El oficialismo logró el quórum en la Cámara de Diputados de la Nación y este miércoles a las 10.24 inició la sesión que tratará el DNU sobre el acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado por el presidente Javier Milei.

De esta manera, con un total de 131 diputados presentes, que se repartieron entre legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica, además de varios pertenecientes a Encuentro Federal y habituales aliados al gobierno de partidos provinciales, el oficialismo obtuvo la mayoría necesaria para comenzar con el debate legislativo.

En la previa, los presidentes de cada bloque se reunieron en una comisión de Labor Parlamentaria para preparar el debate y allí LLA adelantó que apelaría al artículo 127, inciso 4, del reglamento de la Cámara Baja, que permite dar por concluida la discusión con una moción de orden y que se vote de inmediato el tratamiento del DNU en general.

Según indicó Infobae, la intención era presentar ese pedido a las 15 y desde Unión por la Patria (UxP) ya adelantaron su rechazo al planteo para que haya más oradores. 

En representación de UxP habló la diputada porteña Paula Penacca, quien subrayó que el peronismo votará en contra del DNU. “Nuestra fuerza no reconoce esta deuda porque es ilegal y acá están haciendo trampa, están tomando un atajo contrariando a la Constitución Nacional”, afirmó.

Los letreros de hoy en estaciones de ómnibus y trenes en Buenos Aires.

“La Policía va a reprimir”

Mientras eso sucede puertas adentro al Congreso, en las afueras las diferentes fuerzas de seguridad preparan otro imponente operativo para aplicar el protocolo antipiquete contra una nueva manifestación de jubilados, acompañada por organizaciones sociales, militantes, hinchas de fútbol y autoconvocados, prevista para hoy a la tarde.

Para ello, se dispuso un vallado a varias cuadras a la redonda del Congreso, con al menos 900 efectivos de la Policía de la ciudad desplegados por el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, más otros 600 agentes apostados para ayudar a la circulación del tránsito y los agentes de las fuerzas federales que dependen del ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich.

El operativo también incluye controles de “preventivos” en vehículos particulares, colectivos y formaciones de trenes. El gobierno, además, difunde en estaciones de ómnibus y ferrocarriles mensajes visuales y a través de altos parlantes, donde advierten que “la Policía va a reprimir todo atentado contra la República”.

Represión e incidentes en movilización en defensa de jubilados en Congreso

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Con la sede de la avenida López y Planes, totalmente, cerrada y sus accesos bloqueados por simpatizantes de la conducción provincial, se frustró esta tarde la toma de posesión de los interventores del PJ Misiones, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, que enviaron al edificio una comitiva encabezada por el apoderado de la intervención, el abogado Roberto Fernández Meire.

La avanzada de los interventores designados a fines de febrero pasado por la titular del PJ nacional, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), se retiró minutos después de las 19:00, luego de más de tres horas de negociaciones con los referentes del diputado nacional de Innovación Federal, Alberto Arrúa, que telecomandó a los suyos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra por sus actividades en el Congreso.

La espera por una resolución fue tensa y en un momento dado, incluso, pareció escalar, cuando un seguidor de Arrúa, que se había parapetado en el acceso principal de la sede partidaria, impidió el paso de Fernández Meire y también del apoderado de su sector, Martín Kornutta, poniendo el cuerpo y las manos para alejarlos de la puerta que, supuestamente, estaba llaveada.

“Vos me dijiste que ibas a ingresar vos y uno más, y traés toda esta gente”, le reprochó en ese instante el hombre de la puerta a Kornutta y Fernández Meire, que se replegaron y pidieron a quienes se habían congregado frente al edificio, entre los que se encontraban los periodistas de La Voz de Misiones, que se retiraran a los alrededores “para descomprimir” la situación.

En la vereda, tres policías provinciales monitorearon en todo momento la situación, que registró otro prolongado paréntesis, en que ambos apoderados se embarcaron en maratónicas conversaciones telefónicas por instrucciones de sus jefes políticos.

La situación fue seguida de cerca por grupos de militantes y dirigentes de los sectores del peronismo misionero que acompañan el golpe de timón del PJ Misiones resuelto por CFK, como Gonzalo Costa de Arguibel, de Convergencia Justicialista, que estaban apostados en las inmediaciones de la sede partidaria.

Finalmente, todo terminó disolviéndose con la retirada de los apoderados Fernández Meire y Kornutta; y, mientras el primero se fue sin formular declaraciones, el segundo confirmó a LVM que el diputado Arrúa teledirigió el operativo desde Caba y que le ordenó “suspender las conversaciones” con la comitiva encabezada por su colega.

Según señaló, el tema se definirá el 30 de marzo próximo en una audiencia en la Justicia Federal de Posadas, donde están convocados los representantes de ambas partes. “Si en esa audiencia la justicia dispone que se entregue el partido, así se hará”, indicó el abogado.

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Un proyecto de ordenanza avanzará en el Honorable Concejo Deliberante de Eldorado para identificar y señalizar como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar al edificio del Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), ubicado en el kilómetro 6 de esa ciudad.

Con el aval del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, el proyecto autoría del concejal Sebastián Tiozzo (Partido Agrario y Social) tendrá su primer tratamiento este miércoles en el recinto, donde los ediles eldoradenses analizarán los considerandos de la iniciativa que cuenta con testimonios de personas que estuvieron detenidas ilegalmente en la sede de Gendarmería.

En el documento, Tiozzo hizo un repaso de lo que significó para el pueblo argentino el Terrorismo de Estado que gobernó el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, comandado por las fuerzas armadas de la Nación y que se caracterizó por la violación sistemática a los derechos humanos y la desaparición forzada de militantes políticos.

Asimismo, expuso que el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), en su sección Mapas de centros clandestinos de detención (CCD) y hechos represivos, actualizado en el 2022, marca como uno de estos lugares el Escuadrón 10 de GNA  Eldorado, como así también la comisaría Primera de esa misma ciudad.

“Durante la dictadura cívico-militar, los ciudadanos de Misiones, y en especial los de nuestra ciudad de Eldorado; como también del municipio de Montecarlo y sus alrededores, no fueron la excepción; hubo personas que estuvieron privadas de su libertad durante este período oscuro de nuestra historia”, sostuvo el edil del Pays en los considerando del proyecto de ordenanza.

Mapa del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado.

Testimonios clave

El proyecto también se respalda en el testimonio de sobrevivientes que relataron haber sido alojados en la dependencia de Gendarmería durante el gobierno de facto. Uno de ellos es el de Nuria Brunilda Allou, actual jueza del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado.

Allou fue entrevistada por la profesora de Historia Natalia Vanesa Pelozo para su investigación “Cicatrices de la Dictadura”. Este relato en primera persona de la magistrada fue citado por el concejal eldoradense en el proyecto.

La magistrada contó que fue detenida en Montecarlo el 24 de marzo de 1976, cuando tan solo tenía 16 años y era madre de un bebé.

“¿Cuál fue el primer lugar de detención? Mi primer lugar de detención fue la comisaria de Montecarlo y luego ‘nos’ trasladan a Eldorado al Escuadrón 10 de Gendarmería“, afirmó Allou cuando brindó su testimonio a la profesora Pelozo en el 2023.

“Su arresto ocurrió tras recibir una advertencia sobre posibles represalias debido a su participación como presidenta del Centro de Estudiantes de su escuela secundaria”, explicó Tiozzo sobre el caso de Allou y añadió que la jueza compartió cautiverio con diferentes maestros, profesores y el sacerdote José Czerepak “quien fue confinado en un espacio extremadamente reducido que apenas podía acomodar su silla de ruedas”.

Si bien, afortunadamente, no recibió torturas, la jueza sentenció a ese período de detención, que duró entre 45 y 65 (no recuerda con precisión), de mucha “incertidumbre y angustia” el cual le dejó “profundas marcas en su salud física y emocional. Descalcificación ósea, rechazo a espacios oscuros. Además de causar una desconexión temporal con su hija pequeña”.

Otro testimonio clave del que se hizo eco el edil Tiozzo, a partir de una entrevista que realizó el licenciado en Historia Matías Rojas, es el de la directora de la Escuela Normal 2 de Montecarlo, Norma Ramos.

Al igual que la jueza Allou, la directora Ramos fue detenida el 24 de marzo de 1976 en Montecarlo y llevada al Escuadrón 10 de Gendarmería.

“Nosotros sabíamos dónde nos llevaron, imagínate que vivimos acá, cómo no vamos a saber dónde nos llevaron. Aparte, eran los gendarmes conocidos todos, del pueblo; nos subieron y nos llevaron a la gendarmería“, contó Norma a su entrevistador en diciembre del 2024.

Además, la directora expuso las torturas a la que fue sometida durante su detención “por el trabajo social que tenía la escuela”.

“En varias oportunidades nos hacían simulacro de fusilamiento, todo un trabajo psicológico. Nos paraban contra la pared, de espalda, con las manos hacia arriba, y nos decían que nos iban a fusilar. Varias veces”, narró en aquella entrevista.

Y describió: “Nos llevaban a un lugar, y nos ponían contra la pared con un número de frente y de perfil. Nos sacaban fotos y nos tomaban declaración. Preguntando cosas, de la escuela, lo que ellos buscaban era que nosotros pudiéramos hablar sobre los dos encuentros secundarios que hubo, el PEPES y SEPES. Que fue un movimiento político y revolucionario, de quien generó esta escuela, donde hubo participación de todos los políticos y gremios que estaban en contra del manejo del gobierno”.

Víctimas del Terrorismo de Estado

El extenso proyecto de ordenanza también añade un listado de personas de la zona Norte de la provincia, principalmente de Eldorado y Montecarlo, que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar que ocurrió en la Argentina, elaborado por Norma Ramos, Roberto Lafere, Nuria Allou y Matías Rojas.

Los sobrevivientes que estuvieron detenidos en el Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional son: “Juan Ledesma, estudiante; Armando Ledesma, obrero; Bruno Garay, obrero; Víctor Verón, estudiante; Beatriz Francisconi, estudiante; Roberto Lafere, bibliotecario; María Cristina Presa, docente; Analía Muruat, estudiante; Ricardo Torres, docente; Ernesto Niedeber, maestro mayor de obras; Juan Carlos Martínez Alva, escritor-poeta; Edigio Domínguez, docente; Héctor Antonio Acosta, trabajador; Teresa Montero, estudiante; Eustaquio Colman, docente; Nicolás Chemes y Roberto Chemes (No fueron detenidos, pero sufrieron la suspensión en la Escuela Normal Superior N 2.); Ricardo Rosas (Suspendido del cargo Vicedirector ENS N2 – Docente); Oscar Darú (Suspendido del cargo de Director ENS N°2 – médico”.

Espacios de Memoria

Con esa información recabada y respaldándose en leyes provinciales y nacionales que sostienen que el Estado debe llevar adelante “estrategias activas de difusión y sensibilización dirigidas a la sociedad civil” sobre los crímenes de lesa humanidad, el edil impulsa la identificación y señalización del destacamento en el HCD.

“El edificio del Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional fue utilizado como un centro de detención de civiles durante el denominado “Proceso Nacional” arbitrariamente y sin que medie ninguna causa judicial en su contra, siendo ello un caso flagrante de violación de los derechos humanos”, enfatizó el concejal Sebastián Tiozzo en su proyecto de ordenanza.

Y, en esa línea, precisó que “a pesar de ser de público conocimiento lo mencionado en el considerando anterior, gran parte de la sociedad eldoradense y misionera desconoce lo sucedido” en la sede de la fuerza nacional ubicada en el kilómetro 6 de la localidad.

Los espacios de memoria, en su mayoría, son lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, pero también donde sucedieron masacres, enterramientos clandestinos, fusilamientos y otros hechos emblemáticos de la represión ilegal del Estado.

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