Hoy martes desde las 11, la mesa técnica salarial entre el gobierno educativo y la mesa unificada se reunió a fin de acordar el aumento salarial de un 4% al básico y la mínima provincial desde septiembre. En este marco, los gremios UDPM, Sidepp y Amet firmaron la paritaria, mientras que los integrantes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), UDA, Sadop y Semab no suscribieron al acta y pasaron a cuarto intermedio.

El encuentro duró más de cuatro horas de discusión, argumentación y debate hasta que finalmente, con lo trabajado previamente por los grupos técnicos, funcionarios del Ministro de Hacienda y el Gobierno, quedó sentado por acta que el básico desde agosto se elevará a $132.000,77 y el mínimo -para el cargo maestro de grado con cero años de antigüedad- pasará a 500 mil pesos.

Cuadro de simulación del acuerdo salarial acorde a la antigüedad

Otro punto del acta estableció que la Garantía Provincial Docente para septiembre incluirá el Fopid y adicional por pasaje, dejando por fuera la zona.

Al finalizar el encuentro, el ministro de Educación, Ramiro Aranda, anunció a través de su cuenta de “X” que el próximo viernes 20 de septiembre abonará el Fonid y suplementarias. 

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— Prof. Ramiro Aranda (@LicRamiroAranda) September 17, 2024

Además de Aranda, de la reunión participaron la presidente del Consejo General de Educación, Daniela Cristina López; la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez; el ministro de Hacienda, Adolfo Safran y el director Ejecutivo del SPEPM, Luis Bogado.

Ftel en desacuerdo

Los gremios UDA, Sadop y Semab CEA rechazaron el aumento por lo que no firmaron el acta al considerarla “insuficiente”. En principio, el aumento promedio fue calculado en 4,8% para el cargo de maestro de grado, por lo que pasaron a cuarto intermedio.

A través de un comunicado firmado por Autoconvocados 100% y Autoconvocados de Siempre, expresaron que “los porcentajes otorgados siguen siendo insuficientes, considerando que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) supera el millón de pesos”.

Por otro lado, solicitaron que lo ofrecido por el gobierno “llegue a los jubilados docentes  dentro del  mismo mes en que se otorga el aumento”.

Tras el rechazo del aumento de 4%, acordaron un cuarto intermedio hasta la primera semana de octubre y la fecha para la próxima reunión será el lunes 7 de ese mes.

Durante ese encuentro tratarán la incorporación como bonificable del Adicional remunerativo del Fopid, un adicional para los docentes del Spepm que prestan servicios en las escuelas EFA con permanencia nocturna.

Además, propondrán incorporar el concepto 846 Adic Dto 146/21 Adicional para cargos MET/MEP a los cargos restantes de los docentes de las escuelas agrotécnicas 2050, 2054, 2066 al 2073, 2078 y 2079 y docentes de las Escuelas EFA, incorporar los conceptos 815 y 847 a los secretarios y orientadores de escuelas agrotécnicas, incrementar el concepto 889 y 920 que sean liquidados como prolongación de jornada a los que perciben actualmente y el adicional de tarea riesgosa para las Epja.

También se analizará que el adicional 923, por material didáctico y tecnológico; y el adicional 960 de movilidad, queden excluidos del Regulador Salario Mínimo Provincial. Por último, tratarán el recálculo de la liquidación pendiente de julio del concepto 829 para las Escuelas EFA.

Finalmente, para el 26 de septiembre fue fechada la mesa técnica de titularización.

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Previamente a ingresar a la Cámara de Representantes, para exponer los gastos de la cartera de Gobierno sobre el ejercicio financiero del 2025 ante la Comisión de Presupuesto, el ministro Marcelo Pérez anunció que implementarán en los próximos días equipos con un “sistema exclusivamente para comunicaciones policiacas” y los uniformados ya no podrán utilizar celulares mientras estén prestando servicio en la vía pública.

Ante los medios de comunicación, el jefe de la cartera detalló que el incremento del presupuesto para el año 2025 ronda un 147% que será destinado principalmente al área de seguridad y a incorporar nuevas tecnologías a las fuerzas provinciales.

“La prioridad es la seguridad, porque es uno de los ejes del gobierno, seguridad, educación, salud. Seguiremos trabajando para incorporar tecnología y logística, y fundamentalmente la formación de los nuevos cuadros que tengan título universitario”, aseguró Pérez sobre los ejes del Ministerio de Gobierno para el 2025, áreas que este año, según sostuvo, ocupan un 84% del presupuesto en curso.

Con respecto a sumar nuevas herramientas tecnológicas, el ministro detalló: “Cámaras de vigilancia, la utilización de la inteligencia artificial para que haga predictible algunos delitos y el mapa de los delitos según esa predictibilidad y seguir incorporando toda la tecnología posible”.

En esa línea, anunció: “Ahora, vamos a incorporar un sistema para que el oficial o el suboficial que esté en la calle como infante circulando no use más celular“, para ello la Policía de Misiones brindará a los uniformados “un equipo que tiene que ver exclusivamente con comunicaciones policiacas y de emergencia”.

En ese sentido, expresó que “no se va a ver más, eso que es tan molesto, a veces, de ver al personal policial mirando el celular, de manera que no va a suceder más. Cuando estén mirando un equipo que sea para brindar seguridad a la ciudadanía, porque en definitiva para eso le pagamos el sueldo”.

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Luego de que se conociera el envío a la Cámara de Representantes del proyecto de ley para que Misiones adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), integrantes de la Mesa Socioambiental Misionera (MSAM), expresaron su rechazo a la medida, apuntando al riesgo sobre la salud humana y el medio ambiente.

Con la sanción de la Ley Bases en junio pasado se creó el Rigi, iniciativa cuyo objetivo es “atraer desembolsos significativos y dar la tan ansiada estabilidad a las compañías que inviertan más de u$s200 millones en el país durante un plazo de al menos 30 años”, según el oficialismo. 

A través de una misiva, alrededor de 40 organizaciones misioneras que integran la MSAM argumentaron que la medida “incrementa la pérdida de soberanía de los bienes naturales y profundiza el modelo de saqueo extractivista de todas las formas de vida, agudizando graves problemas ya existentes como la fractura del Corredor Verde, nuestro garante para la generación de agua y biodiversidad”.

También mencionaron la concentración en la tenencia de la tierra “en manos de unos pocos”, la pérdida de territorio para las familias agrarias y las comunidades mbya, ante un modelo que “para multiplicar alimentos optará por el monocultivo de especies exóticas y el agotamiento del agua saludable, aumentando la pobreza, el riesgo de incendios y agravando el cambio climático”.

En este sentido, afirmaron que “las y los misioneros ya estamos enfrentando importantes desafíos que atentan contra la calidad de vida y la incertidumbre en cuanto a nuestro bienestar, sin que se evidencien por parte del Gobierno provincial”.

En esa línea, mencionaron hechos concretos sobre los que “no se plantean acciones para revertirlos”, como el avance de empresarios madereros sobre territorios mbya, las postergaciones en la implementación de leyes como la prohibición del uso de glifosato y agrotóxicos en general, el negocio inmobiliario sobre los humedales, los bonos de carbono como “proyecto que nunca ha sido consultado ni informado a la población”, entre otros.

“Decimos NO al RIGI en Misiones, dado que su vigencia no sólo profundizará lo recién expuesto sino que además dejará a la población misionera en condición de indefensión, sin soberanía, sin identidad y sin territorio”, enfatizaron, asegurando que “el RIGI en Misiones es igual a pérdida de territorio para las y los misioneros, y con ello, pérdida de agua, de biodiversidad, de agricultura familiar, de pueblo guaraní, de cultura y de identidad”.

Para finalizar, remarcaron la importancia de que los funcionarios apelen a la voluntad política de informar a la población acerca de los proyectos, sus alcances y consecuencias convocando a la ciudadanía, a los ambientalistas, trabajadores rurales y económicos, involucrados de forma directa, a fin de “tomar decisiones y evitar daños irreparables para el presente de las generaciones venideras”. 

Por último, recordaron que “desde la Mesa Socioambiental Misionera (MSAM) seguiremos impulsando espacios de capacitación y socialización, tal como lo definimos desde los inicios de nuestra conformación, sosteniendo y profundizando la práctica democrática y participativa para una Misiones biodiversa, donde se respete, valore y cuide el territorio con todas las formas de vida”.

Passalacqua envió proyecto a la Legislatura para adherir al Rigi

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