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Confirman contaminación del río y Papel Misionero se expone a multa millonaria

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Tras una investigación llevada a cabo por el Ministerio de Ecología, se confirmó la contaminación del agua del río Paraná a la altura de Puerto Leoni a raíz de una fuga en el caño de descarga de efluentes de la empresa Papel Misionero registrado hace un mes, por lo que la empresa ahora tendrá un período de defensa y luego deberá afrontar las multas correspondientes para el caso concreto.

Durante la inspección se tomaron muestras del agua para su análisis en el Laboratorio Central de Misiones y entrevistado por La Voz de Misiones, el ministro de Ecología Martín Recaman confirmó que los estudios realizados determinaron que los efluentes superaron, durante el mes de marzo, los límites permitidos de la “demanda biológica de oxígeno” cuyo valor máximo es de 30 miligramos por litro, mientras que los análisis arrojaron un valor de 170.

Si bien el titular de la cartera aseguró que “estos valores no representan un peligro inminente para la salud humana, sí constituyen una violación de las regulaciones ambientales”, por lo que iniciaron acciones legales.

La investigación se inició a raíz de una denuncia pública por una mancha de espuma detectada sobre el río, lo que llevó a las autoridades a realizar la inspección en el lugar, con la presencia del Subsecretario de Ecología, Facundo Ringa; el director de Recursos Vitales, Juan Antonio Statkiewicz; y el director de Impacto Ambiental, Geólogo Franco García Sosa

El avance legal

Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos, la abogada Antonella Bortolotti explicó a este medio que la infracción principal fue “verter contenidos de la industria en el río Paraná. Si bien ellos hacen el debido tratamiento, por una cuestión accidental y una situación especial de una rotura de un caño, se vertió el líquido con valores más altos de los permitidos por la norma”.

También agregó que esta infracción ambiental encuadra en distintas normativas y se podrían incorporar distintas sanciones. “En este caso tenemos en primer lugar la Ley 8 N° 11 de Habilitación Industrial, que tiene un monto de multa máximo del 5% del activo fijo de la empresa. Tenemos que saber cuánto es el activo fijo y el 5% va a ser el monto máximo de la infracción”. 

A esto, se sumaría la Ley de Pesca 16 N°8 que prohíbe arrojar al río residuos fabriles sin el correspondiente proceso de purificación. “En la Ley de Pesca establece también una sanción cuya multa va en una franja de 100 sueldos mínimos de la administración pública provincial”, detalló, recordando que actualmente el salario mínimo del sector es de $271.345.

Por último, la Ley Nacional de Residuos Industriales N° 25.612, la cual “tiene como obligación tratar adecuadamente los residuos industriales para eliminar toda peligrosidad, nocividad, toxicidad y que esto no dañe a un tercero ni a la naturaleza. Esta infracción tiene una multa que se contempla dentro del parámetro de 50 sueldos mínimos a 200”.

De todas maneras, aclaró que el proceso administrativo recién comienza y luego la empresa tienen un período de derecho a defensa, tras lo cual se graduará la sanción de acuerdo a la gravedad del daño causado. “Esos son los montos que establecen las normas pero eso lo tenemos que trasladar al caso concreto, graduar la sanción y ahí recién se sabría el monto exacto”.

Para cerrar, aseguró que el proceso no es rápido, pero se está llevando a cabo correctamente. “Si bien se cometió una infracción ambiental porque está corroborada con los informes del agua, ahora simplemente resta seguir el debido proceso. Esto no significa por el momento que no pueda agravarse, ya que el Ministerio de Ecología va a seguir haciendo un monitoreo de cerca para ver que no haya ninguna otra infracción. De suceder esto se puede evaluar la posibilidad de la clausura o de la suspensión de la actividad, pero por el momento no es el caso”.

La fauna en riesgo

Desde la Dirección de Impacto Ambiental, Franco García confirmó a La Voz de Misiones que “el principal impacto directo sería la fauna íctica del lugar, la mortandad de peces, organismos, y todo el ecosistema vinculante que habita en el Río Paraná y alrededores”. 

A esto se le suma “el impacto visual generado por la espuma blanquecina producto de la rotura del caño de descarga del efluente unos metros antes de su ingreso al río. El potencial impacto indirecto de la zona afectada sería la pluma de contaminantes generada en contacto con el volumen del cuerpo receptor aguas abajo, hasta la disipación natural propia del sistema, provocando inconvenientes a localidades cercanas desde donde captan el agua del río para su consumo”.


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Tareferos sin pago por el paro de cosecha: “Los dejan en pobreza crónica”

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Hoy inicia el paro de cosecha de yerba mate por cuatro meses, impulsado por alrededor de 200 productores de la provincia en reclamo de $450 por el kilo de hoja verde y la regularización del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). Esta medida de fuerza afectará a miles de familias de tareferos, quienes quedarán sin trabajo y por ende, sin ingresos.

Consultado por La Voz de Misiones, el dirigente social y ex diputado provincial Martín Sereno aseguró que “El productor tiene espalda, pero nadie habló de ningún mecanismo para contener la necesidad de las 15 mil familias tareferas”.

Tras la desregulación del Inym, no solamente se vio afectado el productor yerbatero que, con la desregulación de precios debe entregar la hoja verde a secaderos por montos que oscilan entre los $170 y $230, sino que también refleja la desigualdad estructural entre los diferentes eslabones de la cadena productiva, siendo los tareferos los más afectados.

Hoy los tareferos dependen mayoritariamente de decisiones externas a su sector y del asistencialismo estatal, lo que no resuelve sus problemas de fondo y afecta su dignidad porque lo que reciben equivale a un subsidio de indigencia”, señaló Sereno en referencia al programa Interzafra, que alcanza solo a una parte de los tareferos por un monto mensual actualizado de $123.000. 

Sin embargo, el pago de la interzafra no se hará efectivo en esta oportunidad porque el paro es impulsado por los productores y hasta el momento el Estado no evaluó medidas para cubrir el vacío laboral que dejará el cese de la tarefa. 

Paro de cosecha

Luego de una reunión realizada el pasado 22 de noviembre en la localidad de Andresito, alrededor de 200 productores de yerba mate decidieron no iniciar este lunes 2 de diciembre la cosecha de verano– también conocida como zafriña- como estrategia que apuntaría a desequilibrar el abastecimiento en góndola, obligando a los molinos a pagar un mayor precio por la hoja a los productores.

Al respecto, el ex legislador reflexionó: “Por un lado, el productor, utilizado como variable de ajuste por la industria toma decisiones como el paro de cosecha para presionar, pero no contempla cómo subsistirán los tareferos en este período. Esto deja a las familias de los trabajadores en una situación de pobreza crónica, a pesar del trabajo duro y especializado que realizan”.

Por lo que enfatizó: “Se necesita con urgencia un mecanismo virtuoso y sostenible que permita a los tareferos acceder a trabajo y producción durante la intercosecha. Este mecanismo debería garantizarles ingresos dignos y acceso a bienes y servicios básicos, que no son un lujo, sino un derecho humano esencial”.

“Mientras tanto, la falta de un nivel de organización sólido y unificado en el sector tarefero los deja más expuestos a esta realidad injusta. Es hora de que todas las partes involucradas, desde la industria hasta el Estado, asuman su responsabilidad en la construcción de un sistema más justo y equitativo”, concluyó.

Productores yerbateros piden $450 por el kilo de hoja verde y llaman al paro


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Mesa de diálogo para resolver conflictos entre vecinos y comunidades mbya

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En la mañana de hoy, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, encabezó una mesa de diálogo junto a integrantes de distintas comunidades mbya, vecinos del Teyú Cuaré, autoridades provinciales y locales, y personal policial en San Ignacio.

Consultado por La Voz de Misiones, Rodríguez profundizó: “El objetivo principal fue bajar el tono al conflicto de vecinos con la comunidad Mbokajaty” y que, a su vez “el supuesto avance de un emprendimiento privado fue uno de los temas a tratar, también”.

Se trata de la comunidad que en julio pasado denunció al menos dos intentos de intrusión, además de otros episodios “de discriminación y violencia” que habría incluido el destrozo de sus viviendas y el robo de artículos personales. Sin embargo, los vecinos del lugar aseguran que son ellos quienes intentan “avasallar la propiedad privada”.

Diferentes posturas

En cuanto a la reunión, el titular de Asuntos Guaraníes cuestionó que los miembros de la comunidad hayan sido acompañados por miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).

En sus palabras: “Mbokajaty participó junto a Emipa, cuando solo la comunidad tiene representatividad. Por este motivo se complicó el diálogo y tuvimos que concluir anticipadamente, porque los vecinos expresan que no son representativos para las comunidades, por lo que no quieren que participen. Con Mbokajaty sí, tienen toda la predisposición de charlar”.

Por su parte, Roberto Bonetti, vecino de la zona, desmintió la presunta construcción de un hotel y explicó: “El conflicto se dio entre las comunidades que fueron puestas acá por gestiones municipales anteriores y propietarios del lugar con título de propiedad, que tienen emprendimientos y pagan impuestos”.

Estas comunidades lo que quieren es pasar por encima de los derechos de propiedad privada. Están avasallando los derechos de propiedad amparados en una ley y un relevamiento territorial llevado a cabo por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que son un fraude”, concluyó haciendo alusión a la Ley 26.160, la cual declara la emergencia territorial indígena y prohíbe los desalojos en todo el país desde finales del 2006.

La disputa territorial se está dando sobre un área de valor ecológico y turístico de Teyú Cuaré, por lo que aguardan la pronta resolución por parte de las autoridades provinciales y nacionales.

 


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Productores yerbateros piden $450 por el kilo de hoja verde y llaman al paro

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Durante una asamblea realizada el pasado 22 de noviembre en la localidad de Andresito, alrededor de 200 productores de yerba mate acordaron exigir $450 como “precio justo” por el kilo de hoja verde, mientras que convocaron al paro de cosecha que iniciará el 2 de diciembre de cara a la “zafriña”.

Hasta el momento, los productores especulaban con $390 por el kilo de hoja verde aunque, al momento de llevar el producto a secaderos, los industriales negocian dentro de un rango que oscila entre los $100 a $230, muy por debajo de lo solicitado por quienes la cultivan. 

Frente a este panorama, los productores decidieron realizar un paro de la cosecha de verano -conocida como zafriña- que iniciará el próximo lunes 2 de diciembre y se extenderá a lo largo de cuatro meses. La estrategia sería “desequilibrar el abastecimiento en góndola, obligando a los molinos a pagar un mayor precio por la hoja a los productores”.

Sin embargo, con esta medida se verán perjudicadas más de 15.000 familias tareferas que dependen de la cosecha de yerba mate para sostener la economía de sus hogares a lo largo y ancho de la provincia.

Convocatoria al paro de cosechas que iniciará el lunes 2 de diciembre y culminará en abril de no acordar precios

Días atrás, el ministro del Agro Facundo López Sartori descartó la faltante de yerba en los supermercados y aseguró que tomarán medidas para resolver la crisis económica que atraviesa el sector desde la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Por ese motivo, durante una reunión compartida junto al gobernador Hugo Passalacqua, acordaron avanzar en gestiones conjuntas en la Ciudad de Buenos Aires, buscando designar un titular para el INYM, restablecer el pleno funcionamiento del organismo y crear una mesa de trabajo permanente entre el gobierno provincial, productores, trabajadores y cooperativas.

Yerbateros se movilizaron en diez localidades exigiendo mejores precios

 


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