La Provincia
Comunidad mbya reclamó consulta previa frente al Rigi y la Justicia intimó al Congreso
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Redacción
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La comunidad mbya guaraní Tape Miri, ubicada en la localidad de Garuhapé, presentó una demanda exigiendo su derecho a la consulta previa, libre e informada frente al proyecto legislativo conocido como "Súper Rigi".
Por su parte, el Juzgado Federal de Oberá intervino el jueves 5 de noviembre y ordenó correr traslado al Poder Legislativo de la Nación, que deberá responder a la acción judicial en un plazo de nueve días hábiles.
Consultada por La Voz de Misiones, la abogada Bárbara Bertola explicó que hasta el momento se desconocen los impactos directos que podría sufrir la comunidad, pero recordó que "el Estado está obligado a actuar con prevención, precaución y brindar información técnica y científica suficiente y accesible, habilitando la participación ciudadana”.
Al referirse a la provincia de Misiones, advirtió que "el proyecto de ley promueve específicamente la instalación masiva de data centers en todo el territorio argentino" y tomó como ejemplo el antecedente en Paraguay.
“La provincia de Misiones es un lugar muy atractivo por los recursos hídricos. En Paraguay está ocurriendo la instalación de data centers, mientras son desplazados de EE.UU. y de Europa. Es altamente probable que deriven su instalación en América Latina, más si la están promoviendo”, manifestó.
En este sentido, recordó que el riesgo ambiental se vincula al uso excesivo de agua para dichas actividades, lo que impactaría de lleno sobre los suelos y “la transformación en la vida de las comunidades”.
La acción judicial planteada recientemente por el Juzgado Federal de Oberá exige al Congreso el cumplimiento de sus obligaciones de acceso a la información ambiental, transparencia y participación ciudadana -incluyendo la consulta previa indígena- antes del avance legislativo del proyecto de ley de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper Rigi, aprobado en la Cámara de Diputados el 24 de junio de 2026 con 130 votos a favor, con lo que logró girar al Senado.
El juez federal Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga dispuso tramitar la causa como un "proceso sumarísimo" bajo el expediente FPO 39913/2026, mientras que la letrada patrocinante de la comunidad, Bárbara Bertola, fundamentó la urgencia de esta vía procesal y reservó el derecho de accionar contra la validez de las normas que se dicten omitiendo estas instancias obligatorias.
De acuerdo con la presentación judicial, "el Estado Nacional está incumpliendo de forma deliberada con sus compromisos constitucionales y convencionales".
A su vez, la demanda aclara que no se cuestiona la conveniencia política o económica de la ley, sino la omisión sistemática de los informes técnicos, las evaluaciones estratégicas de impacto y los mecanismos de consulta pública que deben preceder de manera obligatoria a regulaciones de esta magnitud en materia de recursos naturales, energía y transformaciones territoriales.