Proponen crear ente de control municipal de servicios públicos en Posadas
Durante su intervención en la sesión ordinaria, la edil sostuvo que los problemas vinculados con el agua, la energía eléctrica y el transporte afectan desde hace años a los vecinos de la ciudad y cuestionó que el municipio se limite a señalar que se trata de competencias provinciales.
Gómez de Oliveira fundamentó su propuesta en el artículo 88 de la Carta Orgánica de Posadas, que establece que “los servicios que tienden a satisfacer necesidades primordiales de orden local deben considerarse de competencia municipal y de carácter esencial”.
En ese sentido, planteó que el municipio debería contar con una herramienta propia para intervenir ante reclamos por cortes, aumentos de tarifas o presuntas irregularidades en las facturas.
“Pretendemos con este proyecto constituir un sistema objetivo de constatación que cuando un barrio sufra cortes o elevación injustificada de tarifas exista un organismo municipal que reciba esa denuncia, que audite, que elabore mapas de calor y exija respuestas al prestador”, señaló.
La iniciativa propone que el organismo funcione con recursos municipales existentes y una mesa de seguimiento ad honorem integrada por representantes del Departamento Ejecutivo, concejales del oficialismo y la oposición y la Defensoría del Pueblo.
La concejal también cuestionó el funcionamiento del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac), al señalar que se financia mediante un porcentaje de las facturas y plantear si ese esquema garantiza una defensa efectiva de los usuarios. Asimismo, recordó que en 1995 se sancionó una ley para crear un ente regulador de la energía provincial, pero afirmó que nunca llegó a ponerse en funcionamiento.
Además, Gómez de Oliveira repasó los distintos pedidos que realizó ante los reclamos de vecinos y, mientras exhibía un bloque de hojas con las gestiones, remarcó que la mayoría recibió respuesta.
Luego, tomó una de las notas y leyó ante el recinto la respuesta que recibió del Eprac, como muestra de las gestiones realizadas desde su banca. “Si yo, como una simple concejal con la escasa estructura que tengo, puedo obtener una respuesta así, cuánto más puede hacer el Ejecutivo municipal”, lanzó.
Reclamos vecinales
Como antecedente reciente, Gómez de Oliveira mencionó los reclamos de vecinos de Itaembé Guazú por facturas de servicios que consideraron excesivas. El conflicto por el agua ya había derivado en presentaciones administrativas y judiciales: en abril, la Justicia ordenó a Samsa suspender los cortes y habilitar el pago mínimo para un grupo de usuarios del barrio, mientras se analizaban presuntas irregularidades en las mediciones y la facturación.
Finalmente, la concejal pidió que el proyecto sea debatido por en la comisión correspondiente y planteó que el eventual ente municipal constituya “una herramienta más de control a los servicios públicos”.