Caso Roque González: recusan y piden jury para el juez César Jiménez
El abogado de una víctima pidió que el magistrado se aparte de la causa. Además, un ciudadano solicitó la destitución del juez por incumplimiento de sus deberes.
El letrado Miguel Cassettai, defensor de una de las alumnas que denunció acoso y abuso sexual en el Colegio Roque González, recusó al juez César Jiménez, titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, que lleva adelante el caso.
“El motivo de la recusación es porque, como es de conocimiento público, el magistrado tiene una determinada formación religiosa y participación sobre todo”, sostuvo Cassettai en diálogo con LT4.
En esa línea, el abogado explicó: “Como el colegio en cuestión es religioso yo entiendo que por ahí esa cuestión podría influir en su objetividad en el momento de realizar algún tipo de cuestión en la causa”.
El representante contó que solicitó ser querellante en el expediente y al mismo tiempo pidió que se recusara al magistrado César Jiménez.
“El juez entiende que los menores intervinientes en la causa son todos inimputables, él dice que no corresponde continuar con el requerimiento de instrucción formal efectuado por la fiscal María Laura Álvarez”, dijo el abogado y agregó que espera que su pedido también sea rechazado al no haber partes en la causa.
Sin embargo, Cassettai señaló que, para la defensa, “es importante que se reabra la causa, porque independientemente de que ya se sepa que eran menores los autores de los hechos, hay una cuestión que no podemos dejar de lado, la responsabilidad del establecimiento educativo”.
De esta manera, el letrado apuntó contra las autoridades del instituto religioso: “Los establecimientos educativos son responsables por el accionar de los menores que asistan a la institución, durante las horas que estén los chicos”, argumentó y enfatizó: “Por lo tanto, si esto ocurría dentro del colegio son responsables”.
Cassettai expuso que desde el primer momento que se conocieron públicamente los abusos y acosos que ocurrían en el aula del segundo año “B”, las estudiantes reclamaban que la institución no tomaba cartas en el asunto.
“Cuando se hizo la sentada ¿por qué fue?, porque las autoridades no hacían nada al respecto, entonces ellos estaban en conocimiento de este hecho”, remarcó el letrado.
Además, sostuvo que la mamá a quien representa “dijo en incansables notas que ella manifestaba que se habían contado estas conductas y no hacían nada”.
Asimismo, indicó que los tratados de los derechos del niño establecen que cualquier mayor que tome conocimiento de un hecho delictivo lo tiene que denunciar para erradicar esa conducta.
El cambio de la máxima autoridad de la institución religiosa nace como una respuesta a las denuncias que realizaron las estudiantes, donde señalaron que mientras ocurrían los hechos los responsables del instituto hicieron caso omiso.