Posadas
Denuncia que su ex maltrata y medica sin diagnóstico a su hijo de 4 años
En julio de este año, la docente de primaria Romina P. denunció en los medios de comunicación que su hijo de 4 años, que padecía TDAH, había sido raptado por su padre, el cabo de Policía Walter Fleitas, quien ahora da su versión de los hechos y señala públicamente a su ex por ejercer violencia contra el pequeño y medicarlo compulsivamente, sin un diagnóstico médico claro.
Según contó el agente a La Voz de Misiones, el niño nació en medio del proceso de divorcio con 25 semanas de gestación, tras lo cual la Justicia determinó que la mamá se quedara con su guarda, mientras que estableció un régimen de visitas para el papá.
Walter relató que, concretada la separación, todo marchó bien hasta mediados del 2022, cuando Romina “hace denuncias falsas por violencia y después por negligencia mía contra mi hijo, manifestando que lo dejaba manipular mi arma”, ante lo cual el juzgado interviniente dispuso una prohibición de acercamiento del policía hacia la maestra de primaria, “pero no contra mi hijo”.
“Yo hago una denuncia en el juzgado penal en abril por impedimento de contacto y ella me hace una contradenuncia, diciendo que mi hijo manipulaba mi arma y dice que siempre denunció violencia física, sexual, verbal y psicológica”, recordó Walter y añadió: “Cuando la citaron para que presente las pruebas no fue y su denuncia se desestimó”.
Romina también realizó una exposición en Asuntos Internos, por lo que la fuerza provincial abrió un sumario administrativo, le sustrajo el arma reglamentaria y trasladó al cabo Walter Fleitas, que se desempeñaba en el área de investigación de la Dirección de Verificación, a la Comisaría Primera de Posadas, donde actualmente realiza tareas administrativas.
“No me dijeron que me trasladaban por los conflictos generados por mi ex, pero realizaron una permuta sin consultarme y sin razón, siendo un personal con buena conducta, excelente calificación y sin sanciones”, apuntó el suboficial, al agregar que la investigación interna fue desestimada y cerrada.
Diagnóstico: ¿autismo?
De acuerdo al testimonio del progenitor, fue entonces que su ex “comenzó a decir que mi hijo estaba mal, que tenía apneas de sueño, que se le cortaba la respiración al dormir y que tenía un trastorno de atención e hiperactividad, a base de ningún diagnóstico”.
En esa línea, relató que, en septiembre de 2022, perdió por completo el contacto con el niño, ante lo cual decidió acercarse a los médicos del menor para consultar sobre su estado de salud.
“Su pediatra me dijo que él estaba bien, que ella lo derivó al neurólogo por manifestaciones de la madre y certifica todo lo que dice. Cuando presenté eso en la Justicia, ella -por la madre- lo sacó de todos los entes públicos, donde yo como padre podía con mi DNI pedir la historia clínica”, explicó Walter.
Seguidamente, el cabo de la Policía expresó que la progenitora acudió a “médicos extraños” para que atendieran al niño, “como el doctor Oscar Raúl Quisama, quien es un psiquiatra y psicólogo, que no está matriculado como psicólogo en la provincia y le da un diagnóstico de autismo”.
Del certificado emitido por Quisama, con fecha del 16 de febrero del 2023, se desprende que el niño “está en un proceso de diagnóstico presentando un cuadro compatible con Trastorno del Espectro Autista (TEA) asociado a un Trastorno de Desarrollo y Ansiedad con Hiperactividad (TDAH)”.
Además, el médico detalló en el documento que el pequeño “presenta un cuadro de excitación psicomotriz, irritabilidad, ansiedad marcada, dificultad para dormir, trastorno en su conducta” y que tiene “episodios de tirar y romper cosas”.
Con esos argumentos, el doctor Quisama recomendó que debía ser “asistido exclusivamente por su madre y sus abuelos maternos, que siempre estuvieron con el niño y tratar de evitar el contacto con otras personas que puedan sobrestimularlo, excitarlo y perturbar el tratamiento que está llevando a cabo”.
El profesional agregó en el informe una observación: “En los últimos encuentros que ha tenido con su padre realmente no han sido de provecho, ya que el niño vuelve totalmente desorganizado mental y conductualmente”.
Frente a esos diagnósticos, Walter denunció que “lo único que hizo es un certificado que decía que el niño solo podía estar bajo el cuidado de la madre y que no podía ser sometido a personas extrañas que lo estimulen; un certificado armado, porque después no aparece en ningún papel. Nunca lo trató y cuando yo me quise acercar a consultarle al doctor, vio mi apellido y nunca me atendió”.
Fue entonces que, con el documento otorgado por Quisama, Romina P., – siempre de acuerdo al testimonio del progenitor-, acudió con el menor a una consulta con el especialista en neurología infantil José Gabriel Galeano, el 16 de febrero del 2023.
Galeano concluyó que recibió al pequeño de 4 años bajo un “tratamiento y control neurológico por presentar TDAH y trastorno conductual perturbador”, por lo que recomendó Terapia Cognitivo Conductual (TCC).
Tras atender al menor, el especialista en neurología infantil manifestó en su estudio que debía recibir terapia “continua”, la cual “se modifica de acuerdo a la evolución” y, además, le recetó 0,25 mg de Risperidona.
Rapto
A mediados de julio de este año, transcendió en los medios y portales digitales de la provincia el testimonio de la madre del menor, Romina P.
En ese momento, la mujer expuso a la prensa que la Policía de Misiones la detuvo junto a su hijo en Candelaria, mientras realizaba la entrega de un pedido de comidas que ella elabora. Además, dijo que, luego de su detención, entregaron el niño a su papá,, cuando ella tenía la guarda del menor, razón por lo cual radicó una nueva denuncia.
Según pudo constatar La Voz de Misiones, Romina P. fue detenida en la ciudad de Candelaria por impedimento de contacto, desobediencia judicial y sustracción de menores.
Sobre eaquel episodio que hizo publicó la madre del menor, Fleitas explicó que la mujer fue detenida por impedir el contacto padre e hijo, luego de una denuncia que él había radicado. Por lo cual, el juzgado ordenó que el niño quede bajo su cuidado.
Walter contó que el conflicto se desencadenó a raíz de una denuncia suya en el juzgado penal, donde el magistrado interviniente ordenó que la madre “me permita ver a mi hijo. Pero cuando fui a retirarlo, a través de mi hermana, ella se niega a entregarlo”.
Y continuó: “El hermano (su ex cuñado y representante legal de la mujer) negó que estuvieran en la casa de la abuela”. Debido a ello, la tía del menor fue a la comisaría y radicó una denuncia. Allí, los agentes le dijeron que “vaya de nuevo a la casa y si no le entregaban al menor, iban a ir detenidos”.
Al llegar la tía a la vivienda de la abuela materna de su sobrino, “ni el niño ni la madre se encontraban en el inmueble”, enfatizó Fleitas.
“Ahí me dan a mí la guarda provisoria durante tres meses al resguardo del menor”, comentó Walter a LVM y siguió: “Fue entonces que mintió que yo había raptado a mi hijo. Él tomaba una medicación leve que le había dado Galeano en base a las mentiras de ella”.
Segunda opinión
Durante los tres meses que tuvo la guarda de su hijo, el cabo acudió a la psicopedagoga Natalia Ortiz, para “que le haga los estudios y saber si mi hijo tenía autismo o no”.
En las conclusiones de su informe, al que accedió La Voz de Misiones, la licenciada Ortiz sostuvo que el niño “posee un coeficiente de desarrollo ubicado dentro de los parámetros de esperados para su edad, aun considerando su prematuridad extrema” y descartó que presente “indicadores compatibles” con TEA.
Posteriormente, Fleitas vuelve a consultar al especialista en neurología infantil José Gabriel Galeano, que había atendido en febrero a su hijo.
El médico elaboró un Resumen de Historia Clínica del menor y plasmó las observaciones e indicaciones que dio a la mamá en su consulta, como también el proceso que llevó adelante el niño con acompañamiento de su padre.
En cuanto a la consulta de la docente de primaria, el profesional expresó que ella refirió “que el niño es muy hiperactivo, le cuesta mucho que obedezca, no tiene aceptación del no, hace berrinches importantes”, y observó que el menor “habla muy bien, no tiene problemas cognitivos”.
Seguidamente, indicó para el chico una Terapia Cognitivo Conductual (TCC), orientada a la “modificación de conducta”, y especificó que “se trabaja con los padres para que apliquen dichas prácticas en la casa”, y recomendó un “control de su aspecto conductual después de que empiece las clases”.
Por último, el neurólogo añadió un comentario sobre el pequeño y su entorno familiar: “Padres separados que se llevan mal. Es un niño muy agradable y simpático. Estudio Polisomnogarico (prueba utilizada para analizar el sueño): Normal”.
También dejó por sentado que el menor comenzó un tratamiento psicológico y “se indicó Risperidona a dosis bajas en forma combinada, con lo que no se obtuvo buena respuesta”.
Acompañado por el padre
Cuando el pequeño de 4 años estuvo bajo la guarda de su padre, el agente Walter Fleitas lo llevó nuevamente a una consulta con el neurólogo infantil Galeano.
Sobre ese periodo de tiempo, el médico especificó: “Permanece con el padre aproximadamente 15-20 días. Suspende la medicación, para observar la evolución conductual. Tiene en ese periodo nueva evolución por psicopedagogía donde, según informe, el niño tiene un cambio radical de la primera consulta a la tercera (está más tranquilo, no se autoagrede, responde bien a las consignas y los límites), con el hecho de aplicar consigna de TCC y suspender las pantallas del celular”.
En tanto, en sus conclusiones, Galeano manifiesta que: “Se trata de un niño con nivel madurativo cognitivo acorde a su edad, tiene conductas de hiperactividad – No se trata de un caso de TEA”.
Y recomienda: “Requiere un tratamiento de Terapia Cognitivo Conductual (TCC), orden, disciplina, una misma línea de manejo conductual entre los progenitores, suspender las pantallas y seguir controlando”. Además, Galeano enfatiza: “No se indica medicación por el momento, hasta que no se resuelva y no se adapten en la casa las indicaciones de la psicóloga”.
A lo que explica: “Si son bien implementadas y no alcanza para manejar las alteraciones que pueda presentar el niño, se replanteará la indicación de medicación, entendiendo que se trata de un niño preescolar”.
Por su parte, la psicóloga que atiende al menor coincidió con el diagnóstico de los profesionales del área y manifestó que tiene una conducta acorde a su edad, “sin embargo el mismo se ve interferido por su conducta y funciones ejecutivas”.
Nuevamente medicado
Luego de los tres meses que el chico permaneció con el papá, la Justicia restituyó la guarda del menor a su mamá, Romina P., y “ella le sacó de todos los médicos y lo llevó a una nueva neuróloga”, señaló Walter a LVM.
En esa línea, relató la situación que lo preocupa actualmente, debido a que el menor está medicado nuevamente: “Hace la misma operación que hizo antes, en 20 días, lo saca de los médicos que ella misma le llevaba, lo lleva a una médica neuróloga en Eldorado y esta doctora, en base a no sé qué, dice que ‘solo de ver entrar a mi hijo se dio cuenta que tenía rasgos de autismo’, y que en base a un mapeo neuronal iba a saber qué tipo de autismo tenía”.
La razón por la cual el niño está de nuevo bajo un tratamiento que incluye medicación, se debe a que la madre, de acuerdo a lo que manifestó Walter, presentó un informe médico realizado por la neurología infantil Mirian Benítez, en el cual la profesional manifiesta que el menor padece “actividad lenta… sin foco” y lo diagnostica con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Con esa conclusión, la profesional le recetó al pequeño Metilfenidato.
“Yo hice todo con un equipo interdisciplinario, donde entra la escuela, piscopedagoga, psicóloga y médico neurólogo. Y todos los especialistas coincidieron en que no tenía autismo”, denunció el policía.
Al mismo tiempo, Walter contó que su hijo cuenta con un Carnet Único de Discapacidad (CUD) emitido por salud pública el 11 de mayo del 2023, en el cual diagnostica al menor con “Trastorno de la Conducta”.
“Ahora descubrí que esa doctora Benítez es la misma que firma la discapacidad en el CUD del hospital, ella está entre los profesionales que revisan los papeles”, apuntó el padre del menor y añadió: “Hasta ahora, la historia clínica completa con los estudios por los cuales le dieron la discapacidad a mi hijo no los tengo, el hospital todavía no me los dio”.
En cuanto a la violencia que la madre ejercería sobre el niño, Fleitas exhibió audios en los que su hijo se expresa, a los llantos, en ese sentido y se niega a volver junto a su progenitora: “Tenés que decirle a mamá que la gente hablando se entiende”, le refleja el papá, por su parte.
Por otra parte, el suboficial confirmó que se encuentra en proceso para que la Justicia misionera le conceda la tenencia: “No me importa perder mi trabajo, tengo dos brazos y dos piernas y puedo hacer lo que sea, pero en este momento lo más importante es la salud de mi hijo”, concluyó.
Posadas
Trece familias en alerta por desalojos en chacra 239: “La ley nos ampara”
Una orden de desalojo emitida por el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas el pasado 10 de noviembre despertó la preocupación y angustia de 13 familias que viven en la Chacra 239 de la ciudad, un barrio que está relevado por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en Proceso de Integración Urbana, por lo cual los habitantes tienen permiso de ocupación de las parcelas y están amparados por una ley nacional y por la adhesión provincial a la legislación.
Ante el inminente desalojo que ejecutará la Justicia contra las familias posadeñas, el secretario general del Movimiento Evita Misiones, Martín Sereno, junto a militantes de su espacio político Tierra, Techo y Trabajo (TTT) visitaron la chacra para interiorizarse en la situación y acompañar a los vecinos.
De acuerdo a lo que pudieron constatar desde el espacio político, las familias que habitan el barrio cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar, expedido por la Anses a través del Renabap, además de contar con todos los requisitos que exige la ley provincial que prorrogó hasta diciembre del 2025 la suspensión de desalojos o remates de inmuebles que son destinados a vivienda única y familiar o producción agropecuaria.
Asimismo, como indica la legislación, los vecinos que recibieron la notificación de desalojo realizaron la inscripción correspondiente en el Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional (Iprodha).
“Estamos desesperados y esperamos que no se lleve a cabo esa orden. En caso de que insistan, es necesario que haya una alternativa para que no nos saquen a la calle con nuestros hijos, que nos resuelva el problema habitacional”, reclamó una mamá que vive en el vario hace más de ocho años, al tiempo que pidió que se respete la ley que los protege y que se tenga en cuenta que hay más de 30 niños y niñas que “podrían quedar en la calle”.
Legítimo reclamo
No es la primera vez que las familias sufren un intento de desalojo por parte de la Justicia misionera. El mismo episodio ocurrió hace cinco años y fue desarticulado cuando los vecinos presentaron la documentación que certifica que son parte de un barrio del Renabap.
Esta documentación, además de reconocer que habitan un lugar relevado por un organismo, certifica que las familias cuentan con el reconocimiento legítimo de posesión tanto por el Estado nacional como el provincial, a través de la ejecución de programas de los que fueron beneficiarios, como por ejemplo la bajada de luz por parte de la empresa de energía eléctrica.
Como en ese primer intento de desalojo, los vecinos acudieron nuevamente a la Defensoría del Pueblo y a la Subsecretaría de Tierras y Hábitat provincial cuando recibieron la intimación judicial para evitar que los dejen en la calle.
“Estamos haciendo todos los trámites y esperamos que el juez tenga empatía y cumpla con la ley que nos protege. Mientras, estamos en alerta, muy preocupados porque cometerían una gran injusticia”, señaló Cecilia, madre de una niña de 4 años, al dirigente social Martín Sereno.
Las familias de la Chacra 239 mantuvieron reuniones con el secretario del Movimiento Evita Misiones y manifestaron que “van a luchar porque conocen sus derechos sobre las viviendas que construyen con mucho esfuerzo”.
“Nos preocupa la notificación que nos llegó un domingo, avisando que nos dan un plazo de unos pocos días para que abandonemos nuestras casas. Es doloroso porque sabemos que la ley nos ampara y quedó demostrado en el 2019 cuando tuvimos el primer intento de desalojo”, afirmó Luis Alberto Aspeleiter, padre de seis hijos entre 3 y 17 años, tres de ellos nacidos en ese barrio.
Todos coinciden en que aunque tienen trabajo, muchos de ellos informales, no podrían pagar el alquiler de una vivienda.
“No pedimos que nos regalen nada; pero tampoco desconocemos que el Estado debe darnos la posibilidad de tener un techo para nuestras familias”, agregaron.
“Sus derechos a la posesión están reconocidos”
El referente del partido Tierra, Techo y Trabajo, junto a un grupo de militantes, se está ocupando en ayudar a las familias, y acompañando la lucha que llevan adelante.
“Estuvimos en el barrio con los vecinos e iniciamos las gestiones ante diversas instituciones para que se revierta la medida judicial, es evidente que no imparte justicia, sino todo lo contrario si se expulsa a las familias a la calle, algo inhumano y dramático en este momento tan crítico social y económicamente”, enfatizó Sereno.
El referente entiende que las familias se sienten angustiadas ante el riesgo del desalojo después de vivir muchos años en esa chacra.
“Estamos haciendo todo lo posible para que la Justicia revea esta injusticia porque su derecho a la posesión está reconocido desde el momento en que los propios organismos nacionales y provinciales les habilitaron programas como ‘Mi pieza’ y ‘Mi baño’, destinados a mujeres, mayores de 18 años, residentes en Barrios Populares del Renabap y que le permitió ampliar sus viviendas. Además, tengamos en cuenta que el 30 de octubre, hace menos de un mes, la Cámara de Diputados sancionó la prórroga de suspensión de desalojos en la provincia”, recordó el dirigente.
Sereno detalló que a partir de las presentaciones hechas por las familias y las gestiones institucionales realizadas, se acordó en la Justicia otorgar un plazo que les permitirá presentar toda la documentación que avala sus derechos posesorios, buscando de esta manera ejercer el derecho a legítima defensa y que se revierta el fallo.
“Construimos nuestra casa con mucho esfuerzo”
La preocupación que invade a los hogares es el miedo a perder lo que lograron con mucho esfuerzo. “Levantamos nuestras casas de cero y con el fruto del trabajo que cada vez cuesta más sostener. Yo vivo con mi esposo y mis hijos de 5 y 11 años. Ellos van a la escuela del barrio, acá tienen a sus amigos y están muy asustados. Vemos que les cuesta dormir y nos preguntan si de verdad la policía nos dejará en la calle, y no tenemos respuestas”, lamentó Fernanda Bacher, con lágrimas en los ojos.
Esta madre confía en la ley: “Gracias al Certificado de Vivienda Familiar del Renabap que nos dio la Anses pudimos bajar el medidor de luz, servicio que estamos pagando, y ahora esperamos que pase el conducto para la instalación del agua potable, porque queremos mejorar y vivir en condiciones dignas. Le pedimos al juez que deje sin efecto esa orden de desalojo, porque si nos saca de nuestro hogar, nos veremos obligados a dormir en la calle. Es imposible alquilar teniendo una familia numerosa, y acá somos 13 las familias trabajadoras y estamos angustiadas desde que recibimos la notificación”, remarcó Fernanda.
Posadas
Realizarán esta semana el primer censo de mascotas en Posadas
En un trabajo coordinado entre el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad, la secretaría de Salud de la Municipalidad de Posadas y el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), desde mañana hasta el viernes se realizará el primer relevamiento de mascotas en la capital provincial.
Con la ordenanza XII 137 aprobada por los ediles posadeños este año, se pondrá en marcha el operativo que busca recopilar datos sobre la situación poblacional de los gatos y perros en toda la ciudad.
Por medio de una conferencia de prensa realizada este martes en el recinto del HCD, la edil Malena Mazal, impulsora de la ordenanza, y Silvana Labat, directora del Ipec, brindaron detalles de cómo se ejecutará el censo.
El operativo será llevado a cabo por 65 encuestadores que estarán debidamente identificados y tendrán la tarea recabar información sobre las características del entorno, las condiciones habitacionales, el estado de salud y cuidado de los animales de compañía.
Para recolectar los datos, los encuestadores implementarán cuestionarios que tendrán como principal característica la confidencialidad y anonimato, tal como lo establece la ordenanza que da origen al primer censo de mascotas en Posadas.
El operativo también incluirá información sobre animales en situación de calle, lo que “permitirá dimensionar su impacto en la fauna urbana y la dinámica barrial”, indicaron desde la comuna, al tiempo que precisaron que los encuestadores que tendrán la tarea de recorrer casa por casa fueron capacitados en una jornada que se llevó a cabo en Concejo de la ciudad.
“Los datos permitirán identificar problemáticas relacionadas con la superpoblación animal, el cuidado responsable y las condiciones sanitarias, contribuyendo a mejorar la calidad de vida tanto de los animales como de las personas en Posadas”, afirmó a la prensa la concejal Mazal esta mañana.
Posadas
Relevamiento: estudiar en Posadas tiene un costo promedio de $400.000 por mes
Según un relevamiento socioeconómico a estudiantes del nivel superior, realizado por la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad de Posadas, quienes alquilan en la capital provincial y asisten a instituciones públicas tienen un costo de vida promedio de $400.000 por mes.
La encuesta fue realizada entre los meses de mayo y julio del corriente año, lapso durante el cual se identificaron cerca de 43.400 estudiantes afincados en la ciudad al momento de lanzar el sondeo, del cual se recopilaron 1.185 respuestas, sobre las cuales versan los resultados estadísticos.
Del total de encuestados, más del 60% eran mujeres y la gran mayoría tenía entre 21 a 25 años al momento de la encuesta. Respecto al lugar de origen, los estudiantes relevados eran principalmente del departamento Capital, ya que 55% provenían de los municipios de Posadas y Garupá.
Pese a ser oriundos de la misma zona en la que estudian, el 81,8% respondió que alquila un departamento, mientras que el 10,7% paga por una casa mensualmente y un 5,4% arrenda “otro tipo de vivienda”. A su vez, el 70,5% afirmó convivir con familiares, en tanto que el 19,2% reside “solo” y el 10,3% convive con “otras personas, no familiares”.
En cuanto a las fuentes de sustento de los gastos de estudio, un 70,8% recibe aportes familiares y un 30% cuenta con trabajo propio. El 26,2% percibe “Becas Progresar y otra asistencia estatal”, un 3,5% tiene becas privadas y un 5,5% se financia mediante “otras fuentes” de ingreso.
Respecto al gasto de alquiler, al momento de la encuesta el 39,2% pagaba entre $51.000 y $100.000 mensualmente; el 29,2% entre 101.000 y 150.000; y solo un 2,8% abonaba $301.000 o más. A esto se le sumaba un gasto promedio de $97.800 por la compra de alimentos y bebidas.
Sin embargo, al analizar esa categoría en las diferentes áreas de interés introducidas, quienes vivían en el barrio El Palomar y Villa Urquiza gastaban aproximadamente $89.333 al mes en comida. Mientras que los residentes de Miguel Lanús destinaban $76.132 a la compra de alimentos y bebidas.
Otros gastos
Al indagar sobre el nivel de gastos en artículos de farmacia y relacionados a cuidados de la salud, como insumos médicos, el 45% de los jóvenes respondió que destinaba menos de $10.000 mensuales a la compra de estos artículos. Ese resultado podría atribuirse en parte al hecho de que cerca del 48% de los encuestados contaba con cobertura de salud.
A su vez, la estimación del gasto promedio individual en productos de farmacia e insumos médicos fue de alrededor de $18.335 teniendo en cuenta las respuestas de todos los encuestados.
Otros gastos asociados al desarrollo de sus estudios, son las compras de fotocopias y artículos de librería, junto al pago de transporte. En ambos casos, la mayor proporción de las respuestas se concentró en la categoría más baja, es decir, que más del 40% declaró gastar hasta $10.000 en librería y fotocopias al mes, al igual que en el pago de transporte y medios de movilidad.
El gasto de los estudiantes en fotocopias y productos de librería se calcula en $18.563, teniendo en cuenta a todos los encuestados.
En el caso del transporte, los resultados obtenidos parecen estar alineados con las respuestas recibidas sobre el medio más utilizado: el 75,5% dijo que era el colectivo urbano o interurbano.
Teniendo en cuenta que en la ciudad de Posadas se encuentra vigente el Boleto Estatal Estudiantil Gratuito (BEEG) para todas aquellas personas que acrediten cursar de manera regular algún grado de educación, ya sea obligatoria o superior, podría suceder que los estudiantes decidan utilizar este medio de transporte gratuito antes que optar por otros que sean pagos y por lo tanto sus gastos en materia de movilidad no son muy altos.
En lo que respecta al pago de servicios básicos como energía eléctrica, agua y telefonía e internet, la mayoría de los encuestados señaló que las boletas que abonan por estos servicios se encuentran por debajo de los $20.000. De esta manera, el pago promedio por el servicio de energía eléctrica era de $24.868 al analizar todas las respuestas recibidas.
En cuanto a los gastos en actividades deportivas y recreativas, la mayoría de los encuestados señaló que los montos que abonan por estos servicios y actividades se encuentran por debajo de los $10.000 al mes. Por lo que, el pago promedio destinado a actividades deportivas era de $14.487 al analizar todas las respuestas recibidas.
Finalmente, el 43,4% de los encuestados declaró que sus gastos mensuales en accesorios y prendas de vestir es de hasta $10.000, lo que hizo posible estimar un promedio general cercano a los $37.274.
Finalmente, el estudio reveló que la zona de Miguel Lanús es la que registra el menor promedio, con un monto total de gastos de $336.536, para quienes estudian en universidades públicas y alquilan. El resultado concluye que, entre los encuestados, vivir en las inmediaciones del centro de la ciudad conlleva un aumento de los gastos totales, traccionado mayormente por la incidencia de los alquileres.
Prorrogan hasta el 20 de diciembre el boleto estudiantil gratuito
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