Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza

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Pedido de desalojo

Si bien la protesta se caracteriza por ser pacífica y “sin obstrucción”, este miércoles la Municipalidad de Posadas se acercó al acampe para notificar una denuncia por parte del Ministerio de Gobierno.

“Según el ministerio de Gobierno nosotros bloqueamos la libre circulación peatonal. Por eso la municipalidad notificó que tenemos un plazo de 24 horas para liberar el lugar, pero no estamos obstruyendo nada así que seguimos acá tranquilos”, añadió Correa en conversación con este medio.

Desde la Legislatura

En la sesión de este jueves, en la Cámara de Representantes de Misiones, el diputado provincial del espacio Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores, Ramón Amarilla, ex cabecilla de la protesta policial que se desató en mayo de 2024, aludió al pase a disponibilidad de los ex policías, lo que calificó como un "castigo silencioso, burocrático y por lo tanto profundamente injusto".

En ese contexto, el legislador solicitó el tratamiento preferencial de los proyectos de comunicación y declaración C69.872/26 y D69.871/26. Este último refleja “una profunda preocupación ante la brecha entre la institución y sus integrantes”, señaló en su alocución. 

Y continuó: “Debemos remontarnos a mayo de 2024 para entender que lo que ocurrió en la avenida Uruguay frente al Comando Radioeléctrico no fue un acto de indisciplina porque el hambre no conoce de jerarquías. Cuando un oficial o suboficial ve que su sueldo es devorado por una inflación que no da tregua, su vocación de servicio y su carrera entran en disputa con el instinto más básico del ser humano, la protección de su familia y la de su economía”.  

“La respuesta administrativa fue el pase a disponibilidad y once meses en una unidad penal. La disponibilidad es en los papeles una medida administrativa, pero en la vida real de un policía misionero corresponde a una crisis que transgrede lo institucional y afecta a lo más profundo del seno familiar”, ahondó Amarilla.

También recordó que al pasar a disponibilidad, el efectivo pierde el derecho al uso del uniforme, su arma reglamentaria y no percibe sus haberes. “Yo no soy abogado, pero conozco los derechos básicos. Tanto la Constitución Nacional, como la provincial, brinda nuestra libertad y dignidad frente a cualquier abuso”.

En ese sentido, aludió a la situación de los policías que hoy reclaman frente a Casa de Gobierno: “Estamos ante personas que no saben si mañana van a tener para darle de comer a sus hijos, que no pueden pagar su alquiler porque sobre su cabeza está la sombra de un sumario que no avanza y de un gobierno que no los escucha”.

Al mismo tiempo, explicó que el proyecto presentado propone visibilizar “que la inestabilidad no terminó cuando se levantaron las carpas de la protesta (en mayo de 2024) o cuando salió el último de la unidad penal. Para muchos el castigo continúa hoy en abril de 2026. Es un castigo silencioso, burocrático y por lo tanto profundamente injusto. Es necesario revisar la situación procesal de los policías acusados de sedición, una de las carátulas más pesadas del Código Procesal Argentino”.