Reformas en ley migratoria no alcanzan al tránsito vecinal fronterizo

Manfroni, reconoció que el decreto tiene prerrogativa solamente sobre las instituciones sanitarias y educativas nacionales, y no alcanza a hospitales públicos, escuelas y colegios provinciales, aunque destacó que “insta a las provincias a adherirse” al arancelamiento de la salud para turistas y migrantes no residentes.

“Hay convenciones internacionales y no hemos podido restringir el tema de las plazas en las escuelas primarias y secundarias”, lamentó el funcionario.

“Nosotros tenemos el derecho a exigir que aquellas personas que vienen con intenciones de instalarse para trabajar, exhiban algún tipo de contrato, oferta o propuesta, que demuestre que realmente tiene un vínculo con una empresa que lo va a contratar; O, en caso contrario, que acredite los medios para subsistir en el país, de manera que podamos suponer que no viene a mendigar, robar o vivir de planes sociales”, argumentó el jefe de Gabinete de la cartera que encabeza Bullrich.

Entre las principales reformas, Manfroni resaltó la exigencia de un seguro internacional de salud para el ingreso al país, las nuevas atribuciones de los funcionarios de Migraciones en los puestos fronterizos, y las causales incorporadas a la legislación para la deportación exprés de extranjeros.

“Se les va a pedir una declaración jurada en la que manifiesten que cuentan con una cobertura internacional de salud”, explicó Manfroni.

El funcionario aseguró que “en situaciones de emergencia, la Argentina va a seguir atendiendo a cualquier extranjero, cualquiera sea su situación migratoria, por casos como accidentes o patologías de urgencia, como puede ser una peritonitis o un derrame cerebral; pero, no para hacerse un tratamiento, cualquiera sea; consultas o enfermedades estacionales”.

“Esto es un abuso que no solo mina los recursos, sino que ocupa plazas en los hospitales que bien podrían ser para un argentino que se quedó afuera, porque todas las plazas estaban ocupadas por extranjeros”, expresó.

“A los extranjeros con residencia legal, sí se los atenderá en igualdad de condiciones con los argentinos; pero, los demás, exceptuando las emergencias, tendrán que pagar por adelantado el costo de los servicios, o exhibir un seguro que le dé cobertura internacional”, remarcó.

“No podemos seguir siendo el seguro médico gratuito para toda América Latina”, lanzó Manfroni y justificó: “Bastante mal quedó el país para que tengamos que extremar esta generosidad”.

Prohibidos y expulsados

Sobre las nuevas causales para negar el ingreso al país o decidir la expulsión, el funcionario de Seguridad destacó que el decreto presidencial incorporó figuras a la legislación migratoria.

“Si tienen antecedentes penales no pueden ingresar”, precisó Manfroni y detalló: “No consideramos solo los casos de condena firme, sino también los casos de condenas no firmes; o que el extranjero tenga un procesamiento, que esté sometido a proceso por la comisión de un hecho ilícito”.

“Los extranjeros que sean rechazados por motivos de antecedentes penales no podrán ingresar más al país, y si se trata de rechazo por otra naturaleza, la prohibición de ingreso será por cinco años”, remarcó.

Asimismo, Manfroni indicó que el decreto presidencial habilita a los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) destacados en las fronteras a decidir la suerte de quienes desean ingresar al país.

“El agente migratorio tiene facultades para evaluar las respuestas que le da el extranjero en caso de interrogarlo, y si hay una sospecha de que está mintiendo, que lo que dice no se corresponde con la realidad, tiene la posibilidad de rechazarlo”, explicó.

“La ley ha endurecido las condiciones en todo sentido, y está vigente. De hecho, ya se puede expulsar. Hace dos días se expulsó a cuatro extranjeros”, indicó.