para todas las demás causas contra la resolución 170, como la presentada por Las Marías, titular de las marcas Taragüí, Unión y Mañanita, entre otras.

Para dimensionar la problemática, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, explicó que, sin la intermediación del Inym, “no es que el productor va a imponer el precio, sino que va a ir con la yerba al industrial y éste le dirá: ‘Yo te pago 100, 90 pesos el kilo, y si querés dejalo y si no, bueno, llevátelo a otro lado’. Así los productores se verán empobrecidos a lo largo del tiempo”.


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Goerling fue designado presidente de la bicameral de Seguridad Interior

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Goerling

El senador del PRO Misiones, Martín Goerling, asumió este jueves como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior del Congreso de la Nación, que estaba inactiva desde 2018.

El mismo parlamentario misionero informó de su nuevo rol en el Congreso en su cuenta de X, donde escribió: “Es un honor y una responsabilidad trabajar por una Argentina más segura y reforzar el gran trabajo que @PatoBullrich viene liderando en esta materia”.

La conformación de la Comisión se completó con el diputado José Glinkski, de Unión por la Patria, como vicepresidente; y la senadora Edith Terenzi, de Despierta Chubut, y el legislador del PRO Damián Arabia, como secretario.

Inactiva

“Hace mucho que esta Comisión no tiene funcionamiento: la última vez fue en el año 2018”, comentó Goerling a la sala de prensa del Senado.

“Creo que debería cumplir una función de control de los órganos de seguridad interior de la Argentina”, agregó y opinó: “Esta Comisión es importante porque hay sucesos que pasan en la Argentina que ameritan que se traten y que tengan un control parlamentario”.

“Tenemos una responsabilidad de dar una mirada muy federal a esto”, continuó y consideró que “por ahí, siempre se dio una mirada muy desde el centro de la Argentina y creo que también hay ver el accionar de las fuerzas de seguridad en todo el territorio de la Argentina, en el norte, en la triple frontera”.

“Creo que hay mucho por hacer, por controlar y darle la seguridad a todos los argentinos de respetar la Constitución, de que las fuerzas actúen como tiene que actuar”, finalizó.


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Ninfa Alvarenga, trabajó cuatro meses en el Pami, la echaron y cobró $11 millones

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Pami

Tras su destitución del Pami, Ninfa Alvarenga cobró $11.380.414,26 del organismo previsional, donde se desempeñó durante poco más de cuatro meses, entre junio y octubre, como directora de la UGL Misiones.

La Voz de Misiones accedió al recibo de la liquidación salarial de Alvarenga, con el detalle de los montos y los conceptos pagados por el Pami, como aguinaldo, vacaciones no usufructuadas, indemnización y preaviso.

Según el documento, que tiene fecha de noviembre, la libertaria misionera, que ayer ponderaba el ajuste del gobierno de Javier Milei en un canal de local de streaming, percibió: $1.171.934,62 en concepto de aguinaldo, $973.607,22 por vacaciones no gozadas, $4.056.696,75 como indemnización y otros $4.056.696,75 en concepto de preaviso.

El recibo detalla, además, el pago de proporcionales como: $81.133,94 por SAC S/D LAO no gozadas, $956.032,99 por Mes Integración, $338.058,06 por SAC S/D Preaviso, y $79.669,42 por SAC S/D Integración.


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Misiones es la provincia que más fondos ATN recibió en 2024

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convenios Aportes del Tesoro

En lo que va del año, Misiones lidera la recepción de fondos discrecionales con una cifra de $13.000 millones, casi un 27% del total del dinero distribuido a lo largo y ancho del país, según datos de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

De esta manera, la tierra colorada se lleva la mayor parte, seguida por Entre Ríos (14,1%) y Tucumán (13,5%), cuando históricamente Buenos Aires encabezaba esta distribución, ya que este año fue excluido del reparto. Las demás provincias beneficiadas por la Casa Rosada, aunque en menor porcentaje, son Chubut, Santa Cruz, Catamarca, Santa Fe, Jujuy y Corrientes. 

Sin embargo, el ATN acumulado alcanza $610.789 millones, de los cuales solo se han distribuido $48.300 millones hasta el momento. Esta diferencia no es menor comparado con los $128.525 millones que fueron enviados a las provincias durante el último año de gestión de Alberto Fernández, lo que refleja el fuerte ajuste de las cuentas públicas impulsado por el actual presidente Javier Milei.

Distribución de ATN a las provincias en pesos, según el informe de Politikon.

El origen de los fondos

Los ATN fueron creados por el artículo 5° de la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, con el objetivo de ser destinados a resolver situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y que, a su vez, integra el 1% de la masa coparticipable.

Según confirmaron fuentes de Jefatura de Gabinete a Cenital, el medio de comunicación dirigido por el periodista especializado Iván Schargrodsky: “todos los ATN que se mandaron a cada una de las provincias fueron por algún tipo de emergencia climática, por incendio, hídrica, inundaciones, etcétera”. En esa línea, consignaron que los ATN se envían cuando una provincia declara “algún tipo de emergencia”, como surge del artículo 5 de la ley de Coparticipación. “Catamarca declaró la emergencia económica, financiera, administrativa y educativa; Misiones tiene emergencia hídrica y Tucumán tiene emergencia hídrica y social”.

En cuanto a esta provincia, Misiones obtuvo $1.500 millones en abril, cuando se desató el conflicto policial que continuó escalando durante el mes de mayo con el arribo de otros sectores conformados por docentes y personal de salud. Otro desembolso por $7.000 millones tuvo lugar en junio y finalmente $4.000 millones en noviembre.

A nivel nacional, del 2017 al 2023 el fondo ATN acumulado fue de $1.099 millones, con una distribución efectiva del 33,7%, esquema que ha generado saldos no ejecutados que, a precios constantes de octubre de 2024, totalizan $3.799 millones, sumando este año $661.503 millones no distribuidos.

La actualización del presente informe se da en el marco de la discusión del proyecto de Presupuesto 2025, luego de que los gobernadores plantearan una serie de puntos a ser incluidos con el fin de compensar la fuerte caída de recursos que sufrieron este 2024.


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