Política
LLA dictamina Ley Malvinas con disidencia de Herrera Ahuad y Arrúa
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Redacción
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El oficialismo consiguió este martes el dictamen favorable de mayoría para el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como “Ley Malvinas”, en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, tras una serie de cambios pedidos por el gobierno de Estados Unidos y negociados con los bloques aliados.
El dictamen de La Libertad Avanza (LLA) contó el aval de Daiana Fernández Molero, del PRO; Darío Schneider, de la UCR; Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires; y Gisela Scaglia y Sergio Capozzi, de Provincias Unidas. En disidencia, lo hicieron Pablo Farías y José Núñez, de Provincias Unidas; y Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad, del bloque Argentina Federal y los únicos misioneros que participaron del plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
La Casa Rosada flexibilizó y redujo el alcance de las sanciones a las empresas vinculadas a la explotación de recursos naturales en las islas, excluyendo a accionistas minoritarios y fondos de inversión sin poder de decisión, en sintonía con los reclamos que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, le transmitió en persona al presidente Javier Milei.
El dictamen oficialista redujo también la pena mínima de prisión para proveedores de bienes o servicios esenciales de cinco a dos años, y ajustó la escala de multas para quienes contraten con firmas sancionadas.
El proyecto crea el Consejo de Seguridad Nacional, que estará integrado, de forma permanente, por el presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica; y tendrá a su cargo la coordinación de la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior.
Sin embargo, ante los pedidos de bloques aliados, el oficialismo habilitó la participación, como miembros no permanentes, del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado, gobernadores y el Ministerio de Seguridad Interior.
La Libertad Avanza (LLA) también aceptó conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento del Congreso, para auditar el Consejo de manera similar a la bicameral que controla a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El objetivo del oficialismo es llevar el proyecto al recinto de Diputados el próximo 18 de noviembre, aunque los oficialistas más entusiastas apuntan a tratarlo el 12.
Bloques como Unión por la Patria y otros sectores, como Argentina Federal, objetaron que el dictamen del gobierno unificara en una sola ley el endurecimiento de las penas por la explotación ilegal de recursos en Malvinas, y la reforma estructural del sistema de seguridad interior, defensa e inteligencia nacional.
“La causa de la soberanía nacional y, muy especialmente, el irrenunciable reclamo sobre nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, constituye una política de Estado central para todo el pueblo argentino y, de manera particular, para las provincias fronterizas como Misiones”, señala la disidencia firmada por Herrera Ahuad y Arrúa, y advierte que “la nobleza y legitimidad de los fines perseguidos por el Mensaje N° 275/2026 no pueden erigirse en un cheque en blanco para alterar la fisonomía republicana y federal de nuestro régimen constitucional”.
El escrito de los diputados misioneros alega que el proyecto oficialista pretende incorporar al Código Penal de la Nación figuras delictivas que “involucran conceptos laxos e indeterminados, como la ‘desinformación masiva’, la afectación a ‘infraestructura estratégica’ y la alteración de ‘procesos institucionales o electorales’ bajo directivas extranjeras”, y alerta que “bajo esta redacción imprecisa y excesivamente centralista, se genera un riesgo de colisión directa y avasallamiento sobre las autonomías de los estados provinciales”.
Entre las razones esgrimidas, Herrera Ahuad y Arrúa mencionan la “invasión de las jurisdicciones electorales provinciales”, establecidas en el artículo 122 de la Constitución Nacional; el “avasallamiento sobre el poder de policía y seguridad local”, al habilitar al Poder Ejecutivo Nacional a “tipificar penalmente conflictos meramente locales, vecinales o de libre expresión pública calificándolos de ‘sabotaje’ o ‘amenazas a la seguridad’; y el “riesgo penal sobre la libre expresión en regiones periféricas”, por cuanto “en áreas fronterizas e hiperconectadas regionalmente, el flujo de información local, el debate académico y las actividades del periodismo local corren el riesgo de ser perseguidos bajo la ambigua figura de ‘campañas de desinformación financiadas por el extranjero’”.
“Las provincias delegaron competencias de defensa y relaciones exteriores a la Nación, pero jamás entregaron su autonomía ni el control sobre el normal funcionamiento de sus instituciones y su gente”, alerta el escrito.
“Esta disidencia parcial adquiere un carácter de urgencia federal indivisible al confluir las preocupaciones institucionales y geopolíticas de las provincias de Misiones y Salta”, señala y explica que “ambas jurisdicciones compartimos una condición idéntica: somos custodios de las fronteras vivas y profundas de la República Argentina, limitando activamente con tres naciones soberanas de la región”.