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Los vínculos con el PRO de los abogados de procesado por el ataque a CFK

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Dos de los abogados de Gabriel Nicolás Carrizo, el último de los cuatro detenidos por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), son asesores de parlamentarios del PRO, y el tercero defendió a los acusados en la causa que investiga el espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

La novedad la dio el periodista Carlos Pagni, en su espacio Odisea Argentina, en el canal del diario porteño La Nación, LN+, y rápidamente se propagó al resto de los medios.

“Lo más curioso de todo es que cae este vendedor de copos de azúcar, subrayo el oficio, subrayo la actividad -dijo Pagni-, y aparecen enseguida varios abogados, cuya aparición es muy misteriosa por muchos motivos”.

El periodista apuntó, primero, a Gastón Marano, un abogado penalista que hasta el viernes pasado era asesor del senador del PRO por la provincia de Chubut, Ignacio Torres. “Y no lo asesoraba en cualquier comisión, sino en la comisión bicameral que vigila a los organismos de seguridad e inteligencia”, reveló.

Marano llegó a la comisión apadrinado por Torres como “especialista en inteligencia”, y de acuerdo a información publicada por el medio La Opinión Austral, tenía acceso a información sensible de la AFI a través de su puesto de asesor.

El medio de Río Gallegos publicó, incluso, un memorándum firmado por el mismo Torres, autorizando “expresamente” a Marano el acceso al último informe anual de la Comisión.

El Informe Anual de las Actividades de Inteligencia es de carácter secreto por ley, y es elaborado por Inteligencia para ser remitido a la Comisión Bicameral para su consideración.

Por su parte, el abogado de CFK señaló, además, al letrado por su cercanía con la embajada de Estados Unidos, y referentes del partido La Libertad Avanza, que lidera el diputado libertario Javier Milei.

Filtrada la información, el senador del PRO desvinculó a Marano de sus funciones. “Hablé con Leopoldo Moreau (presidente de la bicameral) y le pedí que lo echemos”, dijo al diario Perfil.

Freelance

Carrizo tiene una segunda abogada: Brenda Salva, que es asesora de la diputada del PRO por la provincia de San Luis, Karina Ethel Bachey, quien a diferencia de Torres resolvió no removerla del cargo.

“Brenda (Salva) ejerce su actividad en lo privado, no compré todo su tiempo. Ella asesora a nuestro equipo en la comisión de Discapacidad. Hemos hecho el trabajo en conjunto desde ahí”, afirmó la legisladora en declaraciones recogidas por los medios.

La diputada puntana tampoco oculta su escepticismo sobre el atentado que casi le cuesta la vida a la vicepresidenta. “Entiendo que el 70% de la ciudadanía cree que esta cuestión no ha sido real”, escribió en sus redes.

Bachey llegó al Congreso de la mano de la titular del PRO Patricia Bullrich y del secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno porteño, Eduardo Machivelli. El cargo más alto que tiene es de secretaria en la Comisión de Minería de la Cámara.

Asumió en diciembre del año pasado. Presentó tres proyectos de ley: uno, contra el pase sanitario; otro para regular el régimen de la medicina estética, y un tercero para endurecer las penas de “los delitos contra la vida”. Ninguno fue tratado nunca en las comisiones.

Casualidades

“Pueden ser todas casualidades, seguramente son casualidades”, afirmó el periodista de LN+, como antesala para presentar al tercer abogado de Carrizo: Fernando Sicilia.

“Fue el abogado defensor de dos personas que fueron noticia durante los últimos dos, tres años: Leandro Araque y Facundo Melo, dos integrantes de la banda de espionaje ilegal que trabajaba a las órdenes de Silvia Majdalani, en la AFI durante el gobierno de Macri”, resumió Pagni.

Ambos integraban la banda conocida como “Mario Bros”, que espiaba a dirigentes políticos, algunos del mismo oficialismo de Cambiemos.

“La pregunta que uno se hace es: ¿cuánto algodón de azúcar hay que vender para pagarle a estos abogados?”, finalizó Pagni.


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Ministro del Agro desmintió que pueda faltar yerba en el verano

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El ministro del Agro de la provincia, Facundo López Sartori, desmintió que la paralización de la cosecha de yerba mate, anunciada por los productores yerbateros que exigen la recomposición del precio de la hoja verde, pudiera provocar un desabastecimiento del producto en el país, tal como especularon hoy los principales medios de prensa porteños.

La situación está que arde”, reconoció Sartori sobre los reclamos de los yerbateros que vieron desmoronarse el precio de la materia prima, luego de que el gobierno de Javier Milei le quitara al Inym la potestad de arbitrar en el valor de la hoja.

Todavía la industria maneja stock”, afirmó el funcionario, consultado por La Voz de Misiones, y desmintió lo publicado este jueves por la prensa porteña: “Este verano no va a faltar yerba mate”, aseguró.

Sin embargo, Sartori advirtió que de no resolverse el conflicto, un agravamiento de la medida de fuerza que los yerbateros anunciaron a partir del 1 de diciembre, repercutiría, sin dudas, en toda la cadena y el producto podría escasear, en algún momento, en las góndolas de los supermercados.

La industria maneja un stock importante, pero si no se retoma la cosecha ese stock, tarde o temprano, se vacía”, sentenció el ministro.

Actualmente, el precio de la hoja verde ronda los $200 el kilo para el productor, un valor que los yerbateros consideran ínfimo y que pide llevar, por lo bajo, a $390.

 


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Goerling fue designado presidente de la bicameral de Seguridad Interior

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El senador del PRO Misiones, Martín Goerling, asumió este jueves como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior del Congreso de la Nación, que estaba inactiva desde 2018.

El mismo parlamentario misionero informó de su nuevo rol en el Congreso en su cuenta de X, donde escribió: “Es un honor y una responsabilidad trabajar por una Argentina más segura y reforzar el gran trabajo que @PatoBullrich viene liderando en esta materia”.

La conformación de la Comisión se completó con el diputado José Glinkski, de Unión por la Patria, como vicepresidente; y la senadora Edith Terenzi, de Despierta Chubut, y el legislador del PRO Damián Arabia, como secretario.

Inactiva

“Hace mucho que esta Comisión no tiene funcionamiento: la última vez fue en el año 2018”, comentó Goerling a la sala de prensa del Senado.

“Creo que debería cumplir una función de control de los órganos de seguridad interior de la Argentina”, agregó y opinó: “Esta Comisión es importante porque hay sucesos que pasan en la Argentina que ameritan que se traten y que tengan un control parlamentario”.

“Tenemos una responsabilidad de dar una mirada muy federal a esto”, continuó y consideró que “por ahí, siempre se dio una mirada muy desde el centro de la Argentina y creo que también hay ver el accionar de las fuerzas de seguridad en todo el territorio de la Argentina, en el norte, en la triple frontera”.

“Creo que hay mucho por hacer, por controlar y darle la seguridad a todos los argentinos de respetar la Constitución, de que las fuerzas actúen como tiene que actuar”, finalizó.


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Ninfa Alvarenga, trabajó cuatro meses en el Pami, la echaron y cobró $11 millones

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Tras su destitución del Pami, Ninfa Alvarenga cobró $11.380.414,26 del organismo previsional, donde se desempeñó durante poco más de cuatro meses, entre junio y octubre, como directora de la UGL Misiones.

La Voz de Misiones accedió al recibo de la liquidación salarial de Alvarenga, con el detalle de los montos y los conceptos pagados por el Pami, como aguinaldo, vacaciones no usufructuadas, indemnización y preaviso.

Según el documento, que tiene fecha de noviembre, la libertaria misionera, que ayer ponderaba el ajuste del gobierno de Javier Milei en un canal de local de streaming, percibió: $1.171.934,62 en concepto de aguinaldo, $973.607,22 por vacaciones no gozadas, $4.056.696,75 como indemnización y otros $4.056.696,75 en concepto de preaviso.

El recibo detalla, además, el pago de proporcionales como: $81.133,94 por SAC S/D LAO no gozadas, $956.032,99 por Mes Integración, $338.058,06 por SAC S/D Preaviso, y $79.669,42 por SAC S/D Integración.


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