Herrera Ahuad sobre el endeudamiento: “Es una pandemia macroeconómica”

Sentido común

El diputado misionero destacó medidas provinciales, como el decreto del gobernador Hugo Passalacqua de un tope del 30% para el descuento a estatales por créditos impagos, pero sostuvo que “estas respuestas locales resultan aisladas e insuficientes ante una crisis de endeudamiento que es de naturaleza general y macroeconómica”.

“La existencia de estas medidas en las provincias, constituye un reconocimiento concreto de la problemática y demuestra la necesidad de avanzar hacia una política legislativa”, reclamó.

Explicó que su proyecto propone “generar una herramienta que permita recuperar la capacidad de pago y reducir la carga financiera de los hogares argentinos”.

“El Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal, propone que las personas que cumplan determinados requisitos puedan consolidar y refinanciar obligaciones provenientes de préstamos personales, tarjetas de crédito, financieras, mutuales, cooperativas y otros proveedores de crédito habilitados”, detalló.

Aclaró, asimismo, que “los créditos otorgados no estarán destinados a generar nuevo consumo, ni entregar dinero para nuevos gastos”, sino que “su finalidad será canjear, refinanciar o sustituir obligaciones existentes”.

“El programa prevé también la cancelación directa, por lo que los fondos destinados a la cancelación podrán ser transferidos directamente a los acreedores, evitando que el usuario utilice para objetivos distintos”, añadió.

“La transparencia constituye otro de los pilares de la iniciativa, toda operación deberá informar previamente el capital refinanciado, la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual, el costo financiero total; el número y valor de las cuotas y el sistema de amortización; los intereses totales, el importe final a pagar, y todos los gastos asociados”, abundó.

Herrera Ahuad señaló que la iniciativa de su autoría “no pretende eliminar el crédito, ni desalentar el financiamiento, sino recuperar su función social para que resuelva necesidades sin comprometer la subsistencia familiar”.

“El sobre endeudamiento exige una respuesta institucional, que combine protección del ingreso, transparencia y condiciones sostenibles de pago”, remarcó y aseguró que la propuesta de su bloque propone “cambiar el enfoque estrictamente financiero y macroeconómico, por una economía basada en lo institucional, derechos del consumidor y correcciones de las fallas del mercado”.

Sostuvo que el argumento del gobierno, de que se trata de “un acuerdo entre privados”, tal las palabras de Milei, “omite que los contratos de financieros no son acuerdos simétricos entre iguales, sino contratos de adhesión con asimetrías de información estructural”.

“Cuando un evento macroeconómico destruye la capacidad de pago, el Estado no está violando la seguridad jurídica, sino que está aplicando la teoría de la imprevisión y el principio constitucional de defensa del consumidor, establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional”, afirmó.

Advirtió que “si el Estado no interviene ante una crisis de sobre endeudamiento masivo, la consecuencia real es una ola masiva de incobrabilidad estructural y ejecución en juicio, destruyendo el consumo interno y congelando la economía”.

“Regular de forma extraordinaria restablece el equilibrio del mercado y previene una crisis sistemática de morosidad, que afectará aún más al sistema financiero”, argumentó.

En igual medida, se pronunció contra los críticos de poner un límite a las tasas de interés, y sostuvo que tales argumentos “ignoran la existencia de la usura institucionalizada y las ganancias extraordinarias que no se condicen con el riesgo real, sino con posiciones oligopólicas del sistema financiero”.

“Fijar una tasa máxima, basada en el Banco Nación, no es fijar un precio de forma artificial, sino establecer un ancla de competencia justa en un mercado concentrado, donde las comisiones ocultas y los costos financieros totales duplican y triplican la tasa de inflación”, explicó.

Afirmó que “un tope regulado de las tasas obliga a los bancos a eficientizar sus estructuras de costos, reducir márgenes de ganancias usurarios y canalizar el excedente de liquidez hacia el crédito productivo y de consumo real, en lugar de la especulación financiera de corto plazo”.

“El crédito se sanea, se presta sobre la base de la capacidad real de pago del trabajador, y no sobre el estrangulamiento financiero del deudor”, disparó.

“Al sanear las carteras de los deudores, hasta 10 salarios mínimos vital y móvil, se reinyecta capacidad de consumo a la economía real de forma inmediata, por lo que el Estado puede recaudar más por impuestos directos, como indirectos”, señaló.