Barrio Patotí: a través de un Proyecto de Ley piden expropiación para garantizar derechos de familias violentadas
Más de 30 familias viven desde hace más de 50 años en un sector de la chacra 43 de Posadas, conocida popularmente como Barrio Patotí -ubicado entre las avenidas Urquiza y Lavalle- conformadas actualmente por tres y cuatro generaciones -conviven bisabuelas, abuelas, madres, hijos, nietos y bisnietos- que luchan desde hace muchísimos años por el reconocimiento del derecho a la tierra y la vivienda.
A pesar de contar con documentación que prueba el tiempo que habitan esas parcelas, pende sobre las familias la amenaza de desalojo. Aún cuando está en poder de la Justicia el registro del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional que las protege, de acuerdo a la vigente Ley Provincial de Suspensión de Ejecuciones de Desalojos, y además fueron relevadas por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap).
A la incertidumbre y preocupación de las familias sobre las tierras que habitan en Patotí, se sumó el atropello perpetrado por un grupo de hombres que ingresaron al barrio en una camioneta el martes a la madrugada, forzaron el candado del merendero y del vivero del barrio, y en pocos minutos provocaron innumerables destrozos.
Merendero destruído e impunidad policial
Ante semejante violencia, se acercaron algunos vecinos, y se toparon con un hombre -identificado como Oscar Jara- que manifestó a los gritos ser el dueño de ese lugar, y amenazó con que iba a "quemar los ranchos" de las familias del barrio Patotí.
"Ese agresor actuó con absoluta violencia e impunidad, y es como si tuviera protección porque hicimos la denuncia en la Comisaría Decimosexta, y ni siquiera fue detenido. La actitud policial cómplice quedó probada cuando don Jorge Franco, que cuida el merendero -y vive en el barrio hace 48 años- realizó la denuncia, y uno de los oficiales le advirtió a Franco que podría ir preso por ´ser intruso` en esas tierras”, se indignaron los vecinos.
Agregaron que no es la primera vez que Jara ejerce violencia alegando ser el dueño; pero sin presentar documentos que lo avalen. "Creemos que actúa con impunidad porque hay gente de la Justicia y abogados interesados en despojarnos de las tierras donde nacimos y crecimos, para impulsar negocios inmobiliarios", remarcaron los vecinos.
"Al merendero que quedó destrozado concurren 40 niños y niñas que desde que vieron los destrozos están muy asustados", relató Miriam Benítez, y destacó que además de la denuncia policial, los y las vecinas tramitan una presentación judicial contra el violento ataque y los daños provocados.