Política
Procesan y embargan por fraude a una diputada de Cambiemos
La jueza federal Zunilda Niremperger dictó el procesamiento, sin presión preventiva, de la exintendente de Resistencia, Aída Ayala, en el marco de la investigación por presunta defraudación contra la administración pública cuando cumplía funciones en la Nación.
Además, le trabó un embargo por un millón de pesos. La jueza procesó y embargó por la misma suma de dinero a sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva, Miguel Ángel Vilte y al empresario Claudio Tolosa.
Los procesamientos se dan en el marco de la investigación de supuestas maniobras que se habrían realizado cuando Ayala se desempeñó como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación entre 2015 y 2017.
En la resolución, con fecha del 30 de diciembre de 2019 pero que trascendió hoy, Niremperger procesó a la actual diputada nacional “por considerarla prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 del Código Penal, en calidad d autora 0. 45 CP.)” y la embargó “sobre sus bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos”.
También fueron procesados, sin prisión preventiva, Balmaceda Paiva, Vilte y Tolosa por considerarlos “penalmente responsables del delito fraude en perjuicio de la administración pública”. Asimismo, los tres fueron embargados por la suma de un millón de pesos.
La causa nació en mayo de 2018 cuando la Justicia Federal ordenó allanar una oficina de Matías Balamceda, exyerno de Ayala.
En aquel momento se supo que la denuncia la había hecho el propio intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, donde contó que Ayala, en su rol de secretaria nacional, “bajaba fondos a diferentes localidades con la condición de que la compra se haga a través de la Fundación Construir y en negocios que ellos mismos elegían”.
“Uno de esos locales se llama Chaco Service, donde en el domicilio declarado en realidad funciona un local de service de aires acondicionados”.
En abril de este año, el fiscal federal, Patricio Sabadini, pidió la indagatoria de la actual diputada nacional, teniendo en cuenta que “ha quedado acreditado que bajo dirección de la Aída Ayala, quien se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales -del Ministerio del Interior de la Nación, se efectuaron maniobras direccionadas a la compra y contrato cuyo proveedor en todos los casos ha sido el Claudio Alejandro Tolosa, siendo palmarios los sobreprecios de los elementos adquiridos, que ello ha sido efectuado mediante las firmas de Convenios entre la Municipalidad de Quitilipi y la Secretaría de Asuntos Municipales, dirigida en ese momento por la Sra. Ayala”.
Según se detalla en la actuación, la hipótesis que maneja la justicia es que “se habría diseñado un plan metódico, que habría requerido para su concreción: que desde el municipio de Quitilipi se tome la decisión administrativa de obviar el proceso de licitación requerido por la normativa específica en relación al monto del financiamiento.
Que la autoridad máxima de dicha comuna, al haber optado por el sistema de contratación directa, se incline por realizar la compra del supuesto destinatario predilecto por parte de quienes habrían esquematizado el plan de acción; que por medio de la municipalidad de mención se inicien las actuaciones administrativas necesarias para solicitar el financiamiento, aportando a su vez el presupuesto presuntamente cargado con sobreprecios a las autoridades de la Secretaría de Asuntos Municipales; que los fondos emitidos por Nación ingresen al erario municipal”.
El ministro del Agro de la provincia, Facundo López Sartori, desmintió que la paralización de la cosecha de yerba mate, anunciada por los productores yerbateros que exigen la recomposición del precio de la hoja verde, pudiera provocar un desabastecimiento del producto en el país, tal como especularon hoy los principales medios de prensa porteños.
“La situación está que arde”, reconoció Sartori sobre los reclamos de los yerbateros que vieron desmoronarse el precio de la materia prima, luego de que el gobierno de Javier Milei le quitara al Inym la potestad de arbitrar en el valor de la hoja.
“Todavía la industria maneja stock”, afirmó el funcionario, consultado por La Voz de Misiones, y desmintió lo publicado este jueves por la prensa porteña: “Este verano no va a faltar yerba mate”, aseguró.
Sin embargo, Sartori advirtió que de no resolverse el conflicto, un agravamiento de la medida de fuerza que los yerbateros anunciaron a partir del 1 de diciembre, repercutiría, sin dudas, en toda la cadena y el producto podría escasear, en algún momento, en las góndolas de los supermercados.
“La industria maneja un stock importante, pero si no se retoma la cosecha ese stock, tarde o temprano, se vacía”, sentenció el ministro.
Actualmente, el precio de la hoja verde ronda los $200 el kilo para el productor, un valor que los yerbateros consideran ínfimo y que pide llevar, por lo bajo, a $390.
El senador del PRO Misiones, Martín Goerling, asumió este jueves como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior del Congreso de la Nación, que estaba inactiva desde 2018.
El mismo parlamentario misionero informó de su nuevo rol en el Congreso en su cuenta de X, donde escribió: “Es un honor y una responsabilidad trabajar por una Argentina más segura y reforzar el gran trabajo que @PatoBullrich viene liderando en esta materia”.
La conformación de la Comisión se completó con el diputado José Glinkski, de Unión por la Patria, como vicepresidente; y la senadora Edith Terenzi, de Despierta Chubut, y el legislador del PRO Damián Arabia, como secretario.
Asumí como presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad. Es un honor y una responsabilidad trabajar por una Argentina más segura y reforzar el gran trabajo que @PatoBullrich viene liderando en esta materia. pic.twitter.com/zx8QJz6kNz
— Martín Goerling (@MARTINGOERLING) November 21, 2024
Inactiva
“Hace mucho que esta Comisión no tiene funcionamiento: la última vez fue en el año 2018”, comentó Goerling a la sala de prensa del Senado.
“Creo que debería cumplir una función de control de los órganos de seguridad interior de la Argentina”, agregó y opinó: “Esta Comisión es importante porque hay sucesos que pasan en la Argentina que ameritan que se traten y que tengan un control parlamentario”.
“Tenemos una responsabilidad de dar una mirada muy federal a esto”, continuó y consideró que “por ahí, siempre se dio una mirada muy desde el centro de la Argentina y creo que también hay ver el accionar de las fuerzas de seguridad en todo el territorio de la Argentina, en el norte, en la triple frontera”.
“Creo que hay mucho por hacer, por controlar y darle la seguridad a todos los argentinos de respetar la Constitución, de que las fuerzas actúen como tiene que actuar”, finalizó.
Tras su destitución del Pami, Ninfa Alvarenga cobró $11.380.414,26 del organismo previsional, donde se desempeñó durante poco más de cuatro meses, entre junio y octubre, como directora de la UGL Misiones.
La Voz de Misiones accedió al recibo de la liquidación salarial de Alvarenga, con el detalle de los montos y los conceptos pagados por el Pami, como aguinaldo, vacaciones no usufructuadas, indemnización y preaviso.
Según el documento, que tiene fecha de noviembre, la libertaria misionera, que ayer ponderaba el ajuste del gobierno de Javier Milei en un canal de local de streaming, percibió: $1.171.934,62 en concepto de aguinaldo, $973.607,22 por vacaciones no gozadas, $4.056.696,75 como indemnización y otros $4.056.696,75 en concepto de preaviso.
El recibo detalla, además, el pago de proporcionales como: $81.133,94 por SAC S/D LAO no gozadas, $956.032,99 por Mes Integración, $338.058,06 por SAC S/D Preaviso, y $79.669,42 por SAC S/D Integración.
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