Tras el allanamiento realizado el fin de semana en la vivienda de la tiktoker posadeña Florencia Belén Aguirre (28), investigada en una causa por calumnias, injurias y amenazas, el arco político opositor misionero emitió un comunicado de prensa en el cual manifestó una “profunda preocupación” por la detención de ciudadanos “críticos” a la gestión de la Renovación e instaron al gobierno provincial a “ajustarse al Estado de derecho”.

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante las recientes detenciones de los ciudadanos críticos al gobierno provincial del Frente Renovador de la Concordia”, comienza el documento que incluye el nombre de 53 concejales de distintas localidades y dirigentes sociales opositores.

La misiva también lleva la firma de los diputados nacionales Martín Arjol, Florencia Klipauka, Alfredo Schiavoni (mandato cumplido), y de los legisladores provinciales Horacio Loreiro, Miguel Núñez, Rosy Kurtz, Mikaelia González Coria y Analia Labandoczka.

Derecho a la protesta

En el documento, la oposición calificó como acciones judiciales que lesionan la “libertad de expresión” en la tierra colorada los arrestos usuarios de redes dedicados a realizar publicaciones contra políticos del oficialismo. En ese listado incluyeron al tiktoker libertario de Eldorado Ramiro Eduardo Barrionuevo (32), al dirigente barrial y militante de LLA en Posadas Cristian Cabral y, por último, el caso Aguirre.

Todos ellos fueron denunciados por delitos configurados como “intimidación pública”, “amenazas” o “calumnias e injurias”, ante lo cual objeto de investigaciones, procedimientos judiciales y, en al menos dos de los casos, detenciones.

Contrario a esto, para los firmantes del documento contra el oficialismo, los acusados utilizaban las redes sociales, principalmente TikTok, para “expresar su descontento” con las políticas públicas del gobierno provincial y también aprovecharon para exponer “la iniciación de causas penales, en algunos casos con detenciones arbitrarias, a trabajadores y referentes de la administración pública por haber ejercido su derecho a la protesta”, refiriéndose a los policías que permanecen detenidos acusados de “intento de sedición” y a la investigación judicial contra al menos doce docentes que participaron de las protestas multisectoriales en el mes de mayo.

Con los argumentos esgrimidos, expusieron que “en nuestro país la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza a todos los ciudadanos la posibilidad de expresar sus ideas sin censura previa. Además, el artículo 19 del pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional ratificado por Argentina, protege el derecho a la libertad de expresión sin restricciones indebidas”.

Seguidamente, sostienen que en Misiones los derechos mencionados están “protegidos” por el artículo 12 de la Constitución provincial, y acusaron al gobierno renovador de “vulnerar” la garantía constitucional “al perseguir y detener a quienes disienten públicamente”.

“Retroceso”

En otro apartado del comunicado de prensa, los funcionarios opositores aseguraron que la recientemente creada Fiscalía Especializada en Ciberdelitos “no deja de generar estupor” y “atenta contra el debido proceso, fomenta la censura previa y abre la puerta al espionaje”.

Los firmantes del documento manifestaron que las acusaciones expuestas “representan un claro retroceso para nuestras libertades y para el respeto de los derechos fundamentales en Misiones” e instaron al gobierno a cesar “la persecución a opositores y a ajustar sus acciones al Estado de derecho y a los principios republicanos que rigen nuestra democracia”.

Y por último, enfatizaron: “La libertad de expresión no debe ser restringida y el debate de ideas debe ser promovido sin temor a represalias judiciales impulsadas por intereses del poder político de turno, que no acepta voces disidentes”.

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Tras las acusaciones en contra de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Eldorado, María Cristina Bandera, por hechos de “violencia verbal y psicológica” contra los alumnos participantes del Parlamento Estudiantil de la ciudad y por haber aparentemente “forzado” su postura en la selección para presidir la sesión de los jóvenes, los concejales Edgar Montiel, Daniel  González y Sebastián Tiozzo solicitaron la revocación del mandato de la edil renovadora.

En un documento dirigido al despacho de la máxima autoridad del recinto y luego de solicitar que se investigue lo sucedido en el edificio municipal el pasado lunes 28 de octubre, los ediles expresaron su “preocupación” por la situación en la que se ve envuelta el Concejo Deliberante “ante los hechos que son de público conocimiento que se vivieron en el Parlamento Estudiantil Secundario”.

Teniendo en cuenta el tenor de las acusaciones contra Bandera y ante las declaraciones de la edil frente a sus pares en la sesión ordinaria de ayer, con referencia a que se abra “una investigación interna que sea transparente, imparcial y justa”, es que los funcionarios pidieron que se aplique lo establecido en el Capítulo II Sesiones Ordinarias, en su artículo 102, de la Carta Orgánica Municipal.

“La presidencia del Concejo Deliberante es ejercida por un concejal, que es designado junto con las demás autoridades que al efecto se establezcan en el reglamento interno del cuerpo, por simple mayoría. El mandato de las autoridades electas será de un (1) año y podrá ser revocado, requiriéndose, a ese efecto, el voto de las dos terceras partes de los miembros del cuerpo”, sostiene el artículo mencionado por los concejales en la nota dirigida a Bandera.

Finalizando su misiva, Tiozzo, González y Montiel solicitaron: “La revocación de su mandato como Presidente del
Concejo Deliberante de Eldorado, a fin de establecer una investigación transparente, imparcial y justa para las partes involucradas”.

Presidenta del Concejo de Eldorado: “Yo no maltraté a ningún adolescente”

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Tras el allanamiento realizado por la Policía en la casa de la enfermera y tiktoker posadeña Florencia Belén Aguirre (28), que hoy debe declarar ante la Justicia, el funcionario provincial Roque Gervasoni se refirió al caso en su Facebook y admitió que fue el autor de la denuncia que disparó la investigación: “Pueden decir de mí lo que se les ocurra, pero me asiste el derecho a defender mi buen nombre y honor”.

El actual titular del Instituto de Macroeconomía Circular (Imac), ex Ifai, eligió -una vez más- su cuenta de Facebook para referirse al caso Aguirre, joven influencer que había había apuntado en su contra en varios videos publicados en TikTok, acusándolo de corrupción y vinculando a “escándalos” que salpicarían a otros políticos del oficialismo provincial. 

Gervasoni decidió comenzar su “descargo” refiriéndose a un primer intercambio de mensajes mantenido con la propia Aguirre a través de chats. “Respondiendo a la pregunta que me hiciera en privado la tiktoker que comenzó a escribir en contra de todos, insultar y agraviar, le respondí lo que está en el recuadro rojo”, introdujo el funcionario, adjuntando una captura del registro al que hace mención.

En ese chat, el titular del Imac le dijo: “Largá la hierba, dejá de fantasear, si tenés pruebas aportá y sino buscate un buen abogado, tu cercanía a ese ministro no te va a salvar, no se puede difamar tan alegremente”.

Y Gervasoni continuó con su versión de los hechos: “A partir de ahí soporté hasta el día de ayer, inclusive, menciones en cuanto TikTok subía. Lo del apodo no me molesta. Soy gordito y muy feliz. Pero lo demás en contra mía, en contra de todos los jueces de la provincia, autoridades policiales, funcionarios en todos los niveles, hablando de corrupción, adicciones, vida privada, sin ninguna prueba, sin documentación, sin un solo documento que avale”.

Para el funcionario, el accionar de Aguirre solo apunta a “embarrar, desprestigiar, denostar, difamar y calumniar” al gobierno provincial y ante ello decidió presentar “denuncia penal, civil y en ciberdelito”.

“Solo pedí que se abstenga de seguir con las agresiones”, añadió.

Pero el descargo no terminó ahí. Gervasoni también planteó que la tiktoker participó como “instigadora” en las revueltas policiales, siendo parte, incluso, “de un expediente” y blanco de “varias denuncias”. “Por lo incautado no se trata de cualquiera persona”, remató, haciendo referencia a la escopeta y al frasco con cogollos de marihuana incautados en la casa de la influencer.

“Pueden decir de mí lo que se les ocurra, pero me asiste el derecho a defender mi buen nombre y honor, y de los compañeros y funcionarios del Frente Renovador, de nuestro conductor. Cuando se trata de gente que tras la máscara inocente una usuario/a de redes sociales pretenda solo embarra, desprestigiar, denostar, difamar, calumniar, siendo funcionales a algún interés en particular”, culminó su posteo.

La denuncia de Gervasoni activó una investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte. 

En el marco de las medidas ejecutadas, el fin de semana se allanó la vivienda de la posadeña, instancia en la que se incautaron además de los aparatos informáticos presuntamente utilizados para sus publicaciones, una escopeta y un frasco con marihuana, cuyas procedencias serán objeto de una nueva investigación.

La joven, de 28 años, de profesión enfermera y madre de dos hijos, está libre y fue citada a prestar declaración indagatoria este martes a la mañana.

Tiktoker de Posadas fue citada a declarar este martes ante la Justicia

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