Passalacqua redujo al 30% el tope de descuentos por créditos a estatales
A través del Decreto N.º 1751/26, redujo al 30% el límite de los descuentos voluntarios sobre los haberes y estableció topes para las tasas y el costo financiero de los créditos canalizados mediante el Centro Único de Administración de Descuentos (Cuad).
Al explicar la decisión, vinculó las nuevas medidas con la situación económica que atraviesa el país. “En el país la cosa no está fácil, lo sabemos todos. Por eso tomé la decisión, vía un decreto, para aquellas personas que van a tomar un crédito porque están sobreendeudadas con la situación”, expresó.
El gobernador destacó además que la medida apunta a reducir el peso de los créditos sobre los ingresos y establecer límites a sus costos. “La tasa de interés, a la mitad. Además, avisarle antes al usuario de cuánto va a ser ese descuento para que su vida sea previsible”, señaló.
Finalmente, precisó algunos de los sectores alcanzados y resumió el objetivo de la decisión: “Me estoy refiriendo a los agentes de seguridad, de la educación pública, de la salud pública, etcétera. Todo lo hacemos en salvaguarda del bolsillo de la querida familia misionera”.
Reducción del tope de descuentos
La decisión profundiza las medidas que el gobierno provincial viene adoptando frente al endeudamiento. En una primera instancia reciente, la provincia había establecido un límite del 39% para los descuentos correspondientes a nuevos créditos con código de descuento, junto con herramientas de asistencia y refinanciación para quienes presentaban mayores niveles de afectación de sus ingresos.
A fines de agosto, el gobierno provincial había anticipado que avanzaría con nuevas herramientas para reducir aún más ese porcentaje. Con el Decreto N.º 1751/26, las deducciones voluntarias comprendidas en el régimen no podrán superar, en su conjunto, el 30% del haber mensual neto, una vez efectuados los descuentos obligatorios.
La medida se adopta en un contexto económico nacional marcado por el aumento de las dificultades para afrontar obligaciones crediticias. Entre sus fundamentos, el decreto señala que la morosidad del crédito alcanzó el 12,7%, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y plantea la necesidad de preservar la liquidez financiera de los agentes públicos, resguardar el margen disponible de sus haberes y prevenir situaciones de sobreendeudamiento.