Comunidad mbya regresó al predio del que fue desalojada en Garuhapé

El regreso se produjo hoy a la siesta, acompañados por miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), quienes los respaldan legalmente. “Estamos en el lugar, en el lote donde la comunidad decidió retomar su territorio y están todos acá”, anticipó a La Voz de Misiones una integrante de la organización. “Alrededor de las 15 llegaron efectivos de la Policía, tomaron fotos, se subieron a la camioneta y se fueron, pero creemos que podrían haber ido a buscar refuerzos", señaló. Sobre el estado del predio, detalló: "Hace unos días les dijeron que tenían permiso para buscar sus cosas, pero cuando voliveron se encontraron con casas destruidas, objetos tirados y otros perdidos, incluso la documentación personal”. El arribo se dio a una semana de lo que calificaron como un "desalojo encubierto", con traslado y demora policial, protagonizada por ocho integrantes de la comunidad, bajo una orden del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez, tras una denuncia por presunta “usurpación de territorio”, presentada por el empresario Alfredo Ruff.  En ese momento, el cacique Santiago Ramos y otros siete integrantes de la comunidad fueron demorados en la Comisaría de Garuhapé, dependiente de la Unidad Regional IV, junto a varias mujeres llevadas con sus bebés y niños en brazos.  Ante una demora policial que se prolongó durante varias horas, el hecho fue repudiado públicamente por organizaciones como Emipa y la Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní (REGCHAG), quienes remarcaron la "gravedad" de la causa por "violar derechos indígenas" e incluir el traslado de menores. “Resulta particularmente grave que se pretenda encuadrar como “usurpación” una ocupación ancestral protegida por la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio”, manifestaron a través de un comunicado. Y ahondaron: “El traslado y permanencia de mujeres, niños y niñas en sede policial constituye una situación de especial gravedad que vulnera estándares internacionales de protección y exige una intervención inmediata”.  Por estas horas los miembros de la comunidad temen al regreso de la fuerza provincial con nuevas actuaciones, pese a que recientemente, junto a una denuncia por "graves irregularidades en el operativo policial realizado la semana pasada sobre territorio indígena reconocido por el Estado".